La toma de posiciones respecto al plan de cuenca del Tajo -y el aumento de la reserva mínima en los embalses de cabecera del trasvase al Segura que contempla dicho plan- ha sacado a relucir las contradicciones de los socialistas en materia hídrica. Mientras el PSPV se presenta en la Comunidad como defensor de la transferencia y arremete contra el Consell porque, a su juicio, no está defendiendo los intereses de la región, sus compañeros de partido en Castilla-La Mancha han presentado una batería de alegaciones al plan que, de aceptarse, supondrían el cierre del trasvase.

Así, el pasado viernes -último día de plazo para presentar alegaciones- unos 40 alcaldes socialistas de Castilla-La Mancha, con el secretario general del PSOE de Toledo (y alcalde del municipio de Escalona), Álvaro Gutiérrez, presentaron sus propias alegaciones para pedir que la reserva mínima en los embalses de Entrepeñas y Buendía se eleve hasta los 900 hectómetros cúbicos, frente a los 400 que contempla el plan de cuenca. Cabe recordar que, en la actualidad, la reserva mínima está establecida en 240 hectómetros.

La solicitud del PSOE de Castilla-La Mancha, de aceptarse (cosa que parece poco probable) supondría de hecho el fin de la transferencia, dado que Entrepeñas y Buendía no almacenan esa cantidad de agua más que en momentos excepcionales. En estos momentos, sin ir más lejos, los dos embalses de cabecera almacenan juntos 729 hectómetros

Negociación

La media de los últimos diez años de estos dos embalses no ha superado la barrera de los 900 hectómetros ni en los meses más húmedos, aunque es cierto que en momentos puntuales (como en 2011) sí lo ha hecho.

Mientras, en la Comunidad, el PSPV se ha sumado al PP en la Diputación de Alicante para presentar una batería de alegaciones conjuntas -negociadas en la Mesa del Agua, de la que también forman parte los usuarios- que piden, en esencia, que se establezca una reserva mínima flexible condicionada a la existencia de periodos de sequía.

Por su parte, el Consell, Murcia y el Ministerio de Medio Ambiente negocian en la mesa técnica -de la que forman parte también ingenieros, técnicos, expertos y regantes de las regiones implicadas y del resto de España- el contenido final del memorándum, que debe garantizar la supervivencia del trasvase Tajo-Segura a pesar del incremento de la reserva hasta los 400 hectómetros en los embalses de cabecera.

Como desveló ayer ABC, la intención de la mesa técnica es que la versión definitiva del memorándum -que será la que adopte rango de ley, según anunció la semana pasada el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete- esté lista para el fin de semana de El Pilar, de forma que pueda conjugarse su entrada en vigor con la del plan de cuenca, que será aprobado por el Consejo Nacional del Agua, previsiblemente, en diciembre.

Entre las aportaciones al memorándum destaca la derogación de la denominada «ley Narbona», que preveía la sustitución paulatina de los caudales del trasvase por agua desalada, a medida que se pusieran en marcha las plantas proyectadas.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/local-alicante/20130925/abci-alegacion-psoe-cerrar-tajo-201309251148.html

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/local-alicante/20130924/abci-memorandum-para-blindar-tajo-201309241303.html

La organización profesional agraria ASAJA Murcia considera que el desarrollo normativo del Memorándum firmado por los gobiernos de Murcia, Valencia y el Central sobre la continuidad del acueducto debe tener rango de Ley de inmediato, con una regulación clara y sin posibles interpretaciones sobre las condiciones de explotación del acueducto Tajo Segura, con todas las garantías para atender las demandas de los regantes murcianos. Para el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “desde nuestra organización mostramos nuestro rechazo a la reserva de 400 hm3 establecida para la cabecera del Tajo y considera imprescindible que por parte del Gobierno Central a través del Ministerio de Agricultura que se garanticen los desembalses de la cabecera y los caudales necesarios para los regadíos dependientes del trasvase Tajo Segura”.

   ASAJA Murcia entiende que los caudales ecológicos recogidos en el borrador del Plan del Tajo se han incrementado en exceso y que podrían atenderse con mejoras en depuración y reutilización que hasta la fecha son insuficientes en la Cuenca del Tajo.

    Según explica el portavoz de esta organización, “sería una torpeza política y una injusticia limitar los envíos de agua a los regadíos de Murcia, Alicante y Almería que tanto aportan a la economía y el empleo del país”.

