En un año, los precios de los productos agrícolas y ganaderos han experimentado importantes oscilaciones tanto al alza como a la baja. Las frutas y hortalizas ponen los peores datos. La mayor caída la sufren el pimiento verde italiano y los tomates. Los productores han pasado de recibir 199,34 euros por 100/kg, en la semana del 4 al 10 de abril de 2010, a 66,68 euros 100/kg, en la misma semana de 2011, lo que supone un descenso del -66,5 por ciento. Lo mismo para el tomate que pasa de 98,71 euros/100 kg a 39,22, según los datos del último informe semanal de coyuntura del Ministerio de Medio Rural.

Importantes también han sido los retrocesos de los limones (-46,2 por ciento) y la patata (-44 por ciento). Además, aunque en la mayor parte de frutas y hortalizas bajan los precios encontramos datos positivos en la cebolla ( +33,7 por ciento), la manzana (+4,4 por ciento) y la judía verde (+1,06 por ciento).

El aceite presenta a la salida de la almazara datos al alza para el de girasol (+38,08 por ciento), para el aceite de orujo (+8,4 por ciento) y para el de oliva lampante (+0,2 por ciento). Sin embargo, cae el aceite de oliva virgen de 0,8 a 2 grados (-3,5 por ciento.

Los datos positivos los ponen los cereales y el vino. Sube la cebada pienso un +77,4 por ciento; el maíz (+59,5 por ciento) el trigo blando panificable (+58,6 por ciento); el arroz de cáscara (+35,3 por ciento); y alfalfa (+7,02 por ciento). El vino por su parte sube un +7,02 por ciento el blanco sin IGP y un +15,17 por ciento el tinto sin IGP.

En el caso de los productos ganaderos encontramos subidas generalizadas salvo para los huevos, tanto de clase M (-28,9 por ciento) como de clase L (-19,5 por ciento). Por su parte el porcino sube una media del +22 por ciento, el pollo un +12 por ciento y el conejo un +0,5 por ciento.

EFE.- Fuentes del MARM han subrayado a Efeagro que se trata de casos «en los que la Comisión Europea considera que los controles realizados por las autoridades españolas no eran lo suficientes» o no reflejaban «todos los extremos recogidos en la normativa comunitaria» o incluso existen «diferencias de interpretación de la normativa».

Han recordado que estas correcciones financieras de la CE «son menos del 1,1 % de los gastos anuales» y que «si se consideran como un indicador de calidad de los pagos realizados, podemos decir que la práctica totalidad de los pagos se vienen realizando correctamente».

«Los ciudadanos pueden confiar en que su dinero está debidamente controlado», han remarcado.

En el caso de la ayuda a la producción del aceite, en el que la CE exige la devolución de 70,9 millones, han afirmado que «se trata de un régimen de ayuda que concluyó en la campaña 2004/2005 y ya no existe, y que los errores del extinto SIG Oleicola no se han repetido en el actual Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas)».

Las mismas fuentes han señalado que en las ayudas a las frutas y hortalizas, en las que pide la devolución de 37,2 millones, «es una cuestión de interpretación normativa (relativa a envases reciclables) sobre la que España y la Comisión no han llegado a un acuerdo», y sobre la que se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cuanto a las primas ganaderas, han indicado que corresponden a «las solicitudes de ayuda de los años 2003 y 2004, cuyas deficiencias en los controles ya han sido subsanadas».

Fuentes del MARM han recordado que los beneficiarios finales de las ayudas «no se ven afectados por estas correcciones financieras».

La Comisión Europea (CE) exigió hoy a España la devolución de 115,7 millones de euros por irregularidades en la gestión de los fondos agrícolas europeos, según informaron fuentes comunitarias.

Bruselas aprobó una «liquidación de cuentas» por la que reclama a España y a otros nueve países más el reembolso de dinero por considerar que ha habido «incumplimiento de las reglas o un control inadecuado» de las dotaciones de la Política Agrícola Común (PAC), según las fuentes.

La intención del Ejecutivo comunitario es armonizar los impuestos especiales sobre hidrocarburos lo que supondría la equiparación de gasóleo agrícola y convencional supondría una subida de al menos 30 céntimos/litro para el sector primario.

