El campo atraviesa una de sus peores crisis, acentuada en los últimos meses más si cabe por los efectos del largo temporal que azota a la comunidad. Sin embargo, los datos oficiales constatan lo que ya se presumía: que en épocas de vacas flacas la agricultura resiste mejor la crisis y se convierte en refugio de los trabajadores que han perdido su empleo en los sectores productivos más castigados, especialmente el de la construcción. En el último año y medio, el número de afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) se ha incrementado en 70.000 en toda Andalucía hasta alcanzar la cifra de 510.983, lo que supone el 60% del total nacional. Los sindicatos estiman que esta tendencia se mantendrá al menos hasta el segundo semestre de este año.

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Los sindicatos creen que la tendencia se mantendrá hasta el segundo semestre

La agricultura andaluza ha perdido desde 1995 el 40% de sus activos. Desde 2002 el descenso de afiliados al REASS fue de 115.848. Sólo las provincias de Almería y Huelva resistieron esa dinámica debido a la llegada de miles de inmigrantes. Pero esa tendencia a la baja se invirtió a mediados de 2008, coincidiendo con la eclosión de la crisis del ladrillo. Desde agosto de 2008, el crecimiento de afiliados al REASS ha sido constante, algo que los sindicatos justifican en el trasvase de trabajadores parados de la construcción. En el último año, el descenso de afiliados en este sector ha sido de 239.445 en toda España. «Los datos confirman que los trabajadores parados de la construcción han vuelto a la agricultura, que en muchos casos fue su primer empleo», expone Pedro Marcos, responsable de la Federación Agroalimentaria de UGT.

Las provincias de Jaén y Huelva son en las que más ha crecido la afiliación agraria, en parte por el peso de las campañas del olivar y de la fresa, respectivamente. En cambio, en Cádiz el incremento ha sido inapreciable. Todo apunta a que este trasvase de mano de obra desde la construcción al campo no será algo que se consolide en el tiempo. «Cuando la crisis remita los trabajadores retornarán a sus empleos anteriores», vaticina Pedro Marcos.

Las estadísticas también avalan los pronósticos sindicales. Así, frente al aumento de la afiliación y las cotizaciones en el Régimen Agrario, llama la atención que los perceptores del subsidio agrario no lo hagan en la misma proporción. Es más, la cifra viene reduciéndose en los últimos años de manera progresiva por las jubilaciones de trabajadores del campo y la imposibilidad del sistema para incorporar nuevos beneficiarios, que ahora pasan a la renta agraria. En ambos casos, los trabajadores requieren 35 jornales para optar a la prestación, cifrada en torno al 80% del salario mínimo.

Las últimas campañas de la vendimia, la aceituna o la fresa han sido un buen ejemplo de la llegada de parados de otros sectores a la agricultura. Para intentar casar las ofertas empresariales con las demandas laborales, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) puso en marcha el año pasado un registro, el GEA (Gestión de Empleo Agrario), para que los parados procedentes de otros sectores se inscriban en las campañas agrícolas. Entre el año pasado y los dos primeros meses de 2010 se han inscrito 42.242 trabajadores, aunque los puestos ofertados han sido sólo 5.372. «Es un sistema todavía poco conocido», admite Antonio Toro, gerente del SAE, que defiende este instrumento.

La actividad agraria genera el 20% del empleo industrial en la comunidad, donde existen unas 250.000 explotaciones que generan unos 400.000 empleos. Con todo, el peso del empleo del sector primario en el cómputo general se ha reducido en Andalucía en los últimos años por la pérdida de activos. Está en el 7,7%, por encima de la media española (4,5%), pero inferior a la de otras comunidades con mayor vocación agraria: Extremadura (10,7%), Murcia (10%) y Galicia (8,6%).

