(Fecoreva) La Junta Directiva de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) ha acordado remitir una carta al Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para expresarle su “rechazo frontal” a la integración de las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura en la empresa pública Acuamed, aspecto que estaría estudiando el Ministerio, según informaciones publicadas hace unos días.

Los regantes entienden que la intención del Ministerio de integrar las confederaciones (además de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla) en Acuamed no tendría más objeto que repercutir en los recibos del agua los costes de construcción y explotación de las plantas desaladoras. Pero esta solución “encarecería notablemente el coste del agua”, por lo que no están dispuestos a asumirlo.

Como muestra de la preocupación de los regantes, la Junta Directiva de Fecoreva va enviar una carta al MAGRAMA advirtiendo de su “frontal oposición” a esta propuesta y para trasladarle su intención de seguir integrados en las confederaciones hidrográficas como hasta ahora, con el fin de que el Ministerio reconsidere su postura y no lleve a cabo la medida.

En palabras del presidente de Fecoreva, Benjamín Aparicio, “los regantes no podemos asumir el precio del agua desalada; por eso las desaladoras no encuentran clientes. Y no queremos ni oir hablar de hipotéticas integraciones en una empresa pública que lo único que nos traería es más encarecimiento del coste del agua”.

En este sentido, los representantes de la Federación se han emplazado a la próxima Junta General, que se celebrará en el mes de mayo, para decidir si convocan movilizaciones, en función de la respuesta del Ministerio.

josé luis garcía valencia El Real Decreto sobre la Demarcación Hidrográfica del Júcar elaborado por el Gobierno y que permite al Consell mantener el control sobre la gestión del río Júcar, aunque de forma «provisional», frente a Castilla la Mancha, no entusiasma a los regantes ni a la oposición. El secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, cree que sólo con un cambio en el Estatut de autonomía puede terminarse con la incertidumbre.
«Hay que buscar soluciones definitivas», apunta, y reclama al presidente Fabra que «recoja el guante que le lanzan todos los regantes» para modificar la carta en lo referente a la gestión del agua.
El punto en conflicto sobre el que puede pivotar el futuro control del río son las «cuencas intracomunitarias», es decir, las de los ríos que nacen y mueren dentro de la autonomía, como el Palancia o el Serpis. El estatuto valenciano incluye como competencia propia la gestión de las cuencas intracomunitarias. De desarrollar esa capacidad, la C. Valenciana perdería peso dentro de la Demarcación del Júcar y, por tanto, el control del río en favor del Gobierno de Cospedal.
Para que la Generalitat se vea algún día obligada a asumir dichas cuencas por la vía legal, Valero de Palma reclama que, ahora que el PP maneja una propuesta de reforma de Estatut para rebajar el número de diputados en las Corts de 97 a 77, incorpore la cuestión hídrica. El objetivo sería cambiar el texto para que la competencia sobre cuencas intracomunitarias sea simplemente una posibilidad y no un imperativo dentro del Estatut.
Al margen de esto, Valero de Palma lamenta la mención en el Real Decreto a la «problemática» del «abastecimiento» de Albacete. «No hay problema de calidad, garantía ni abastecimiento allí. Es una concesión innecesaria a los que incumplen la ley y el consenso, no se merecen esa referencia», lamentan los regantes. En USUJ están especialmente molestos con Albacete, que no paga por el agua que toma del embalse de Alarcón.
Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del PSPV en las Corts, Francesc Signes, opina que «este decreto es un cierre en falso que no deja clara la defensa de la valencianidad del Júcar». A su juicio, «demuestra el poco peso de Fabra ante Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. ¿El plan hidrológico del Júcar será ‘provisional’ como este decreto ley?».
«El documento pone en riesgo la pérdida de la mayoría de la Comunitat Valenciana dentro del Consejo del Agua mientras Castilla-la Mancha va consiguiendo sus objetivos». «Esta dejadez del Gobierno de España solo augura nuevos pleitos e inseguridad jurídica», vaticina