Madrid – Agrocope

El objetivo teórico de la Comisión Europea es armonizar los impuestos especiales sobre hidrocarburos y eliminar la condición especial del gasóleo agrícola, que es más barato que el de automoción al estar menos gravado con impuestos. En esencia, la Comisión propone eliminar el artículo 15 de la directiva del año 2003, por el cual se permite que los países miembros puedan aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y la electricidad utilizados en «labores agrarias, hortícolas, piscícolas y forestales» y en todo caso, permite un nivel impositivo a los carburantes utilizados en este tipo de actividades productivas.

La medida, explica UPA, eliminaría el carácter fiscal especial del gasóleo utilizado en agricultura y equipararía su precio al gasóleo convencional, lo que, a juicio de UPA «sería el fin de muchos agricultores, que apenas pueden ya llenar el depósito del tractor«. Asimismo, supondría, según los servicios técnicos de la organización, una subida mínima de 30 céntimos por litro de gasoil.

Según UPA, un elemento más para la incertidumbre es la iniciativa comunitaria de incrementar la imposición a los carburantes más contaminantes: gasóleo y carbón. En este sentido, y a expensas de confirmar que el gasóleo agrícola no se viera afectado, supondría un incremento notablemente superior al anteriormente indicado por lo que las consecuencias que tendría sobre el sector agrario podrían ser definitivas.

UPA ha motivado el inicio de conversaciones entre el sector y los ministerios de Economía y de Medio Rural para conseguir consensuar una posición «clara, rotunda y firme» que evite mayores subidas el gasóleo agrícola que supondría aumentar aún más unos costes de producción «completamente desbocados». «En un contexto donde el propio Gobierno admite que la situación del sector agrario español es tan precaria que se hace necesario la devolución total del IEH no se entendería que se aplicaran estas iniciativas».

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha declarado la legalidad de un trasvase de aguas del Tajo al Segura para la supervivencia de las plantas leñosas y se ha negado a plantear la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como le había pedido la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que la citada asociación recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de enero de 2009 por el que se decidió trasvasar veinte hectómetros cúbicos de agua de la cabecera del Tajo al Segura con destino a un riego de socorro.

En su reclamación, los demandantes señalaron que «los trasvases alteran el nivel de los embalses y tienen una importante repercusión ecológica desde el punto de vista de la supervivencia de determinadas especies y desde la perspectiva del paisaje».

Por ello pidieron al Alto Tribunal que elevara el asunto a los tribunales europeos al entender que «no puede resolverse el conflicto planteado únicamente aplicando la legislación nacional, que no recoge protección ambiental alguna y entendemos que contradice las directivas comunitarias en materia de medio ambiente».

Al rechazar este extremo del recurso, la Sala de lo Contencioso indica que la propuesta es «improcedente», y añade que las directivas europeas en la materia han sido incorporadas ya a la legislación española a través, entre otras, de la Ley de 2006 que «introdujo importantes cambios para dar cumplimiento a las exigencias comunitarias y clarificar y racionalizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental».

En cuanto a la necesidad de que estos trasvases deban contar previamente con el informe previsto en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, el tribunal reitera su jurisprudencia de que las normas autonómicas no son de aplicación en el caso de los trasvases de cuencas intercomunitarias.

El TS rechaza la interpretación que hace la citada Asociación, y afirma que las leyes autonómicas deben interpretarse «únicamente conforme a la Constitución, de modo que quedan proscritas aquellas interpretaciones que supongan una vulneración de la misma, que es lo que sucedería si en los trasvases relativos a las diferentes cuencas se hiciera tabla rasa de la diferenciación entre cuencas intercomunitarias e intracomunitarias».

La sentencia señala también que el trasvase es concebido en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, de 2001, «como un importante instrumento vertebrador del territorio, evitando que zonas con déficits estructurales de recursos hídricos vean estrangulado y amenazado su desarrollo económico y social por la incertidumbre del suministro de agua».

Afirma también la Sala que con el desembalse acordado por el Gobierno para este riego de socorro no se rebasó el límite de los 240 hectómetros cúbicos previsto por la Ley como volumen a partir del cual no se podrá trasvasar.

El recurso, que no ha prosperado ante el Tribunal Supremo, contó con la oposición del la Generalidad Valenciana y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, con sede en Murcia.

Los embalses de la cuenca del Júcar disponen de un total de 1.980 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 59,4 por ciento de la reserva, según un comunicado de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Esta cifra supone un incremento de 15 hectómetros respecto a la semana pasada y de 7,5 puntos en relación al año pasado por estas fechas.

