El Gobierno de Aragón pedirá la nulidad de toda la planificación hidrológica de Cataluña por extralimitarse en sus competencias y romper la unidad de cuenca con el fin de asegurarse agua suficiente para abastecerse. Así lo aprobará el Consejo de Gobierno de mañana, que dará luz verde a las alegaciones que se presentarán al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (cuencas internas), que formará parte del plan de gestión del agua de Cataluña para el 2010-2015, y que la Generalitat tiene previsto autorizar por decreto.

El director del Instituto del Agua, Rafael Izquierdo, explica que Aragón alegará cuestiones competenciales, «puesto que Cataluña unifica toda su delimitación geográfica y planifica, como si fuera un todo, sobre todas las cuencas, incluidas las del Ebro y el Júcar». Advertirá sobre el caudal ecológico, ya que «sea cual sea la cifra, no pueden decidirlo unilateralmente». Y remarcará el hecho de que existen acuíferos compartidos.

Pero también recurrirá por el procedimiento seguido, ya que la aprobación de cualquier plan, incluso el de cuencas internas, debe obtener el visto bueno del Consejo Nacional del Agua. Y aquellos que afectan a determinadas cuencas, como la del Ebro, las competencias hidráulicas son del Consejo de Gobierno de las respectivas confederaciones, en este caso de la CHE.

«Si no hacen caso a estas alegaciones, las llevaremos al extremo que hagan falta», aseguran desde el Ejecutivo aragonés, en referencia al Ministerio de Medio Ambiente e, incluso, a los propios tribunales. Más aún si vulnera algún artículo del Estatuto aragonés, que establece una reserva hídrica suficiente para abastecimientos presentes y futuros.

POLÉMICOS CAUDALES Además, el Gobierno aragonés pedirá información sobre determinadas infraestructuras contempladas en este plan de la cuenca fluvial y sobre nuevas conducciones que conformarían una malla de canales que cubrirían el aumento previsto de demanda de agua, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona.

Entre ellas, llama la atención la reserva de agua prevista en el Canal Segarra-Garriges, del que acaba de adjudicarse el último tramo de obras. O las posibles interconexiones a la transferencia legalizada de caudales que desde los años 80 se realiza desde el Bajo Ebro a un total de 71 municipios y una treintena de industrias del Campo de Tarragona. «Unas interconexiones que amplían la distribución con agua del Ebro», recuerda el director del Instituto del Agua, quien habla de posibles uniones con la desaladora de Foix o con el Bajo Penedés.

Unas intenciones que recuerdan las recientes peticiones de minitrasvases de aguas de la cuenca del Ebro. Como la del 2008 a Barcelona, que finalmente cayó ante la llegada de la lluvia. O la aprobada en enero pasado para transferir caudales a cuatro municipios de Cataluña

Respecto al tema competencial, en el documento que ha salido a información pública se puede leer que «la Generalitat tiene competencias plenas (en el denominado distrito de cuenca fluvial) y es responsable de elaborar la planificación hidrológica y hacerla cumplir».

Mientras que Rafael Izquierdo insiste en que «la Ley de Aguas establece que el criterio a la hora de planificar es el de la delimitación geográfica. Y Cataluña va más allá y se extralimita porque planifica en la cuenca intracomunitaria del Ebro», añade.

El Plan de Gestión del Agua de Cataluña, una vez aprobado por la Generalitat, sustituirá al vigente Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña. Y se estructura en el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, el Programa de Medidas y las propuestas de gestión y medidas en relación con el Plan de Demarcación del Ebro. El viernes termina el plazo de alegaciones al Programa de Medidas y al Informe de Sostenibilidad, y en junio el del propio plan. Aragón recurrirá hasta entonces.

El Tribunal Supremo ha dinamitado la estrategia de implantación de minitrasvases por motivos de emergencia que el Gobierno central viene desarrollando tras la derogación parcial de la macrotransferencia del Ebro a Levante incluida en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del 2001.

