Talavera de la Reina (Toledo), 28 nov (EFE).- La Comisión Europea va a abrir una investigación sobre los hechos denunciados por la Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche de Talavera de la Reina, que el pasado mes de junio presentó una queja en Bruselas por los incumplimientos de la normativa marco europea de agua.

La comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha enviado una carta, con fecha del 13 de noviembre, en la que traslada que la tramitación de la queja sigue adelante y que se realizará una investigación preliminar sobre los hechos denunciados.

Así lo ha trasladado hoy, en rueda de prensa, el coordinador general de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, cuya formación presentó la denuncia junto a la Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche, y que hoy ha mantenido un encuentro con los portavoces del colectivo.

Martínez ha considerado que van a conseguir que Bruselas «tutele el proceso de aprobación definitiva del plan de cuenca del Tajo» y ha insistido en la necesidad de que este documento, que debía haberse publicado antes del fin de 2009, está basado en la normativa europea de aguas.

El coordinador regional de IU ha reivindicado que el plan de cuenca del Tajo se rija por las necesidades ambientales del río y no por los requerimientos de otros ríos o de otras cuencas.

Martínez se ha sumado la petición de la Plataforma que solicita que el caudal ecológico mínimo que debe fijarse en el tramo medio del Tajo sea de 15 metros cúbicos por segundo, y ha hecho un llamamiento al PP y al PSOE para que se unan a IU en «un acuerdo por escrito para la defensa de los intereses económicos, sociales y ambientales del Tajo».

«Debemos hacer piña», ha declarado Martínez, que ha pedido «abandonar demagogias y vaivenes» y dar forma a un frente común «serio y creíble» que tenga el bien de Castilla-La Mancha, del río y su cuenca como prioridad.

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la Plataforma, ha aseverado que desearía ese acuerdo y esa unión política, como la que existe por ejemplo en Levante, porque el «divide y vencerás» va en contra del Tajo.

Sánchez ha recordado que la ley «es muy clara» y ha asegurado que no dudarán en ir a los tribunales si el plan de cuenca incumple la normativa europea de agua.

También ha considerado que «el Tajo es una bomba que le va a estallar al Gobierno de España», porque Bruselas no va a permitir los incumplimientos actuales.

El otro portavoz de la Plataforma, Miguel Méndez, ha vuelto a solicitar al PP de Castilla-La Mancha una reunión para hablar del Tajo y del plan de cuenca y ha indicado que en el ámbito municipal le gustaría ver «más entusiasmo» desde el Ayuntamiento. EFE

Madrid, 26 nov (EFEVERDE).- Representantes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han pedido hoy al Ministerio de Industria que analice los objetivos para el sector energético «a largo plazo» y no solo en función de las necesidades económicas más urgentes.

En una jornada organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, las renovables han insistido en la necesidad de contar con estabilidad regulatoria y han subrayado los efectos positivos en términos medioambientales y de independencia energética que ofrecen estas tecnologías.

El director de Políticas Energéticas de la AEE, Heikki Willstedt, ha señalado que el sector eólico necesita «que haya una planificación a largo plazo», en la que el país fije una serie de objetivos energéticos tecnológicamente posibles y lo más eficientes posibles.

Willstedt ha reconocido que en la actual situación no se puede pedir que los incentivos sean elevados, pero ha apuntado que el mercado eléctrico debería dar señales para desincentivar las tecnologías más contaminantes y que las renovables «son el único futuro» que tiene España para mejorar su independencia energética.

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, ha pedido «estabilidad jurídica» porque «a veces hace más daño una frase» de un portavoz del Gobierno «que una publicación en el BOE», al tiempo que ha criticado que Industria ya esté preparando una nueva reforma energética cuando todavía no se ha aprobado el proyecto de medidas fiscales.

Ha insistido en que las primas a las renovables no son subvenciones, sino una vía para compensar la aportación de estas tecnologías en términos ambientales y de independencia energética, y, por ello, ha apostado por la regulación del autoconsumo como la forma más rentable de mejorar la eficiencia energética. EFEVERDE

En declaraciones a los medios tras la presentación del «World Energy Outlook» de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Lafuente ha explicado que «en un mercado los precios tienen que estar liberalizados», aunque ha precisado que para ello se tienen que dar ciertas «condiciones», entre las que figura la competencia.

Así, ha señalado que todos los datos indican que los cambios de empresa suministradora en España todavía «son muy limitados».

«Liberalizar los precios cuando no existe una suficiente competencia efectiva yo creo que es un error», ha concluido.

Con respecto a la liberalización del mercado eléctrico, el Ministerio de Industria ha mostrado su intención de bajar el límite de potencia para acceder a la tarifa regulada, lo que obligaría a muchos consumidores minoristas a trasladarse al mercado libre.

