Convergència i Unió (CiU) defenderá el miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética que afecta al sector agrícola, particularmente en lo relativo a la potencia contratada y al autoconsumo, de modo que se fomente la competitividad de este tipo de explotaciones.

En la iniciativa, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes piden a los ministerios de Industria y de Agricultura que adopten medidas de «ahorro y eficiencia energética en el sector agrícola de regadío y, en particular, en las Comunidades de Regantes» para «garantizar su sostenibilidad» y «mejorar su competitividad».

En concreto, plantean la posibilidad de permitir que la contratación de potencia para el colectivo de regantes sea diferente cada mes o por tramos del año según las necesidades de riego de cada época, y de adecuar la regulación del autoconsumo en las actividades agrarias mediante la realización de un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Y es que, recuerdan, la agricultura de regadío es una gran consumidora de energética eléctrica, cuyo coste representa entre el 60% y el 70% de los costes totales de este tipo de explotaciones a pesar de su constante adaptación a las últimas mejoras en materia de eficiencia energética y mantenimiento de las instalaciones.

GRAVES CONSECUENCIAS DE LA REGULACIÓN

Sin embargo, las últimas normativas en materia energética aprobadas por el Ejecutivo están «acarreando graves consecuencias para la sostenibilidad energética» de las Comunidades de Regantes y de las actividades agrícolas de regadío, «poniendo en riesgo su vialidad».

«Las reformas energéticas acometidas han aumentado significativamente el importe de su factura eléctrica, sin que haya margen de maniobra en ninguno de los dos elementos básicos de los que se compone la misma», argumenta CiU, precisando que las auditorías energéticas demuestran una eficiencia adecuada en las explotaciones agrícolas de regadío y que las Comunidades de Regantes ya acuden a las subastas de forma colectiva, obteniendo tarifas de mercado más reducidas.

Sin embargo, pese a que el consumo en el sector agrícola es estacional, con mayores necesidades en determinadas épocas del año, la tarifa estacional regulada existente «no se ajusta» a estas necesidades, por lo que los agricultores «se ven obligados a contratar un término de potencia elevado, tanto para los meses de bajo consumo energético como para los de alto consumo».

Esta situación se ve agravada por la obligación que tienen de «contratar en cada periodo tarifario una potencia mayor o igual que en el periodo tarifario anterior», lo que sumado al incremento del precio del megavatio hora que han experimentado las tarifas más habituales para el sector ha conllevado «unas alzas no asumibles» en la factura energética de las explotaciones agrícolas.

Todo ello podría provocar un menor consumo de agua que «podría poner en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas y de las propias Comunidades de Regantes», advierte CiU, que lamenta que los cambios en peajes y primas a las energías renovables hacen que éstas tampoco sean una opción adecuada para este colectivo.

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Los agricultores que tienen pozos en el Acuífero 23 y hayan decidido cambiar sus aguas privadas a concesionales no pagarán la tasa de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a partir del próximo mes de noviembre.

Así lo remarca hoy el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, quien ha recordado que el Pleno de la institución adoptó por unanimidad el acuerdo en la sesión del pasado viernes.

De Lara, en un comunicado, ha señalado que la Diputación se muestra partidaria de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a paliar la situación que padecen los profesionales del campo.

El presidente de la institución ha indicado que la decisión se tomó después de tener conocimiento de la problemática que sufren los titulares de pozos del Acuífero 23 tras las reuniones que ha mantenido con agricultores afectados y con las comunidades de regantes.

El acuerdo permitirá a los agricultores que quieran cambiar sus aguas privadas a aguas concesionales y que, obligatoriamente, tienen que someter sus expedientes a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, que gestiona la Diputación provincial, no paguen la tasa que asciende a 160 euros por este servicio.

De Lara ha comentado que para llegar a este punto que beneficia, sin duda, a muchos agricultores de la provincia, se ha tenido que reformar toda la ordenanza fiscal.

En la actualidad el acuerdo se ha sometido a un plazo de 30 días de exposición pública «por si alguien quiere hacer alguna alegación».

«Es una excepción que no es habitual, pero nos parece justo para los agricultores, sobre todo para los viticultores y regantes en general de la provincia, que no tengan que pagar ni un solo euro por la inserción del anuncio», ha añadido De Lara, quien ha comentado también que tienen conocimiento de que alrededor de 80 propietarios de pozos ya han realizado el trámite previo pago de la tasa.

Ante esto, el presidente ha comentado que «tengo encomendado a los servicios técnicos de la Diputación que den un informe jurídico que pueda permitir devolver las tasas ya abonadas por los que ya han pagado este impuesto para dar publicidad a su anuncio».