Respecto a hace dos años, la reserva de agua ha aumentado en 20,6 puntos, y sobre la media de los últimos cinco años ha aumentado en 27,9 puntos.

El agua embalsada en el conjunto de España ha aumentado un 29,2 por ciento sobre la media de la última década, un incremento «significativamente» inferior al experimentado por la cuenca del Júcar. EFE

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha criticado hoy la ausencia de una política nacional del agua, que ha provocado enfrentamientos entre comunidades autónomas y ha mantenido que la «tubería manchega» es un trasvase dentro de la misma región.

En una entrevista en el programa Gente de Castilla-La Mancha de la emisora radiofónica Onda Cero, que ha recogido Efe, Cospedal ha afirmado «el problema que hemos tenido, tanto en Castilla-La Mancha como en cualquier otro sitio de España, es que la política nacional del agua ha estado ausente».

Según Cospedal, la única política nacional del agua que ha existido durante los últimos siete años «es que las comunidades autónomas o los gobiernos de comunidades autónomas se peleen entre sí», lo que a su juicio «es un disparate y una barbaridad».

También ha considerado que es «una tremenda irresponsabilidad», porque «el tema del agua es un problema que afecta a toda España y de manera muy especial a Castilla-La Mancha».

En este sentido, ha cuestionado la postura del PSOE de Castilla-La Mancha que está diciendo no a los trasvases y está de acuerdo con la tubería de abastecimiento a la llanura manchega.

Se ha preguntado si este proyecto «es llevar agua desde el Tajo al Guadiana o no lo es» y si «eso no es llevar agua desde una cuenca hidrográfica a otra o no lo es».

«Aquí a quién queremos engañar, eso son trasvases interiores dentro de la propia comunidad autónoma y dentro de las distintas cuencas hidrográficas y el que diga lo contrario miente», ha aseverado Cospedal.

Ha añadido: «esto de hacer demagogia con el agua cuando llegan las elecciones ya nadie se lo cree», porque «aquí llevamos 30 años hablando de agua».

Cospedal ha dicho que el planteamiento del PP es que se recupere una política nacional del agua, con un plan hídrico nacional actualizado -«porque obviamente no puede ser el mismo que teníamos hace unos años»-, que garantice el agua en Castilla-La Mancha.

«En Castilla-La Mancha podemos utilizar muy bien el agua que pasa por nuestra tierra y si tuviéramos un plan nacional del agua la presión que tenemos para que haya que trasladar agua a otras comunidades autónomas disminuiría mucho», ha aseverado.

En España «hay agua para todos, lo que ocurre es que está muy mal distribuida, esa es la pura verdad», ha advertido Cospedal, quien ha señalado «por eso en su día se optó por un Plan Hidrológico Nacional y sin embargo ahora no lo tenemos».

Talavera de la Reina (Toledo), 31 mar (EFE).- La presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, ha recalcado en Talavera de la Reina, como también dijo ayer en Elche (Alicante), que si el PP gobierna en España pondrá en marcha un plan hídrico nacional y tendrá una política del agua que no sea «engañar y mentir».

Cospedal ha participado hoy en un almuerzo con militantes en Talavera de la Reina junto al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el candidato del PP a la Alcaldía talaverana, Gonzalo Lago.

Ha explicado que el PP es «un partido nacional» que ha elaborado una campaña con un programa electoral «que vale para toda España» aunque tenga peculiaridades en los distintos municipios y comunidades autónomas.

En este sentido se ha referido al agua: «ayer lo hice en Alicante y hoy en Talavera. Cuando el PP gobierne tendremos una política del agua que no consistirá ni en engañar ni en mentir, sino en que tengamos agua de calidad y en cantidad y un plan hídrico nacional actualizado a la situación actual».

Ha añadido que Castilla-La Mancha tiene derecho al agua que pasa por su territorio y «todas las regiones de España tienen derecho a la solidaridad en materia de agua».

La también secretaria general del PP ha recalcado que la prioridad de su partido es la creación de empleo y ha avanzado que si gana las elecciones de mayo pondrá en marcha «inmediatamente» un plan de choque para la recuperación económica de Talavera de la Reina.

María Dolores de Cospedal ha destacado que este momento es «de esperanza, alegría e ilusión» para los militantes y simpatizantes del Partido Popular, pero les ha pedido «trabajar» para que «éso que dicen las encuestas» se haga realidad.

