La Unió pide mediación para el trasvase Júcar-Vinalopó

La Unió de Llauradors de Alicante abogó ayer por el «consenso» para «buscar soluciones dialogadas entre todos y, si es necesario, buscar la mediación de expertos neutrales que desenquisten una situación viciada», en referencia al trasvase Júcar-Vinalopó, que tiene embalsados sin usar en Villena casi dos meses 12 hectómetros cúbicos de agua bombeada desde Cullera.

      El litigio que mantienen el Ministerio de Medio Ambiente y el Consell ha inutilizado un agua que debía servir para regar 5.000 hectáreas. El Gobierno valenciano ha contado siempre con la colaboración de los regantes alicantinos desde que se cambió la toma de agua a L’Assut de la Marquesa, desde donde, según dicen, no llega agua de suficiente calidad a buen precio, a pesar de que con ese mismo agua, los agricultores de La Ribera riegan frutales, arroz y hortalizas.

      Esta situación ha paralizado las obras que deberían conectar el embalse de San Diego, en Villena, con el sistema de riego de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó.

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      El agua del trasvase del Júcar es apta para el riego y el baño

      Los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó exigieron en junio pasado al Ministerio de Medio Ambiente garantías de que los primeros 12 hectómetros cúbicos trasvasados de la desembocadura del río en Cullera a la balsa de San Diego, en Villena, eran aptos para el riego agrícola y el abastecimiento urbano. Es la condición que ponen para sentarse a negociar con el Gobierno el precio del hectómetro cúbico de agua del trasvase.

      • El trasvase Júcar-Vinapoló

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        Acuamed, sociedad estatal encargada del trasvase, dispone de un estudio sobre la calidad del agua a fecha de junio. «Tiene la calidad suficiente para realizar actividades como el baño, la acuicultura o el riego agrícola», concluye el informe de Acuamed.

        A título indicativo, añaden, el agua que se vierte al lago de L’Albufera, que cumple estrictos parámetros de calidad fijados por la Generalitat, «puede tener valores de eutrofización muy superiores, casi el doble, a los que presenta en la actualidad la Balsa de San Diego». La sociedad niega, por tanto, que el agua esté «pudriéndose», ya que sus niveles de oxígeno son estables y «no existe fauna o flora suficiente en su interior que produzcan mermas destacadas».

        Que el agua sea potable depende de un tratamiento previo. «Como sucede con cualquier captación superficial en España», precisa la sociedad estatal. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió hace meses que si era preciso una potabilizadora, el Gobierno se haría cargo Pero también precisó que el origen y fin del trasvase era paliar la sobreexplotación de pozos empleados para el riego agrícola, que en el Vinalopó puede suponer unos 30 o 40 hectómetros cúbicos al año. El trasvase prevé hasta 80 hectómetros cúbicos anuales.

        Así las cosas, el trasvase, siete meses después de acabada la obra -con un coste cercano a los 400 millones de euros- y 12 hectómetros cúbicos de agua embalsada, no tiene quien lo use. Atrás quedan decenas de protestas y manifestaciones en demanda de un agua vital para los regadíos alicantinos.La historia de este trasvase está jalonada de conflictos. Este año se cumplen seis años del trazado definitivo del trasvase Júcar-Vinalopó, concebido para aplacar la sed de los regadíos del Vinalopó y paliar la sobreexplotación de los acuíferos de la zona. Pese a la imperiosa necesidad de agua que siempre se ha alegado para el campo alicantino, los primeros hectómetros cúbicos de agua aguardan desde hace semanas almacenados en la Balsa de San Diego, en Villena. El conflicto entre la Generalitat y la Junta Central de Usuarios de la zona con el Gobierno español, que ha sufragado las obras junto con la Comisión Europea, tiene bloqueado el uso del agua. El trasvase carece en estos momentos de usuarios.

        ¿Qué pasa ahora que el agua está en su punto de destino? ¿Qué impide su distribución? No hay un solo motivo, pero el más importante es el enfrentamiento que sostienen desde 2005 el Gobierno español con los regantes de la comarca y el Consell. Fue hace seis años que un PSOE recién llegado al Gobierno cambió la toma de agua del trasvase de la parte alta del río, en Cortes de Pallás, al Azud de la Marquesa, a tres kilómetros de la desembocadura, donde el ministerio corroboró que había excedentes hídricos.

        «El Gobierno cambia de forma unilateral y por motivos políticos la toma pactada en Cortes de Pallás [con el PP en el Gobierno] y ahora sufrimos las consecuencias», dice Andrés Martínez, presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y del Consorcio de Aguas de la Marina Baja. A pesar de que el precio del agua sigue sin negociarse -otro de los motivos por los que el agua no se usa-, Martínez insiste en que el cambio de toma la hace más cara y además es de peor calidad.

