Las comunidades de regantes y empresas participantes en el tercer proceso de negociación conjunta de suministro eléctrico han conseguido una reducción media del 5,5 % frente a sus actuales tarifas eléctricas.

Estos datos se traducen económicamente en un ahorro total anual de 112.308 euros para el conjunto de las comunidades de regantes aragonesas que han tomado parte en este proceso de negociado, aunque, en algunas de ellas, el ahorro ha llegado al 18,1 %, según el Gobierno de Aragón.

En esta ocasión, se ha aglutinado la demanda de estas 11 entidades, con el fin de dar dotación eléctrica a 14 puntos de suministro (algunas entidades precisan de varias tomas), con diferentes necesidades de potencia.

Tras reunir y confirmar el interés de los demandantes en el proceso, recabar la información necesaria y procesarla, la Oficina del Regante solicitó oferta a 18 comercializadoras, de las cuales seis presentaron una proposición económica.

Se trata de un sistema de negociación más eficaz que la demanda individual y que permite obtener mejores ofertas ya que se observan diferencias del 10 % entre las distintas ofertas.

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El Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Murcia presentó contra el real decreto-ley del 18 de junio del 2004 que modificó la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y derogó el trasvase del Ebro.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el Ejecutivo murciano «no ha aportado ninguna razón» que justifique que el Gobierno central utilizó indebidamente esta vía legislativa o que incurriera en un caso de arbitrariedad de los poderes públicos. La pasada semana ya ocurrió lo mismo con otro recurso presentado por la Comunidad Valenciana.

Para el Gobierno murciano, ese decreto-ley vulneraba la Constitución porque no existían razones de urgencia para aprobarlo e infringía el principio de interdicción de la arbitrariedad de la administración pública.

Murcia expuso también que «se había vulnerado el derecho de participación desde la perspectiva del principio de lealtad institucional», al considerar que el PHN «funciona como un todo unitario interrelacionado que afecta a todo el territorio».

Asimismo, expuso que «el respeto a las competencias autonómicas y el principio de buena fe obligan a respetar ese derecho de participación en la elaboración de decisiones del Estado que hayan de ejercer una influencia decisiva en la esfera competencial autonómica».

La sentencia que desestima el recurso reconoce la validez del requisito de extraordinaria y urgente necesidad, «sin entrar a valorar la bondad técnica de las medidas aprobadas ni su oportunidad e idoneidad para paliar las deficiencias hídricas que han aquejado secularmente a las cuencas mediterráneas, juicios que no compete formular» al TC.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, destacó durante su intervención el carácter estratégico del regadío. Y anticipó que, por este motivo, la dotación de la futura Política Agrícola Comun (PAC) mantendrá un nivel muy similar a la de 2013 y que no deberían producirse grandes cambios en la estructura del primer y segundo pilar. Además, y ante las perspectivas negativas fruto del cambio climático, Puxeu adelantó que la futura PAC deberá contemplar su modernización y comprometerse con una adecuada gestión de dos recursos fundamentales y cada vez más escasos, como son el agua y el suelo.

Para lograr estos fines, el secretario de Estado incidió en la importancia del uso de las nuevas tecnologías de gestión del agua, que permiten a la vez un mayor ahorro de agua y una mayor eficiencia energética en un sector como el agrario, que sigue siendo el primer usuario de recursos hídricos en España, por encima del industrial o el agua para consumo humano, por ejemplo.

El Gobierno aragonés ha autorizado a los servicios jurídicos a interponer las acciones legales oportunas en defensa de los intereses de Aragón si la Agencia Catalana del Agua no da marcha atrás en su Plan Hidrológico 2010-2015, en exposición pública hasta el 23 de julio. El vicepresidente, José Ángel Biel, insistió ayer en que recurrirá a los tribunales para pedir su nulidad si la Generalitat no tiene en cuenta las 18 alegaciones que presentan de nuevo por extralimitarse en sus competencias y romper la unidad de cuenca con el fin de asegurarse agua suficiente para abastecerse.

Es la segunda vez que Aragón recurre la gestión hidráulica de la comunidad vecina. En mayo, lo hizo con 16 alegaciones al Programa de Medidas y al Informe de Sostenibilidad de dicho plan. Sin embargo, la Agencia Catalana del Agua no ha contestado y se ha limitado a decir que resolverá sobre todo ello de una sola vez y, según fuentes cercanas, que lo hará de forma expresa incluyéndolo o no en el propio plan, que posiblemente se apruebe antes de las elecciones catalanas, previstas para este otoño.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer las 18 alegaciones al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, antiguamente denominado Plan Hidrológico, que incluye las 16 ya presentadas más la parte normativa del propio plan. Entre ellas, que se suspenda su aprobación.

EL PROCEDIMIENTO Y es que la aprobación de cualquier plan, incluso el de cuencas internas, debe obtener el visto bueno del Consejo Nacional del Agua. Además, en los planes que afectan a determinadas cuencas, como en este caso la del Ebro, las competencias hidráulicas son del Consejo de Gobierno de las respectivas confederaciones, en este caso de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Nada de todo esto se está realizando hasta ahora.

El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, explicó ayer que Aragón solicita a la Generalitat que rehaga el documento, cuyo plazo de exposición pública se ha ampliado desde finales de junio al 23 de julio. El Gobierno de Aragón entiende que incurre en importantes extralimitaciones competenciales. La principal, que se adueña como soberana del agua de toda la delimitación geográfica de Cataluña, planificando incluso caudales del Ebro y del Júcar, así como ríos compartidos como el Noguera Ribagorzana, el Segre, el Matarraña o el Algars.

Según el Gobierno de Aragón, en el documento Cataluña se apropia unilateralmente de varias masas de aguas subterráneas, lo que representa una violación de la Directiva Marco de Aguas de 2000. Tal acción, para el Ejecutivo aragonés, está al margen de cualquier amparo legal.