El Comité de Expertos contra la Sequía del Ministerio de Medio Ambiente, integrado por catedráticos de universidad e investigadores, reconoce en un estudio presentado ayer en Valencia que el agua desalinizada «es todavía demasiado cara» para su uso generalizado.

La presentación del libro La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto, realizado por el comité de expertos, estuvo protagonizada, entre otros aspectos, por la posible viabilidad de la desalinización en la lucha contra la escasez hídrica.

Los investigadores concluyen que la desalación, pese al avance técnico de los últimos años, «continúa siendo una fuente de agua no convencional, excepto en las regiones de alto nivel de vida y con déficits de agua significativos» (….) y «es todavía muy cara como para convertirse en la fuente principal de agua dulce, a los que se añaden una serie de retos sociales, ambientales y tecnológicos que todavía hay que superar».

La conclusión, recogida en una de las 28 propuestas presentadas para luchar contra la sequía, contrasta con la política practicada por el Ministerio a través del Programa Agua, uno de cuyos ejes es la construcción masiva de desalinizadoras en la costa mediterránea.

El catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, coordinador del libro junto al asesor del Ministerio Luis Babiano, señaló ayer que, en principio, no tenía «nada en contra de ningún trasvase ni desalinizadora» y señaló que lo principal es «gestionar bien el agua y racionalizar los consumos» y después se pueden aplicar otras soluciones. «Lo importante es prepararse para la sequía antes que llegue» y los posibles trasvases no son la respuesta a un problema concreto en el tiempo.

Ante las matizaciones realizadas por los expertos a una política de desalación masiva, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, recordó en la clausura de la jornada que la solución al problema hídrico «no es un debate sobre trasvase o desalación» y afirmó que el agua es una cuestión «que levanta pasiones», por lo que hay que alejarla de la política, ya que entonces «no se aportarán remedios».

Moragues aprovechó para asegurar que Valencia está «muy lejos» de la situación de Barcelona, donde se prevé llevar agua desalinizada con barco desde la planta de Carboneras (Almería). Clarificó que ahora no hay ningún sistema «alrededor de Valencia en situación de emergencia» que precise medidas tan extraordinarias. El presidente de la CHJ realizó estas afirmaciones un día después de que LAS PROVINCIAS publicara que el coste de este procedimiento es cinco veces más alto que el actual.

Recordó que la situación del Júcar ha experimentado «una mejoría muy clara» en la costa. Pero en el interior y en los embalses de cabecera el problema es grave.

Precio del agua
«En cualquier caso, el precio del agua en España deberá multiplicarse por cuatro en los próximos años». La frase aparece recogida en el capítulo redactado por Enrique Cabrera «La tarificación, herramienta esencial en la gestión sostenible del agua», donde sostiene la necesidad de incrementar el coste para reducir el consumo.

Para Cabrera, la aplicación del principio de recuperación del agua que recoge la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (DMA) «incentiva doblemente el ahorro». La DMA establece que, tanto para el consumo urbano como agrícola, los usuarios tienen pagar el valor real del agua que consumen (incluyendo la construcción y mantenimiento de infraestructuras) y por tanto no puede estar subvencionada como todavía se hace en España.

Ante ello, el catedrático de la Politécnica considera que el precio hará que el usuario no malgaste el agua y que la empresa que gestiona el servicio haga lo mismo, ya que sabe que recobrará en pocos años el coste de las inversiones que pueda hacer para mejorar la red o la reutilización de los recursos. España, resalta Cabrera, sólo recupera en el recibo el 25% de los costes.

Cabrera cita como ejemplo a la ciudad de Valencia, en la que el precio del agua bajó un 45% entre 2003 y 2004. Ante ello el experto apunta a que el recibo debe incluir el pago de las últimas infraestructuras construidas como la presa de Tous, el Canal Júcar-Turia, la depuradora de Picassent, los colectores de la depuradora de Pinedo o los emisarios submarinos.

El libro realiza 28 recomendaciones al Ministerio de Medio Ambiente aprobadas con el consenso de los expertos. Según Cabrera, son ideas «por desarrollar y ahora es el turno de los políticos». En ellas se mantiene la necesidad de incrementar el precio del agua, aunque de forma más matizada que en el capítulo del catedrático de la Politécnica, y recomienda establecer «una política tarifaria coherente con la Directiva Marco del Agua, incluyendo en ellas costes medioambientales, (…), contribuirá a racionalizar el gasto y muy probablemente propiciará el uso de recursos no convencionales».

Los expertos rechazan utilizar los cortes de agua a las ciudades en época de sequía, ya que el agua puede llegar a dejar de ser potable y «el índice de roturas en las tuberías de la red aumenta» con los cambios de presión, con lo que no se soluciona el problema sino que «se agrava».

Otras medidas recogidas en el libro apuntan la necesidad de reducir la superficie de regadío y el agua destinada a la agricultura, basándose en criterios de productividad y apuestan por efectuar «cambios notables en la cultura del uso del agua».

El estudio apuesta por la prevención para afrontar las sequías. Moragues resaltó que hay que estar preparados «para gestionar periodos de escasez, ya que los de abundancia serán cada vez menos frecuentes».