        «Según nuestros cálculos, el precio puede pasar de los 18 céntimos de euro a los 60», agrega, aunque no hay un precio oficial fijado. Martínez insiste en que el cambio de toma ha encarecido la obra del trasvase de los 230 millones que costaba el proyecto desde Cortes de Pallás a los más de 330 millones que ha supuesto el trazado desde Cullera.

        «Es inaudito. La cuenca cedente [del Júcar] está de acuerdo con el trasvase y la receptora, no», observa el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, que recuerda que los acuerdos a los que alude Martínez se cierran con el PP de José María Aznar sin el concurso de los regantes del Júcar. Los 12 hectómetros de agua transferida a la balsa de Villena son aptos para el riego agrícola, asegura Moragues que exige a la Junta de Usuarios [porque así lo pide Bruselas] que diga los pozos que dejarán de ser sobreexplotados.

        Moragues defiende el agua procedente del trasvase. «Con esta agua se está regando y haciendo el mejor arroz del mundo», añade. «Es la misma agua que se emplea en Sueca, Cullera o Fortaleny», subraya.

        En cuanto a la potabilización necesaria para que sea apta para boca, nadie asume el coste al día de hoy. El Gobierno español apunta a los usuarios y la Generalitat y estos dos devuelven la pelota al ministerio, que se comprometió a construir una planta potabilizadora cuando peligrase el abastecimiento de boca. Que no parece el caso en estos momentos, dada la abundancia de recursos hídricos.

        La Confederación del Júcar reconoce que esta primera transferencia es de prueba -para comprobar que balsa, tubería, túneles y otros elementos funcionan bien-, pero el próximo otoño puede darse otra transferencia si se comprueba que hay sobrantes en el Júcar. «Se podría ceder esta primera transferencia a los regantes a un precio menor al de explotación», plantea Moragues, responsable de la negociación. «El agua más cara es la que no se tiene. Además, ¿cuánto les hubiera costado el agua del trasvase del Ebro?», reflexiona.

        El precio no está siendo el único obstáculo. La conexión del trasvase con las obras del post-trasvase, que corren a cargo de la Generalitat, sigue sin hacerse. Acuamed tenía previsto que la conexión se hiciera a la altura de la central de Alhorines, donde se producen dos saltos de agua, para así generar energía eléctrica, con unos beneficios anuales de alrededor de 700.000 euros. La Generalitat, sin embargo, ha variado el punto de enganche y lo ha adelantado varios metros, con lo que ha dejado inutilizada la central eléctrica.

        Acuamed recurrió este cambio «unilateral» del enganche ante los tribunales al sentirse perjudicada y exige ahora al Consell que justifique este cambio y asuma los perjuicios económicos provocados. Los tribunales todavía no se han pronunciado.

        «Nunca se planteó turbinar el agua», asegura un portavoz de la Consejería de Agricultura. Este departamento alega motivos de carácter técnico para variar el punto de conexión. Si se turbina el agua de la margen derecha del río, el agua del trasvase no tendría fuerza para subir hasta el Collado de Salinas. «Si llega hasta donde quiere el ministerio, tendríamos que volver a bombear el agua y la encarecería más», añaden.

        Los problemas parecen multiplicarse. La Generalitat ha pedido la autorización para conectarse a las conducciones del trasvase a Acuamed pero la sociedad estatal quiere garantías de que la modificación practicada por la Generalitat no generará problemas en un futuro.

        Al igual que los regantes, la Consejería de Agricultura apunta que cuando se aprobó el trasvase, estando todavía el PP al frente del Gobierno español, éste se acordó con unos precios y usos determinados. «Eso el ministerio lo cambia de forma unilateral. Ahora todo depende de que los usuarios lleguen a un acuerdo con el ministerio. Nosotros apoyamos a los usuarios», apunta la Consejería de Agricultura.

        El presidente de la CHJ se muestra convencido de que si hay voluntad por parte de la Generalitat el problema de la conexión se resolvería en poco tiempo y el trasvase sería efectivo en semanas. El agua podría llegar así a los campos de la margen derecha del Vinalopó, es decir, hasta Elche. Las obras del post-trasvase de la margen izquierda, también a cargo de la Generalitat, siguen sin realizarse.

        En la cuenca cedente, la del Júcar, los regantes, reunidos en torno a USUJ, entienden que el PP está enfrentando a los regantes del Vinalopó con los del Júcar. En la batalla del agua, el Consell se puso del lado de los usuarios del Vinalopó. Su portavoz, Andrés Martínez, con intereses en el sector del agua mineral, exige una segunda toma desde Cortes de Pallás o Antella, pero los regantes del Júcar no quieren ni oír hablar de tal posibilidad.

