El presidente de ASAJA y vicepresidente de la CEOE, Pedro Barato, ha criticado hoy los pasos y planteamiento de la nueva titular de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ante la futura Política Agraria Común (PAC). 

Barato, que ha asistido en Pamplona al XI congreso de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, que ha elegido a Félix Bariain como nuevo presidente con el 84,81% de los votos, ha adelantado que ASAJA «no aceptará modulaciones que estamos pagando todos» sino ayudas al profesional «por producir y por estar en los pueblos».

Pero ha advertido de que «si no hay dinero en Bruselas no se va a hacer ninguna política» y la ministra Rosa Aguilar no habla de ello sino que «ya está hablando de filosofía».

Tras coincidir con Bariain en otras medidas que la nueva PAC debe incluir sobre mercados y precios, un capítulo éste que ha calificado de «importantísimo» para que no sean inferiores a los costes de producción, el presidente de ASAJA ha señalado que la próxima PAC llegará «cargada de política verde».

Una política medioambiental que «tiene que ser en primer lugar para los productores y las zonas rurales, no para hacer otras cosas», ha dicho para subrayar que son 1.800 millones de euros los que «se juegan en el desarrollo rural».

«Pero no me gusta el camino que llevamos con la ministra, controlando lo mío con los ecologistas», ha afirmado, y ha añadido que éste es «un camino totalmente equivocado».

Bariain por su parte ha pedido no solo presupuestos para la futura PAC sino que esta incluya «medidas imprescindibles» como las necesarias para frenar la «especulación», controlar las importaciones o proteger el etiquetado para salvaguardar las D.O.

Además ha señalado las dudas que estos documentos plantean a la UAGN en materia de ayudas, capítulo en el que ha sostenido que éstas deben ser «para el trabajador del campo y de la granja, el verdadero profesional».

En el ámbito de Navarra ha adelantado que el Gobierno que salga de las elecciones de mayo contará con la disposición de la UAGN al diálogo y el consenso pero también le ha avisado que deberá defender al sector primario «con uñas y dientes» porque en caso contrario tendrá «enfrente» a este sindicato.

Así ha reclamado modernización de regadíos, concentraciones pensadas en los profesionales, apoyo a la montaña, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a la modernización de explotaciones, una consejería con proyectos e ideas y «ni un solo euro» de ayuda a las empresas que no les paguen «por encima del coste de producción».

Y junto a ello Bariain ha abogado por hacer «rentable» el cooperativismo y por la defensa del medio rural, al tiempo que ha puesto en valor servicios que presta la UAGN en ingeniería, asesoramiento jurídico y fiscal, formación o promoción de productos, entre otros, y que hay que «reconocer como se merecen».

El agua embalsada ha aumentado en 2.028 hm3 respecto a la semana anterior lo que supone un incremento del +3,6%. Destaca la Cuenca del Tajo que ha aumentado 554 hm3, mientras que la cuenca del Guadalquivir ha perdido 43 hm3.

Madrid – Madrid Silvia González Cerredelo

La reserva hidráulica acumula 40.222 hectómetros cúbicos, lo que supone 15.935 hm3 más que el pasado año y 12.371 hm3 más que la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la del Guadalquivir está al 85,3 por ciento; las del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 83,6 por ciento; la Atlántica Andaluza se encuentra al 81,8 por ciento; las internas de Cataluña están al 79,5 por ciento de su capacidad; y las Cuencas internas del País Vasco al  76,2.

También entre las cuencas con mayor caudal destacan las de Galicia costa (74,4 por ciento); la del Cantábrico al 73,6; el Miño-Sil al 72,9 por ciento; la del Duero al 70,6 por ciento; la del Ebro al 70,5; y la cuenca Mediterránea Andaluza al 68,1 por ciento.

En peor situación está la cuenca del Tajo, al 62,4 por ciento; la del Segura también al 60 por ciento y la del Júcar al 49,9 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas alcanza los 55.586 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 40.222 hm3. De éstos, 31.195 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 9.027 pertenecen a la vertiente mediterránea.

La reserva de agua de los embalses que componen la cuenca del Júcar ha aumentado un 66,4 por ciento respecto al año anterior, según el último informe hidrológico de tendencia hecho público hoy por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana.

