levante-emv valencia El President de la Generalitat, Alberto Fabra, afirmó ayer que el trasvase Júcar-Vinalopó «es un ejemplo de distribución solidaria y eficiente del agua para satisfacer las necesidades de todos, posibilitar un uso sostenible del agua y garantizar el futuro de una agricultura rentable».
El Jefe del Consell avalaba así una obra cuyo cambio de trazado, ordenado por la ministra socialista Cristina Narbona en 2005, satisfizo a la cuenca cedente en el Júcar pero sublevó a los receptores del agua, que han tenido en los gobiernos de la Generalitat un fiel aliado que ha financiado sus protestas a través de fundaciones como «Agua y Progreso».
Alberto Fabra defendió el trasvase durante el acto de colocación de la primera piedra de las obras de la balsa de regulación «La Cuesta», en Villena, una actuación que calificó de «estratégica» para el postrasvase que permitirá en 2015 regular los caudales de agua del Júcar al Vinalopó y que cuenta con una inversión de más de 6 millones de euros.
El presidente valenciano recordó que la Generalitat ya ejecutó las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó (margen derecha), con una inversión de más de 50 millones de euros, que incluyó la construcción de 78 kilómetros de canalizaciones y 4 balsas con una capacidad total de 2.520.000 m3.
El trasvase, diseñado inicialmente con toma en el embalse de Cortes de Pallás, ha tenido un coste aproximado a los 350 millones de euros a cargo del Gobierno central aunque pagados en su mayor parte por fondos europeos, que amplió incluso su participación cuando se acordó el cambio de toma hasta la desembocadura del río Júcar en Cullera.
El Consell se comprometió a financiar las obras del trasvase, que incluyen conducciones y balsas de regulación en ambas riberas del río Vinalopó.
Ayer el President obvió cualquier polémica y dijo que la primera piedra era también «el primer paso hacia la garantía definitiva de suministro de agua, de calidad y al menor coste, a esta zona a través del trasvase Júcar-Vinalopó, y ha sido posible mediante la cooperación entre administraciones y el diálogo y la búsqueda de acuerdos con los usuarios».

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Enrique Lapuente

El borrador del Plan Hidrológico del Júcar presentado el pasado mes de agosto para su discusión por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es un documento sencillamente inaceptable, al no ajustarse a la Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada en el año 2000 por el Parlamento Europeo, y de obligado cumplimiento para los Estados miembros.
No hay que ir muy lejos en la lectura de la ley, basta con echar un vistazo al artículo uno, para constatar que el borrador incumple con el objeto de la misma, esto es, proteger todo deterioro adicional de las aguas superficiales, subterráneas y costeras, y proteger los ecosistemas acuáticos asociados. Para valorar en su justo término esta afirmación, veamos algunos detalles del estado de degradación en el que se incurriría de seguir adelante con este plan.
El bombeo de agua subterránea en el acuífero de la Mancha Oriental para el riego agrícola, muy por encima de su capacidad de renovación natural, no sólo ha provocado su sobreexplotación „el nivel esta ahora veinticinco metros más bajo que en los años 70„sino que también ha afectado al tramo medio del río Júcar convirtiéndolo en un río fantasma, un río sin agua. En 2008, el cauce se secó en un tramo de más de seis kilómetros y sistemáticamente esto se reproduciría todos los veranos, si no fuera por las sueltas de agua de socorro que llegan desde el embalse de Alarcón. Estamos hablando de un tramo que en régimen natural, en ausencia de usos y regulaciones, sería capaz de transportar en el mes de agosto por encima de los quince mil litros por segundo. Lejos de poner freno a esta situación el borrador contempla sorprendentemente mayores asignaciones para Castilla La Mancha, marcando un horizonte todavía más sombrío.
Peor trato, si cabe, recibe el Júcar en su tramo final, ya que tan sólo se garantiza por ley que salgan al mar por su desembocadura unos 15 hectómetros cúbicos, de los 1.548 que se generan cada año en su cuenca hidrográfica. Nada que ver con el río que fue, y el que recuerdan sus ribereños, y muy lejos del espíritu y la letra de la Directiva Marco del Agua.
La Albufera, a pesar de ser un Parque Natural, y uno de los lagos mediterráneos de mayor valor ecológico, no sale mejor parada, corriendo el riesgo de no alcanzar su recuperación, ni a medio, ni a largo plazo. Así, de los 500 hectómetros de aportaciones que recibía en los años 70, antes de que se produjera la desaparición del rico ecosistema que la caracterizaba, el borrador del plan apenas garantiza una tercera parte de ese volumen. Con este texto, no sólo se contraviene con la DMA sino que también se podría incurrir en un delito contra el medio ambiente.
El espíritu de supervivencia que las personas tenemos grabado en nuestro código genético nos conduce a construir una sociedad que nos garantice una buena vida, ahora y en el futuro, no solamente para nosotros sino también para nuestros hijos, dotándonos de normas y leyes que así lo hagan posible. La Directiva Marco del Agua es una de ellas que mira hacia el futuro y que es incompatible con esa mentalidad especulativa que nos rodea y que ha marcado la agenda política y económica en la tenebrosa historia actual.
Los grupos ecologistas, asociaciones cívicas, usuarios y partidos de la oposición están mostrando su clara oposición al texto que se presenta. El PP debe pronunciarse ya, y dejar claro sin lugar a dudas, si agacha la cabeza ante el dictado de la poderosa secretaria del partido y presidenta de Castilla La Mancha, o escucha la voz de aquellos que en él confiaron así como de la inmensa mayoría del pueblo valenciano.

