NARBONA ASEGURA QUE CATALUÑA NO HA FORMULADO NINGUNA PETICIÓN PARA TRASVASAR AGUA DEL EBRO

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó hoy que la Generalitat catalana «no ha formulado ninguna petición» al Gobierno para hacer un trasvase del río Segre, afluente del Ebro, a la cuenca del Llobregat, y aseguró que esta iniciativa «sería una competencia exclusiva» del Ejecutivo central y «requeriría aprobar una norma con rango de ley».

Así lo dijo hoy la ministra de Medio Ambiente, en una rueda de prensa que tuvo lugar esta tarde en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid con motivo de la celebración del Día Meteorológico Mundial.

Tras insistir en que «el Gobierno socialista no se ha negado a cualquier tipo de trasvase», haciendo referencia al trasvase Tajo-Segura y al del Júcar-Vinalopó, gestionados la pasada legislatura, Narbona recordó que «lo que sí ha pedido la Generalitat es una aportación de agua desde la planta de Carboneras».

A este respecto, recordó que esta iniciativa consistiría en la transferencia de agua en barco desde la planta desaladora de Carboneras, en Almería, a Barcelona, una vez que estuvieran terminadas las obras para la canalización del agua desde la planta al puerto almeriense de Carboneras.

No obstante, aclaró que esta decisión está también sujeta a la evaluación de las aportaciones de la lluvia y nieve caídas en el Pirineo y las cuencas internas de Cataluña que se realizará a finales del mes de abril.

Preguntada acerca de la composición del nuevo gobierno, Narbona reiteró que «no está nada confirmado», pero hizo hincapié en que «el cambio climático será una prioridad del nuevo gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero».

Durante esta conferencia de prensa con motivo del Día Meteorológico Mundial, la ministra destacó el «importante papel» que, a su juicio, desempeña la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en «la construcción de escenarios climáticos para adaptarnos a la transformación del clima en España».

En este sentido, interpretó la gestión de la sequía que asola a España desde hace dos años como «una prueba de que nos estamos adaptando» al calentamiento global.

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