Lo ha hecho al resolver la demanda presentada por cuatro empresas hidroeléctricas y un ayuntamiento leridano, en un pleito dirigido por el letrado zaragozano Santiago Palazón, contra el real decreto 1.419/2005, por el que el Consejo de Ministros adoptó «medidas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía» en las cuencas del Ebro, el Guadiana y el Guadalquivir. La Sala Tercera del Supremo ha declarado «nulo de pleno derecho» el decreto.

La sentencia interpreta el artículo 58 de la Ley de Aguas y establece los requisitos que a partir de ahora debe cumplir cualquier aplicación del mismo.

El precepto autoriza al Consejo de Ministros para aplicar «las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión», en caso de «sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales». Es decir, que lo habilita para modificar tanto el régimen de uso del agua como sus zonas de destino, algo que el Ejecutivo ha tratado de hacer en otras ocasiones, como la aprobada y más tarde suspendida prolongación del minitrasvase del Bajo Ebro hasta Barcelona o la más recientemente proyectada transferencia de recursos del Segre al Anoia.

El Supremo ha determinado ahora que las modificaciones del régimen de uso del agua amparadas en el artículo 58 de la Ley de Aguas tienen un «innegable» carácter jurídico de «reglamento ejecutivo», lo que hace que su aprobación requiera una serie de «trámites esenciales» de los que el Gobierno no puede prescindir.

Entre otros, y precisamente por tratarse en la práctica de un reglamento, señala la necesidad de recabar un dictamen previo del Consejo de Estado. Otro consiste en conceder audiencia previa a las confederaciones hidrográficas afectadas por las transferencias. Y también resulta necesario que se pronuncie expresamente el Ministerio de Administraciones Públicas, «sin que el proyecto (de decreto) pudiese considerarse aprobado por el transcurso de quince días sin formular objeción alguna» ni pueda llegar al BOE «sin contar con la aprobación expresa o presunta» de ese departamento.

Ninguno de esos requisitos se cumplió en el decreto del 2005, lo que constituye tres motivos de nulidad cualquiera de los cuales, por sí solo, tendría suficiente entidad para tumbar la resolución gubernamental. La Sala Tercera del Supremo hace otra puntualización: estos decretos requieren una memoria económica que determine con precisión cuáles van a ser los gastos e ingresos.

TRASVASE PARALIZADO La declaración de nulidad del real decreto 1.419/2005 ya ha tenido una consecuencia efectiva: la paralización, cuando solo restaba la instalación de 500 metros de tubería para finalizar la conducción de 25 kilómetros, de las obras del minitrasvase del río Castril, en la cabecera del Guadiana, a Baza.

La sentencia del Supremo ha sido aportada como documento en dos pleitos que tramita la misma sala que la dictó y que afectan a Aragón: la aprobación del retrocanal de La Litera con agua del Ribagorzana y el desembalse de Canelles.

La Carta de Zaragoza, el principal legado de la Exposición Internacional que cierra hoy sus puertas, y que durante 93 días ha abordado el tema del ‘Agua y Desarrollo Sostenible’, defiende una gestión integrada de los recursos hídricos para la supervivencia del hombre y del planeta.

El ex secretario general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura y Paz, Federico Mayor Zaragoza, procedió en la ceremonia oficial de clausura de la Expo 2008 que se celebra en el Palacio de Congresos, a la lectura de la ‘Carta de Zaragoza’, es decir, las conclusiones o síntesis de la intensa actividad que ha desarrollado la Tribuna del Agua, soporte científico y técnico de la Muestra, a través de ponencias, conferencias y debates.