El trasvase Júcar-Vinalopó ha entrado en la fase de puesta a punto y podrá transferir agua a las comarcas alicantinas, en fase de pruebas, a partir del próximo otoño. El consejo de administración de la sociedad estatal Acuajúcar, responsable del proyecto, ha aprobado la licitación por 2,2 millones de euros de los servicios de operación y mantenimiento de la conducción, que trasvasará un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales de excedentes del río Júcar.

 marcha de la instalación se adjudicará, en principio, el próximo mayo. A partir de ese momento, en un plazo máximo de seis meses, la empresa que gane el concurso se encargará de las «tareas preparatorias» para enviar agua por la conducción desde el Azud de la Marquesa (Cullera) a la balsa de San Diego (Villena), el punto final del trasvase, según ha informado la empresa dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Una vez estén operativos y en marcha los sistemas de bombeo de la conducción, podrá iniciarse «el trasiego regular y constante de caudales» en otoño, según la previsión de Acuajúcar.

El reparto del agua, sin embargo, dependerá de que la Generalitat haya terminado las obras del llamado postrasvase; es decir, de las tuberías que distribuirán los recursos hacia los campos y poblaciones del Vinalopó desde la balsa de San Diego. Esta infraestructura acumula un fuerte retraso, aunque la Generalitat insiste en que el tramo de conexión con la balsa está en ejecución y acabada una parte de la red de distribución. La Consejería de Medio Ambiente prevé acabar las actuaciones que tiene en marcha dentro del tercer trimestre de este año, según ha afirmado hoy. El aprovechamiento de los primeros recursos del trasvase también estará sujeto a la aprobación, al menos provisional, de las normas de explotación que regirán el funcionamiento de la transferencia por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En todo caso, el envío del agua a partir de otoño dará paso a una segunda fase de la puesta en marcha del trasvase, que durará un año y se centrará en el llenado progresivo de la balsa de San Diego para controlar su capacidad (de 20 millones de metros cúbicos) y seguridad. El agua acumulada durante esas pruebas, no obstante, podrá encauzarse hacia los usuarios.

El trasvase Júcar-Vinalopó ha supuesto una inversión de 320 millones de euros (120 de ellos de la Unión Europea) y ha enfrentado durante años en una dura polémica al Gobierno socialista y a los usuarios del Vinalopó por el cambio del trazado para situar la toma de agua en el curso bajo del Júcar, donde los expertos consideran que hay más garantías de excedentes. También ha sido motivo de confrontación el planteamiento del Gobierno de destinar el agua sólo a la recarga de los sobreexplotados acuíferos de la zona, y no para un consumo humano que estaría cubierto. El Ministerio de Medio Ambiente ha aceptado finalmente que se construya una potabilizadora al final del trasvase, sin que ello signifique enviar más recursos de los previstos, un máximo de 80 hectómetros anuales. Los regantes del Júcar y la plataforma ciudadana Xúquer Viu se han mostrado contrarios a esta decisión, ya que temen que al final se aumenten los envíos al Vinalopó para cubrir nuevos consumos.

La Comisión Europea afeó ayer el espectáculo que está dando España en la gestión del agua por la guerra que mantienen las comunidades. El director general de Medio Ambiente, Karl Falkenberg, en un acto en Madrid, pidió al Gobierno que acelere el envío a Bruselas de los planes de cuenca que deben ordenar la gestión del agua.

"Sé que hay problemas de competencia en las comunidades autónomas, pero vengo de Viena, de la firma de un acuerdo entre 14 Estados soberanos para gestionar el Danubio. Después de eso, estoy seguro de que en España podrán ponerse de acuerdo", ironizó Falkenberg en Madrid, en la clausura de un seminario internacional sobre sequía y cambio climático. Entre el público corrió un murmullo sarcástico.

Sentado junto a Falkenberg estaba el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, que recogió el guante: «Es más difícil llegar a acuerdos para el Júcar que para el Danubio, pero lo estamos intentando».

Las lluvias han sentado bien a los embalses de la cuenca del Júcar, que han protagonizado el tercer mayor incremento de agua acumulada de toda España en el último año. La cantidad acumulada es un 30,1% superior a la que había hace un año. Pero, además, sobrepasa en un 61,9% a la media de los últimos 10 años, según los datos distribuidos ayer por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

La cuenca del Júcar dispone de un total de 1.360 metros cúbicos de reservas de agua en estos momentos, lo que representa un 40% de su capacidad total en lo que respecta tanto al uso destinado al consumo como el relativo a la actividad hidroeléctrica. El año pasado la cantidad almacenada ascendía a 1.045 metros cúbicos, por lo que el porcentaje era del 31,2%. Respecto a hace dos años, la reserva se ha incrementado en 19,7 puntos porcentuales.

El agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 23,9% sobre la media de los últimos diez años, un aumento «significativamente inferior, de hasta casi tres veces menos», de lo que ha experimentado la cuenca del Júcar, según la Delegación del Gobierno. El incremento del 61,9% es el mayor de todas las cuencas de España, sólo superado por la cuenca mediterránea andaluza, que ha registrado un aumento del 66,8% y la del Segura con un 132%.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley de medidas «urgentes y específicas» para paliar los efectos de la sequía en las cuencas del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura y del Ebro. La reserva de agua embalsada en la Península se sitúa en el 42,9%, casi cinco puntos menos que el nivel medio de los últimos cinco años. La situación más desfavorable se registra en los ríos Tajo, Segura y Júcar, con reservas del 25%. Entre las medidas aprobadas están recortes a la agricultura para garantizar el abastecimiento de agua a la vez que se aceleran las obras para modernizar regadíos.

El río Júcar en su tramo alto, entre la presa de la Toba y las cercanías de Villalba de la Sierra (Cuenca), se encuentra totalmente seco. Las escasas lluvias de este otoño y, sobre todo, la gestión de los caudales de la presa de La Toba y de la explotación de la minicentral hidroeléctrica del Salto de Villalba por parte de Unión FENOSA-Gas Natural ha originado la completa falta de caudal de agua del río Júcar en el paraje conocido como los Cortados de Villalba. Este auténtico desastre ecológico se ve agravado por el hecho de tratarse de un tramo de más de 17 km con un alto valor de conservación y que se encuadra dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Cuando los manantiales de la zona aportan poco caudal, el río se puede llegar a secar completamente en parte de su recorrido, como ha sucedido estos últimos días del mes de noviembre y casi todos los años desde que se inició la explotación de la minicentral. Pero la causa última, y la única razón para que el río se seque, es el incumplimiento de las legislaciones de aguas, de pesca y de conservación de la naturaleza, que obligan a los concesionarios de aprovechamientos a mantener unos caudales mínimos para preservar la funcionalidad de los ríos La fijación de un régimen de caudales mínimos ecológicos para esta concesión es un asunto nunca abordado con seriedad, y ahora parece estar pendiente de la aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar. Pero el Júcar, su flora y su fauna no pueden seguir esperando a que la burocracia solucione el problema.

El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, mantuvo ayer un maratón de conversaciones y reuniones para afrontar el estado crítico que atraviesa el parque nacional de las Tablas de Daimiel. Conclusión: el Ministerio de Medio Ambiente acelerará las obras para poder trasvasar agua de forma efectiva desde el Tajo al parque, en la cuenca del Guadiana, para inundarlo y sofocar así el incendio subterráneo de turba que desde agosto corroe el paraje. El Gobierno admite que, en cualquier caso, el agua no llegará antes de enero.

El ministerio descarta usar hidroaviones para empapar el parque

Puxeu se mostró moderadamente optimista sobre el futuro del parque y negó que su degradación sea «irreversible». Así lo afirmó el director del espacio, Carlos Ruiz, en una reunión interna del patronato del parque a principios de 2007 en la que señaló que el incendio de la turba supone «un punto de no retorno en su conservación».

Tras analizar alternativas inviables como empapar el suelo mediante hidroaviones -la cantidad necesaria es tan elevada que la propuesta fue inmediatamente desechada-, el Gobierno ha decidido acelerar en todo lo posible las obras de la tubería de la llanura manchega y el recubrimiento de los tramos más permeables del río Cigüela. Con estas dos alternativas, prevé tener a principios de 2010 forma de enviar agua desde el Tajo al parque con pocas pérdidas.