        Y por si fueran pocos los problemas de entendimiento, la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, que está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica de la cuenca, azuza más los ánimos. La CHJ plantea amortizar miles de hectáreas de regadío -unas 18.000- en las comarcas del Vinalopó y L’Alacantí, tras alegar que no se cultivan. Esa revisión implicaría una reducción de los derechos del agua en esas tierras. Y los regantes del Vinalopó han puesto el grito en el cielo porque la supresión de estos derechos restaría valor a estas tierras.

        La Consejería de Agricultura replica que esas tierras no se cultivan precisamente por la falta de recursos hídricos. Otras fuentes interpretan esta oposición tan férrea de la Junta de Usuarios del Vinalopó a la pérdida de valor que muchas de estas tierras sufrirían si pierden los derechos sobre el agua. No vale lo mismo un metro cuadrado de tierra, ya sea para regadío o para urbanizar, con derechos de agua que sin ellos.

        Quedan pocos meses para las elecciones generales y también el trasvase del Júcar-Vinalopó parece haberse enredado en la estrategia de enfrentamiento institucional que sostiene la Generalitat con el Gobierno español desde hace tiempo. El agua, que dio pie a multitudinarias manifestaciones, espera embalsada en Villena.

        El trasvase Júcar-Vinapoló

        – Plan de Cuenca. El plan se aprueba en 1998 y establece un trasvase de hasta 80 hectómetros cúbicos de aguas sobrantes del río Júcar al Vinalopó. En este documento no se establece ni la toma de agua ni el precio del agua.

        – Primera. Con el popular José María Aznar en la presidencia del Gobierno, el Ejecutivo acuerda que la toma del trasvase se haría desde Cortes de Pallás, en la cabecera del río. De los 80 hectómetros cúbicos, 35 se establecen para abastecimiento y 45 para riego agrícola.

        – Segunda toma. El PSOE gana las elecciones generales en 2004 y la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cambia la toma de agua del trasvase de la cabecera del Júcar al Azud de la Marquesa, en Cullera, a tres kilómetros de la desembocadura del río. La calidad del agua en ese tramo es peor, pero solo en ese punto existen sobrantes.

        – Obras. El cambio de trazado recibe el visto bueno de la Comisión Europea, que financia con 120 millones las obras del trasvase. Hace siete meses que se acaban las obras. La Generalitat ha completado las obras del post-trasvase en la margen derecha del Vinalopó, pero no así las de la margen izquierda, que siguen sin hacerse.

        – Balsa de San Diego. En mayo, la Balsa de San Diego, en Villena, punto final del trasvase tiene almacenados ya 12 hectómetros cúbicos de agua. Más de la mitad de este embalse está lleno.

        – Conflicto. Para que el agua de la balsa llegue a los campos y a otros destinos es necesario pactar el precio y solventar el conflicto por la conexión del trasvase a las obras del post-trasvase.

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        El agua un bien valioso y escaso

        La reserva de agua del Ebro del Estatuto aragonés es legal

        El Tribunal Constitucional ha dictaminado que los artículos del Estatuto de Aragón referentes al agua son constitucionales. Incluso avala la mención a una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro como reserva exclusiva para los aragoneses. Pero lo hace porque considera que no es ninguna reserva vinculante, sino una mera orientación vacía de contenido. Ese punto, el más polémico del Estatuto, sigue sin ser aplicado por la dificultad material que conlleva, ya que la cuenca del Ebro afecta a nueve comunidades autónomas.

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              El problema del agua

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            El alto tribunal sigue analizando todos los estatutos de autonomía que la pasada legislatura entraron de lleno en materia de agua y dieron la vuelta a la gestión de décadas, según la cual los ríos que afectan a varias autonomías son competencia estatal. El pasado marzo declaró inconstitucional la parte del Estatuto andaluz que atribuía a la región la gestión del Guadalquivir pese a que la cuenca incumbe a cuatro autonomías.

            Ahora, el Constitucional ha desestimado el recurso de La Rioja contra dos artículos y una disposición adicional del Estatuto de Aragón, aprobado por unanimidad en 2007. La comunidad vecina reclamó que se anulara la disposición que establece que en la planificación hidrológica se concretarían los abastecimientos necesarios para Aragón de acuerdo con una resolución autonómica de 1992 que «establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos». Ese volumen es seis veces superior al derogado trasvase del Ebro a Barcelona y Levante.

            Competencia estatal

            La sentencia recuerda que, según la Constitución, corresponde al Estado la «legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma». El tribunal interpreta que esa «reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos no constituye necesariamente una regulación prescriptiva que se le imponga por el Estatuto al legislador estatal», sino que es algo indicativo para el Gobierno.

            El Abogado del Estado hizo una interpretación similar al afirmar que esa reserva debe interpretarse como «una orientación solo vinculante para los representantes de la comunidad autónoma aragonesa», pero que en nada afecta al Ministerio de Medio Ambiente.