El Ministerio de Medio Ambiente de Arias Cañete ha aprobado un real decreto que, de forma «provisional», permite a la Generalitat mantener el control en la gestión del río Júcar frente al Gobierno de Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal. Así se desprende del texto que establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.El documento mantiene el statu quo actual, en el que la C. Valenciana tiene mayoría por un solo vocal, pero consagra la «provisionalidad» de esta situación. Para entenderlo, hay que recordar que el Estatuto valenciano dice que la Generalitat puede asumir la gestión de las cuencas intracomunitarias (las que nacen y mueren en territorio valenciano, como el Palancia), una competencia que no ha desarrollado. De hacerlo, esas cuencas saldrían de la Demarcación Hídrica del Júcar, por lo que el Consell perdería peso en representación y, por tanto, el control de la entidad que regula el principal río valenciano.El nuevo decreto dice que la Demarcación Hidrográfica del Júcar «comprende el territorio de las cuencas hidrográficas intercomunitarias y, provisionalmente, en tanto se efectúa el correspondiente traspaso de funciones […], el territorio de las cuentas hidrográficas intracomunitarias comprendido entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura y la desembocadura del Cenia, incluido su cuenca; y además la cuenca endorreica de Pozohondo».Con todo, el decreto incorpora una disposición transitoria que fija la hora de ruta para poner fin a esa «provisionalidad», en perjuicio de los intereses valencianos. Se trata de una concesión del ministerio a De Cospedal, que reclama que Valencia asuma las cuencas intracomunitarias, como dicen los tribunales. Así, el texto apunta que «la adscripción de cuencas intracomunitarias no traspasadas será provisional hasta tanto se produzca la transferencia de sus funciones». «A continuación», dice, «se procederá a revisar la delimitación del ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Júcar», y también se modificará «la composición de los órganos de gobierno, administración y cooperación». De este modo, el ministerio consagra lo que ahora sólo era una posibilidad: si el Consell desarrolla las competencias estatutarias en materia hídrica perderá el control sobre el Júcar.Este decreto del Gobierno supone un cierre en falso del conflicto, ya que perpetúa esa situación de «provisionalidad» desde hace lustros. Con todo, representa un respiro para la C. Valenciana, que afrontará el Plan Hidrológico del Júcar con el mismo peso que ahora.

La «problemática» de Albacete
Además de esto, tal como apuntaba en el borrador, el real decreto reconoce en su preámbulo la unidad de gestión del sistema Vinalopó-Alacantí, con lo que, mientras se mantenga el status actual, el Júcar-Vinalopó será solo un canal entre territorios de la demarcación Júcar.
También se mantiene la mención en la exposición de motivos a la «problemática» del «abastecimiento de Albacete». Con esta referencia, aunque no esté en el articulado, el Gobierno valida el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Albacete del convenio del pantano de Alarcón. Ese ayuntamiento se niega a pagar por el agua que utiliza del pantano, lo que encarece el agua que usan los regantes valencianos.

 El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha abogado este viernes por suprimir las empresas públicas que actúan como intermediarios en la gestión de las obras hidráulicas, ya que encarecen «innecesariamente» los costes de gestión del agua a los usuarios, según informó la federación en un comunicado.  

   Andrés del Campo señaló que una vez cumplido el objetivo para el que estas empresas de capital público se crearon, carece de sentido perpetuarse en el tiempo, máxime cuando ya existen corporaciones competentes y cualificadas para ello.

   Fenacore recuerda que deben ser las demarcaciones hidrográficas las únicas que se hagan cargo de la gestión de las obras de regulación, mientras que las comunidades de regantes deben hacer lo propio con la explotación de las obras de modernización de regadíos, evitando así duplicidades competenciales.

   «Por una mera razón de reducción de costes y eficacia, habría que terminar con la subcontratación de estas empresas públicas que fueron  constituidas en las últimas décadas con el cometido de gestionar o financiar nuevas infraestructuras hidráulicas; un cometido ya  terminado y que no tiene sentido mantener, máxime con la sequía presupuestaria de las Administraciones», señaló el directivo.

