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(Comunidad Valenciana) PARTIDOS | > AREA: Política

11-03-2013 / 15:40 h EFE

EU pedirá la creación de una comisión mixta de las consellerias de Agricultura y Sanidad y de los ayuntamientos de los municipios de la Ribera para que «actúen» ante la contaminación del agua, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) obligue a que el suministro para el consumo humano provenga de aguas superficiales del río.

Según informa esta formación en un comunicado, la coordinadora de EUPV en Les Corts, Marga Sanz, y el diputado de EUPV-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, se han reunido hoy mañana con los concejales de los grupos municipales de esta formación en la comarca de la Ribera para estudiar diversas iniciativas parlamentarias, que trasladarán al parlamento valenciano y al Congreso.

Consideran que hace falta una actuación «urgente» sobre la presencia y el control de pesticidas en las aguas y sobre sus consecuencias en la salud de las personas, «que pueden haber sido envenenadas paulatinamente».

Los diputados de EU han acusado a la Generalitat, a los ayuntamientos, la CHJ y la concesionaria Aguas de Valencia de «suprema negligencia e irresponsabilidad».

Reclaman que el problema del agua en la Ribera «se solucione desde todos los ámbitos», y que se garantice que la potabilizadora se ponga en marcha lo más pronto posible para abastecer a los municipios de la comarca.

Según la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, la Generalitat ha incurrido en «una dejadez sin límites», ya que «es incapaz de acabar la necesaria y urgente depuradora».

Exige asimismo al Consell que informe si dispone de una línea presupuestaria «y si no, que la establezca», ya que la salud de las personas es «prioritaria».

Sanz cuestiona asimismo que no se previniera a los municipios tras detectar el pasado mes de junio la primera contaminación del agua en Carcaixent, en septiembre en Llaurí y ahora en Alzira, «después de al menos un mes de consumo».

EU reclama que se cumplan las analíticas y los controles exhaustivos, y se adopten las medidas adecuadas a través de la comisión mixta de la Generalitat y los municipios afectados.

Por su parte, Ricardo Sixto ha anunciado que reivindicará en el Congreso el Plan de Cuenca del Júcar, y pedirá a la CHJ que «obligue» a la Generalitat a que el consumo de agua potable venga de aguas superficiales y no, como hasta ahora, de aguas subterráneas.

La secretaria general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presentado los principales argumentos defendidos por España en el marco de las negociaciones de la Reforma de la PAC en relación con los pagos directos y la OCM única. Ha sido en su intervención en la mesa redonda sobre ‘La PAC después de 2013’ que se ha celebrado en el marco del IX Congreso Nacional del Maíz en Lisboa. García Tejerina ha recordado que, en relación con los pagos directos, la propuesta de la Comisión plantea sustituir el actual modelo histórico de pago único por un régimen de pago básico por hectárea admisible, con derechos de pago uniformes en 2019, tras un periodo transitorio. Un cambio, ha señalado la secretaria general, que en el caso español “podría provocar trasvases significativos de ayudas entre productores, sectores y territorios, y producir graves desajustes en las ayudas percibidas, poniendo en riesgo la viabilidad de d

   En este ámbito García Tejerina ha señalado cómo desde el inicio de las negociaciones España ha defendido la necesidad de establecer un mecanismo de convergencia interna por aproximación, más progresivo y limitado en el tiempo, para tratar de limar las diferencias entre lo percibido con el modelo actual y con el nuevo”. También ha destacado el interés de España “de limitar el número de hectáreas admisibles que pueden entrar en el sistema de pago básico, mediante el establecimiento de un periodo de referencia anterior a 2014”.

    En relación con otra de las propuestas de la Comisión, como es la introducción de un componente verde o ‘greening’ obligatorio, para apoyar diversas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, la secretaria general ha subrayado que para España es esencial que la propuesta se ajuste, “para que se tenga en cuenta la diversidad de producciones y la realidad agraria de los países mediterráneos”.

    En este sentido, ha añadido que “se considera imprescindible flexibilizar la propuesta de la Comisión sobre la diversificación de cultivos y el mantenimiento de las superficies de interés ecológico ya que, en muchos casos, las medidas propuestas no son aplicables a una agricultura mediterránea como la española”. 

