CYL se enfrenta al Gobierno y dice que la regulación eléctrica «pone el peligro» al regadío

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, ha mostradou «malestar», respecto a la última regulación eléctrica del Gobierno central, porque «lo único» que provocará la medida es «poner en peligro la modernización de regadíos». Clemente, que ha visitado en Canal del Páramo y que se está conviertiendo en la voz más ‘opositora’ a las medidas del Gobierno central de su partido, ha explicado en declaraciones a los periodistas en Bustillo del Páramo (León), que «el objetivo» de una modernización es «gastar menos energía y consumir menos agua», por lo que esa nueva regulación debería «tener en cuenta el carácter estratégico de la agricultura».

   Por ello, ha apostado por implementar «tarifas adaptadas» para los profesionales de este sector, porque la medida provocará un incremento del 20 por ciento los costes de producción a los agricultores, que se sumaría al aumento del 60 por ciento en materia eléctrica que padecen desde el año 2007.

Apuesta por el modelo francés de pagar cuando se vaya a utilizar

    Frente a la nueva regulación eléctrica, la consejera propone el «modelo francés», que permite acceder a la potencia eléctrica «cuando se vaya a utilizar», frente al sistema actual en España en el que los profesionales deben contratar «toda la potencia todo el año».

    «El campo necesita apoyo específico porque es estratégico y el Ministerio de Industria tiene que tomar nota», ha indicado Clemente, que ha afirmado que la Asociación Ferduero de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero «está en la misma línea».

    La Junta y el colectivo remitirán al Gobierno un documento con las «pretensiones» para «hacer más fuerza».

    La infraestructura beneficiará a más de 6.500 agricultores que trabajan en una superficie agrícola de casi 17.000 hectáreas, que pertenecen a las 32.000 que se han modernizado ya en la provincia de León, lo que supone el 60 por ciento del total de las 60.000 de toda Castilla y León.

    Silvia Clemente ha destacado el «esfuerzo» de las propias comunidades de regantes que han «entendido» que «la modernización es necesaria y es buena», de la misma forma que lo consideran las administraciones, que han «impulsado la captación de fondos para llevar a cabo nuevos regadíos».

    La infraestructura permitirá un ahorro de entre el 30 y el 40 por ciento del agua, lo que conlleva menores costes de producción, un uso más eficiente del recurso, el ahorro en energía y lograr más competitividad, a la vez que favorece la alternancia de cultivos que «el mercado haga más interesantes».

    Un marco sobre el que, según la consejera, se puede favorecer «la regeneración y el relevo generacional».

    Silvia Clemente ha expresado su voluntad de que en el próximo Programa de Desarrollo Rural de la Política Agraria Común (PAC) hasta el año 2020, la modernización de infraestructuras de regadío «siga teniendo un lugar preferencial».

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Una alegación del PSOE obligaría a «cerrar» el Tajo-Segura

La toma de posiciones respecto al plan de cuenca del Tajo -y el aumento de la reserva mínima en los embalses de cabecera del trasvase al Segura que contempla dicho plan- ha sacado a relucir las contradicciones de los socialistas en materia hídrica. Mientras el PSPV se presenta en la Comunidad como defensor de la transferencia y arremete contra el Consell porque, a su juicio, no está defendiendo los intereses de la región, sus compañeros de partido en Castilla-La Mancha han presentado una batería de alegaciones al plan que, de aceptarse, supondrían el cierre del trasvase.

Así, el pasado viernes -último día de plazo para presentar alegaciones- unos 40 alcaldes socialistas de Castilla-La Mancha, con el secretario general del PSOE de Toledo (y alcalde del municipio de Escalona), Álvaro Gutiérrez, presentaron sus propias alegaciones para pedir que la reserva mínima en los embalses de Entrepeñas y Buendía se eleve hasta los 900 hectómetros cúbicos, frente a los 400 que contempla el plan de cuenca. Cabe recordar que, en la actualidad, la reserva mínima está establecida en 240 hectómetros.

La solicitud del PSOE de Castilla-La Mancha, de aceptarse (cosa que parece poco probable) supondría de hecho el fin de la transferencia, dado que Entrepeñas y Buendía no almacenan esa cantidad de agua más que en momentos excepcionales. En estos momentos, sin ir más lejos, los dos embalses de cabecera almacenan juntos 729 hectómetros

Negociación

La media de los últimos diez años de estos dos embalses no ha superado la barrera de los 900 hectómetros ni en los meses más húmedos, aunque es cierto que en momentos puntuales (como en 2011) sí lo ha hecho.