 La reserva hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la segunda semana de abril alcanza los 1.284,6 hectómetros cúbicos, lo que representa el 54 % de su capacidad total, según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El agua embalsada en los diferentes pantanos de la cuenca del Júcar representa un aumento de 66,6 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior.

Por encima del 80% se sitúan los sistemas de Cenia, Serpis, Palancia y Marina Baja, mientras que el sistema del Turia apenas rebasa el 43% de su capacidad.

El mayor incremento lo ha registrado el sistema Júcar (Alarcón, Contreras y Tous) con un aumento de 61,5 hectómetros cúbicos.

A 9 de abril, la reserva de agua embalsada en los diferentes sistemas es la siguiente:
Sistema Júcar: 1.284,6 Hm3 (54,7 % de su capacidad)
Sistema Turia: 127,2 Hm3 (43,2 %)
Sistema Mijares: 104,5 Hm3 (56,1 %)
Sistema Marina Baja: 23,1 Hm3 (80,1 %)
Sistema Palancia: 4,9 Hm3 (82,2 %)
Sistema Cenia: 10,0 Hm3 (90,5 %)
Sistema Serpis: 24,1 Hm3 (89,1 %)
Otros embalses: 227,7 Hm3 (51,3 %)

El Sindicato del Acueducto Tajo-Segura opta por el silencio, al igual que la Generalitat Valenciana

21.03.2013 | 01:16

José Sierra valencia El borrador del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo desvelado ayer por el Ministerio de agricultura y Medio Ambiente propone elevar de 240 a 400 hectómetros cúbicos de agua la reserva mínima de los embalses de Entrepeñas y Buendía para poder realizar el trasvase Tajo-Segura y aumenta los caudales ecológicos aguas abajo de Toledo, lo que obliga a reservar caudales en cabecera para el uso medioambiental .
La propuesta del Gobierno, saludada como un «éxito» en Castilla-la Mancha, no encontró ayer reacciones ni en la Generalitat Valenciana ni en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, pese a la hostilidad con la que hasta hace unos meses recibían propuestas similares.
El borrador contempla que la reserva de agua para los embalses de Entrepeñas y Buendía se incrementará de los 240 hectómetros cúbicos actuales a los 400 hectómetros cúbicos previstos en un plazo máximo de cinco años.
La propuesta fija un caudal ecológico mínimo en el río Tajo a su paso por Toledo y Talavera de la Reina-donde no existía hasta ahora-de 10 metros cúbicos por segundo. Igualmente, establece un mínimo de seis metros por segundo en Aranjuez.
El borrador del Plan Hidrológico del Tajo incluye como uno de los principales problemas de la cuenca que las aportaciones de agua en el periodo 1980-2006 se han reducido a la mitad de las previstas en el anteproyecto del trasvase Tajo-Segura de 1967 y liga los futuros abastecimientos de Madrid y de toda la región a los recursos de Entrepeñas y Buendia, que entran así en conflicto con los intereses de Murcia y del sur de la Comunitat Valenciana.

Un «éxito»
La noticia fue recibida con indisimulada alegría en Castilla- la Mancha. El Gobierno regional aseguró que el borrador del Plan de Cuenca del Tajo es «un muy buen plan» para la Comunidad Autónoma, y añadió que garantiza agua «en todo momento y en cualquier circunstancia»para la región.
La parlamentaria del PP Cesárea Arnedo dijo que el borrador es «un éxito» para Castilla-La Mancha, para los pueblos ribereños y para Talavera de la Reina.