En el preámbulo de la Carta de Zaragoza, resaltó el presidente de la Fundación Cultura y Paz, los participantes en la Tribuna del Agua han reconocido que el agua es esencial para la vida en el planeta. «Los nuevos paradigmas sobre agua y sostenibilidad pretenden superar la visión meramente antropocéntrica por entender que, mediante una gestión integrada de los recursos hídricos se protegen al mismo tiempo la supervivencia del ser humano y la del planeta», transmitió Mayor Zaragoza.

La primera de las consideraciones que hace el citado documento indica que el agua y los diferentes ecosistemas deben ser preservados y protegidos. Otras de las consideraciones apuntan que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos; que los pueblos de la Tierra han asumido, a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un serio compromiso en relación con el agua, y que el acceso al agua es un potente vector de desarrollo.

Asimismo, el agua desempeña una función fundamental en la producción y transferencia de energía. Su demanda seguirá creciendo, principalmente por los incrementos demográfico y de la economía, lo que puede implicar un aumento de la ‘huella hídrica’.

Las predicciones indican que el cambio climático es capaz de modificar la disponibilidad y las necesidades de agua en todo el planeta. También subraya la Carta de Zaragoza que las tecnologías disponibles permiten producir agua dulce a partir del agua salada y de la niebla y, además, regenerar y reutilizar el agua a precios razonables y con menores impactos ambientales. Como ejes de transformación de la gestión de los recursos hídricos en todo el mundo, los expertos que han participado en la Tribuna del Agua, señalan a la educación, la cultura, la comunicación y la participación.

Otra de los punto del preámbulo refiere que es básico para la gestión integrada del agua y la sostenibilidad el fortalecimiento de su gobernanza en todos los niveles, lo que implica la mayor participación y corresponsabilidad de la sociedad.

Se considera que la unidad de cuenca hidrográfica es el ámbito territorial más eficiente para aprovechar el agua y el que mejor permite resolver los conflictos entre países, regiones o usuarios. Asegurar vías de financiación y formas de compartir el riesgo económico, bajo criterios de sostenibilidad, es indispensable para el éxito de las iniciativas y actuaciones en el ámbito hídrico.

La intervención pública debe tomar la iniciativa para promover la legislación y la estructuración adecuadas de los derechos de agua, subraya la Carta, al tiempo que resalta que la investigación, el desarrollo y la innovación son pilares fundamentales que sustentan el conocimiento, el hallazgo de soluciones, el bienestar y la sostenibilidad en materia hídrica.

Ante esas consideraciones, la Tribuna del Agua recomienda, con carácter universal, que el desarrollo de las sociedades se promueva a partir de criterios de sostenibilidad y de manera respetuosa con la naturaleza; que se impulse una gestión del agua participativa, eficiente y solidaria; que se establezcan compromisos y normas para la mitigación de los efectos negativos causados por el cambio climático y por los fenómenos extremos, y que las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos sean la cuenca hidrográfica y el acuífero, incluso en los casos en que tengan carácter supranacional.

La Carta de Zaragoza desea que haya en todo el mundo agua potable segura y saneamiento eficaz; que el abastecimiento de agua potable y la recolección y el tratamiento de las aguas residuales son prioritarios. Para ello, las administraciones públicas deben garantizarlos con tarifas justas y que aseguren la cobertura de los costes.

Igualmente pide que se incentiven la investigación, el desarrollo y la innovación en cuanto concierne al agua y se acelere la transferencia de sus resultados y beneficios a la sociedad, así como la creación de una Agencia Mundial del Agua.

AGENCIA MUNDIAL DEL AGUA
Las misiones principales de la Agencia Mundial del Agua, cuya creación se pide en la Carta de Zaragoza, son, entre otras, preparar y presentar ante la Organización de la Naciones Unidas la Carta de Derechos y Responsabilidades de los Seres Humanos con el Agua, y articular un marco normativo mundial sobre el agua en un contexto de desarrollo sostenible que sea reconocido por los países.

En materia de recursos hídricos, preparar e impulsar el desarrollo de la Convención Internacional sobre Cambio Climático, Fenómenos Climáticos Extremos y Control de Riesgos.