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Aprueban mociones en Algemesí y Carcaixent contra la propuesta de Cañete porque repite el "nefasto" plan de 1998 y discrimina a la comarca

05.10.2013 | 02:11

carlos alós alzira La posición del PP de la Ribera respecto al problema del agua en la comarca amenaza con descolocar incluso a sus propios militantes. Mientras el ministro de Medio Ambiente y Agricultura, Miguel Arias Cañete, ensalzaba el miércoles en el Congreso el plan del Xúquer, ahora en exposición, los populares de Algemesí y Carcaixent acaban de aprobar sendas mociones en sus respectivos plenos en las que aseguran que ese plan «discrimina» a la Ribera. Y mientras el Gobierno central y también el Consell aseguran que el reparto de agua del Xúquer que promulga el Ejecutivo ya incluye una reserva de agua para el abastecimiento de la Ribera, con una concesión de 10 hectómetros cúbicos previo pago a los regantes que tramita la CHJ, y una reserva adicional de 21 hectómetros, los populares mantienen la reclamación sobre esa reserva, petición que ahora vuelven a poner sobre la mesa en Algemesí y Carcaixent y que ya suscribió la ejecutiva comarcal en julio.
La contradicción aún es mayor porque lo que el PP apoya en la comarca y en el ámbito local lo rechaza su grupo en las Corts , que antes del verano se negó a reclamar al Gobierno una reserva exclusiva para la Ribera en el nuevo plan del Xúquer. Además, prácticamente todos los ayuntamientos de la comarca afectados han anunciado alegaciones contra el plan de Arias Cañete y siguiendo el hilo de la moción aprobada, que recoge prácticamente los argumentos de organizaciones como Xúquer Viu, los populares aseguran que el plan de Cañete no soluciona ninguno de los principales problemas que tiene el Xúquer, como la sobreexplotación de las masas de agua, y lamentan que vuelva a repetir los mismos errores que el «nefasto» plan de 1998, año en el que ya gobernaban los populares. En aquella ocasión, añade la moción, «ya se repartió más agua de la que existía en el río por lo que el conflicto esta servido». Además, añade que el borrador del plan continua incrementando la presión sobre el río provocada por los usuarios económicos, beneficia principalmente al lobby del agua del Alicante y a los regantes de la Mancha Oriental, en detrimento de los usos comunes y de la recuperación ambiental de las zonas húmedas. También asegura que el borrador abre la puerta a un nuevo trasvase desde Cortes de Pallás. En situación de normalidad hídrica, sería jurídicamente posible realizar trasvases de agua hasta Alicante desde Cortes o Antella lo que agrava el peligro que corre tanto l’Albufera como el propio Xúquer y los regadíos tradicionales de la Ribera.

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j.s. valencia Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar acumulaban el pasado 1 de octubre y coincidiendo con el arranque del Año Hidrológico, 1.610 hectómetros cúbicos de agua, con un aumento de 400 hectómetros respecto año anterior y 638 hm3 por encima de la media de los últimos diez años.
Este aumento de las reservas ha sido posible, según el balance de la CHJ, gracias a las intensas lluvias registradas en otoño de 2012 y la pasada primavera.
En el ámbito territorial de la Confederación , la precipitación media ha sido de 559 l/m2, frente a los 369 l/m2 del año hidrológico anterior y superior también a la media de los últimos diez años (471 l/m2).
Gracias a estas lluvias no ha habido problemas en los suministros previstos para el riego. Además, los indicadores desarrollados para el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía se encuentran en situación de normalidad para todos los sistemas de explotación. Destaca la recuperación del pequeño embalse de Ulldecona, prácticamente vacio el pasado año (1%) y ahora al 80%.
En términos porcentuales, los 2.349 hm3 almacenados representan un 48,1% de la capacidad disponible.

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J. Sierra El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha disminuido en un 13,47% su inversión directa en infraestructuas hidráulicas y gestión del agua en la Comunitat Valenciana. El descenso resulta dificilmente comprensible si se acepta la cifra oficial ofrecida ayer por el ministerio, que declaró un incremento global de las inversiones en agua en España de un 30%.