El Gobierno tantea a los regantes valencianos para satisfacer la exigencia sobre el agua albaceteña, que cuenta con el apoyo del ejecutivo de María Dolores de Cospedal – Niegan validez al Convenio de Alarcón que USUJ firmó con el Gobierno Aznar con el apoyo de los presidentes autonómicos

09.03.2013 | 01:28

J. sierra valencia El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha sondeado a los usuarios y regantes del Júcar para que acepten que los textos legales que deben regular el abastecimiento de agua a Albacete ignoren la existencia del Convenio de Alarcón por el que las comunidades de regantes valencianas y empresas que construyeron el embalse en tierras conquenses cedían al Estado su gestión en 2001, con el aval de los presidentes autonómicos José Bono y Eduardo Zaplana, a cambio de tener garantizados unos caudales mínimos.

El Ayuntamiento de Albacete, fortalecido por el apoyo del Gobierno regional de Maria Dolores de Cospedal, no acepta la tutela valenciana sobre Alarcón y niega el derecho reconocido en el citado convenio, convertido en normativa nacional tras su inclusión en el vigente Plan Hidrológico del Júcar vigente.

La negativa de Albacete a reconocer validez legal al Convenio de Alarcón se ha convertido en un símbolo de la fuerza con la que cuenta actualmente la vecina comunidad autónoma en la negociación hídrica abierta para la renovación del Plan Hidrológico del Júcar y ha hecho saltar las alarmas en el regadío valenciano.

Según ha podido saber Levante-EMV, el ministerio pretende, en respuesta a la demanda de Albacete, que en la concesión de aguas superficiales del Júcar para el abastecimiento a la ciudad castellano-manchega no haya ninguna referencia al Convenio de Alarcón. Si acaso una vaga referencia en la exposición de motivos, pero no en el articulado. Los regantes valencianos se niegan; creen que se estaría violando la legislación vigente por quien debería ser su garante-el Estado-y abriría la puerta al «caos» en la regulación y aprovechamiento ordenado del río Júcar.

Una decisión aplazada
El primer borrador de la concesión de aguas a Albacete data del año 2001. La sangría del acuífero para el regadío manchego hizo que el nivel de los pozos de los que se abastecía la capital manchega bajara entre 70 y 80 metros y que la calidad del agua se deteriorara rápidamente. Albacete comenzó a tomar agua superficial del Júcar regulada en Alarcón y así ha seguido haciéndolo en años posteriores aunque sin ningún respaldo legal.

La concesión-el documento vinculante por el que se fija el caudal y las condiciones de toma- es necesario y ya en 2002 se presentó un primer borrador en el que se reconocía la existencia del Convenio de Alarcón aunque el documento quedó paralizado hasta hace unos meses, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar intentó resolver este conflicto que lastra y dificulta la firma del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.

Albacete, al igual que Valencia y el resto de poblaciones que se abastecen del río Júcar mantendrían sus derechos prioritarios a tomar agua del río, aunque si lo hacen por debajo de la curva de reserva-nivel del embalse-pactada por el Gobierno y USUJ (los regantes valencianos del Júcar e Iberdrola) tendrían que compensar económicamente el sobrecoste que representa sustituir el agua superficial por la extraída mediante pozos. Esta circunstancia se ha producido ya en varias ocasiones y Albacete, al contrario que Valencia o Sagunt, se ha negado a pagar. En 2005 recurrió a los tribunales la liquidación. Después ni eso. Ahora, la insumisión afecta a la raiz: el Convenio de Alarcón.