   El titular de ASAJA Murcia apela al Presidente del Gobierno para que “lidere una política hidráulica en España que acabe con los desequilibrios hídricos y dote de continuidad, con el respaldo legal que sea preciso, el Acueducto Tajo Segura y lograr una planificación hidrológica en España coherente con las necesidades de recursos hídricos de nuestra agricultura”.

Oposición tajante de los ecologistas a todo el plan hidrológico

   Por su parte, Organizaciones medioambientales piden que se retire el plan hidrológico para el Tajo ya que consideran que condena al río a un «mayor deterioro medioambiental».

    Ecologistas en Acción, WWF y SEO/Birdlife, que ya han presentado alegaciones, han explicado que la incompatibilidad con las normativas, el condicionamiento del trasvase Tajo-Segura y el hecho de no tener en cuenta, a su juicio, la reducción de caudal por el cambio climático son los puntos débiles de este plan.

    SEO/Birdlife, en un comunicado de prensa, ha manifestado que el plan incumple las normativas comunitaria y nacional por la características de las masas de agua de la cuenca del Tajo y que el plan justifica, de forma inadecuada, las excepciones de impactos ambientales presentes y futuros.

    También ha apuntado que no incluye un régimen de caudales que asegure la sostenibilidad y conservación de los ecosistemas acuáticos y ha recalcado que la explotación del trasvase Tajo-Segura pone en riesgo a largo plazo la conservación de la Red Natura 2000.

    Otros de los argumentos expuestos desde SEO/Birdlife es la existencia de una explotación de embalses que no atienden a la riqueza natural propia de sus ecosistemas relacionados y los riesgos para el río derivados de nuevas modificaciones y alteraciones de las masas de agua.

    «Nuestras administraciones no van por el camino de tomar decisiones responsables, incluso quieren dejar pilares fundamentales del plan, como es el trasvase, fuera de toda participación pública», ha manifestado Roberto González, técnico de la campaña de SEO/Birdlife «Alas sobre agua», para poner en valor los humedales.

    El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, ha declarado a Efe que «no se tiene en cuenta las reducciones de caudales a consecuencia del cambio climático y se cuenta con unos niveles de agua que no son tales, que ocasionará una tensión preocupante dentro de la cuenca».

    «Es un río muerto muy afectado desde Toledo hasta Cáceres y se sigue considerando que el Tajo tiene aguas excedentarias cuando no es así. Se echan de menos medidas de modernización y de ahorro de aguas en las ciudades, así como la eficiencia en el regadío», ha señalado desde WWF Alberto Fernández.

    El grupo político Equo también ha augurado en un comunicado «un futuro negro para el Tajo» si no se modifica el borrador.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/75/politica%20hidraulica/65880/asaja%20murcia%20se%20opone%20a%20%20la%20reserva%20de%20400%20hm3%20establecida%20para%20la%20cabecera%20del%20tajo.aspx

El texto derogará la «ley Narbona» que cambiaba el trasvase por la desalación

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre, cuando el consejo nacional del agua lo aprobará definitivamente. Los regantes alicantinos esperan que el memorándum se convierta en ley antes de esa fecha, para «blindar» la transferencia al margen de

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre, cuando el consejo nacional del agua lo aprobará definitivamente. Los regantes alicantinos esperan que el memorándum se convierta en ley antes de esa fecha, para «blindar» la transferencia al margen del aumento de la reserva.

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130924/abcp-memorandum-para-blindar-tajo-20130924.html

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El grupo de Compromís en Les Corts ha anunciado la presentación de una proposición no de ley de urgencia en el parlamento autonómico para instar al Consell a manifestar su rechazo al actual borrador del Plan Hidrológico del Júcar.

A juicio de Compromís, el borrador del Plan «no resuelve los principales problemas del Júcar y vuelve a repetir los mismos errores del Plan de 1998, cuando se repartió más agua de la que había en la cuenca del río», según un comunicado de la formación. .

El portavoz adjunto de Compromís, Juan Ponce, ha señalado que este Plan, en su redacción actual «no da cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, que tiene como principal objetivo la consecución del buen estado de las masas de agua , ríos , acuíferos y humedales».

Además «continúa incrementando las presiones provocadas por los usuarios privativos y económicos y no resuelve el problema de los abastecimientos de la Ribera, que quedan claramente discriminados respecto al resto de abastecimientos y que están condicionados a una permuta por la que se deberá pagar», añade.