También entre los objetivos de la Agencia están impulsar la aprobación del Protocolo Internacional para la Gestión Pacífica y Productiva de las Cuencas Transfronterizas en el mundo, y asistir a los países que demanden apoyo en materia de gestión integrada del agua.

Promover la difusión y el intercambio eficaz y global de buenas prácticas, lecciones aprendidas, modelos y procesos reproducibles, experiencias que hayan alcanzado el éxito y recomendaciones, a través de un centro propio de documentación y transferencia sobre agua y desarrollo sostenible, y promover alianzas público-privadas que permitan aunar esfuerzos para conseguir que el abastecimiento y el saneamiento universales sean una realidad, se encuentran asimismo entre las funciones de la Agencia del Agua.

Por otra parte, las recomendaciones que la Tribuna del Agua hace a los poderes públicos, usuarios del agua y ciudadanos, pasan porque se lleven a cabo las dotaciones de servicios básicos de saneamiento y depuración de aguas residuales y sus lodos, acordes con las realidades locales, y que incorporen niveles sanitarios de referencia mundial.

También se recomienda que se someta al control público la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento; que se ajuste y controle la demanda de agua recurriendo al mismo tiempo a criterios educativos, informativos, participativos y tarifarios; que se impulsen y apliquen las tecnologías que permiten el ahorro, la desalinización y aprovechamiento de aguas del mar, la captación de nieblas y de lluvias, la depuración, regeneración y reutilización del agua con elevada eficiencia en consumo energético de bajo impacto ambiental, potenciando las energías sostenibles.

Respecto a la financiación, la Carta de Zaragoza, apuesta porque se definan modelos financieros solventes y con garantías, entre países e instituciones, que permitan captar en el mercado capitales para inversiones en las infraestructuras hidráulicas necesarias para la prestación de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento, así como en la capacitación de los recursos humanos precisos.

Los ciudadanos deben participar como corresponsables en la gestión integrada del agua y la sostenibilidad y han de asumir que el agua es, además de un recurso de uso humano, un patrimonio de todos los seres vivos.

El Gobierno central destinará a las confederaciones hidrográficas cuarenta millones de euros para compensar la disminución de ingresos que tuvieron al aplicar algunas exenciones que se fijaron para contribuir a paliar los efectos de la sequía. Según informó ayer el Ejecutivo, el Consejo de Ministros autorizó asignar ese importe, con cargo al Fondo de Contingencia, para compensar la disminución de ingresos que se produjo al aplicar las exenciones previstas en el real decreto ley que fijó medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. Las cuencas afectadas por las exenciones que serán compensadas son las del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar.

Por otro lado, el Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo para la reparación de los daños que las intensas lluvias registradas el pasado mes de octubre ocasionaron en las infraestructuras hidráulicas administradas por la Confederación Hidrográfica del Júcar. La inversión asciende a 9,8 millones de euros.

Resulta que ahora va José Bono, el descacharrado político manchego, y vuelve a reclamar el trasvase.

¿Qué quieren que les diga? A mí este prócer, este socialista –¿socialista?–, siempre me ha parecido un demagogo, un vendedor de enciclopedias, de programas de mano a domicilio, y por eso me han venido sublevando sus predicamentos y prestigios entre otros referentes de su línea, tal que el propio Felipe González, a quien clonó sin la sal de Andalucía.

Quizá en el terreno corto, como les ocurre a tantos otros, Pepe Bono se atuse, gane, se meta al personal en el bolsillo, pero, como no he pasado de tratarle en público, no puedo opinar sobre sus más íntimas capacidades de seducción.

Le he visto, como ustedes, rodearse de obispos y folclóricas, chapotear en ese socialismo –¿socialismo?– manchego con las eses aspiradas por la sonrisa de un comercial de sí mismo y del felipismo que lo aupó, y dirigir nuestros ejércitos con arengas de boy scout que hacían bueno a Federico Trillo.

