José María Barreda ha convocado mañana un pleno para retirar el Estatuto de Castilla-La Mancha que incluía la reserva de 4.000 hm3 que cerraba el Tajo-Segura. Un triunfo para Alicante, pero no el definitivo.

La carencia de recursos obliga a Alicante a recibir el agua de cuatro fuentes distintas

POR F. J. BENITO Se ha ganado una gran batalla, pero la guerra del agua sigue abierta y el escenario se va a trasladar ahora a los nuevos planes de cuenca del Tajo, el Júcar e incluso el Segura, responsabilidad directa del Ministerio de Medio Ambiente, donde habrá que estar más atentos para que el Gobierno de Castilla-La Mancha, y su ejército de juristas y expertos hídricos, no establezca unos límites que hagan imposible cualquier trasvase (siempre se trabaja con excedentes de agua) al Segura e, incluso, al Vinalopó.
La reflexión de Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante y quizá una de las personas que mejor conoce el complejo sistema para el reparto de caudales en el sureste español desde que se abriera el grifo del Tajo-Segura en 1978, al día siguiente de que el presidente castellano-manchego José María Barreda, anunciara la retirada del Estatuto, deja bien claro que Alicante no puede dormirse pensando que el Estatuto de Castilla-La Mancha es historia si mañana termina retirándose en el pleno convocado por el presidente manchego.
Es más, lo que se establece en los planes de cuenca tiene carácter legal y, por lo tanto, la fuerza jurídica de la que carecía el preámbulo. Alejandro Alonso, ponente del PSOE en la Comisión Constitucional donde su partido votó el miércoles a favor de la reserva de 4.000 hm3 lo sabe mejor que nadie. Castilla-La Mancha nació como autonomía en 1982, a los tres meses el entonces presidente José Bono incorporó a su Ejecutivo a Alejandro Alonso como consejero de Agricultura. Desde entonces y aunque ya no esté en el Gobierno, los castellano-manchegos vienen recurriendo cada tres meses los trasvases del Tajo al Segura. Sin éxito, pero durante los últimos 28 años, algo que da idea de la perseverancia de Castilla-La Mancha en sus intentos por secar la transferencia de aguas a Alicante y Murcia.
El retraso que sufre el «Programa Agua» (desaladoras) de la entonces ministra Cristina Narbona para generar un caudal desalado similar al proyectado en el derogado trasvase del Ebro y los propios problemas del agua desalada del mar (precio e impacto ambiental), vuelven a dejar el futuro del abastecimiento hídrico en manos de los trasvases (resulta imposible contar con más infraestructura para recoger agua de lluvia).
¿Dónde estamos entonces? Mejor que en 1978, cuando arrancó el Tajo-Segura, porque se ha modernizado la agricultura y reducido las fugas en las redes de distribución, pero con la misma dependencia que teníamos hace 32 años. El agua del Tajo, y a partir del año que viene la que llegue del Júcar al Vinalopó, resulta clave para garantizar el futuro social y económico de la provincia. No en vano cualquier recorte en los planes de cuenca comprometería el abastecimiento de 1.576.000 personas, la continuidad de 110.000 empresas y 636.000 empleos que general un PIB de 74.800 millones de euros, según los datos que maneja la Universidad de Alicante y la patronal Coepa.
En el apartado económico el posible cierre de los grifos del Tajo y el Júcar, imponiendo reservas en los planes de cuenca, también representaría un serio revés para el único «motor» que aún no ha gripado del todo, el turismo: un sector que mueve 12.000 millones de euros al año (13,8% del PIB) y mantiene 290.000 empleos.
Y prueba de que la nueva amenaza es real, un informe realizado por Riegos de Levante (20.000 agricultores y 35.000 hectáreas en explotación), que advierte de que el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, en fase de redacción, supondrá el final del trasvase porque ha incluido ya las dotaciones de los nuevos abastecimientos de Madrid, Toledo y los municipios beneficiados por la denominada Tubería Manchega. Caudales que, restados del total de la lluvia anual que entra en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, reducirán a tan sólo 60 hm3 al año la cantidad de agua para riego que se podrá trasvasar a Alicante y Murcia.
Caudal que, incluso, podría quedarse en «cero hectómetros cúbicos si al final se aumenta el caudal ecológico del río», según alerta Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante.
El complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía, donde arranca la transferencia que trae el agua del Tajo a Alicante, recibe todos los años la aportación de 770 hm3 y debe enviar, sin contar con lo que envía para riego, un total de 710 hm3 de trasvases fijos. En estos momentos el caudal ecológico en el Tajo es de 6 m3/segundo, pero por cada metro cúbico que se amplíe se recortarán 30 hm3 en Entrepeñas y Buendía, según el cálculo de los regantes. A esto se añade que el 15 de diciembre de 2009 se creó por decreto una reserva de 60 hm3 en el Tajo para abastecer a los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid. A este caudal se sumaron, por otro lado, otros 20 hm3 para la zona de la Sagra (Toledo). Junto a estos abastecimientos, el plan de cuenca del Tajo fija también otras reservas para las Tablas de Daimiel. La aprobación de la reserva para Madrid vulnera ya las leyes del trasvase porque debía haberse consensuado con todas la partes y nadie recurrió. Actuaciones como éstas son más importantes que el defenestrado Estatuto. Actualmente, la reserva está en 240 hm3 a partir de la cual no se envía agua y así seguirá si se confirma la retirada del Estatuto mañana lunes cuando se reúnen la Cortes de Castilla-La Mancha.