José Pascual Fortea

El agua es un bien público que debería estar por encima de la política y de los partidos políticos. Pero no hay manera de que esto sea así, al menos en el Júcar.
Como consecuencia de la presión política de Castilla-La Mancha y de la Comunitat Valenciana se aprobó el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 repartiendo mucha más agua de la que existía. Tanto Bono como Zaplana pudieron vender a sus gobernados que habían conseguido más agua para su región de la que jamás habían tenido. Pero era agua de papel, agua que no crea riqueza sino conflictos y decepciones al no alcanzarse nunca las expectativas generadas.
El 2013 podría ser el año clave para la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar y parece que las cosas no hayan cambiado. Los políticos continúan queriendo politizar el agua. Pero las cosas sí que han cambiado, tenemos la experiencia de 14 años de aplicación de un Plan Hidrológico donde se sobrevaloraron los recursos. Los usuarios somos conscientes de que repartir más agua de la que existe conduce a la escasez, a la penuria y al conflicto. Y por ahí no vamos a pasar. El nuevo plan sólo puede repartir el agua que existe, ni una gota más.
Desde Castilla-La Mancha empiezan a tomar posiciones ante el nuevo plan. Se está presionando para que se otorgue una concesión de agua del Júcar al abastecimiento de Albacete. Los usuarios del Júcar no nos oponemos a que se otorgue una concesión de agua a Albacete, faltaría más, es un abastecimiento a población. Pero esta concesión debe cumplir el Plan Hidrológico en vigor en el que se establece que el uso del agua del embalse de Alarcón se regulará en el Convenio del embalse de Alarcón. El abastecimiento de Albacete toma las aguas del embalse, por lo que la concesión debe recoger el sometimiento al citado convenio. Así está previsto en el Plan Hidrológico del Júcar y no puede ser de otra manera. No cabe ninguna duda, el uso de agua del embalse de Alarcón sólo es posible con el cumplimiento del convenio.
Pero desde Albacete no se quiere respetar el plan del Júcar, sólo en lo que les interesa. El expediente de concesión de agua para el abastecimiento de Albacete se inició en 2001, en 2002 se comunicó ya una propuesta de concesión donde se incluía el condicionado al Convenio de Alarcón y, tras 12 años y dos presidentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar de distinto color político, sigue sin aprobarse. Con lo fácil que hubiese sido si simplemente se aceptase que hay unas normas y que todos las tenemos que cumplir.
El abastecimiento de Albacete supone un volumen muy pequeño dentro del conjunto de usos del Júcar. Por su magnitud no es importante en la cuenca, pero su aprobación sin incluir el condicionado al Convenio de Alarcón supone un incumplimiento del Plan Hidrológico y una demostración del peso de Castilla-La Mancha en la toma de decisiones en el Júcar.
La Comunitat Valenciana se juega mucho en el Plan Hidrológico del Júcar y la Generalitat debe hacerse valer en la mesa de negociación, donde va a tener el apoyo de todo el regadío valenciano. Este es el primer envite que nos llega de la vecina comunidad autónoma y no se puede dejar pasar.

eva melero sueca José Pascual Fortea, presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, defendió ayer la necesidad de un caudal ecológico para el Júcar ante Jesús Posada y Alberto Fabra, presidentes del Congreso de los Diputados y la Generalitat Valenciana, respectivamente.
El portavoz de los regantes de la capital de la Ribera Baixa fue más allá cuando les transmitió abiertamente su rechazo a la construcción de un segundo trasvase de aguas del Júcar al Vinalopó y Alicante. «La segunda toma ya está hecha», dijo para explicar que desde el embalse de Alarcón ya existe la infraestructura hidráulica de los canales del Taibilla que puede abastecer a las ciudades del sur de la Comunitat Valenciana para consumo de las personas en caso de necesidad.
Por otro lado, el suecano también aseveró que el agua del río debe llegar al mar «porque lo que no puede ser es que antes se quede seco» y abogó por la utilidad de la desalinizadora de Mutxamel afirmando que «nunca nos hemos negado a darles agua cuando de verdad les ha hecho falta para el consumo de las personas».
Fortea hizo estas declaraciones en el marco del acto simbólico de la suelta de aguas a las acequias Major y Múzquiz, al que había invitado a presidir a Posada, «quien a nivel institucional es la tercera persona con más rango del Reino de España», recordó.
El presidente de los regantes, reconocido militante del Partido Popular, dijo una vez más que «el agua es inolora, incolora y apolítica» para insistir en que «no hay que hacer política del agua».
El acto celebrado al mediodía de ayer en los canos reunió a una nutrida representación del mundo de la agricultura y la política autonómica y local. Además de Posada y Fabra, también asistieron Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en al Comunitat; María Ángeles Ureña, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar; José Císcar, vicepresidente, portavoz del Consell y titular de Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua y Joan Baldoví, diputado en las Cortes Generales de Compromís.
Por el Ayuntamiento de Sueca estaban el alcalde, Salvador Campillo y Dimas Vázquez, presidente del Consell Agrari Municipal. Tampoco faltó representación de organismos gestores del Parque Natural de la Albufera, los sindicatos AVA-Asaja y La Unió, así como de organizaciones agrarias locales, entre otros.

