Varapalo al informe Camps sobre los trasvases. El pleno del Parlamento Europeo trata hoy el informe de la comisión de Medio Ambiente sobre la comunicación de la Comisión Europea denominada «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea», en el que se desaconseja el recurso a los trasvases para resolver el problema de la falta de agua, apostando por medidas como el ahorro, la tarificación del agua (quien más consume, pague más), la desalinización, la reutilización de aguas residuales y la gestión sostenible del territorio. El documento, que se someterá mañana a votación, deja en evidencia el informe impulsado por Camps que el Comité de las Regiones -un órgano consultivo de la UE- aprobó en abril y en el que incluyó la posibilidad de transferencias hídricas.
Por contra, la propuesta de resolución que se eleva al pleno del Parlamento Europeo, el órgano institucional relevante, cuyo ponente ha sido el eurodiputado austriaco del grupo del Partido Popular Europeo Richard Seeber, señala que «la construcción de trasvases para el transporte de agua para grandes distancias no debería ser la solución al problema de la escasez del agua». Acto seguido, el Parlamento «subraya, sin embargo, la importancia que podrán tener medidas desde el punto de vista del suministro para las regiones más afectadas por la escasez de agua y por la sequía, las cuales se podrán materializar en opciones tradicionales, como la construcción de infraestructuras que permitan regular caudales, o en soluciones alternativas e innovadoras, como la reutilización de aguas residuales o la desalinización sostenibles». La palabra trasvase no se cita ya en los 14 folios. En la exposición de motivos, deja claro que «las medidas centradas en el suministro deben considerarse tras haber agotado las opciones de aumento de la eficiencia hídrica, mejora de la gestión de la demanda y aplicación de medidas educativas». Un discurso que se asemeja bastante al del Ejecutivo de Zapatero y poco al del Consell.
El dinero para trasvases, en el aire
La propuesta es contundente al censurar la deforestación y la «urbanización agresiva» como dos de las causas de la escasez de agua, y denuncia que «el desvío de los ríos produce daños irreparables en las condiciones hidrológicas e hidromorfológicas». Reclama a la Comisión «que sólo conceda financiación de la UE a los proyectos que respeten» las cuencas fluviales. Proclama que el ahorro debe ser la «primera prioridad» y pide garantías para que «el uso de los fondos estructurales no vaya en contra de esta prioridad».La propuesta pone en aprietos a los europarlamentarios del PP, sobre todo los valencianos, que tendrán que decidir entre la disciplina de grupo o el informe Camps. Un brete en el que están los diputados valencianos en el Congreso en el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, que pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Cuando se aprobó el informe Camps en el CdR, el Consell proclamó que el texto marcará la legislación europea del agua. Un grandilocuente anuncio que no se ha cumplido.