La firmeza con la que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, está dispuesto a defender las necesidades de agua para Castilla-La Mancha han sentado muy mal en Murcia. A la reacción del diputado nacional del PP por esta región, Jaime García-Legaz, que pedía al PSOE que “pare los pies” a Barreda e impida el éxito de la proposición de Ley del Agua que el presidente castellano-manchego llevará al Congreso de los Diputados, se sumó con insultos personales el presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, que llamó al propio Barreda “mosca cojonera” porque, dijo, “es la típica que la apartas y vuelve una y otra vez, al final hasta que no le das un palmetazo no se puede terminar con ella”.
Barreda se pronunció ayer sobre estas palabras y dijo que su planteamiento en alusión a la cuestión hídrica en la Comunidad Autónoma pasa por defender los intereses de los castellano-manchegos “sin ninguna interferencia”.

Barreda, que hizo estas declaraciones tras inaugurar un Consultorio Local en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), advirtió que “como presidente ce Castilla-La Mancha, me debo a esta tierra y por tanto mi obligación primera, por encima de cualquier otra, es tratar de defender siempre, y en los temas del agua más, los intereses de mi tierra y de mis paisanos”.

El presidente aseguró que será férreo en la defensa de esta tierra sin perder la perspectiva de saber que Castilla-La Mancha es la parte de un todo que es España. Del mismo modo explicó que la obligación y la responsabilidad que tiene, porque así se lo han encomendado los ciudadanos, “es Castilla-La Mancha y es a lo que me dedico y a lo que me voy a dedicar le guste o no le guste a Valcárcel y a sus consejeros”.

Barreda se tomó la expresión “mosca cojonera” con ironía, pese a que lamentó que se haya pasado de las criticas a las descalificaciones personales.
A este respecto José María Barreda considera que se les podría aludir como “sanguijuelas que quieren llevarse toda el agua” aunque no la necesiten, que es a lo que están acostumbrados durante todos estos años y saben que se ha acabado. Barreda, que apuntó este comentario en tono jocoso, opinó que no se deberían perder las formas y hacer siempre planteamientos políticos y que beneficien a la sociedad.

La respuesta del líder de los regantes murcianos no se hizo esperar: Claver dijo que le hubiera  dado igual llamarlo “mosca cojonera que conejito de Duracel, que parece que no termina nunca”.

El Gobierno murciano expresaba ayer su descontento con la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, quien en declaraciones en una entrevista mantuvo que “Murcia no puede depender sólo de recursos hídricos externos” al tiempo que apostaba por la desalinización como alternativa al déficit hidrológico de la cuenca del Segura. Fue la portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, quien recordaba a la ministra que la del Segura es la única cuenca de España “con déficit hídrico estructural”.   

Defendía Reverte que el agua no pertenece a nadie al mismo tiempo que afirmaba que “el agua de España no es un recurso ajeno a la Región de Murcia” y calificando los trasvase como la solución para redistribuir este elemento.    

Amenaza al tajo-Segura
Aprovechó la ocasión la portavoz murciana para atacar al Gobierno de Rodríguez Zapatero del que dijo “sigue sin creerse que gobierna un país que se llama España, en el que el agua es un bien común de todas las regiones y, por tanto, no debe considerarse como algo que se encuentra en el exterior de una región”.   

“No podemos vivir permanentemente bajo la amenaza de un Gobierno que no sólo no resuelve los problemas, sino que destruye las soluciones ya existentes, como el trasvase del Ebro y ahora también el Tajo-Segura, a pesar de su ejemplar rendimiento durante tres décadas en beneficio de toda España”, afirmó reverte.   

Fue precisamente la negativa de la ministra a asegurar el mantenimiento del Tajo-Segura lo que ha vuelto a levantar los ánimos de la clase política murciana limitándose la ministra a decir que hasta ahora han realizado trasvases cuando se ha necesitado pero sin dar la ansiada ‘intocabilidad’ al agua del Tajo.    