Este incremento multiplica por 3,9 veces el registrado en la cuenca del Ebro en el mismo periodo, que fue de 16,9 por ciento, según las mismas fuentes.

Además, la reserva de agua de la cuenca del Júcar es en la actualidad un 117,5 por ciento más que la media de los últimos diez años, porcentaje a su vez 4,8 veces superior al registrado en los embalses de la cuenca del Ebro (24,3 por ciento) en el mismo periodo.

El agua embalsada en el conjunto de España en la actualidad se ha incrementado un 44,4 por ciento sobre la media de los últimos 10 años, incremento significativamente inferior al del 117,5 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar.

La cuenca del Júcar dispone hoy de reservas por un total de 1.664 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 49,9 por ciento total de la reserva -uso consuntivo más hidroeléctrico-, con un incremento de 664 hectómetros cúbicos respecto al año anterior.

También se debatirá sobre las actuaciones del Gobierno en el Plan de cuenca del Tajo

El pleno de las Cortes debatirá y votará hoy el proyecto de ley de reordenación del sector público de Castilla-La Mancha y acogerá un debate general, a propuesta del PSOE, sobre la actuaciones de la Junta en el proceso de revisión del Plan de cuenca del río Tajo.

La sesión comenzará con el debate y votación del dictamen sobre el proyecto de ley de reordenación del sector público de la Junta —en el último pleno se rechazó la enmienda a la totalidad a este proyecto de Ley, presentada por el PP—.

Seguirá el debate sobre las actuaciones del Gobierno regional en la revisión del plan de cuenca del Tajo y, a continuación, se votará una proposición no de ley, también del grupo socialista, sobre la protección y la cobertura de los trabajadores asalariados agrarios.

La sesión se cerrará con un bloque de doce preguntas de ambos grupos, siete de parlamentarios del PP y cinco de diputados socialistas. El PP preguntará por el Plan Especial del Alto Guadiana, la reducción de profesores en la Escuela Oficial de Idiomas de Albacete, las obras de construcción de la nueva depuradora de aguas residuales en Sacedón y la construcción de un colegio en Villamalea. También se interesarán los parlamentarios del Grupo Popular por la formación de jóvenes en el medio rural y su incorporación a la actividad agraria, y sobre la construcción de un centro de interpretación junto al azud de Pareja (Guadalajara).

Los socialistas preguntarán por el proyecto de mejora de la competitividad de las empresas de Almadén, la campaña del ajo, las ayudas con cargo al «Fondo verde» en Guadalajara, la inversión realizada en la zona regable de la Torre de Abraham (Ciudad Real) y las familias beneficiadas por los programas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

La iniciativa, del Grupo Parlamentario Popular, ha sido transaccionada por el Grupo Socialista y Convergencia i Unió (CiU).

El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular (PP), José Ignacio Llorens, ha explicado en su intervención que es «un clamor» de las organizaciones agrarias que se refuercen las medidas que eviten los numerosos robos que afectan al campo.

La PNL transaccionada defiende extremar las labores de vigilancia y protección de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los competentes en cada Comunidad Autónoma, para proteger las instalaciones, útiles, maquinaria, aperos, combustibles, cosechas y almacenamientos de las fincas agrarias y ganaderas de zonas consideras «sensibles».

Aboga por la protección especial de las áreas donde se realicen determinadas producciones y aquéllas donde se produzcan «un número considerable» de robos y hurtos, o que, por su naturaleza, sean especialmente inseguros.

Según ha destacado Llorens, la Proposición no de Ley insta también a realizar un seguimiento de los productos robados.

La diputada de CiU María Concepció Tarruella ha apoyado la propuesta porque la inseguridad en el campo es un asunto «grave» para muchas zonas del Estado, incluidas zonas rurales de Cataluña.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Emilio Amuedo ha aceptado que se realice un esfuerzo desde el Gobierno, junto con las comunidades autónomas y corporaciones locales, para mejorar la seguridad, aunque ha recordado que el nuevo Código Penal ha endurecido las penas y que la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en el campo.

Por otra parte, en la Comisión también se ha aprobado hoy por 21 votos a favor y 16 abstenciones una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió relativa a la eliminación de excedentes del sector de la viña y el vino.

