Ureña fuerza a Fabra y Cospedal a pronunciarse sobre el Plan de Júcar

La nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Maria Angeles Ureña, anunció ayer la convocatoria del Consejo del Agua de la Demarcación Júcar «antes de las vacaciones del verano» con objeto de informar el Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), antesala del futuro Plan Hidrológico del Júcar.
La convocatoria obligará a los representantes de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana a pronunciarse sobre el plan y especialmente sobre los límites de la Demarcación Júcar. Ambas comunidades han mantenido hasta ahora posiciones enfrentadas y en algún caso en las antípodas sobre qué parte del territorio debe seguir formando parte del Júcar, dentro de una administración única, y que unidades de gestión formarían las cuencas de competencia autonómica, independientemente de que se transfieran o no.
El Estado, que es quien tiene que tomar una decisión, ha evitado pronunciarse, lo que ha contribuido a retrasar todavía más la aprobación del Plan.
Ayer, Mª Ángeles Ureña, que ya se ha reunido con los representantes de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, gobernados ambos por el Partido Popular, al igual que el Ministerio de Agricultura, no desveló si ha habido una aproximación de posturas en las últimas semanas. La presidenta dijo que uno de sus mandatos es el de cumplir los compromisos con la Unión Europea, «superar los retrasos» y disponer de un plan para el Júcar a finales de 2013.
La convocatoria del Consejo, para la que no hay fecha concreta, «es un pequeño paso, pero no podemos pararnos si queremos cumplir los plazos», añadió.
Ureña defendió «el diálogo», también en Vinalopó, donde negocia dar una salida al agua almacenada en Villena y terminar las conexiones con las redes de distribución autonómica (post-trasvase).
Temas polémicos durante la era Zapatero, como las desaladoras o el número de hectáreas de riego en la Comunitat Valenciana, habrían dejado de serlo tras el triunfo del PP en las elecciones generales. Sobre las desaladoras subrayó la necesidad de «integrar» en la gestión todas las fuentes de suministro, incluidas estas instalaciones. En referencia a la superficie regada, dijo que el EPTI había «aclarado» y diferenciado qué es la «superficie efectivamente regada», la «regable» y la que tendría derechos de riego. El conflicto solo fue un malentendido.

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