En mayo pasado, Medio Ambiente aprobó un trasvase de 20 hectómetros cúbicos (cada uno equivale a un volumen como el del estadio Santiago Bernabéu) a través del Cigüela pero llegó menos de uno. La inmensa mayoría se infiltró por el camino.

Ahora, para sofocar el incendio de turba, hacen falta más de 15 hectómetros para inundar la zona de las turberas, situada en el extremo opuesto de la entrada del Cigüela. «En la próxima comisión de desembalse propondré un trasvase a las Tablas. Y espero que sea lo antes posible pero con rendimientos de más del 70% y eso espero que sea en enero», explicó Puxeu. El anuncio llegó 48 horas después de que EL PAÍS informara sobre el fuego de turbas en el corazón del parque.

El Ejecutivo completará también con una obra provisional los tramos que faltan de la tubería de la llanura manchega -prevista sólo para abastecimiento- y que están paralizados por la aparición de restos arqueológicos. El Gobierno considera que al utilizar una obra que no está terminada no necesita modificar la ley.

Puxeu consideró que «la bajada de las temperaturas juega a favor de las Tablas». Mientras tanto, «la opción es seguir compactando la turba».

El secretario de Estado explicó que el ministerio mantiene la política de compra de fincas adyacentes al parque. Y de los pozos que haya en ellas se lanzarán tuberías para mojar la turba.

Medio Ambiente ve con preocupación el deterioro del humedal, entre otras cosas, porque la Unesco está vigilante para retirarle la calificación de reserva de la biosfera a La Mancha Húmeda en 2011. Y lo peor que le podía pasar antes de ese examen era un incendio de turba.

Este carbón vegetal formado durante 300.000 años en ausencia de oxígeno está tan seco por falta de agua que pierde volumen y agrieta el terreno. Por esas grietas entra el aire que oxigena la turba y eleva la temperatura. A partir de cierto nivel de calentamiento las turberas entran en combustión. En 1986 ya ardió la turba en el parque nacional, pero fue por un incendio de rastrojos que pasó al subsuelo. Entonces había más agua que hoy para sofocarlo. El 26 de agosto pasado, el parque detectó el primer caso de autocombustión por la sequía, tras cuatro años sin agua.

El anuncio de trasvase previsiblemente generará rechazo en Murcia y Almería, la zona que vive y riega con agua de la cabecera del Tajo. El director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, anunció que «las turberas se incendian de forma espontánea». «Es un fenómeno natural», dijo. «Inundar el parque es algo artificial», informa Servimedia.

Aunque los trasvases de emergencia logren inundar Daimiel el problema persistirá. Decenas de miles de pozos ilegales han hundido el nivel del acuífero 23, el que hasta los años 80 rebosaba en los Ojos del Guadiana. Y los efectos de esa sobreexplotación, que comenzó hace décadas, se notarán durante años.

El alcalde de Daimiel, José Díaz del Campo, afirmó ayer que «ha llegado el momento de actuar con todas las de la ley» y que el ministerio «no puede dilatar más su responsabilidad». Aunque la comunidad autónoma tiene competencias en Agricultura, el Gobierno es competente en agua y en el parque nacional. El Tribunal Constitucional falló en 2004 que los parques nacionales debían ser competencia autonómica. Uno de los pocos que queda por traspasara es el de las Tablas de Daimiel, debido a su mal estado.

Los ecologistas ven alarmados el fuego de turba. Miguel Ángel Soto, de la campaña de bosques de Greenpeace, advirtió de que cuando se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero «no sólo hay que tener en cuenta las fábricas sino que por el abuso los humedales están pasando de ser sumideros de dióxido de carbono a emisores».

Nada más aterrizar ayer en Beniarbeig, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, vecinos, concejales y periodistas le hicieron la misma pregunta: «¿Cómo es posible que después de tantas gotas frías las poblaciones de la cuenca del Girona sigan sin sentirse seguras?» La respuesta de Moragues fue contundente: «Hemos de desterrar el concepto de seguridad porque entre todos hemos hecho un territorio en el que el drenaje ha sido el gran olvidado y, por mucho que ahora ejecutemos obras de encauzamiento, cuando llueve el agua no llega a los cauces y a los barrancos sino que se queda estancada en las ciudades».