Tarruella ha defendido en su intervención que la vendimia «en verde» se incorpore a las medidas que recoge el Plan Nacional de Apoyo al sector vitivinícola -que desarrolla la Organización Común de Mercado (OCM) en España- para contribuir a reducir los excedentes en el sector de la viña y el vino.

El PP ha apoyado la moción, mientras que el diputado socialista Antón Ferré ha planteado que en esta decisión participen también las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, y ha advertido de las dificultades de control que plantea esta iniciativa, que se traduciría en ayudas a los productores por eliminar parte de la uva antes de que ésta haya madurado.

Del mismo modo indicó que la norma recoge que en demarcaciones hidrográficas en las que coexisten más de una cuenca hidrográfica (caso del Júcar y Segura) es necesario que se delimiten correctamente las cuencas hidrográficas que conforman la demarcación. Y en tales casos, los balances de recursos y demandas se han de hacer no por sistemas de explotación, sino por cuenca hidrográfica.

Respecto a las infraestructuras de abastecimiento, cuya gestión asumirá el Gobierno autonómico, explicó que a la entrada en vigor de esta Ley se iniciará el proceso de traspaso a Castilla-La Mancha de la titularidad de todas las infraestructuras hidráulicas que está ejecutando el Estado, cuya gestión nos corresponda.

El presidente también explicó que dicha norma hace alusión a la lámina estable de agua en los embalses de cabecera, así como a la dotación suficiente para garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos.

La Ley del Agua de Castilla-La Mancha también hace alusión a los llamados «pozos de sequía» (Segura) y para evitar el abuso injustificado de los mismos se establece que la ejecución y explotación de este tipo de sondeos por parte de Confederaciones Hidrográficas, incluso en situaciones excepcionales, requerirá informe preceptivo de Castilla-La Mancha.

Entre otras cuestiones Barreda se refirió a la prioridad para el abastecimiento del río Júcar en Albacete. Se aprobarán, en el ámbito del Júcar, las normas de explotación que garanticen que el abastecimiento es, en todo caso, el uso prioritario, sin que se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier otro uso de menor prioridad.

Tras la explicación del contenido de esta norma, José María Barreda agradeció a todos los miembros de la Mesa del Agua, organizaciones agrarias, Cámara de Comercio, Universidad de Castilla-La Mancha, sindicatos, empresarios, la importancia de estar unidos en esta reivindicación y seguir haciendo pedagogía política para que la población tome conciencia de que se trata de un recurso importante para el crecimiento y desarrollo y que «tenemos nuestros derechos y los exigimos».

Barreda señaló que la nueva Ley del Agua de Castilla-La Mancha deberá ser apoyada por todas las fuerzas políticas, ya que aborda una cuestión que «debe estar por encima de los intereses electorales».

Apoyo de la Mesa

Los integrantes de la Mesa del Agua mostraron su apoyo al borrador de la Ley del Agua y coincidieron en la necesidad de que la región tenga garantizada el agua que necesita para su desarrollo.

El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, defendió la oportunidad de que la futura ley sea aprobada en las Cortes generales, al igual que se aprobaron en su momento normas como las del «concierto vasco» o la de la deuda histórica de Andalucía. Fresneda expresó el apoyo de Asaja al borrador de la Ley del Agua «porque la necesita» el medio rural de la región y aseguró que «no es justo que tengamos poco que decir en las confederaciones hidrográficas». En similares términos se expresó la secretaria de UPA de Toledo, Elena Escobar, que aludió a la «situación histórica injusta» que ha tenido la región en materia de agua, para justificar su apoyo al borrador.

COAG-IR destacó en un comunicado que la Ley de Agua es una «manifestación clara de las aspiraciones de los castellano-manchegos en materia hídrica» y un «mensaje claro al Gobierno» de que sus derechos en relación con el agua, con el desarrollo y con el medio ambiente, «no están por debajo de los de otras regiones».

También manifestó su apoyo el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, para quien la aprobación de la ley es «un paso imprescindible» para el desarrollo de la comunidad autónoma. El director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, dijo que para que la ley se desarrolle es preciso «ganarnos la complicidad de toda la sociedad».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, presidirá hoy la reunión de la Mesa del Agua en la que se va a presentar el borrador de la Ley de Agua que recoge las pretensiones de la región en materia hídrica. En el borrador se incluyen las reivindicaciones de la región que no salieron adelante al ser retirado el proyecto de reforma del Estatuto.

