Los regantes rechazan pagar las tasas que fija la Ley de Aguas el día que la UE anuncia nuevos impuestos

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, rechazó ayer la necesidad de modificar el régimen económico-financiero de la Ley de Aguas para trasponer la Directiva Marco de Aguas (DMA) al ordenamiento jurídico español y advirtió, el mismo día en el que la Comisión Europea anunciaba la posibilidad de establecer nuevos gravámenes al agua, que la aplicación de este régimen puede provocar la pérdida de competitividad de sectores como el agrícola.

Andrés del Campo recordó que la legislación nacional contempla, «en cierta medida» , el principio europeo de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua.
Regantes procedentes de toda España se reunieron ayer en la Junta General Extraordinaria con el fin de analizar las últimas modificaciones propuestas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y adoptar una postura unánime de cara a su votación en el Pleno del Consejo que tendrá lugar después de Semana Santa. Los regantes valoraron el aplazamiento hasta 2010 de la puesta en marcha de la denominada «tasa por prestación de servicios» que contempla la reforma de la Ley de Aguas pendiente de aprobación parlamentaria y, por otro, la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC, frente a la potestad que se arrogaba el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado. Por el contrario, el texto legal mantiene la exclusión de los regantes del Comité de Autoridades Competentes y la aplicación «indiscriminada» de una política de precios al agua que «puede conducir a la desaparición de la tercera parte del regadío español». Fenacore advirtió que podría votar en contra de las modificación de la ley en el Pleno del Consejo Nacional del Agua que se celebrará después de Semana Santa.

Nuevas tasas

Los comisarios europeos de medio aambiente, Stavros Dimas, y de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, presentaron ayer conjuntamente un «libro verde» que plantea la introducción de instrumentos fiscales y propone asimismo la concesión de incentivos en favor de las prácticas más ecológicas.
Stavros Dimas explicó que el libro verde plantea, entre otras cuestiones, la posibilidad de aplicar medidas en ese área y subrayó que la escasez de ese bien «cada vez más significativa, por lo que ponerle precio al agua es la manera correcta de fomentar un uso sostenible».

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