La primera referencia oficial que se tiene en la provincia del proyecto para trasvasar aguas desde la cuenca del Tajo al Levante español -actuales Comunidad Valenciana y Murcia- data del 26 de febrero de 1933, cuando el entonces ministro de Obras Públicas de la II República, el socialista Indalecio Prieto, proclamaba en un acto público celebrado en Alicante, que el Gobierno que se negara a construir el trasvase Tajo-Segura prácticamente tendría que ser calificado de traidor a la patria, independientemente de su color político.
Dos años después la infraestructura, diseñada por el ingeniero Lorenzo Pardo, quedaba incluida en el I Plan Nacional de Obras HIdráulicas, aunque su construcción no comenzaría hasta 1968. Los primeros caudales comenzaron a fluir en 1979 y desde entonces no ha parado de llegar desde el Tajo -casi nunca los 600 hm3 regulados por la Ley- un agua gracias a la cual Alicante y Murcia se han convertido en dos de las zonas más prósperas de España, motores de empleo y, prácticamente, la huerta de buena parte de Europa
El trasvase garantiza, además, el abastecimiento urbano de cerca de tres millones de habitantes, tiene un componente ambiental clave para paliar la sobreexplotación de los acuíferos y sostiene el 62% de la agricultura provincial, cuyas explotaciones están valoradas en 328 millones de euros con una facturación de 528 millones de euros al año.
Los primeros 30 años del trasvase se tiñeron de gris en 2009 ante la aspiración del Gobierno de Castilla-La Mancha de reservar para su desarrollo todo el caudal del trasvase, al fijar en su Estatuto el final de la canalización para 2015, y la, en principio, tibieza de PSOE y PP en la defensa de la transferencia en Madrid, Ambos pactaron ampliar la reserva estratégica primero hasta los 600 hm3 y después hasta los 4.000 hm3 ya con la fecha de caducidad eliminada, y también con el consenso inicial de PSOE y PP, que llegó a abstenerse en la aprobación de la ponencia. Al final, no obstante, hubo reacción final de los populares con su voto negativo en la Comisión Constitucional.
Un informe de la patronal Coepa elaborado por el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante revela que, hoy por hoy, no hay recambio posible para el Tajo: el agua del trasvase se paga a 0,1 hm3 el metro cúbico, mientras que la desalada sale a 0,6 euros/m3, cinco veces más cara.
Por otro lado, la falta de aportes suficientes de agua del trasvase Tajo-Segura ha provocado que en los últimos años se hayan dejado de cultivar 20.000 hectáreas y perdido dos mil empleos directos en Alicante, una provincia que, sin embargo, ha pagado desde 1986 más 300 millones de euros -50.000 millones de las antiguas pesetas- a Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, las comunidades autónomas cedentes del agua del Tajo, según recuerda Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante y recoge el informe de Coepa sobre la repercusión de esta obra en la provincia. Fondos que, teóricamente, debieran haberse destinado a financiar proyectos medioambientales y evitar, por ejemplo, la restricciones que llegan a sufrir municipios castellano-manchegos en los años de sequía. ¿Dónde fue el dinero?.
Según el trabajo del Instituto Universitario del Agua, la eliminación de los aportes de agua del río Tajo a la provincia tendría consecuencias letales, porque significaría la ruina para el 62,18% de la agricultura de regadío, un sector que da a empleo a 51.325 trabajadores. Por otro lado, el incumplimiento de las expectativas de caudales llegados a la provincia a través del trasvase desde su puesta en marcha ha supuesto la pérdida de 17.325 hectáreas entre 1998 y 2006, al no contar con agua suficiente y de calidad.
Las necesidades de agua totales en la zona regable del trasvase en la provincia de Alicante ascienden a 381,89 hm3 al año, mientras que la dotación media del trasvase Tajo-Segura es sólo de 125 hm3, debido principalmente a la sequía que sacude el complejo de embalses Entrepeñas-Buendía. El sector agrícola alicantino tendría derecho a recibir 3.500 millones de euros en concepto de indemnización mas el lucro cesante si se recortaran los aportes del Tajo. La falta de caudales para la agricultura y la salinidad del agua que utilizan los regantes ha provocado ya una diáspora de empresas agroalimentarias a otras zonas de España que tienen agua de calidad como es el caso de Valencia (Júcar); sur de Cataluña e, incluso, Andalucía.

suministro urbano
Al margen del impacto económico sobre la competitiva agricultura de Alicante y Murcia, el trasvase Tajo-Segura tuvo un impacto social sin precedentes al romper el ciclo migratorio alicantino y murciano que, en algunos casos, se arrastraba desde finales del siglo XIX. Se pasó a un escenario de inmigración y de crecimiento vegetativo positivo.
El agua que llega del Tajo representa, además, una pieza hidráulica básica para el funcionamiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, ya que aporta el 60% de la demanda de agua para uso urbano de toda Murcia, treinta y cuatro municipios de Alicante (56% de la población) y dos de Albacete.
La Mancomunidad del Taibilla advirtió en su día de que todos los recursos de las desaladoras (190 hm3 cuando éstas estén a pleno rendimiento), no serán suficientes para cubrir la demanda urbana de Alicante y Murcia en los próximos 25 años, lo que hace del trasvase una solución «incuestionable», según el comité ejecutivo de la Mancomunidad que depende del Ministerio de Medio Ambiente, responsable de la tutela del agua en España.