            La reserva exclusiva es una reivindicación histórica de todos los partidos de Aragón, que quieren ampliar regadíos polémicos en zonas como el desierto de Los Monegros. Pero la cifra de 6.550 hectómetros, fijada en 1992, choca con la realidad de las infraestructuras. En Aragón solo hay capacidad para embalsar 4.429 hectómetros, así que ni con todos los embalses al 100% se cumpliría.

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            Los ecologistas y los regantes aplauden la sentencia

            La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la competencia exclusiva de la Junta sobre el Guadalquivir fue bien recibida por los ecologistas y los regantes, dos de los colectivos que fueron más críticos con la potestad que atribuía a Andalucía el artículo 51 del Estatuto.

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                Ecologistas en Acción y WWF España admitieron que «no lamentan» el varapalo del alto tribunal al texto autonómico. Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Andalucía, recordó que este colectivo ha expresado en repetidas ocasiones su insatisfacción con la gestión de la Junta en materia de agua, una competencia que, según Yllescas, «le viene grande a la Administración andaluza».

                WWF difundió un comunicado en el que recordaba que la organización siempre ha estado «en contra» de la transferencia a Andalucía de la gestión del Guadalquivir al considerar que suponía «la desaparición de la unidad de gestión de cuenca y la pérdida de una política hidrológica nacional coherente». Además, según WWF, esta transferencia «incumplía» la Directiva Marco del Agua (DMA) de la UE, «cuyo principio básico es la gestión a través de la unidad de cuenca, algo que solo puede garantizarse si la competencia es estatal».

                La Federación Nacional de Comunidades de Regantes y la Federación Andaluza de Regantes apoyó también el fallo judicial. En su opinión, el artículo 51 suponía un mal precedente para otras reivindicaciones autonómicas sobre la gestión de cuencas y atentaba contra la concepción del agua como un derecho común.

                Más preocupado se mostró el secretario de Organización de Coag en Andalucía, Eduardo López, que confió en que el cambio de situación tenga «un arreglo factible» para que la gestión del Guadalquivir siga siendo «cercana a Andalucía».

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                La Fundación Agua y Progreso gasta 68.000 euros en publicitar el derogado trasvase del Ebro

                http://www.elpais.com/articulo/espana/Fundacion/Agua/Progreso/gasta/68000/euros/publicitar/derogado/trasvase/Ebro/elpepuesp/20110314elpepunac_13/Tes

                «Todavía estamos a tiempo» es el lema de la nueva campaña que la Fundación Agua y Progreso, que se nutre básicamente de aportaciones de la Generalitat y cuyo objetivo principal es la defensa del derogado trasvase del Ebro. La fundación lanza la campaña de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, y gastará 68.000 euros en resucitar el trasvase que eliminó el Gobierno socialista en 2004.

                  • El Consell se aferra al trasvase del Ebro a los seis años de su derogación
                  • Cierval sostiene que el trasvase del Ebro generaría 514.135 empleos
                  • Emarsa financió la fundación Agua y Progreso a pesar de sus pérdidas

                  Agua y Progreso afirma que el proyecto, del que hace bandera el PP de la Comunidad Valenciana, generaría supuestamente medio millón de puestos de trabajo por la obra y su impacto en diversos sectores. El director general de la fundación, José Alberto Comos, también ha defendido esta mañana otro trasvase, el del Tajo-Segura, del que asegura dependen 180.000 empleos.

                  «El reloj simboliza que todavía estamos a tiempo, cada dos minutos en España se pierden 18 puestos de trabajo, y nosotros queremos sacar a la gente de las garras del paro», ha dicho Comos.

                  La campaña de publicidad radiofónica se emitirá entre el 16 y 27 de marzo, y está previsto que llegue a unas 600.000 personas.

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                  La reserva de agua del Júcar crece un 60% en un año

                  La reserva de agua de los embalses del Júcar cierra 2010 con un 60% más de agua embalsada que hace un año. El crecimiento en 12 meses ha sido notable, pero si se compara con la media de la última década, periodo que coincidió con la guerra del agua entre partidos y comunidades autónomas, el incremento alcanza el 115%. El principal río valenciano acumula 1.707 hectómetros cúbicos de reservas para consumo humano, riego y uso hidroeléctrico, lo que representa el 51,2% de su capacidad.

                      Durante los últimos cinco años la media fue del 22,4%, y en la última década, del 23,7%. El incremento registrado en el Júcar durante 2010 ha sido seis veces superior al que ha experimentado la cuenca del Ebro, según destacó ayer la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. El Ebro, en todo caso, es mucho más caudaloso, y acumula 5.307 hectómetros cúbicos.

                      El buen momento hídrico también alcanza a la otra gran cuenca valenciana, la del río Segura, que se encuentra al 63,1% de su capacidad, con 720 hectómetros cúbicos.