En ese sentido, el presidente de E.ON España, Miguel Antoñanzas, ha reclamado hoy la desaparición de las tarifas reguladas porque, en su opinión, introducen incertidumbre, no protegen al consumidor y pueden incluso resultar discriminatorias.

Para Antoñanzas, la liberalización de los mercados energéticos es un «paso imprescindible» que permitiría a los consumidores beneficiarse de unos «precios más ajustados».

Por otra parte, Lafuente ha considerado que «es preciso limitar las subvenciones» a las renovables para que los mercados «funcionen adecuadamente».

Ha subrayado que España está a la vanguardia en el mercado de renovables gracias a las ayudas públicas y, por ello, hay que reconsiderar las políticas para prestar mayor atención a la madurez de las diferentes tecnologías.

Antoñanzas, por su parte, ha abogado por incluir el desarrollo de las energías renovables dentro del mercado de derechos de emisión de CO2, con el objetivo de que los inversores tengan «señales correctas» sobre el impacto de las diferentes tecnologías en el medio ambiente. EFECOM

Los directores generales del Gobierno de La Rioja de los Servicios Jurídicos, Alfonso Domínguez, y de Calidad Ambiental, José María Infante, han explicado hoy, en una rueda informativa, este fallo judicial, que mantiene la constitucionalidad del Plan y defienden una interpretación que avala los intereses riojanos.

Domínguez ha detallado que esta sentencia del TC, con fecha del pasado día 31, alude a un recurso presentado por el Gobierno de La Rioja en 2005 contra la Ley del Plan Hidrológico Nacional, en el que planteaba el derecho de la comunidad riojana a participar en la fijación de los caudales ambientales en el delta del Ebro.

El recurso se presentó al entender que la Ley otorgaba a Cataluña potestades «excesivas» en la protección del delta del Ebro en lo relacionado con la fijación de los caudales ambientales del río, sin la participación del resto de las comunidades que forman parte de esta cuenca, ha añadido Infante.

Ha asegurado que el recurso riojano defendía que las competencias atribuidas a Cataluña afectaban al conjunto de la cuenca hidrográfica del Ebro y postergaban a La Rioja en la toma de decisiones sobre el futuro de esta cuenca.

La sentencia del TC, a pesar de manifestar que la disposición no es inconstitucional, realiza una interpretación de la Ley en la que se recalca que el plan de protección del delta del Ebro aprobado de mutuo acuerdo por el Estado y Cataluña debe ser integrado en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro.

Por ello, los caudales ambientales podrán ser revisados dentro del proceso de planificación de la cuenca, donde tienen participación las comunidades autónomas, tal como requería el Gobierno de La Rioja, ha dicho Infante.

El Ejecutivo riojano, ha añadido, ha presentado varias alegaciones a ese proceso de planificación, una vez finalizado el plazo el pasado día doce.

Ambos directores generales han insistido en que esta sentencia del TC y la interpretación que se realiza de la Ley salvaguardan los intereses manifestados por el Gobierno de La Rioja en defensa de los riojanos.

CCAA

El fallo consolida, protege y refuerza la participación de las comunidades autónomas en la determinación de los caudales ambientales y mantiene las competencias en materia de aguas, de acuerdo a la definición que aparece en la Constitución Española, que incide en la protección de los valores de unidad de cuenca, ha subrayado Infante.

Ha reiterado la importancia de que la Confederación Hidrográfica del Ebro y las comunidades autónomas de esta cuenca participen en los órganos de la misma en la que se fijan los caudales ecológicos, por lo que no estaba de acuerdo con la posibilidad de que el Estado y Cataluña, de forma bilateral, pudieran hacerlo en el tramo del delta del Ebro sin integrarlo, con posterioridad, en el proceso de planificación. EFEverde

Agricultores y ganaderos reconocen que, con la situación económica y el mercado internacional de la energía, poco se puede hacer para lograr bajar el precio del gasóleo B, pero piden al Gobierno políticas de ahorro y eficiencia energética para minimizar su impacto en la cuenta de resultados.

El gasóleo B o agrícola empezó el año rompiendo la barrera del euro por litro, cotización en la que se ha instalado a lo largo de los primeros diez meses del año, en una evolución que preocupa al conjunto del sector agrario porque afecta a su rentabilidad.

Hasta octubre, la media mensual de este combustible durante 2012 ha sido de 1,03 euros por litro, según se desprende de las estadísticas facilitadas por Cooperativas Agro-alimentarias, que realiza, desde hace años, una comparativa semanal con los precios de venta al público de todas las estaciones de servicio de gasóleo B.