Para Compromís, el borrador, que se encuentra en periodo de consulta pública desde el pasado 7 de agosto, «abre la puerta a un nuevo trasvase desde Cortes de Pallás o desde Antella, lo que pondría en claro peligro tanto la Albufera como el propio Júcar, al igual que los regadíos de la Ribera Baja»..

«Respecto al principal problema del Júcar, en cuanto a la disminución de su caudal en las últimas décadas, el borrador deja las cosas exactamente como estaban, bendiciendo la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental y, por tanto, la del propio río», ha asegurado Ponce .

Según denuncia Compromís, los caudales ecológicos son los «grandes sacrificados» de este Plan, ya que según está redactado se pueden calificar como de «exiguos o inexistentes».

La formación pone como ejemplo que en el último tramo del río, a partir del Azud de la Marquesa, el Júcar se dejará prácticamente seco, ya que el caudal propuesto es de 0’5 metros cúbicos por segundo, «reduciendo a la mitad el metro cúbico contemplado en la propuesta inicial, que ya era insignificante».

Para Ponce otra situación «grave» que se desprende de este borrador es que «los abastecimientos de la Ribera estarán ligados a intercambios y claramente discriminados con el resto de abastecimientos».

Además, el nuevo Plan «no aborda ninguna medida para avanzar en la solución definitiva y real por los abastecimientos de la Ribera» y solo contempla «de manera muy limitada el problema del exceso de nitratos pero no el actual contaminación por pesticidas».http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1500038

Por todo esto, Compromís insta al Gobierno valenciano a rechazar el borrador del nuevo Plan y exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar un nuevo texto que cierre la posibilidad de trasvases desde cualquier punto del río que no sea el Azud de la Marquesa.

También pide una disminución de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental y que los caudales ecológicos mínimos del río y de la Albufera se incrementen.

Además, solicita que la asignación de agua superficial del Júcar para los abastecimientos de la Ribera tenga la misma consideración que la asignación otorgada a Albacete, Sagunto y Valencia y su área metropolitana , sin estar condicionada a permutas onerosas con otros usuarios.

Para Ponce otra situación «grave» que se desprende de este borrador es que «los abastecimientos de la Ribera estarán ligados a intercambios y claramente discriminados con el resto de abastecimientos».

Además, el nuevo Plan «no aborda ninguna medida para avanzar en la solución definitiva y real por los abastecimientos de la Ribera» y solo contempla «de manera muy limitada el problema del exceso de nitratos pero no el actual contaminación por pesticidas».

Por todo esto, Compromís insta al Gobierno valenciano a rechazar el borrador del nuevo Plan y exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar un nuevo texto que cierre la posibilidad de trasvases desde cualquier punto del río que no sea el Azud de la Marquesa.

También pide una disminución de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental y que los caudales ecológicos mínimos del río y de la Albufera se incrementen.

Además, solicita que la asignación de agua superficial del Júcar para los abastecimientos de la Ribera tenga la misma consideración que la asignación otorgada a Albacete, Sagunto y Valencia y su área metropolitana , sin estar condicionada a permutas onerosas con otros usuarios.

Según denuncia Compromís, los caudales ecológicos son los «grandes sacrificados» de este Plan, ya que según está redactado se pueden calificar como de «exiguos o inexistentes».

La formación pone como ejemplo que en el último tramo del río, a partir del Azud de la Marquesa, el Júcar se dejará prácticamente seco, ya que el caudal propuesto es de 0’5 metros cúbicos por segundo, «reduciendo a la mitad el metro cúbico contemplado en la propuesta inicial, que ya era insignificante».

Para Ponce otra situación «grave» que se desprende de este borrador es que «los abastecimientos de la Ribera estarán ligados a intercambios y claramente discriminados con el resto de abastecimientos».

Además, el nuevo Plan «no aborda ninguna medida para avanzar en la solución definitiva y real por los abastecimientos de la Ribera» y solo contempla «de manera muy limitada el problema del exceso de nitratos pero no el actual contaminación por pesticidas».

Por todo esto, Compromís insta al Gobierno valenciano a rechazar el borrador del nuevo Plan y exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar un nuevo texto que cierre la posibilidad de trasvases desde cualquier punto del río que no sea el Azud de la Marquesa.

También pide una disminución de las extracciones del acuífero de la Mancha Oriental y que los caudales ecológicos mínimos del río y de la Albufera se incrementen.