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                      Moragues: «Los regantes tendrán que ser más eficientes en el uso del agua»

                      Preside desde 2004 el organismo que administra y controla los ríos y embalses en la mayor parte del territorio valenciano y defiende que hay suficientes recursos para cubrir la demanda si se usan «con prudencia»

                      La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) celebra su 75º aniversario con la sequía superada y reservas en los embalses que doblan la media de los últimos 10 años. Pero también con asignaturas importantes pendientes, como el nuevo plan para gestionar los recursos de la cuenca del Júcar, que ahora abarca casi todo el territorio valenciano. Juan José Moragues (Gandia, 1954), que preside el organismo, cree que el enfrentamiento político entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha por el río se resolverá porque «les interesa a los dos».

                          «El trasvase del Ebro solo está en el imaginario del PP de Valencia y Murcia»

                          «La prioridad máxima es estar preparados para la próxima sequía»

                          «Nuestra comunidad es líder mundial en impedir avanzar»

                          «Del Vinalopó aprendí que el agua más cara es la que no se tiene»

                          Pregunta. Con reservas suficientes en los embalses, ¿cuáles son ahora las prioridades?

                          Respuesta. El tener los embalses llenos lo que produce es mucha responsabilidad. Es mucho más difícil gestionar la abundancia que la sequía. Parece una incongruencia, pero es así. La prioridad máxima es estar bien preparados para la próxima sequía, porque vendrá. Hay que mantener la disciplina del uso y lo que se aprendió. Y luego, al no tener esa presión en el día a día, hay aspectos fundamentales como intentar que toda la información de la cuenca que sirva para la revisión del plan del Júcar sea lo más científica, técnica y ajustada a la realidad posible.

                          P. En el libro publicado para el aniversario de la CHJ afirma que el horizonte «está plagado de nuevos retos». ¿Cuáles destacaría?

                          R. El mayor reto es que los usuarios tengan el convencimiento de que la CHJ es un organismo de gestión que les ayuda a resolver sus problemas. La Administración ni quiere quitarle el agua a nadie ni usar el precio como un elemento de recaudación. Ni regalársela a unos y quitársela a otros.

                          P. La historia de la CHJ lo que refleja es el pulso de los usuarios del Júcar por controlar el río, y ahora son las comunidades las que se pelean por el agua. Parece que no se ha avanzado mucho.

                          R. La Ley de Aguas es muy difícil de encajar con el Estado de las autonomías. ¿Cómo se casa que las comunidades tengan las competencias en la ordenación de su territorio y que para su desarrollo necesiten asignar recursos hídricos, cuando la estructura de la gestión hidráulica está basada en la concesión para un uso a un señor que la utiliza? Yo no lo sé.

                          P. ¿Podría ser una solución el ente gestor del agua nacional que propone el PSOE?

                          R. Ese ente gestor lo que puede hacer es complementar la acción del ministerio y coordinar actuaciones y políticas de agua. El tema del uso de agua en las comunidades autónomas en función de las concesiones escapa a eso.

                          P. En el caso del Júcar las posturas de la Generalitat y la Junta de Castilla-La Mancha parecen irreconciliables. ¿Cómo se va a desatascar el nuevo plan para gestionar los recursos?

                          R. Lo que define en este momento el plan del Júcar es la ansiedad, porque la gente lo está esperando. Quieren saber cuánta agua se va a poder extraer en Castilla-La Mancha, y cuál será la asignación para los riegos tradicionales del Júcar. También hay ansiedad para darle caña al Gobierno de Zapatero, para que los de Castilla-La Mancha digan que aquí se desperdicia el agua, y para que en Valencia digan que allí sobreexplotan el Júcar… Pero las dos comunidades resolvieron sus diferencias por el paso de la autovía por las Hoces del Cabriel y el AVE. Y esto también lo tienen que resolver, les interesa a los dos. Aunque eso solo es posible si tienen confianza en la Administración, y no si unos piensan que ayudamos a los otros, y los otros piensan que ayudamos a los unos.

                          P. ¿Qué posibilidad augura al intento de la ministra Rosa Aguilar de llegar a un pacto del agua?

                          R. Cualquier responsable público en materia de agua tiene que intentarlo. Pero es difícil llegar a un pacto del agua sin tener antes clara la estructura económico-financiera del agua y llegar a acuerdos sobre modelos territoriales, porque los recursos no son infinitos. Hay que pasar unos escalones antes.