Los datos recogidos por Efeagro muestran que nunca antes el sector primario había soportado unos precios tan elevados y durante tanto tiempo, y tanto en septiembre como en octubre ha registrado una media de 1,08 euros, si bien en muchas gasolineras el precio es todavía mayor.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) apuntan que desde que se alcanzó el último acuerdo sobre el gasóleo, en 2005, su precio medio se ha disparado un 72 %, mientras que informes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) revelan que la subida en la última década ha sido del 130 %.

Según el citado estudio, los costes de producción alcanzaron en 2011 los 20.046 millones de euros en términos corrientes (+12,2 %) y uno de los capítulos de gasto que más se incrementó fue el de energía y lubricantes (+17,7 %), partida que supone casi el 10 % del total y de ella el 90 % se debe al gasóleo agrícola.

La preocupación de agricultores y ganaderos por la evolución del precio del gasóleo es más que evidente, ya que perjudica directamente a su cuenta de resultados, y al no poder repercutir este incremento de costes en el precio final de sus producciones le coloca en una situación complicada.

El técnico de suministros de Cooperativas Agro-alimentarias, Francisco García, ha reconocido a Efeagro la gran dificultad de que bajen estas cotizaciones, dada la coyuntura internacional, y a pesar de que los precios de los carburantes, antes de impuestos, son superiores a los de otros países europeos.

Opinión también compartida por el responsable técnico del departamento de Economía Agraria de COAG, Felipe Medina, y el técnico agrario de UPA Javier Alejandre.

Abogan por un uso más racional de la energía y más eficiente del gasóleo, porque aunque el sector ya está poniendo en práctica los resultados de investigaciones sobre esta cuestión, aún «es posible minimizar el uso (del gasóleo) sin que afecte a la producción», según García.

Cuando sube el gasóleo, termina repercutiendo en los fertilizantes, dos inputs «muy relevantes» que «complican los resultados de las explotaciones», según Alejandre, que también insiste en que es necesario buscar alternativas.

Medina asegura a Efeagro que una de las opciones más viables es que las explotaciones sean «más sostenibles», para ello aboga por la reconversión a energías renovables y que los productores generen la energía que consumen y se puedan desligar así de «los vaivenes» de los precios de la energía.

Señala que se precisa una visión «más a medio y largo plazo, no solo por el ahorro de combustibles, sino para disminuir el impacto de la huella de carbono» e ir hacia producciones más sostenibles, y recuerda que programas como el plan Renove (de maquinaria agrícola) se han quedado casi sin fondos.

Apuestan por «auditorías energéticas, que han dado buenos resultados», según Medina, ya que «las medidas de ahorro conseguidas en las explotaciones han sido más que patentes», subraya Alejandre.

El técnico de UPA explica a Efeagro que el consumo medio por hectárea oscila entre 80 y 90 litros, por lo que bajar ese consumo a 60 «es un paso importante y posible cambiando técnicas de cultivo, apostando por una buena puesta a punto de la maquinaria o aplicando medidas de ahorro».

Pero eso, «no se consigue de un día para otro», admite.

El sector primario reclama, por ello, la investigación necesaria para continuar con el asesoramiento a agricultores y ganaderos sobre medidas de ahorro y eficiencia energética.

La división de biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha lamentado hoy la propuesta de la Comisión Europea (CE) de limitar a un máximo del 5 % la aportación de biocombustibles procedentes de cultivos.

En un comunicado, la asociación señala que este texto «prejuzga negativamente sus impactos sin base alguna», ya que obvia que estos biocarburantes suponen «una importante fuente de coproductos para la alimentación animal».

La propuesta de la CE prevé limitar a un máximo del 5 % la aportación de los biocombustibles procedentes de cultivos (como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza), mientras que mantiene el objetivo de que el 10 % de los carburantes que se usen para el transporte en 2020 provengan de fuentes renovables.

Así, el resto del cupo tendrá que cubrirse con biocarburantes de segunda generación, es decir, los fabricados a partir de residuos y mediante otras fuentes alternativas.

APPA considera que esta discriminación en la procedencia de los biocombustibles pone «en serio peligro» la consecución del objetivo del 10 % y ve «inaceptable» que la barrera del 5 % esté por debajo de la actual contribución española, que se sitúa en torno al 7 %.

La asociación se muestra «de acuerdo» con la decisión de incentivar los biocarburantes procedentes de materias primas con «mayores ventajas ambientales», pero puntualiza que esto debería hacerse mediante «mecanismos que no reduzcan el consumo real» de estos combustibles. EFEverde

Toledo, 10 oct (EFE).- El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha lamentado hoy que el agua del trasvase Tajo-Segura «corra mucho más deprisa» que los compromisos para alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua que satisfaga las necesidades de todas las regiones.