Ante esta postura Reverte remarcó asimismo que los trasvases “no son un capricho, sino una solución de ingeniería civil al servicio de los ciudadanos para redistribuir los recursos hídricos, que no pertenecen a nadie” y lamentó la falta de contundencia de la ministra “para defender una infraestructura vital para la Región, como es el Tajo-Segura”.

Recuerdo para Barreda
Como viene siendo habitual cuando se habla de agua en Murcia, la portavoz de su Ejecutivo tuvo un recuerdo para Barreda del que dijo que tiene salidas de tono y pidió a la ministra que  desmintiera las afirmaciones del presidente castellano-manchego.

“En lugar de desmentir las salidas de tono del presidente castellano-manchego, José María Barreda, la ministra le da hilo a la birlocha –cometa-, como dicen en la huerta”, enfatizó Reverte, quien expresó su deseo de que “la pesadilla de este Gobierno de Zapatero, insolidario y nocivo para la Región, acabe cuanto antes”.

ARTICULO EL DIA EXPOVICAMAN 2009

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer en Alcázar de San Juan que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), ya aprobado y que pone en marcha con el Consorcio, supone un esfuerzo por construir una política del agua muy diferente de la del pasado, donde la gestión de las aguas subterráneas era una parte de la política del agua olvidada.

Narbona, que se trasladó ayer hasta el corazón de La Mancha para firmar el convenio de colaboración para la creación del Consorcio que gestionará el PEAG junto al presidente regional, José María Barreda, recordó no sólo la importancia del día de ayer con la puesta en  marcha del Consorcio, sino también la importancia de este Plan, que debe permitir que “el agua que tenemos en nuestros acuíferos sirva para hoy y para mañana”.

Es por esto que destacó la necesidad de desarrollar en los próximos años una política del agua de acuerdo con la legislación europea, con los criterios internacionales, que otorgue plenamente al agua todo su valor económico, social o medioambiental, un “desafío”, dijo,  para todos los poderes públicos, porque supone olvidar una política “del ordeno y mando” que no buscaba el consenso y la implicación de todos, como ha ocurrido con el PEAG, según señaló.

Narbona recordó que las políticas del agua siempre se ha dicho que deben ser de Estado, pero recordó que hoy día en España se vive en un estado descentralizado de las autonomías, donde todos los poderes públicos son Estado, “por eso sólo podemos trabajar por una mejor gestión de la política del agua en nuestro país colaborando las tres administraciones”, y recordó que cuanto más complejo es el asunto que se debe gestionar, mayor es la necesidad del entendimiento.

La ministra de Medio Ambiente destacó entre otras cosas el gran consenso que se ha alcanzado en la redacción y aprobación del PEAG, algo por lo que se sintió “especialmente” satisfecha, “por haber cumplido un compromiso más en C-LM y porque el camino ha sido complejo y aquello que cuesta lo apreciamos mucho más y lo entendemos mucho mejor”.

Dijo también que si han empleado todo este tiempo para llegar a la consecución de este Consorcio y a la puesta en marcha formal del PEAG, con un órgano que permite visualizar muy bien la coordinación y cooperación entre administraciones, es porque antes de llegar aquí han recorrido un camino muy complejo de búsqueda de consenso social, “un consenso que no ha sido nada sencillo” y que, según dijo,  se ha alcanzado al menos en un porcentaje muy amplio gracias al buen trabajo de muchas entidades y agrupaciones.

“Ahora se abre el verdadero camino de recuperación de los acuíferos y del desarrollo sostenible”, sentenció,  y no se marchó sin mencionar la necesidad de saber gestionar el agua para evitar tanto la sequía como las inundaciones que padeció la ciudad el pasado mes de mayo.  

Solución realista
Por su parte, el presidente de la Junta destacó que el Plan ha conseguido concentrar “el esfuerzo de todos” para “dar una solución realista, concreta y eficaz al problema de la escasez de agua”.

En este sentido, Barreda ha resaltado los más de 5.000 millones de euros de presupuesto con los que cuenta este Plan para tomar muchas decisiones importantes relativas al agua y que lo convierten en mucho más que un plan medioambiental.