Ahora, ayer, Bono ha vuelto a reclamar el Ebro, a exigir que las aguas sobrantes sean trasvasadas allá donde en España, en Ejpaña, se sufra carestía. En su lenguaje patriarcal, autoritario, tales y subjetivas justicias aspiran a adquirir una categoría bíblica subtonal, algo así como el vigor, la irrefutabilidad de una ley no escrita; es el pastor, el profeta que se dirige a su rebaño desde la altura de un monte seco, y cuya salmodia invoca el milagro de las aguas, de la abundancia, del maná.

Dice este socialista ajoarriero, el expresidente castellano, el hombre que nunca perdió unas elecciones y que aplastó al hijo de Suárez sin tan siquiera nombrarle, que no puede entender por qué el Tajo se trasvasa desde la cabecera mientras que el Ebro, por el contrario, no puede trasvasarse ni siquiera desde la desembocadura.

Bono, ese piel roja, menos de alma, y ahora, un poco como Felipe, en la reserva, no entender por qué hombre blanco monopolizar el agua de los grandes ríos. Su tam-tam ha coincidido con la danza de la lluvia del jefe Arenas, otro demagogo, éste, el mohicano andaluz, más fino y menos descacharrado sobre la jaca que lo pasea por el ferial de la derrota; he aquí que también Arenas reclama el Ebro, y por las mismas razones de supuesta carestía y generosa solidaridad. Habido lo elemental, lo electoral de estos mensajes, más que profesores universitarios, ecologistas o expertos en hidrología deberían ser, en el caso de Bono, sus propios compañeros y amigos, José Luis Rodríguez Zapatero, Marcelino Iglesias, quienes, en tono didáctico, sin acritud, le hiciesen comprender lo profundo de su error, así como el daño originado por sus críticas.

De lo contrario, y de proseguir el educado, o apocado, silencio de Iglesias, podría desprenderse que el PSOE llegara a plantearse la revisión de su política antitrasvasista y, dando pábulo a Bono, Chavez, Ibarra y otros barones pasados o presentes, resucitar el fantasma del trasvase del Ebro. Tesis que podría ganar enteros caso de que Bono fuese rescatado para la política activa en puesto de campanillas donde seguir alternando con la púrpura, las castañuelas y los constructores de presas.

La Unión Europea ha decidido archivar la denuncia de la Generalitat Valenciana contra la derogación del trasvase del Ebro. Así lo aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso para informar de la situación medioambiental en España.

«Hemos tenido desencuentros con algunos gobiernos autonómicos en esta materia, que deberían ser interpretados por los ciudadanos y por los gobiernos con el mayor respeto posible a las instituciones europeas», señaló la máxima responsable en materia medioambiental.

Tras una reunión del Colegio de Comisarios, la Comisión Europea decidió el pasado 21 de marzo archivar la denuncia del gobierno valenciano contra la derogación del trasvase. El ejecutivo levantino presentó dicha queja en julio del año 2004 en la que se oponía al decreto ley que modificaba el Plan Hidrológico Nacional y derogaba el trasvase, alegando un posible incumplimiento del derecho comunitario.

Según la ministra, el texto que acompaña el archivo de esta denuncia es «muy esclarecedor». Además, añadió que la Comisión Europea no tiene «ninguna duda» de que el Gobierno de España está actuando dentro de lo que exige la legislación europea en materia de agua.

La responsable del Ministerio de Medio Ambiente hizo hincapié en que el archivo de la denuncia hace patente que en España no se ha incumplido ninguna directiva comunitaria al derogar el trasvase del Ebro, ya que la Comisión Europea no ha apreciado vulneración alguna de la normativa de la UE.