Fabra huye de la polémica
El que no quiso mojarse en el asunto del transvase fue el propio presidente de la Generalitat. «El agua es algo consustancial con nuestro crecimiento, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de entender nuestro desarrollo y nuestro futuro», dijo Alberto Fabra.
Tras aludir a las diferentes interpretaciones sobre el uso de los recursos hídricos, afirmó que «hoy no es día de polémica». «Es un día para darnos cuenta de lo que significa el agua y lo que nos puede dar», añadió.
El mandatario autonómico elogió el esfuerzo realizado «todos estos años para modernizar vuestras instalaciones, para ser mucho más eficientes en el uso del agua, y sobre todo, para seguir manteniendo nuestra realidad: un territorio de gente que se esfuerza todos los días en labrar las mejores cosechas para poderlas recoger el día de mañana».

Posada liga el agua a Sueca
En su turno de intervención, el presidente del Congreso de Diputados sostuvo que «pocos municipios de España están más unidos al agua que Sueca, la población arrocera por excelencia, con una producción cercana a 40.000 toneladas anuales, para ponderar en qué medida Sueca depende del agua y vive en torno al agua y cuyo término municipal está integrado en el Parque Natural de la Albufera».
Posada confesó que como exministro de Agricultura pasó unos años preocupado porque tenía la sensación de que este sector, «que en España es vital, estaba pasando a un absoluto segundo plano. En estos momentos no es así y los agricultores, y la sociedad, son conscientes de la importancia de la agricultura».
Con referencia al cultivo del arroz destacó que «ha sido esencial en el crecimiento de nuestro país». No se le escapó el centenario del departamento del Arroz de Sueca, cumplido el pasado día 7. Por último hizo una llamada «a la solidaridad en el reparto de los recursos hídricos». «Vosotros habéis sabido ejercerlo dentro de vuestra comunidad y hemos de procurar que exista esa misma solidaridad entre todos los territorios de España», concluyó.

La exministra de Medio Ambiente critica que se hayan reducido las primas a las renovables cuando Alemania las impulsa

Sergi Pitarch Tras dejar el Congreso de los Diputados y entrar en el Consejo de Seguridad Nuclear , la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, vuelve a saltar a la arena política con un artículo en el libro «No es economía, es ideología» (Deusto, 2012), que ya va por su segunda edición. Todavía recueda los duros años al frente del departamento que derogó el trasvase del Ebro, puso en vereda a los chiringuitos de la costa valenciana e impulsó las desaladoras. «Pese a que casi me tiraban piedras (bromea), la C. Valenciana y Murcia fueron las autonomías que más visité durante mi mandato», defiende.

La tesis de su artículo se resume en que la crisis se ha utilizado para frenar las políticas medioambientales. Revela que el impulsor de este «retroceso» en España fue el presidente Zapatero en su segunda legislatura.
De manera muy miope. Hay algunas cosas claras, como el recorte de las primas a las renovables que se producen durante el mandato de Miguel Sebastián como ministro de Industria. En el año largo del PP se ha profundizado en esa dirección, se ha desmantelado un sector que genera empleo.

Justo cuando Mariano Rajoy visita Alemania revelan que en un año han montado más placas solares que España en toda su historia. ¿No parece de locos?
Alemania tiene la mitad de horas de sol que España y tiene diez veces más potencia instalada de energía solar fotovoltaica.