    Por otro lado, y con respecto al mantenimiento de las superficies de interés ecológico, García Tejerina ha explicado que desde la posición española se propone “un umbral mínimo de 20 hectáreas, que se reduzca el porcentaje del 7% al 3%, y que se incluyan dentro de esta categoría y se reconozca el valor ambiental intrínseco de ciertos tipos de producciones agrarias”. En este apartado se incluirían las superficies en zonas Natura 2000, los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua, los cultivos como las leguminosas o las superficies acogidas a medidas agroambientales.

    En relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se crea la OCM única, la secretaria general ha puntualizado que “es preciso avanzar hacia la creación de una verdadera red de seguridad de protección de los mercados, que atienda a todos los productos con problemática similar”. En ésta línea, ha destacado los cereales, indicando que se reclama el mantenimiento de la intervención pública para trigo duro y sorgo, así como la apertura obligatoria del mecanismo de intervención en caso necesario. 

    También ha abogado por un mecanismo de revisión y actualización de los precios de referencia para todos los sectores y, cara a la protección de los mercados, ha resaltado la necesidad de seguir trabajando en la ampliación de las medidas excepcionales propuestas a todos los sectores sin excepción. “Dichas medidas deberían poder contar con una dotación financiera adecuada y ser los suficientemente flexibles para poder hacer frente a cualquier situación de crisis”, ha subrayado.

D. MARTÍNEZ / alicante

Día 11/01/2013

Temas relacionados

El Plan de Demarcación de la cuenca concedería a Castilla-La Mancha poder de decisión sobre la transferencia interna de la Comunidad

El Plan de Demarcación del Júcar -que marcará los límites territoriales de la cuenca- que prepara el Ministerio de Medio Ambiente puede influir de forma decisiva en la planificación hídrica de la Comunidad a largo plazo. Si finalmente se atienden las pretensiones de Castilla-La Mancha y la región vecina gana peso en los órganos de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), peligra incluso la gestión del trasvase Júcar-Vinalopó.

A pesar de que se trata un trasvase entre dos provincias de la Comunidad Valenciana, la región castellano-manchega podría llegar a tener la última palabra sobre la transferencia. Según las fuentes del sector consultadas por ABC, de salir adelante el Plan de Demarcación tal como está planteado en la actualidad, el Vinalopó-Alacantí, la cuenca de destino, se segregaría del Júcar.

Si a esto se une un mayor peso de las instituciones y regantes castellano-manchegos en los órganos de decisión, el resultado es que el Júcar-Vinalopó sería un trasvase de una cuenca controlado por Castilla-La Mancha hacia otra cuenca intracomunitaria distinta -de nueva creación-,

Sede de la CHJ

El Plan de Demarcación puede así tener consecuencias nefastas para el regadío alicantino. Si bien las obras del trasvase están terminadas -y el criterio de la CHJ no sería vinculante, aunque sí influyente, en la negociación con la empresa estatal Acuamed para volver a la toma original-, las normas de explotación de la transferencia y el envío de caudales sí necesitarían el visto bueno de Castilla-La Mancha.

De esta manera, sería la región vecina la que decidiría en última instancia el número de hectómetros cúbicos que se enviarían al Vinalopó desde la toma en el Júcar. Incluso, el hecho de que la transferencia se convirtiese en un trasvase entre dos cuencas distintas (como lo es el Tajo-Segura, por ejemplo) podría complicar la gestión y la toma de decisiones sobre los caudales, y obligar a crear una comisión de explotación supraterritorial.

En este sentido, cabe recordar que el Vinalopó espera recibir un máximo de 80 hectómetros cúbicos al año.

En otro plano distinto, al margen de las decisiones sobre la gestión de la cuenca, el Plan de Demarcación podría motivar el traslado de la sede de la CHJ, hoy en Valencia, a la provincia de Albacete. Asimismo, sería Castilla-La Mancha quien podría decidir el nombre de su presidente -tradicionalmente, esta decisión ha correspondido a la Comunidad Valenciana-.

Alegaciones

El Consell y los regantes valencianos, en cualquier caso, ya han trasladado al Ministerio sus alegaciones y el voto en contra al Plan de Demarcación -que debe ser ratificado por el Consejo del Agua-, y recuerda la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de septiembre de 2011, que consideraba al Júcar como una cuenca intercomunitaria (es decir, compartida por varias regiones).

Otro de los asuntos espinosos es el cálculo del peso proporcional de cada comunidad en los órganos de gobierno. Actualmente se calcula en base a la población -el 90% de la cual está en la Comunidad-, pero Castilla-La Mancha pretende que se realice en base al territorio -sería así solo el 50%-.

