El Gobierno de Castilla-La Mancha está ultimando otros dos recursos que afectan a sendos acuerdos tomados el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros referentes a las cuencas del Tajo y del Segura.
Además del recurso anunciado el pasado martes al real decreto de febrero de este año que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, los servicios jurídicos de la Junta están ultimando otros dos acuerdos del Ejecutivo Central tomados también en febrero.
El primero de ellos se refiere al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero, por el que se autorizó el trasvase de once hectómetros cúbicos para regadío a la cuenca del Segura.
El otro de los acuerdos que se va a impugnar se refiere a la autorización del Gobierno a la compra de 31 hectómetros cúbicos por parte de los regantes murcianos a los agricultores de Estremera (Madrid), en la cuenca del Tajo.
El portavoz del Gobierno Regional y vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, explicó que los motivos que han llevado al Ejecutivo regional a impugnar este tipo de decisiones es que «contravienen el ordenamiento jurídico y los intereses de la comunidad autónoma», dijo.
En este sentido, la Junta considera que el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas se ha fijado de manera «inadecuada», sobreestimando el peso del Júcar y del Segura en lo que se refiere a las cuencas intracomunitarias en el Levante, modificando la proporcionalidad en sus órganos de gestión en perjuicio de Castilla-La Mancha.
García-Page indicó que al Gobierno Regional «no le va a temblar el pulso» en la defensa de los intereses de la región y si los planteamientos e iniciativas políticas no son suficientes, se acudirá a la vía judicial, señaló.
Preguntado por la postura del Gobierno Central, que insiste, tal y como le comunicó el presidente Rodríguez Zapatero, al presidente de los regantes murcianos, en que mantendrá el trasvase Tajo-Segura, el portavoz de la Junta dijo que «es normal que tenga que haber una cierta contemporización y que el debate no se anticipe» a la discusión del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados.
«Lo tenemos muy clarito y no vamos a bajar la guardia. No permitiremos que el trasvase solucione el futuro del Levante», agregó el portavoz de la Junta, quien insistió en que por primera vez se están dando alternativas a la cuenca del Segura con la construcción de las desalinizadoras.
En este sentido, indicó que resulta «paradójico» que las comunidades autónomas de Valencia y Murcia que van a beneficiarse de un agua desalada, competitiva y cuyas obras, además, está acometiendo la Administración del Estado, «estén poniendo pegas a la construcción de estas plantas porque prefieran seguir utilizando un agua más barata y más cómoda».
Por otra parte, García-Page dijo ayer que el Ejecutivo Autonómico está «abierto a consensuar» con el PP el proyecto de Ley Audiovisual de Castilla-La Mancha y en especial aquellos aspectos que a la oposición le parezcan «más controvertidos». A preguntas de los periodistas, García-Page respondió a las críticas el PP que tachó este proyecto de «auténtica ley mordaza» y anunció una enmienda a la totalidad. El portavoz de la Junta «invitó» al PP a mantener una disposición abierta para llegar a un consenso en una normativa que Castilla-La Mancha «necesita» y negó que tenga una «intención de controlar absolutamente nada».