Así se ha pronunciado Fresneda, en declaraciones a Efe, sobre el trasvase de 101,7 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo al Segura aprobado hoy por el Ministerio de Agricultura para los próximos tres meses.

El dirigente agrario ha opinado que, mientras «ese gran Pacto de Agua no llega», hay una normativa vigente, el Plan Hidrológico Nacional, que contempla obras de infraestructuras que garanticen las necesidades de agua en la región y la ampliación de sus superficie de regadío, que es un 13 por ciento inferior a la media del país.

En cuanto a la distribución de los 101,7 hectómetros cúbicos en 29,7 para abastecimiento y 72 para zonas de riego, Fresneda ha asegurado que «no se cree» dicho reparto y ha asegurado que «el agua irá para lo que les haga falta», como el riego de instalaciones deportivas, «que deberían regarse con agua depurada», ha dicho.

Preguntado si cree que el Gobierno regional debería recurrir este trasvase por encontrarse los pantanos de cabecera del Tajo al 23 por ciento de su capacidad, Fresneda ha dicho que «los recursos sólo sirven para ocupar una página de periódico».

Y ha apostillado que «lo que se necesita es un golpe de mano para se haga el prometido Pacto Nacional del Agua, que yo confío -ha puntualizado- que más pronto que tarde hará el Ministerio de Agricultura».

También ha expresado su confianza en que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, «priorice sus compromisos en beneficio de Castilla-La Mancha». EFE

Bruselas, 5 oct (EFE).- España y Portugal se oponen a las nuevas normas de la UE para fomento del ahorro de energía, por considerar que no tienen en cuenta los esfuerzos que ya ha realizado y por el gasto que suponen en un momento de crisis económica.

Así lo expresaron ambos países esta semana en un documento al que Efe tuvo hoy acceso y que contiene los argumentos con los que se opusieron a esas normas, que finalmente se aprobaron sin debate durante la reunión del Consejo de ministros de Empleo la Unión Europea (UE), celebrado el jueves en Luxemburgo.

Según ese documento ambos países votaron en contra de la adopción de la nueva directiva de eficiencia energética, que es el primer marco legislativo a nivel europeo específicamente dedicado a la materia.

Los demás países de la UE dieron su apoyo a las normas, mientras que Finlandia se abstuvo.

Finlandia, España y Portugal consideran que la nueva normativa no valora lo suficiente los esfuerzos realizados hasta el momento en materia de ahorro de energía, una cuestión que las autoridades de Lisboa consideran «injusta», según el citado texto.

España y Portugal señalaron que las nuevas normas exigen un aumento del gasto público, en un momento en que varios Estados miembros tienen dificultades económicas.

«Dado el actual contexto económico y los esfuerzos ya realizados, España considera que la nueva directiva de Eficiencia Energética no provee un enfoque eficiente en términos económicos para alcanzar mayores ahorros energéticos, e impone por otra parte una carga desproporcionada en ciertos países», señaló ese país en su declaración.

España reiteró su «compromiso firme» con el cumplimiento del objetivo europeo de alcanzar un ahorro del 20 % de energía primaria para 2020 y recalcó los esfuerzos realizados por el país en la última década para «mejorar significativamente la eficiencia energética en su economía».

En concreto, España recordó que en 2010 alcanzó el objetivo introducido por la directiva de servicios energéticos de 2006 de reducir un 9 % el consumo final de energía, seis años antes del plazo acordado, así como que ha aprobado recientemente el «ambicioso» Plan Nacional de Eficiencia y Ahorro Energético para el periodo 2011-2020.

El Gobierno español consideró también que la directiva de eficiencia energética no tiene en cuenta los ahorros logrados antes de 2014 «lo que penaliza a países que como España han estado durante los últimos años liderando la promoción de la eficiencia energética, con un importante esfuerzo económico».

También se mostró contraria a la medida que obliga a los países a renovar el 3 % de la superficie de los edificios gubernamentales para hacerlos más eficientes, ya que considera que no está probado que se vaya a amortizar el coste de estas reformas con el ahorro de energía que suponen.

«Por tanto, este objetivo añadirá mayor presión a corto plazo en los presupuestos públicos», subrayó en el documento.

Portugal, por su parte, lamentó que la directiva de eficiencia energética «implique un aumento del gasto público» y mostró su preocupación sobre «cómo va a ser posible hacer frente a las obligaciones de gastos públicos dadas las severas restricciones presupuestarias que resultan del programa de ayuda financiera que hemos firmado».

Lisboa solicitó en la primavera de 2011 a sus socios europeos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) asistencia financiera, que conlleva un exhaustivo programa de reformas económicas. EFE