                          P. ¿La agricultura valenciana necesita tanta agua como dice el PP, que sigue exigiendo el trasvase del Ebro?

                          R. El trasvase del Ebro desapareció en 2004 del programa socialista y en 2008 desapareció del programa del PP, y eso la gente no lo dice. Solo está en el imaginario del PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia. La demarcación del Júcar tiene suficiente agua para atender sus demandas agrícolas, industriales, turismo y abastecimiento utilizando con prudencia todos los recursos. ¿Cómo se puede pedir el trasvase del Ebro a Castellón bombeando toda el agua depurada al mar, no reutilizando ni una gota? Al final se entra en un maremagnum de cuestiones pseudopolíticas que impiden avanzar. Y esta comunidad en impedir avanzar es líder mundial. Esta es una de las comunidades en las que más se ha invertido en desalación. La primera desaladora la inauguró Francisco Camps en Xàbia y luego otra en Alicante. Hemos conseguido que los españoles estén haciendo desaladoras en Australia, Dubai, California, China o India, pero que no haya ninguna empresa valenciana. Alguien tendría que pensar en ello. Las desaladoras se las adjudican a empresas del resto de España. Nosotros no estamos ahí.

                          P. El consejero Juan Cotino pide que se reasigne el presupuesto de desalación a obras de ahorro y reutilización.

                          R. Pedir que se reasigne el dinero que tienen otros a lo que tú no has hecho, pues va muy en la línea de la Comunidad Valenciana: que nuestros problemas los arreglen otros. Esa es un poco la política de Cotino. Ya se ha olvidado de que gracias a las desaladoras de San Pedro del Pinatar no hubo restricciones de agua en Alicante en 2005, en el peor ciclo seco en 60 años. En cambio, sí las hubo en los gobiernos de Aznar.

                          P. El llamado Esquema de Temas Importantes (ETI), que pone la base para elaborar un nuevo plan del Júcar, avisa de que los regantes tendrán que reducir su consumo de agua. ¿Será necesario suprimir superficie cultivada?

                          R. Los regantes tendrán que ser más eficientes en el uso del agua. Y eso posiblemente implique una reducción del consumo de recursos. Pero ahora en los regadíos del Mijares, por ejemplo, se consume un 30% menos porque han terminado su modernización. Eso ha redundado en garantías, porque esa agua que no usan no se la bebe el Gobierno de Zapatero ni se tira al mar. Se queda en los embalses. Ni se van a tener que abandonar cultivos por falta de agua, ni se les va a reducir el agua que necesiten.

                          P. Pero el documento advierte de que casi la mitad de las masas de agua subterráneas tienen problemas de sobreexplotación o exceso de nitratos, hay que fijar caudales ecológicos, prever el aumento de la demanda… ¿De dónde saldrá tanta agua?

                          R. El equilibrio del Júcar es positivo. La estimación de demanda en el horizonte de 2015 es que se consumirá menos. Las inversiones en modernización en la agricultura han sido importantes y en abastecimiento solo hay que ver el ejemplo de Valencia y su área metropolitana, que en los últimos cinco años han disminuido el consumo un 20%. Por inversiones en nuevas redes, el reciclaje en fuentes… Y a eso se añaden las posibilidades de reutilización de aguas depuradas y de modernización pendientes. En las masas con mala calidad por exceso de extracciones, habrá que reducirlas. Pero la mayor parte no están en mal estado cuantitativo.

                          P. El trasvase Júcar-Vinalopó está a punto de entrar en servicio sin que haya acuerdo con los usuarios alicantinos, que insisten en potabilizar parte del agua. ¿Ve forma de cerrar ese conflicto?

                          R. Soy muy optimista. Creo que hay muchos regantes del Vinalopó que necesitan el agua. Y de ellos aprendí que el agua más cara es la que no se tiene. Otra cosa es el ambiente político que se ha creado. Pero les hace falta agua y el Júcar es una buena solución. ¿Que se resolverá en un mes o en un año? No lo sé, pero el trasvase resolverá los problemas, más allá de si es para regar y si se potabiliza o no. Lo que hay que tener claro es que el trasvase es de aguas sobrantes del Júcar, y sirve para garantizar la sostenibilidad en el Vinalopó.

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                          La Confederación del Júcar celebra su 75º aniversario

                          La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) inauguró ayer los actos conmemorativos de su 75º aniversario con una exposición sobre la historia y gestión del organismo en la Fundación Bancaja de Valencia. El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, afirmó que el nuevo plan de la cuenca «avanzará» pese a los conflictos políticos. La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén, destacó la importancia de los caudales ecológicos, también para el trasvase Tajo-Segura.

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                          Siete propuestas al Gobierno sobre energía eléctrica

                          La Fundación para Estudios sobre la Energía se creó con la participación de las escuelas de ingenieros de la UPM y de diferentes organismos de la Administración del Estado relacionados con la energía (el CIEMAT, el IDAE y la Comisión Nacional de la Energía). Es un foro de encuentro de profesionales que está efectuando evaluaciones y estudios con plena independencia de los intereses mercantiles concurrentes en un sector que tiene planteados, en nuestro país y en el mundo, una serie de desafíos a los que hay que dar respuesta.

