Tres ayuntamientos ya deben 300.000 euros a la Confederación del Júcar

Los alcaldes de Alcadozo, Pozohondo y Peñas de San Pedro acaban de recibir una nueva remesa de facturas «por obras no solicitadas»

 Tres ayuntamientos, Alcadozo, Peñas de San Pedro y Pozohondo, ninguno de ellos de más de 5.000 habitantes, ya le deben a la Confederación Hidrográfica del Júcar unos 300.000 euros por unas obras que, según sus alcaldes, ni pidieron, ni han llegado a usar.
Según explicaba ayer el alcalde de Peñas, Antonio Serrano, la última remesa de facturas llegó, precisamente, justo cuando el presidente de Barreda anunciaba, junto a la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, una serie de inversiones hidráulicas para los municipios de la comunidad de Castilla-La Mancha.
«Cuando oímos la comparecencia de Barreda, nos echamos a temblar -señaló- porque la escena nos sonaba mucho; fue, precisamente, a raíz de una escena similar, cuando era ministra la señora Cristina Narbona, cuando empezaron nuestros penares con la Confederación del Júcar».
En la época en que Narbona era ministra, Barreda se reunión con ella y, tras una comparecencia conjunta en Toledo, se anunciaron una serie de obras cuya financiación, recordó Serrano, tenía «sorpresa» dentro.
«En aquel momento, y ahí están las hemerotecas para demostrarlo, se dio a entender que el coste iba a ser cero, o muy pequeño, para los municipios -detalló- pero, en 2008, y en nuestro caso, la Confederación del Júcar empezó a pasar, religiosamente, facturas por muchos miles de euros a municipios que ya entonces, cuando la crisis aún empezaba, carecían de recursos para pagarlas».
Estas facturas, corresponden a diversas obras de emergencia, ejecutadas para garantizar el suministro a cerca de una veintena de municipios de toda la provincia. Obras que, según los alcaldes, jamás se pidieron desde los tres municipios antes mencionados pero, aún así, se ejecutaron.
«Ahora, estos cargos están recurridos ante la Justicia -aclaró- pero no están anulados, están paralizados mientras no haya un resolución judicial firme, que puede darnos la razón o no y, en este último caso, nuestros Ayuntamientos irían derechos a la bancarrota, no tendríamos con qué pagar».
Mientras tanto, las facturas siguen llegando y se siguen recurriendo «y todo el mundo nos dice que nos apoyar y está con nosotros y que tenemos la razón pero, cada cierto tiempo, llegar una nueva factura y, por tanto, una nueva amenaza para nuestros pueblos».    

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