Mientras, en la Comunidad, el PSPV se ha sumado al PP en la Diputación de Alicante para presentar una batería de alegaciones conjuntas -negociadas en la Mesa del Agua, de la que también forman parte los usuarios- que piden, en esencia, que se establezca una reserva mínima flexible condicionada a la existencia de periodos de sequía.

Por su parte, el Consell, Murcia y el Ministerio de Medio Ambiente negocian en la mesa técnica -de la que forman parte también ingenieros, técnicos, expertos y regantes de las regiones implicadas y del resto de España- el contenido final del memorándum, que debe garantizar la supervivencia del trasvase Tajo-Segura a pesar del incremento de la reserva hasta los 400 hectómetros en los embalses de cabecera.

Como desveló ayer ABC, la intención de la mesa técnica es que la versión definitiva del memorándum -que será la que adopte rango de ley, según anunció la semana pasada el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete- esté lista para el fin de semana de El Pilar, de forma que pueda conjugarse su entrada en vigor con la del plan de cuenca, que será aprobado por el Consejo Nacional del Agua, previsiblemente, en diciembre.

Entre las aportaciones al memorándum destaca la derogación de la denominada «ley Narbona», que preveía la sustitución paulatina de los caudales del trasvase por agua desalada, a medida que se pusieran en marcha las plantas proyectadas.

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La Confederación del Júcar y la Junta Central de Regantes renuevan su colaboración

La Confederación del Júcar y la Junta Central de Regantes renuevan su colaboración

Han firmado un convenio para la gestión de los regadíos en la Mancha Oriental

24/09/2013

La Confederación del Júcar y la Junta Central de Regantes renuevan su colaboración

La Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, acompañada del Comisario de Aguas y el Jefe de la Oficina del Organismo en Albacete, mantuvo, el 23 de septiembre, una reunión en la sede de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) con el Presidente de la entidad y otros miembros de la su Junta de Gobierno. En esta visita se han tratado temas de gestión, tales como el Plan de Explotación para el año hidrológico 2013-2014, y se ha firmado una nueva versión del Convenio anual para el apoyo a la gestión, que se viene suscribiendo desde el año 1999. En virtud de este Convenio, con una dotación económica de 105.000 euros, y cuya denominación completa es “Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental para el seguimiento de las mededidas de gestión de los regadñios en la Mancha Oriental”, se desarrollarán trabajos de definición y regularización de aprovechamientos de regadío confor

   La colaboración en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la JCRMO está facilitando la tramitación de las inscripciones y concesiones en la Mancha Oriental -de las cuales se llevan tramitadas en torno al 50% del total previsto-, la aplicación de unas normas de gestión y control anuales para los regadíos, así como la elaboración de las normas para la sustitución de bombeos, por lo que la firma de este Convenio es considerado por las partes esencial para el desarrollo de las previsiones del Plan Hidrológico del Júcar.

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El memorándum para blindar el Tajo-Segura se negocia contrarreloj

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

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ASAJA Murcia se opone a la reserva de 400 hm3 establecida para la cabecera del Tajo

La organización profesional agraria ASAJA Murcia considera que el desarrollo normativo del Memorándum firmado por los gobiernos de Murcia, Valencia y el Central sobre la continuidad del acueducto debe tener rango de Ley de inmediato, con una regulación clara y sin posibles interpretaciones sobre las condiciones de explotación del acueducto Tajo Segura, con todas las garantías para atender las demandas de los regantes murcianos. Para el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “desde nuestra organización mostramos nuestro rechazo a la reserva de 400 hm3 establecida para la cabecera del Tajo y considera imprescindible que por parte del Gobierno Central a través del Ministerio de Agricultura que se garanticen los desembalses de la cabecera y los caudales necesarios para los regadíos dependientes del trasvase Tajo Segura”.

   ASAJA Murcia entiende que los caudales ecológicos recogidos en el borrador del Plan del Tajo se han incrementado en exceso y que podrían atenderse con mejoras en depuración y reutilización que hasta la fecha son insuficientes en la Cuenca del Tajo.

    Según explica el portavoz de esta organización, “sería una torpeza política y una injusticia limitar los envíos de agua a los regadíos de Murcia, Alicante y Almería que tanto aportan a la economía y el empleo del país”.