Además, solicita que la asignación de agua superficial del Júcar para los abastecimientos de la Ribera tenga la misma consideración que la asignación otorgada a Albacete, Sagunto y Valencia y su área metropolitana , sin estar condicionada a permutas onerosas con otros usuarios.

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El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes día 20 una reforma del Código Penal que, entre otras cuestiones, incluirá un endurecimiento de las penas por los robos en el campo, así como contra los autores de incendios forestales, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete en una comparecencia en Jerez. Sobre el primer tema, además de incrementar las condenas se aplicará el agravante de que no sólo se valorará lo sustraído, sino los daños materiales provocados y los efectos que tendrá en las actividades de la explotación para reponer lo robado. En los incendios forestales, se decidirá que estos casos sean juzgados por jueces ordinarios y no por jurados.

   En su intervención, Miguel Arias Cañete, sí quiso dejar claro que con esta reforma se va a cumplir, en primer lugar, el acuerdo alcanzado en su día con la organización ASAJA, cuyo presidente Pedro Barato se reunió con él y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, antes del verano para estudiar una modificación del Código Penal ante el incremento de los robos en el campo y la cada vez más creciente preocupación de los agricultores ante estos asaltos a las explotaciones.

    En este sentido, sin entrar en detalles, el ministro sí recalcó que lo que se va es a proceder «a un endurecimiento de las penas, aunque no a una tipificación de los delitos. Los hurtos son hurtos y los robos, robos. Lo que se quiere hacer es pasar a sancionar con unas penas más duras que permitan que ya no sean faltas, que era el verdadero problema del sector, que siempre eran faltas, faltas y faltas y no les afectaba la reincidencia».

   Por eso, ahora lo que se pretende es que los ladrones tengan sanciones más fuertes y que paguen no sólo por el material sustraído, sino que también se tenga en cuenta los destrozos que ocasionan y las consecuencias que generan en la actividad de las explotaciones, de forma que no sea «tan rentable» este tipo de asaltos.

Penas de uno a tres años ante la oleada de robos

    Aunque Miguel Arias Cañete no quiso detallar ningún pormenor de la reforma, ya que deja este anuncio al propio Ministerio de Justicia, su reconocimiento de que la reforma recogerá lo pactado con ASAJA en su momento, hace presagiar que se podría incluir condenas que irían entre uno y tres años.

   Como señalaba este mes de junio responsables de esta organización agraria, las  penas que baraja el Ministerio de Justicia irían de entre uno y tres años para aquellos robos o asaltos a explotaciones agrarias o, como se recogerá en la nueva reforma, «lugares desprotegidos fuera de núcleos urbanos vinculados con carácter agrícola y ganadero».

    Ya entonces, las mismas fuentes, que confiaban que la reforma entrase en vigor en octubre, como así va a ser, el endurecimiento las condenas afectarán a conducciones de suministro eléctrico, telecomunicaciones, cobre o riego, además de tenerse en cuenta la reparación de los daños colaterales que se hayan cometido, como costes y tiempo de reparación o la interrupción del trabajo, tal y como dejó entrever este viernes el propio Arias Cañete.

Tipificación más clara en los incendios forestales

    Dentro de esa reforma del Código Penal que va a presentar esta semana el Ministerio de Justicia, se incluirá un endurecimiento de las penas para los autores de los incendios y que sea un juez quien decida las sanciones, sin que tengan que intervenir los jurados, como sucede hasta ahora, segúnavanzó también el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien ha mostrado asimismo su preocupación por el alto número de incendios ocurridos este final de año en Galicia, de los que la mayoría "han podido ser provocados".

   El ministro aseguró que el problema de cómo afrontar los incendios tiene dos vertientes distintas. Por un lado está que "las penas  de privación de libertad son muy reducidas". La otra, que el sistema judicial que las juzga, con jurados, "no está dando los resultados que esperábamos".

    Respecto a la primera, la reforma del Código Penal que el Gobierno va a llevar al Consejo de Ministros de las próxima semana "se ha introducido un endurecimiento muy notables de las penas de condena por los incendios forestales cuando pueda haber una circunstancias muy específicas, como es un peligro para la vida de las personas, que afecte a núcleos de población o que provoquen daños medioambientales", destacó el ministro. Asimismo, también habrá una "mejor definición de los tipos para que puedan ser sancionados".