La sociedad estatal Acuamed, sobre la que recaía en los últimos años buena parte de la inversión en materia hidráulica, también reduce su presupuesto al pasar de los 69,671 millones de euros previstos en 2013 a 47,937 millones en el presupuesto de 2014, con un retroceso del 31,19%.

Varios proyectos pasan directamente al limbo de la próximas anualidades, sin que haya un duro previsto para el próximo año. Es el caso de la reutilización de las aguas residuales en el sistema Vinalopó-Alacantí y del tratamiento terciario y reutilización de aguas residuales de la depuradora de Xàbia. Desaparecen también de las inversiones del Estado todas las obras del Plan de Defensa contra avenidas del Júcar, inluidas las presas de Sellent, Montesa y Marquesado. Tampoco se incluye la de Vilamarxant en el Turia,ni la reforma del nuevo cauce, dejando a Valencia indefensa frente a las avenidas del río

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), encargada de la modernización del regadío, incrementa ligeramente su presupuesto para obras con 8,274 millones de euros frente a 7,732 millones del pasado año, con una ganancia del 6,55%.

El presupuesto directamente administrado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pasa de 20.189.570 euros a 17.451.180 euros, con un descenso del 13,47%. Organismos como la Dirección General del Agua ven reducido su presupuesto para la Comunitat Valenciana a algo más de la mitad, al pasar de 3,573 millones de euros a 1,310 que irán casi íntegramente a Tous.

Seguridad en entredicho
La seguridad y el mantenimientode las presas —todas las del Júcar—dispondrá este año de una cifra récord: 150 euros, según el proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno, cuando el pasado año se presupuestaron 902.700 euros.

Por último, la Confederación Hidrográfica del Júcar tendrá que obrar milagros literalmente para mantener su capacidad de gestión en una de las cuencas hidrográficas más complejas y conflictivas de España. El año pasado contó con 12.008.920 euros pero en 2014 se tendrá que conformar con algo menos de la mitad: 5.844.960 euros, un 51% menos.

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carlos alós alzira El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera que el agua del azud de la Marquesa de Cullera es totalmente «apta» para el riego. Lo dice en una respuesta parlamentaria en la que contradice los argumentos de los regantes del Vinalopó que consideran que el caudal del Xúquer que parte desde Cullera no tiene suficiente calidad para el trasvase Xúquer-Vinalopó. También la Generalitat, especialmente en los tiempos en los que Juan Cotino fue conseller de Agua, cuestionó abiertamente la calidad del agua, aunque desde que Fabra tomó las riendas del Consell el discurso sobre esta cuestión se ha moderado.
Según el Gobierno, de los resultados de los controles realizados en el azud se concluye «que la aptitud de las aguas para uso agrícola es admisible-apta atendiendo a criterios fisicoquímicos establecidos por la FAO y el Plan Hidrológico de cuenca», señala el ministerio en una respuesta conjunta a varios diputados del PSPV. Los socialistas preguntan al Gobierno sobre las medidas previstas para mejorar la calidad del agua de la toma del Azud de la Marquesa, de la que parte el trasvase Xúquer-Vinalopó, sobre la consignación presupuestaria en 2013 y 2014 para la reparación de la presa de San Diego, donde concluye el trasvase, y sobre la posibilidad de una toma diferente para esta infraestructura. En su respuesta, el Gobierno asegura, además, que, de forma complementaria y garantista, la calidad de las aguas en esta infraestructura cumple con los parámetros recogidos en el Real Decreto 1620/2007, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
También añade que se han realizado mejoras en el azud con el objeto de «mejorar la salobridad de las aguas». El Gobierno también explica que durante la fase de pruebas de la ejecución del proyecto de la balsa de San Diego, en Villena, se detectó un aumento de las filtraciones, lo que condujo a emprender «un plan de investigación y diagnóstico». Así, durante la fase de investigación se decidió suspender las pruebas de carga y mantener el nivel de la balsa con el fin de no poner en riesgo la estabilidad de la presa.
En una segunda fase, los avances del estudio aconsejaron el vaciado controlado de la balsa para tener acceso al fondo del vaso y el agua se repartió entre los regantes en función del acuerdo alcanzado por ellos por la sociedad estatal Acuamed, lo que supuso que por primera vez llegara el agua del Xúquer hasta Alicante. Asegura que las obras se incorporarán al presupuesto de 2014 para poner en marcha la infraestructura.

«Se estudian alternativas»
Además, según explica el Gobierno se están estudiando «las alternativas existentes» para dar plena funcionalidad a las obras ejecutadas y obtener «los resultados sociales, económicos y ambientales objetos de la actuación», aunque no cita una posible segunda toma, el aspecto más polémico del trasvase.
Por último, señala que el ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, realiza controles de la calidad de las aguas con periodicidad mensual.