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                              Habría que prolongar la vida de las nucleares y sustituir algunas de las centrales de carbón

                              La competitividad de la economía requiere un sistema eléctrico más eficiente y menos costoso

                              Con su actuación la fundación pretende poner a disposición de la sociedad y de la Administración Pública un conjunto de ideas y propuestas que ayuden a fundamentar las decisiones políticas y empresariales. Para ello se ha dotado de un Consejo Asesor, formado por personalidades de la política energética española y especialistas del sector, que ha debatido sobre diversos temas de actualidad para propiciar un debate informado sobre temas energéticos de importancia estratégica.

                              Entre dichos temas ha analizado el futuro del suministro eléctrico, en España, donde el precio de la electricidad es crecientemente más elevado que en la UE, especialmente para el sector industrial. La competitividad de la economía española requiere por ello un sistema eléctrico más eficiente, en el que se reduzcan los costes del suministro y se establezcan los incentivos apropiados para que el desarrollo del parque eléctrico y de las redes de transporte y distribución se haga con el menor coste posible, teniendo en consideración las restricciones medioambientales y atendiendo a la seguridad de suministro.

                              Como resultado de dicho debate, el consejo asesor de la fundación ha remitido al Gobierno, a través del Ministerio de Industria, las siguientes propuestas que se consideran esenciales para avanzar hacia un suministro eléctrico más eficiente, seguro y sostenible con una sólida base regulatoria y tecnológica.

                              1. Cambiar el modelo de desarrollo del sistema eléctrico, puesto que el resultante de la extrapolación de las tendencias actuales sería insostenible en 2030, desde las siguientes perspectivas:

                              -Seguridad del suministro, el 53% de la electricidad se produciría con gas.

                              -Impacto medioambiental, 124 millones de toneladas de CO2 emitido, el doble que en 1990.

                              -La duplicación de las energías renovables para cumplir con el objetivo de la UE del 20% en 2020 requeriría, si se mantuviera el actual sistema de primas, unos precios muy altos para los consumidores e industrias. Además, se necesitarían nuevas instalaciones en potencia de respaldo con reducida utilización, que difícilmente se desarrollarán en el entorno regulatorio actual.

                              2. Aplicar políticas de gestión de demanda, dirigidas a reducir el consumo en las horas punta y a aumentarlo en las horas valle, utilizando el bombeo de agua y la recarga de vehículos eléctricos.

                              3. Fomentar un parque con suficiente potencia firme, que reduzca la dependencia del gas y disminuya las emisiones de CO2, mediante:

                              -Aumento de la capacidad de bombeo para disponer de energía hidráulica firme en las horas punta.

                              -Prolongación de la vida de las actuales centrales nucleares mientras se mantengan los niveles de seguridad adecuados.

                              -Análisis de los beneficios y costes de incorporar al parque eléctrico en el futuro nuevos grupos nucleares.

                              -Sustitución de una parte de las actuales centrales de carbón por otras más eficientes y con captura del CO2.

                              4. Maximizar la participación posible de las energías renovables asegurando su integración en el sistema eléctrico y la reducción de su coste, lo cual exigirá un nuevo modelo de promoción, con los siguientes objetivos:

                              -Una mayor integración en el sistema, a través de la gestión de la demanda, el aumento de las interconexiones internacionales y la disponibilidad de potencia firme de respaldo.

                              -La reducción de los costes de generación de estas energías hasta aproximarlos a los costes totales de las convencionales, incluidas las externalidades asociadas a las emisiones de CO2.

                              -El apoyo al desarrollo tecnológico de plantas y programas de demostración para adaptar la incorporación de cada tecnología a su propia curva de reducción de costes antes de subvencionar su implantación masiva.

                              -La sustitución del sistema actual de autorizaciones, basado en el orden de llegada, por concursos-subasta para las diferentes tecnologías, en que las ofertas se seleccionen en función de su precio e innovación tecnológica.

                              5. Apostar decididamente por una política energética tecnológicamente ambiciosa y con proyección industrial, que apoye con recursos públicos los proyectos de I+D+i planteados por empresas y entidades del sector energético e industrial, principalmente en las áreas siguientes:

                              -Reducción de costes y mejora de gestionabilidad de la generación de electricidad con energías renovables, especialmente de la solar.

                              -Identificación y desarrollo de estructuras geológicas para el confinamiento del CO2, puesto que en ninguno de los escenarios alternativos analizados se reducen suficientemente las emisiones de CO2 para llegar a cumplir en 2030 con la directiva de la UE para 2020.

                              -Almacenamiento de energía: hidráulica, baterías, etcétera.

                              -Desarrollo de redes eléctricas inteligentes de transporte y distribución.