¿Qué le sugiera la frase: «El agua de los ríos no se puede tirar al mar»?
Algo muy rancio, esa la idea de que el agua no tiene otra función que la estrictamente productiva. Es una afirmación que todavía hoy se utiliza, una prueba más de la falta de incorporación del conocimiento científico al ámbito de la política. Hemos tenido recientemente el debate de la Ley de Costas que ha puesto en evidencia que el actual Gobierno considera una estupidez el cambio climático. Se ha vendido la moto de que la Ley de Costas va a solucionar la crisis. Hay 600.000 casas sin vender.

Usted tuvo duros enfrentamientos con el Gobierno valenciano por la aplicación de la Ley de Costas…
Nos limitamos a aplicar una ley de 1988. Cuando llegué muchas provincias no tenían hecho ni el deslinde entre dominio público y privado.

En Valencia se le criticó mucho esta actitud. Ahora con perspectiva. ¿Cambiaría alguna de las decisiones que tomó?
Es imposible darle gusto a todo el mundo cuando las posiciones son distintas. El PP ha buscado el aplauso de personas que se han colocado fuera de la ley. Eso no crea empleo. La propia reforma de la Ley de Costas parece estar hecha a medida para contentar a personas muy determinadas.

El Constitucional ha avalado la derogación del Trasvase del Ebro ocho años después. ¿A buenas horas mangas verdes? Los votos que hubiera salvado.
Que la Justicia sea lenta comporta injusticia. Muchas veces esa lentitud hace que se pague por algo injustamente. Desde el punto de vista político, que una sentencia salga tan tarde para mi ha supuesto un coste. Pasa lo mismo con el «Algarrobico», que motivó un debate interno muy duro en el PSOE.

Dice uste en su artículo que el Tajo-Segura está sobredimensionado.
El Tajo-Segura se hizo en un momento en que las previsiones de lluvias eran mucho mayores. Con esas espectativas se generó una agricultura que ni en el mejor de los años podía ver satisfechas sus demandas. Se preveían 1.000 hectómetros cúbicos de caudal y el máximo fueron 600. Ahora los Gobiernos del PP se están dando cuenta que con el cambio climático se ha reducido el agua y se debe ser más restrictivo. Eso pone de manifiesto que por mi parte no había una negativa sectaria.

¿Cuál es la solución para el Tajo-Segura?
Tendrán que adaptarse a las normativas europeas y garantizar un caudal ecológico. Me alegro mucho de que pese a las grandes dificultades puestas por los gobiernos del PP, la práctica totalidad de las desaladoras está construidas o casi construidas.

Otro foco de conflicto en la Comunitat Valenciana. Las desaladoras.
Aquí tuve que pedir amparo al Constitucional para poder comenzar las obras en la planta de Torrevieja. Tuvimos muchas dificultades y eso ha significado retrasos, que obligan ahora al Gobierno a acelerar las obras para no perder fondos europeos.

Para usted Aznar es el padre de todos los males. Desde la liberalización del suelo al desdén por el cambio climático.
Fue la primera norma. El primer decreto ley de 1996 reducía el suelo que debía destinarse a VPO. Nada más llegar. De aquellos polvos estos lodos. Es muy evidente que ahí arrancó un problema y también es igualmente evidente que los gobiernos socialistas no fuimos capaces de detener a tiempo el estallido de la burbuja.

Resulta, según su tesis, que el «milagro económico español» fue «más ficticio que real».
Fui muy crítica entonces con el desarrollo inmobiliario y con el sobreendeudamiento de empresas y familias. En España, al contrario que en Grecia, la crisis tiene un origen privado, y eso lo podríamos haber evitado desde el Banco de España. Y todo lo que hemos conocido de la caída de las cajas indica que el Banco de España no se ejerció de una forma eficiente la supervisión.

¿Es usted una ecologista radical?
Estoy satisfecha de que se me considere una ecologista radical, porque el mundo se ha instalado en la insensatez radical. Estoy en la defensa radical del planeta. El modelo de los países ricos es injusto socialmente.

¿Apuesta por modificar impuestos antes que subirlos?
Si se redujeran los subsidios a los combustibles fósiles podríamos ayudar a la renovables.