Para Barreda, la participación de todos los agentes en el Plan implica la capacidad de la sociedad para afrontar un problema como es la falta de agua, y dijo que esta iniciativa no sólo ahorrará agua para la regeneración hídrica de los acuíferos, sino que supondrá una herramienta clave para el desarrollo integral de la región.

Ha recordado que el PEAG llega siete años después de lo previsto, porque antes no tenía consenso ni financiación.
El presidente ha planteado la creación de este Consorcio como ejemplo de órgano de gestión del agua compartido entre las dos administraciones, la central y la regional. El Consorcio estará integrado por representantes de ambas administraciones y tendrá su sede en Alcázar. La Administración General del Estado, a través de la CHG, y la Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, financiarán a partes iguales los gastos de constitución y funcionamiento anuales del Consorcio. En concreto, para el año 2008 se acuerda un montante de 1,5 millones de euros.

Por su parte, el alcalde de Alcázar, José Fernando Sánchez Bódalo, calificó la jornada de ayer de “histórica” y recordó que alcázar representa el treinta por ciento del problema “y de la solución” del agua.

El Gobierno de Castilla-La Mancha está ultimando otros dos recursos que afectan a sendos acuerdos tomados el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros referentes a las cuencas del Tajo y del Segura.

Además del recurso anunciado el pasado martes al real decreto de febrero de este año que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, los servicios jurídicos de la Junta están ultimando otros dos acuerdos del Ejecutivo Central tomados también en febrero.

El primero de ellos se refiere al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero, por el que se autorizó el trasvase de once hectómetros cúbicos para regadío a la cuenca del Segura.

El otro de los acuerdos que se va a impugnar se refiere a la autorización del Gobierno a la compra de 31 hectómetros cúbicos por parte de los regantes murcianos a los agricultores de Estremera (Madrid), en la cuenca del Tajo.

El portavoz del Gobierno Regional y vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que los motivos que han llevado al Ejecutivo regional a impugnar este tipo de decisiones es que «contravienen el ordenamiento jurídico y los intereses de la comunidad autónoma», dijo.

En este sentido, la Junta considera que el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas se ha fijado de manera «inadecuada», sobreestimando el peso del Júcar y del Segura en lo que se refiere a las cuencas intracomunitarias en el Levante, modificando la proporcionalidad en sus órganos de gestión en perjuicio de Castilla-La Mancha.

García-Page indicó que al Gobierno Regional «no le va a temblar el pulso» en la defensa de los intereses de la región y si los planteamientos e iniciativas políticas no son suficientes, se acudirá a la vía judicial, señaló.

Preguntado por la postura del Gobierno Central, que insiste, tal y como le comunicó el presidente Rodríguez Zapatero, al presidente de los regantes murcianos, en que mantendrá el trasvase Tajo-Segura, el portavoz de la Junta dijo que «es normal que tenga que haber una cierta contemporización y que el debate no se anticipe» a la discusión del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados.

«Lo tenemos muy clarito y no vamos a bajar la guardia. No permitiremos que el trasvase solucione el futuro del Levante», agregó el portavoz de la Junta, quien insistió en que por primera vez se están dando alternativas a la cuenca del Segura con la construcción de las desalinizadoras.

En este sentido, indicó que resulta «paradójico» que las comunidades autónomas de Valencia y Murcia que van a beneficiarse de un agua desalada, competitiva y cuyas obras, además, está acometiendo la Administración del Estado, «estén poniendo pegas a la construcción de estas plantas porque prefieran seguir utilizando un agua más barata y más cómoda».

Por otra parte, García-Page dijo ayer que el Ejecutivo Autonómico está «abierto a consensuar» con el PP el proyecto de Ley Audiovisual de Castilla-La Mancha y en especial aquellos aspectos que a la oposición le parezcan «más controvertidos». A preguntas de los periodistas, García-Page respondió a las críticas el PP que tachó este proyecto de «auténtica ley mordaza» y anunció una enmienda a la totalidad. El portavoz de la Junta «invitó» al PP a mantener una disposición abierta para llegar a un consenso en una normativa que Castilla-La Mancha «necesita» y negó que tenga una «intención de controlar absolutamente nada».