Para COAG es un documento «decepcionante» porque no evitará que la renta agraria siga cayendo ni la desaparición de cuotas lácteas y derechos de plantación de viñedos
El borrador de la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) no puede haber tenido una peor acogida. No satisface a ninguna organización agraria y todas, esta vez en bloque, han alzado su voz para pedir su retirada. COAG-IR califica la nueva reforma de «decepcionante y alarmante» al considerar que de aprobarse acabará con el campo castellano-manchego pues, exponen, que no hará nada por evitar que la renta agraria, que en los últimos años se ha contraído un 20%, siga cayendo, ni contempla medidas para evitar la desaparición de cuotas lácteas y derechos de plantación de viñedos. Han recordado, además, que entre 2003 y 2010 (con la anterior reforma) han desaparecido el 20% de las explotaciones de la Unión Europea, algo que consideran que aumentará si la Comisión Europea no da marcha atrás y modifica el documento presentado el miércoles.
Igualmente, rechazan la definición de «agricultor activo», pues en «absoluto» corresponde al modelo de agricultor y ganadero profesional que debe apoyarse desde la PAC, y el establecimiento del límite máximo de ayudas, criticando que, en base a la actual reforma, el 11% de los beneficiarios percibe el 70% de las subvenciones.
El borrador propuesto por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, tampoco incluye medidas para equilibrar la cadena alimentaria. A juicio de los responsables de COAG-IR, no se puede permitir que mientras los agricultores y ganaderos pierden un 20% de su renta, grandes cadenas de producción como Mercadona o Carrefour hayan incrementado sus beneficios en más de un 40%.
Un paso atrás.
Las nuevas propuestas de Bruselas han cambiado de rumbo y responden más a las presiones externas que a los problemas de los agricultores, denuncia Asaja. Para la organización agraria, la PAC planteada se traduce en un aumento de burocracia para los agricultores, incrementando sus costes, exigiéndoles prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitando su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y, por tanto, sus rentas. Sin embargo, insiste en que no hay que alarmarse porque hasta el 2014 queda «mucho trabajo por delante» para conseguir una agricultura que beneficie tanto a los agricultores como a los consumidores.
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) también califica de «muy negativa» la propuesta europea y opina que es «un verdadero ataque a la agricultura productiva y a los verdaderos profesionales». El responsable de la organización en la Región, Julián Morcillo, en declaraciones a Efe, considera que la propuesta legislativa «no avanza nada» en el concepto de agricultor en activo, algo en lo que tenía muchas esperanzas por entender que se trataba de una ocasión para orientar las políticas agrarias hacia los verdaderos profesionales del campo.