CHJ

(Confederación Hidrográfica del Júcar)

 Según el presidente de la CHJ, así ha sucedido durante este último episodio de lluvias, en las que se llegaron a alcanzar precipitaciones de 100 litros por metro cuadrado en periodos de una hora: "Mientras en los cauces apenas se han producido desbordamientos, veíamos ciudades anegadas como Burriana o como los núcleos urbanos de La Ribera". También en Dénia, el martes por la mañana el caos se adueñó del litoral de Les Marines, fuertemente urbanizado. En los próximos años, la situación irá a peor, vaticina Moragues: "Aunque no quiero hablar de cambio climático, la frecuencia de las lluvias torrenciales durante los otoños es ahora mucho mayor que hace 20 o 30 años".

No obstante, Moragues mostró su confianza en el plan de emergencias para las dos comarcas de La Marina que está a punto de adjudicarse y cuya redacción ha costado tres millones. El documento, que se pactará con municipios, plataformas vecinales y Generalitat, no sólo incluirá encauzamientos, reforestaciones, limpieza de las vegetaciones de los ríos o nuevas infraestructuras, sino que marcará las pautas de un crecimiento urbanístico más ordenado. Ese plan, que según Moragues «a algunos les gustará más y a otros no les gustará», también mejorará los índices de riesgo de riadas y obligará a las poblaciones a dotarse de planes de emergencia.

Ni siquiera en una cuestión tan grave como ésta se libra de la brega política entre PP y PSPV. En la visita del presidente de la CHJ a Beniarbeig faltaron los alcaldes populares de la cuenca del Girona, como es el caso de los de Ondara, El Verger o Els Poblets.

El Consell anunció ayer -por boca de su consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino- que recurrirá los decretos del Gobierno con los que se quiere reorganizar la cuenca del Júcar. Unos decretos, en fase de borrador, en los que se plantea de momento dejar el Vinalopó en la cuenca del Júcar y traspasar los ríos de L’Alacantí a la Generalitat. Una separación a la que se opone el Gobierno valenciano, que también teme que en el futuro consejo del agua del Júcar gane peso Castilla-La Mancha en detrimento de los representantes valencianos. Cotino calificó las propuestas del ministerio de «barbaridad» y anunció su «rechazo total» tras entrevistarse con la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana, que exige una «gestión única y coordinada» frente a nuevas delimitaciones. Según el vicepresidente tercero y consejero, si salen adelante los borradores sería más difícil plantear cualquier trasvase entre cuencas, especialmente el del Ebro que defiende el PP.

Por otra parte, la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, se estrenó ayer en solitario en sus nuevas funciones. Sánchez de León explicó que el Consell aprobó ayer la reasignación de departamentos tras la reorganización realizada la semana pasada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En la misma reunión, el Gobierno valenciano aprobó destinar algo más de 11 millones de euros para adecuar residencias de mayores conforme a los requisitos de la Ley de Dependencia y unificar criterios en la concesión de becas de la Generalitat.

Los embalses de la cuenca del río Júcar almacenan en la segunda semana de agosto 1.039 hectómetros cúbicos de agua, 233 más que hace un año.

La reserva total de agua embalsada en la cuenca del río Segura (325 hectómetros cúbicos) también es superior a la de 2008, en este caso en 100 hectómetros cúbicos.

La reserva hidráulica de la cuenca del Júcar se encuentra en estos momentos al 31,2%, mientras que la del Segura está al 28,8%.

En ambos casos, la reserva total embalsada supera la media de los últimos diez años, ya que en el caso del Júcar la media es de 793 hectómetros cúbicos, y en la cuenca del Segura, de 192.

El aumento de las cuencas valencianas contrasta con la situación general de las cuencas españolas, ya que con una capacidad total de 54.375 hectómetros cúbicos, a fecha de ayer almacenaban 26.794, es decir, 1.526 hectómetros cúbicos menos que en las mismas fechas de 2008 y 2.343 menos que la media de los últimos diez años.