El PSOE opina que si el Plan Hidrológico propuesto por Arias Cañete plantea aumentar los trasvases «daremos muchos pasos atrás en el posicionamiento político del país»
Soraya L. Hernández
Era de suponer que el anuncio que el miércoles realizó el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de ‘resucitar’ el Plan Hidrológico Nacional (PHN), derogado por el Gobierno socialista, no iba a caer bien dentro de las filas socialistas. Especialmente «porque hay otras alternativas», manifestó José Luis Martínez Guijarro. No obstante, «se puede hablar de un nuevo Plan Hidrológico Nacional si se incluye en el mismo el fin del trasvase Tajo-Segura. Así empezaremos a llegar a acuerdos», apuntó el parlamentario socialista, quien añadió que si de lo que se trata es de un nuevo Plan Hidrológico que plantee aumentar los trasvases, «creemos que es dar muchos pasos atrás en el posicionamiento político del país».
Pero el enojo no solo va dirigido hacia el ministro, sino también hacia María Dolores Cospedal, en su condición de presidenta de Castilla-La Mancha. Martínez Guijarro lamentó profundamente que en el Congreso de los Diputados, donde compareció Arias Cañete, se «vuelva a hablar» de trasvases desde la Región a otros territorios pero, sobre todo, que eso se permita «con la connivencia» de Cospedal.
Por todo ello, criticó que en la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes el PP haya tenido «mucha prisa» en aprobar un procedimiento para retirar proposiciones de Ley en el Congreso que, a su juicio, incluiría la retirada de la Ley del Agua aprobada por el Gobierno socialista «para dejar vía libre a que no haya ningún problema en la aprobación de nuevos trasvases». En este sentido, explicó que la Ley del Agua de Castilla-La Mancha se aprobó unos meses antes de que terminara la anterior legislatura y se remitió a la Cámara Baja donde está pendiente de su toma en consideración. «Lo que quiere hacer el PP es retirarla antes de que se tome en consideración», recalcó.
El PSOE no está en contra del procedimiento para la retirada de proposiciones de Ley, añadió. «De lo que estamos en contra es que ese procedimiento se aplique a la retirada de esa proposición de Ley en la que se incluían todas las reivindicaciones que en materia de agua se habían incluido en el Estatuto de Castilla-La Mancha».
ATC. Martínez Guijarro compareció en rueda de prensa junto al responsable de Greenpeace Carlos Bravo, quien dio argumentos en contra de la instalación del Almacén de residuos nucleares que el Ejecutivo central instalará en Villar de Cañas (Cuenca). La organización plantea presentar un recurso contra esta decisión del Gobierno y para ello se reunió ayer con el PSOE en las Cortes. Bravo señaló que, al margen de los motivos de seguridad conocidos para estar en contra de su construcción, se hallan los económicos. Defendió que un Almacén Centralizado cuesta unos 2.000 millones, mientras que los Individualizados rondan los 80 ó 100 millones. Además, añadió Guijarro, «está comprobado que un ATC no es un factor de desarrollo, sino más bien todo lo contrario», dijo.