Por su parte, Gonzalo Lago ha lamentado el desempleo que hay en Talavera de la Reina pese a ser «una ciudad de emprendedores», ha apuntado, y ha recibido aplausos cuando ha hablado de los problemas de agricultores y ganaderos.

Lago, que es médico de profesión, ha hecho un símil entre política y medicina y ha apuntado que «Zapatero es un auténtico cuadro clínico que hay que tratar». EFE lsy

Así lo ha indicado el presidente de los regantes españoles, Andrés del Campo, en una entrevista concedida a Efeagro para analizar las preocupaciones y de las principales reivindicaciones del sector.

29/03/2011 (Noticia leida 104 veces)

EFE.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha advertido de que los costes energéticos a los que tienen que hacer frente en la actualidad los agricultores españoles ponen en peligro la modernización de cerca de un millón de hectáreas de regadío.

Así lo ha indicado el presidente de los regantes españoles, Andrés del Campo, en una entrevista concedida a Efeagro para analizar las preocupaciones y de las principales reivindicaciones del sector.

Según ha explicado, si las circunstancias actuales no se modifican «va a ser difícil» modernizar los regadíos españoles y, en especial, los de zonas interiores de la Península «que son los que más lo necesitan».

Del Campo ha argumentado que esta modernización consiste en transformar unos sistemas de superficie «de coste energético cero» en riegos de presión -por aspersión o localizados-, con un coste adicional en energía, al que se suma el tiempo necesario para su amortización, «que es casi una hipoteca a 50 años».

«Se tendrá que estudiar la máxima eficiencia energética y económica de la modernización de los regadíos, y de esto dependerá si es viable o no la transformación», ha remarcado.

En esta misma línea, ha denunciado que los regadíos transformados en la primera fase del Plan de Modernización, en el horizonte 2008, -antes de la liberalización del mercado eléctrico- se acometieron con unos estudios económicos basados en costes energéticos «que eran una cuarta parte de los actuales».

Otro de los problemas planteados por Del Campo es que los agricultores que han afrontado estas reformas no pueden adaptar las nuevas infraestructuras a mejores tarifas energéticas, como la nocturna.

«Mucho de los regadíos que ya se han modernizado pueden resultar inviables y habrá que rediseñarlos de nuevo; si has hecho una programación de riego para 24 horas, no puedes regar sólo por la noche, porque si no riegas la mitad», ha incidido.

En esta fase inicial de adaptación de las estructuras de riego, los agricultores españoles remodelaron cerca de 800.000 hectáreas, con un coste aproximado de 9.000 euros por hectárea, según los datos que maneja Fenacore.

El máximo representante de los regantes ha alertado, además, de que «ya está ocurriendo» que en algunas zonas regables modernizadas se está sembrando cultivos de secano para no consumir energía, «con lo cuál la actividad agraria resulta inviable desde el punto de vista económico».

En este contexto, en el que el coste del término de potencia «se ha encarecido más de un 450 %» según datos de Fenacore, Del Campo ha constatado la «buena voluntad» del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para hacer frente a este problema, aunque «no se haya conseguido nada realmente positivo en las negociaciones» con el Ministerio de Industria.

Entre otras medidas, los regantes abogan por una reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), una petición que ya han conseguido sus colegas italianos y a la que, según Fenacore, el Senado y el Congreso dieron el visto bueno el pasado año, pero que finalmente el Gobierno rechazó.

También piden a los ministerios implicados que se priorice la producción de energía alternativa para autoconsumo de regadíos, así como la posibilidad de una tarifa específica para riego, porque de lo contrario «muchas zonas regables pueden estar abandonadas en muy breve plazo».

Los embalses de la cuenca del Júcar disponen de un total de 1.949 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 58,4 por ciento de la reserva, según han informado en un comunicado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Esta cifra supone un incremento de 29 hectómetros respecto a la semana pasada y de 7,2 puntos en relación al año pasado por estas fechas.

Respecto a hace dos años, la reserva de agua ha aumentado en 20,8 puntos, y sobre la media de los últimos cinco años ha aumentado en 27,8 puntos.

El agua embalsada en el conjunto de España ha aumentado un 30,4 por ciento sobre la media de la última década, un incremento «significativamente» inferior al experimentado por la cuenca del Júcar. EFE