                              6. Llevar a cabo un análisis e identificación global de los problemas actuales de diseño y funcionamiento del mercado eléctrico y del marco regulatorio, para formular propuestas coherentes que atendiendo a criterios de eficiencia, equidad y seguridad jurídica den solución al conjunto de los problemas. En concreto parece necesario:

                              -Una política de precios que refleje los costes incluyendo externalidades para aumentar la eficiencia y desplazar al presupuesto público el apoyo a las tarifas subvencionadas que se consideren necesarias por razones sociales.

                              -Introducción de competencia efectiva para las nuevas centrales, mediante subastas y, en su caso, otros mecanismos que promuevan fórmulas de remuneración eficientes.

                              -Una retribución a la extensión de vida útil a las centrales hidroeléctricas y nucleares existentes, que permita que se beneficien de la misma las empresas, los consumidores y los contribuyentes.

                              -Establecimiento de una retribución para las energías renovables, de acuerdo con el nuevo planteamiento del fomento y procesos de selección antes mencionados.

                              -Nuevas fórmulas para retribuir las instalaciones de transporte y distribución que, sin encarecer la energía en términos reales, favorezcan el desarrollo de redes capaces de integrar las energías renovables y gestionar de forma más eficiente la demanda.

                              7. Liderazgo del Ministerio de Industria para definir la política energética y el de Ciencia e Innovación para todo lo que se refiere a la investigación tecnológica en energía. Ambos deberán transmitir a la sociedad que, para garantizar la seguridad de suministro y los compromisos medioambientales al menor coste posible, es necesario modificar el modelo de regulación y desarrollo del sector eléctrico, lo que implica entre otras actuaciones:

                              -Reforzar el papel de los objetivos energéticos en las decisiones de política tecnológica y en las relaciones internacionales.

                              -Impulsar que la CNE actúe como motor de mejora del sistema regulatorio y analice conjuntamente con las empresas las modificaciones regulatorias que se consideren necesarias, con la finalidad de identificar y mitigar los problemas asociados a las mismas y evitar riesgos regulatorios.

                              -Movilizar al conjunto de las Administraciones Públicas para concienciar a la sociedad de que la calidad de vida que genera la electrificación requiere aceptar el despliegue de infraestructuras eléctricas.

                              -Acordar con las distintas Administraciones la agilización de la tramitación de infraestructuras de interés prioritario, incluyendo fórmulas que aseguren la mitigación de los impactos ambientales.

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                              JUAN MANUEL KINDELÁN ES EX PRESIDENTE DEL CSN Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN PARA ESTUDIOS SOBRE LA ENERGÍA. EL ARTÍCULO LO SUSCRIBEN TAMBIÉN LA MAYOR PARTE DEL CONSEJO ASESOR DE LA CITADA FUNDACIÓN: ALBERTO LÓPEZ, EX DIRECTOR GENERAL DE ENRESA; CAYETANO LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DEL CIEMAT; JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ-VAL, EX DIRECTOR DE LA ETSII DE LA UPM; EMILIO MENÉNDEZ, EX DIRECTOR DE I+D Y RENOVABLES DE ENDESA; CARMEN MESTRE, EX DIRECTORA GENERAL DE LA ENERGÍA; VICTOR PÉREZ PITA, EX SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGÍA; ALBERTO RAMOS, PROFESOR DE LA ETS DE INGENIEROS DE MINAS DE MADRID; MIGUEL ÁNGEL REMÓN, EX DIRECTOR DE REPSOL EXPLORACIÓN; PALOMA SENDÍN, EX DIRECTORA GENERAL DE MINAS; CARLOS SOLCHAGA, EX MINISTRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA; JAVIER VEGA DE SEOANE, EX DIRECTOR GENERAL DEL INI; ALBERTO CARBAJO, EX DIRECTOR GENERAL DE MINAS; JOSÉ LUÍS DÍAZ FERNÁNDEZ, EX DIRECTOR GENERAL DE REPSOL PETRÓLEO; FELICIANO FUSTER, EX PRESIDENTE DE ENDESA, Y MARTÍN GALLEGO MÁLAGA, EX SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGÍA.

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                              El Constitucional avala las competencias sobre el agua de Cataluña

                              El Pleno del Tribunal Constitucional desestimó en su reunión del pasado miércoles el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Murcia (PP) contra los apartados 1 c), 2, 3 a) y c), 4 y 5 del artículo 117 de la Ley Orgánica 6/2006, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, referidos a la gestión del agua.

                                Esos artículos concedían al Gobierno catalán competencias para tomar medidas extraordinarias para garantizar el suministro de agua, sobre obras de interés general y dominio público hidráulico, la capacidad para emitir informes preceptivos para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial, y la participación en la planificación hidrológica de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pasen o finalicen en Cataluña provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal español, en los términos previstos en la legislación estatal.

                                El espaldarazo del Constitucional a estas competencias en políticas del agua de la Generalitat de Cataluña contó con los votos particulares de cuatro magistrados conservadores que en su día fueron elegidos a propuesta del PP.

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