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Resulta muy curioso, pero en unos momentos trascendentales para el territorio valenciano, durante los que se está diseñando el futuro de la planificación hidrológica de los ríos fundamentales, es ruidosamente patente el silencio del Consell. Quizás ocurra que las personas que, al frente del Consell, deben tener criterio, desde el President Fabra al irrelevante Director General del Agua, pasando por el Conseller Císcar, son unos incompetentes. O, tal vez, teman, todos, importunar a sus mayores en Génova. Pero lo más probable es que este atronador silencio e inactividad se deba a ambas cosas: a la incompetencia y a la falta de responsabilidad y coraje.
 No nos engañemos: Fabra es un muñeco político; no tiene capacidad suficiente para desarrollar ideas propias. Pero sobre todo no tiene la suficiente autonomía ni capacidad para defender los intereses valencianos. Y el equipo que ha puesto al frente del departamento de agua es patético, empezando por el Conseller «para todo» Císcar e incluyendo al personaje probablemente más incapaz, el Director General del Agua, José Alberto Comos, antaño alborotador desde la Fundación Agua y Progreso el cual, ya saben, recibió el puesto como premio a los servicios prestados.
 Resulta que en estos tres meses pasados han sido aprobados tres importantes documentos para el devenir de la Comunitat Valenciana. Uno de ellos se refiere a la aprobación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo que, si nadie lo remedia, condena a la desaparición al Trasvase Tajo-Segura. El otro es la aprobación del Decreto por el que se establece, entre otras cosas, la delimitación geográfica de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que a nadie gusta y que destroza la posición integradora de la «unidad de cuenca». Además, no se plantean, por el momento, soluciones a la falta de concesión de agua para beber, a los habitantes de la Ribera. Así pues, en ambos casos los intereses valencianos salen muy, pero que muy, malparados.
Además, el pasado 4 de julio el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Ebro aprobó el borrador del Plan Hidrológico del Ebro. Al día siguiente fue también aprobado por el Comité de Autoridades Competentes y, en ambos órganos, la Generalitat tiene representación con voz y voto. En ambos órganos, el voto del PP valenciano fue favorable. Y, ¿qué es lo que «no» contempla el borrador de Plan aprobado?: precisamente el Trasvase del Ebro. El PP Valenciano votó a favor de eliminar la posibilidad de realizar el trasvase del Ebro. Esto es muy serio y nos estamos jugando nuestra tranquilidad en materia de agua para los próximos quince años; pero al parecer Fabra y el PP siguen jugando a la ignorancia y al despiste, intentando mantener rédito electoral con el «mantra» de que ellos son los únicos defensores del agua.
¿Para cuándo una verdadera política valenciana que aborde los problemas del agua en nuestro territorio? La respuesta la ofrece nuestra alternativa progresista, la del PSPV.

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F. J. BENITO Valencia Nuevo tajo al Tajo. El Ministerio de Agricultura, en colaboración con el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha y con el silencio cómplice del Consell, confiado en que salga adelante su memorándum de entendimiento del Tajo en el que no participa María Dolores de Cospedal, ha incorporado al plan hidrológico de la cuenca del río un recorte de 220 hm3 en el caudal que, por ley, envía todos los años para regadío a la cuenca del Segura. En concreto y según denuncia Diego de Ramón Fernández, presidente de la Asociación Plan Hidrológico Europeo, el Ejecutivo pretende reducir el caudal para la agricultura de los 420 hm3 actuales a 200 hm3, lo que supondría un descenso del 48% en los aportes de agua a un sector, el agroalimentario, que da empleo a 103.000 familias en Alicante y Murcia. El Gobierno pretende compensar la reducción incorporando al sistema el agua desalada del mar.
Diego de Ramón ha presentado una alegación al plan, la única de España, según sostiene, en la que reclama una marcha atrás urgente y recuerda que elevar la reserva de agua en Entrepeñas y Buendía (puerta del trasvase) hasta los 400 hm3 supondría el final de la transferencia. Algo que coincide con el Instituto Interuniversitario de Geografía y con los agricultores que reciben agua del trasvase, aunque éstos sí se fíen de la cláusulas del memorándum que redactaron con el Consell y que, si se cumpliera, dejaría, según sostiene Riegos de Levante, prácticamente sin efecto el aumento de la reserva.
De Ramón apunta en sus alegaciones que el recorte del volumen de agua que llega todos los años para la agricultura de las tres vegas del Segura –Alicante recibe un 20% del total– no tiene ninguna justificación y muchos menos para satisfacer las demandas futuras de Madrid «que necesita unos 80 hm3 y no 220 hm3 como se quiere recortar», subrayó el presidente de la asociación.

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