Por su parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, se reunió ayer con los Usuarios del Júcar (USUJ), a quienes trasladó que «no apoyaremos ninguna medida que nos quite capacidad de decisión sobre el Júcar».

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El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado que tendrán en cuenta las alegaciones de los regantes del Segura al plan de cuenca del Tajo, y que, si fuera necesario, el Ministerio «dará margen para depurarlo y llegar a un plan mejor». Ramos, que ha hecho estas declaraciones antes de clausurar las octavas jornadas técnicas de saneamiento y depuración celebradas en Murcia, ha lamentado además que la planificación y la gestión de las cuencas haya estado olvidada en las pasadas legislaturas.

De hecho, ha comentado que el citado plan del Tajo «ni siquiera se había sacado a información pública, cuando había un compromiso para que todos los planes de cuenca españoles estuvieran acabados en el año 2009, compromiso con la Comisión Europea que se ha retrasado a diciembre de 2013.

El secretario de Estado ha recalcado que el Gobierno quiere volver a impulsar esa gestión del agua en la que España «siempre ha sido un referente», como lo demuestra que algunos países pregunten a las empresas y autoridades españolas por las últimas novedades en la materia.

Ha avanzado que el plan del Tajo estará seis meses en información pública para que los interesados, entre ellos el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), puedan estudiarlo y presentar las oportunas alegaciones.

«No se aprobará sorpresivamente», ha afirmado, y ha dicho que este sindicato de regantes podrá participar y conocer todos los datos puesto que «no hay ningún interés en no ser transparentes», ha añadido.

Además, ha indicado que había un trabajo previo realizado sobre el que el ministerio ha tenido «que ir haciendo mejoras y correcciones, y habrá margen para depurarlo para llegar a un plan mejor», ha insistido

23-10-2012 / 15:11 h EFE

Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentra al 36,5% de su capacidad, dos décimas más que la semana pasada, mientras que los del Segura está al 39,9%, dos décimas menos.

En España, la reserva hidráulica se encuentra al 45,6 por ciento de su capacidad total, con 25.252 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa una disminución de 475 hectómetros cúbicos, un 0,9 por ciento más que la semana anterior.

Las cuencas con menor porcentaje de agua embalsada son las del Duero, 36,4%; Júcar, 36,5%; Ebro, 38,6%; Tajo, 39,3%; y Segura, 39,9%.

Según ha informado hoy el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado, las mayores lluvias se han producido en San Sebastián con 114 litros por metro cuadrado.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua Embalsada

—— ——— —————- —————

.Galicia Costa 684 364 53,2 %

.Miño Sil 3.030 1.372 45,3 %

.Cantábrico 633 378 59,6 %

.CCI P. Vasco 21 13 61,9 %

.Duero 7.507 2.732 36,4 %

.Tajo 11.012 4.234 39,3 %

.Guadiana 8.635 5.016 58,1 %

.C.Atl.And. 1.878 636 63,0 %

.Guadalquivir 8.101 4.282 52,9 %

.C.Medit.And. 1.177 636 54,0 %

.Segura 1.141 455 39,9 %

.Júcar 3.336 1.218 36,5 %

.Ebro 7.507 2.896 38,6 %

.Cataluña 736 382 51,9 %

.TOTAL 55.398 25.252 45,6 %.

El proyecto para la segunda fase de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental se ha desbloqueado hoy, tras varios años paralizado, y comenzará en unos meses, según ha informado la Junta en un comunicado.

La puesta en marcha de este proyecto, -que salió a licitación en septiembre de 2007, pero se paralizó-, se ha producido tras la reunión mantenida entre la Consejería de Fomento, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de ejecutar el proyecto.

El Gobierno regional ha explicado que en este encuentro se han dado los primeros pasos para reiniciar la segunda fase de sustitución de estos bombeos, un proyecto mediante el cual se utilizan aguas superficiales para conseguir el equilibrio medioambiental del río Júcar y el acuífero de la Mancha Oriental.

De acuerdo con el comunicado de la Junta, los representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Paco Belmonte y Herminio Molina, han trasladado al director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Aquilino Iniesta, su satisfacción y agradecimiento.

Por su parte, la presidenta de la Confederación del Júcar, María de los Ángeles Ureña, ha valorado el reinicio de esta obra, que ha considerado de prioritaria.

Para acometer esta segunda fase, se cuenta con un presupuesto inicial de 100 millones de euros, con los que se construirán diversas estructuras, como tuberías y balsas de regulación.