Mejor un juez ordinario que un jurado

   En relación a la segunda vertiente, Miguel Arias detalló que estos incendios tiene una "peculiariedad que les hace difícil ser sancionados. Y es que en nuestro sistema judicial es el jurado el que determina la culpabilidad del infractor en los incendios forestales. Y los jurados se eligen en las zonas donde está el Juzgado competente para esta situación y lo que sucede es que como los jurados, en lo sitios pequeños, se conocen todos a todos, es muy difícil que establezcan una condena a un vecino con el que va a convivir mucho tiempo".

   Por eso, el Gobierno cree que debe ser un juez ordinario el que juzgue los delitos, sin la intervención del jurado. "Con estas dos vertientes, endurecimiento de las penas y que sea el juez quien lo haga puede cambiar completamente la situación"., aseveró el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

    Además, Miguel Arias Cañete ha mostrado su gran preocupación por el final del verano en Galicia, por el viento nordeste y por el alto número de incendios "intencionados, porque es imposible que haya este número en una sola comunidad. No es normal".

ENLACE  A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/78/espana/65427/la%20reforma%20del%20codigo%20penal%20endurecera%20este%20viernes%20las%20penas%20por%20robos%20agrarios%20e%20incendios.aspx

La aplicación de la Orden IET/2013, de 1 de agosto, cuya entrada en vigor se produjo el 3/agosto/2013, motivada para reducir el déficit tarifario, supone un importante aumento del precio de la electricidad, que ya está teniendo un impacto tremendamente negativo sobre los regantes castellanos y leoneses. El nuevo escenario que se ha dibujado tras la decisión del Ejecutivo Estatal e»stá resultando devastador para la estabilidad económica de una pieza crucial en el entramado agrario regional como son los pozos de riego, ya que los agricultores están soportando un incremento medio del 125% en el Término de Potencia de su factura eléctrica», según denuncia UCCL. Así, si un pozo de media/alta tensión con una potencia contratada de 50 Kw pagaba 2.249 euros al año como parte fija de la factura, en concepto de Término de Potencia o Mínimo, en lo sucesivo tendrá que abonar por el mismo concepto 5.060 euros (+125%).

   Según señala la organización agraria en un comunicado, «es un incremento que no se ve compensado con la disminución del precio del Kw consumido que está aproximadamente en un intervalo del 15-20%, también reflejado en la factura».

   Como se ritica en la nota, «esto es lo que se están encontrando los regantes en las facturas que recogen los consumos realizados a partir del 3 de agosto y que ya están llegando a casa de los agricultores durante este mes de septiembre».

  Según cálculos realizados por la UCCL al final los cultivadores de regadío tendrán que afrontar una subida en sus facturas de riego de una media del 14%, dependiendo en cada caso de los precios que tuvieran en sus antiguos contratos.

   En el caso de los contratos de baja tensión, una modalidad que utilizan también los regantes y muchas explotaciones ganaderas, «las perspectivas son aún peores, ya que los incrementos de los Mínimos para este tipo de instalaciones superan el 140% respecto a las cantidades que venían satisfaciendo hasta ahora».

   Ante este panorama la Unión de Campesinos de Castilla y León-UCCL, insta a los agricultores de regadío a que analicen pormenorizadamente sus contratos, y optimicen al máximo sus potencias contratadas, máxime cuando es justo a partir de ahora cuando se deja de regar y es el Término de Potencia el único que se plasma en la factura durante los meses del invierno.

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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños. Fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han adelantado a EFEverde que la modificación regula la actividad registral de la administración hidráulica y establece criterios técnicos de valoración de los daños al dominio público hidráulico en desarrollo de la legislación sobre infracciones y sanciones en materia de aguas. Con el Real Decreto se «reordena» la organización y funcionamiento del Registro de Aguas (se homogeneiza y actualiza su contenido a los nuevos avances tecnológicos), se dota de efectividad la Base Central del Agua (para conocer y difundir los usos del agua en toda España) y se desarrollan los criterios que deben aplicarse para valorar daños que pudieran ser de infracción.

   Además, pretende «aumentar la eficacia de la administración» con la simplificación de los procedimientos y menos cargas administrativas, añadieron las fuentes.

    La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó esta semana la aprobación de esta modificación durante la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA), que impulsa medidas concretas para evitar duplicidades y ahorrar costes en las distintas administraciones del Estado.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/75/politica%20hidraulica/64976/el%20gobierno%20aprueba%20modificar%20el%20reglamento%20de%20dominio%20publico%20hidraulico.aspx