CONFLICTO DE INTERESES «En política de agua, cuando comenzó esta legislatura», destacó la ministra, «España era objeto por parte de la Comisión Europea de un gravísimo conflicto de intereses porque el anterior Gobierno se empeñaba en solicitar 1.200 millones euros para el trasvase del Ebro».

Recordó que la Comisión Europea no llegó a financiar ese trasvase, y según Narbona, hay informes «contrarios a su financiación, que se conocieron antes de que se iniciase la presente legislatura»; de ese dinero, añadió, «no se obtuvo ni un euro».

Sin embargo, continuó, todas y cada una de las actuaciones del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) en las cuencas mediterráneas han recibido financiación europea. «Este programa se sometió a un proceso de evaluación estratégica y cumple las exigencias de las normativas medioambientales», indicó.

Por otra parte, la Comisión Europea dictaminó ayer que los proyectos de plantas desalinizadoras respetan la normativa medioambiental comunitaria, en concreto la directiva sobre Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y en lo que respecta a posibles impactos sobre las praderas de posidonia oceá

El Gobierno central pretende abrir de par en par las puertas a un trasvase privado del Ebro en la reforma de la Ley de Aguas, cuyo borrador comienza hoy a estudiar la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente destacaron que el texto, hecho público ayer, no es definitivo y puede ser modificado.

El borrador propone mantener la actual regulación de los contratos de cesión de caudales, que permiten ceder derechos de uso del agua entre particulares, es decir, el arriendo del agua. Los organismo de cuenca solo pueden vetarlos mediante resoluciones motivadas.

El documento mantiene el precepto según el cual los contratantes de una cesión deben presentar a la Administración hidráulica, para su aprobación, un «documento técnico que defina adecuadamente» las «obras e instalaciones» necesarias para «la realización material de las cesiones acordadas». En el caso de una transferencia del Ebro a Levante, no lo sería, por la existencia del tramo del Canal Xerta-Calig hasta la localidad tarraconense de La Senia.

Y, paralelamente, elimina la prohibición de «usar infraestructuras que interconecten» distintas cuencas si las transferencias no están previstas en «el Plan Hidrológico Nacional o las leyes singulares reguladoras de cada trasvase». Si el borrador sale adelante, el uso de las «conexiones intercuencas» solo requerirá la «previa autorización» del Ministerio de Medio Ambiente.

El proyecto de reforma que impulsa la ministra Cristina Narbona prevé crear un armazón jurídico para trasvases de carácter público.

Por un lado, posibilita la unión de dos cuencas en una demarcación mixta como «ámbito de planificación y gestión coordinada de los recursos». Por otro, da al Consejo de Ministros la potestad de «acordar la constitución de bancos públicos de agua» y de «autorizar transferencias de pequeña cuantía dentro de los límites establecidos por el Plan Hidrológico Nacional», aunque una decisión de este tipo puede ser tomada también por el Ministerio de Medio Ambiente.

En cada territorio hidrográfico habrá un banco de agua, a través del cual la Demarcación podrá lanzar «ofertas públicas de adquisición de derechos»; es decir, ofertas para adquirir, total o parcialmente, las concesiones de agua de los usuarios. El borrador de la reforma indica que «los Comités de Autoridades Competentes de demarcaciones limítrofes podrán acordar la realización de transferencias de pequeña cuantía entre los ámbitos territoriales respectivos, determinando las condiciones en que podrán llevarse a cabo». Es decir, que las futuras confederaciones podrán rescatar concesiones de su cuenca para ponerlas a disposición de una vecina siempre que lo decida el Comité de Autoridades, en el que la Administración central se reserva «la mitad más uno del número legal de miembros».

El documento señala que las OPAs hídricas podrán tener como fin, además de las «operaciones de intercambio con otros bancos públicos de agua», ceder esos derechos a las autonomías y a «otros usuarios mediante el precio que el propio organismo oferte», constituir reservas para fines previstos en el plan de cuenca y lograr un «buen estado ecológico de las masas de agua».