   El titular de ASAJA Murcia apela al Presidente del Gobierno para que “lidere una política hidráulica en España que acabe con los desequilibrios hídricos y dote de continuidad, con el respaldo legal que sea preciso, el Acueducto Tajo Segura y lograr una planificación hidrológica en España coherente con las necesidades de recursos hídricos de nuestra agricultura”.

Oposición tajante de los ecologistas a todo el plan hidrológico

   Por su parte, Organizaciones medioambientales piden que se retire el plan hidrológico para el Tajo ya que consideran que condena al río a un «mayor deterioro medioambiental».

    Ecologistas en Acción, WWF y SEO/Birdlife, que ya han presentado alegaciones, han explicado que la incompatibilidad con las normativas, el condicionamiento del trasvase Tajo-Segura y el hecho de no tener en cuenta, a su juicio, la reducción de caudal por el cambio climático son los puntos débiles de este plan.

    SEO/Birdlife, en un comunicado de prensa, ha manifestado que el plan incumple las normativas comunitaria y nacional por la características de las masas de agua de la cuenca del Tajo y que el plan justifica, de forma inadecuada, las excepciones de impactos ambientales presentes y futuros.

    También ha apuntado que no incluye un régimen de caudales que asegure la sostenibilidad y conservación de los ecosistemas acuáticos y ha recalcado que la explotación del trasvase Tajo-Segura pone en riesgo a largo plazo la conservación de la Red Natura 2000.

    Otros de los argumentos expuestos desde SEO/Birdlife es la existencia de una explotación de embalses que no atienden a la riqueza natural propia de sus ecosistemas relacionados y los riesgos para el río derivados de nuevas modificaciones y alteraciones de las masas de agua.

    «Nuestras administraciones no van por el camino de tomar decisiones responsables, incluso quieren dejar pilares fundamentales del plan, como es el trasvase, fuera de toda participación pública», ha manifestado Roberto González, técnico de la campaña de SEO/Birdlife «Alas sobre agua», para poner en valor los humedales.

    El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, ha declarado a Efe que «no se tiene en cuenta las reducciones de caudales a consecuencia del cambio climático y se cuenta con unos niveles de agua que no son tales, que ocasionará una tensión preocupante dentro de la cuenca».

    «Es un río muerto muy afectado desde Toledo hasta Cáceres y se sigue considerando que el Tajo tiene aguas excedentarias cuando no es así. Se echan de menos medidas de modernización y de ahorro de aguas en las ciudades, así como la eficiencia en el regadío», ha señalado desde WWF Alberto Fernández.

    El grupo político Equo también ha augurado en un comunicado «un futuro negro para el Tajo» si no se modifica el borrador.

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El Memorandum derogará la «ley Narbona» que cambiaba el trasvase por la desalación

El texto derogará la «ley Narbona» que cambiaba el trasvase por la desalación

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre, cuando el consejo nacional del agua lo aprobará definitivamente. Los regantes alicantinos esperan que el memorándum se convierta en ley antes de esa fecha, para «blindar» la transferencia al margen de

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre, cuando el consejo nacional del agua lo aprobará definitivamente. Los regantes alicantinos esperan que el memorándum se convierta en ley antes de esa fecha, para «blindar» la transferencia al margen del aumento de la reserva.

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

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Compromís exige al Consell que rechace el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar

El grupo de Compromís en Les Corts ha anunciado la presentación de una proposición no de ley de urgencia en el parlamento autonómico para instar al Consell a manifestar su rechazo al actual borrador del Plan Hidrológico del Júcar.

A juicio de Compromís, el borrador del Plan «no resuelve los principales problemas del Júcar y vuelve a repetir los mismos errores del Plan de 1998, cuando se repartió más agua de la que había en la cuenca del río», según un comunicado de la formación. .

El portavoz adjunto de Compromís, Juan Ponce, ha señalado que este Plan, en su redacción actual «no da cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, que tiene como principal objetivo la consecución del buen estado de las masas de agua , ríos , acuíferos y humedales».

Además «continúa incrementando las presiones provocadas por los usuarios privativos y económicos y no resuelve el problema de los abastecimientos de la Ribera, que quedan claramente discriminados respecto al resto de abastecimientos y que están condicionados a una permuta por la que se deberá pagar», añade.

Para Compromís, el borrador, que se encuentra en periodo de consulta pública desde el pasado 7 de agosto, «abre la puerta a un nuevo trasvase desde Cortes de Pallás o desde Antella, lo que pondría en claro peligro tanto la Albufera como el propio Júcar, al igual que los regadíos de la Ribera Baja»..

«Respecto al principal problema del Júcar, en cuanto a la disminución de su caudal en las últimas décadas, el borrador deja las cosas exactamente como estaban, bendiciendo la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental y, por tanto, la del propio río», ha asegurado Ponce .

Según denuncia Compromís, los caudales ecológicos son los «grandes sacrificados» de este Plan, ya que según está redactado se pueden calificar como de «exiguos o inexistentes».

La formación pone como ejemplo que en el último tramo del río, a partir del Azud de la Marquesa, el Júcar se dejará prácticamente seco, ya que el caudal propuesto es de 0’5 metros cúbicos por segundo, «reduciendo a la mitad el metro cúbico contemplado en la propuesta inicial, que ya era insignificante».

Para Ponce otra situación «grave» que se desprende de este borrador es que «los abastecimientos de la Ribera estarán ligados a intercambios y claramente discriminados con el resto de abastecimientos».

Además, el nuevo Plan «no aborda ninguna medida para avanzar en la solución definitiva y real por los abastecimientos de la Ribera» y solo contempla «de manera muy limitada el problema del exceso de nitratos pero no el actual contaminación por pesticidas».http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1500038

Por todo esto, Compromís insta al Gobierno valenciano a rechazar el borrador del nuevo Plan y exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar un nuevo texto que cierre la posibilidad de trasvases desde cualquier punto del río que no sea el Azud de la Marquesa.

También pide una disminución de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental y que los caudales ecológicos mínimos del río y de la Albufera se incrementen.

Además, solicita que la asignación de agua superficial del Júcar para los abastecimientos de la Ribera tenga la misma consideración que la asignación otorgada a Albacete, Sagunto y Valencia y su área metropolitana , sin estar condicionada a permutas onerosas con otros usuarios.

Para Ponce otra situación «grave» que se desprende de este borrador es que «los abastecimientos de la Ribera estarán ligados a intercambios y claramente discriminados con el resto de abastecimientos».

Además, el nuevo Plan «no aborda ninguna medida para avanzar en la solución definitiva y real por los abastecimientos de la Ribera» y solo contempla «de manera muy limitada el problema del exceso de nitratos pero no el actual contaminación por pesticidas».

Por todo esto, Compromís insta al Gobierno valenciano a rechazar el borrador del nuevo Plan y exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar un nuevo texto que cierre la posibilidad de trasvases desde cualquier punto del río que no sea el Azud de la Marquesa.

También pide una disminución de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental y que los caudales ecológicos mínimos del río y de la Albufera se incrementen.

Además, solicita que la asignación de agua superficial del Júcar para los abastecimientos de la Ribera tenga la misma consideración que la asignación otorgada a Albacete, Sagunto y Valencia y su área metropolitana , sin estar condicionada a permutas onerosas con otros usuarios.

Según denuncia Compromís, los caudales ecológicos son los «grandes sacrificados» de este Plan, ya que según está redactado se pueden calificar como de «exiguos o inexistentes».

La formación pone como ejemplo que en el último tramo del río, a partir del Azud de la Marquesa, el Júcar se dejará prácticamente seco, ya que el caudal propuesto es de 0’5 metros cúbicos por segundo, «reduciendo a la mitad el metro cúbico contemplado en la propuesta inicial, que ya era insignificante».

Para Ponce otra situación «grave» que se desprende de este borrador es que «los abastecimientos de la Ribera estarán ligados a intercambios y claramente discriminados con el resto de abastecimientos».

Además, el nuevo Plan «no aborda ninguna medida para avanzar en la solución definitiva y real por los abastecimientos de la Ribera» y solo contempla «de manera muy limitada el problema del exceso de nitratos pero no el actual contaminación por pesticidas».

Por todo esto, Compromís insta al Gobierno valenciano a rechazar el borrador del nuevo Plan y exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar un nuevo texto que cierre la posibilidad de trasvases desde cualquier punto del río que no sea el Azud de la Marquesa.

También pide una disminución de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental y que los caudales ecológicos mínimos del río y de la Albufera se incrementen.

Además, solicita que la asignación de agua superficial del Júcar para los abastecimientos de la Ribera tenga la misma consideración que la asignación otorgada a Albacete, Sagunto y Valencia y su área metropolitana , sin estar condicionada a permutas onerosas con otros usuarios.

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