Pérez Rubalcaba ha anunciado estos planes al responder al senador popular Miguel Ángel Arauz, quien le había dicho que el Gobierno debería tomar nuevas medidas para la «situación insostenible» que viven los agricultores españoles, que «no aguantan más» ante los numerosos robos que sufren. A raíz de unas conversaciones con asociaciones de agricultores de Andalucía, Pérez Rubalcaba, según ha explicado en la Cámara Alta, ordenó a la Guardia Civil que hiciera «un estudio de inteligencia» sobre este tema, en el que participaron las 16 comandancias más vinculadas a este tipo de asaltos. Fruto de dicho trabajo han sido los nuevos planes puestos en marcha este mismo mes y que abordan desde el robo del cobre, «el más usual en los campos», ha reconocido Rubalcaba, a otros como el que se produce en la época de la recogida de la aceituna. También ha recordado que desde hace seis años hay un plan estratégico para aumentar la plantilla de la Guardia Civil. En la actualidad trabajan 84.000 agentes, 15.000 más que los que había cuando gobernaba el PP, ha destacado Rubalcaba, quien ha subrayado los 211 puestos principales que se han creado en este Cuerpo, cuyos miembros trabajan durante las 24 horas del día. Antes Arauz había reclamado al ministro un total de once medidas para frenar los robos, entre las que incluía trasladar guardias civiles y policías desde la ciudad al campo, así como habilitar a los policías locales, agentes de medio ambiente, guardas forestales y de cotos de caza para colaborar en la vigilancia de los campos. Además, ha propuesto una reforma del Código Penal por la que se considere delito el robo en una cuantía de 100 euros y no de 400 como hasta ahora. El senador popular ha asegurado que hay un sentimiento de «indefensión y rabia» entre la gente del campo, ya que solo se recupera el 24 por ciento de lo robado y ello hace que únicamente denuncien el 10 por ciento de las personas afectadas. «Estamos trabajando con planes específicos y confío que esa alarma pronto se disipe», ha insistido el ministro del Interior.

La reserva de agua de los embalses que componen la cuenca del Júcar ha aumentado un 64,5% respecto al año anterior, según el último informe hidrológico de tendencia hecho público hoy por la delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.624 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 48,7% del total del agua embalsada y con un incremento de 637 hectómetros cúbicos respecto al año anterior cuando el porcentaje de agua se situaba en un 29,6%.

Además, el incremento del agua embalsada registrado ahora en la cuenca del Júcar supone un 118,3% más que la media de los últimos diez años, una cifra «sensiblemente» superior al 39,2% de aumento que han experimentado las reservas de agua en el conjunto de España como media de la última década.

El Gobierno considera que la Comunitat Valenciana no sufre ningún problema de abastecimiento y tiene el agua asegurada para atender las necesidades de la población, la industria y el turismo.

Así responde el Ejecutivo a una pregunta escrita formulada por el senador del PP Pedro Agramunt sobre el suministro de agua a la Comunitat Valenciana ante los «retrasos» en la construcción de desalinizadoras.

En su respuesta, el Gobierno precisa que esta región ha recibido importantes recursos adicionales de agua desde el año 2004.

Así, se ha ampliado en una tercera parte (seis hectómetros cúbicos) la producción de la desalinizadora de Alicante I y se ha puesto en servicio la de Alicante II (veinticuatro hectómetros cúbicos).

También se han puesto en funcionamiento, con una producción de 48 hectómetros cúbicos de agua, las desalinizadoras Antonio León Martínez-Campos y San Pedro del Pinatar II, físicamente ubicadas en Murcia pero que abastecen a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (que proporciona agua al 50 por ciento de la provincia de Alicante, incluida su capital).

Por otra parte, la desalinizadora de Torrevieja, que aportará otros 80 hectómetros cúbicos, está muy avanzada y se encuentra pendiente de determinados permisos de la Generalitat para su terminación y puesta en servicio.

El pasado verano, comenzaron las obras de las desalinizadoras de Sagunto (Valencia), Mutxamel-Campello (Alicante) y Cabanes-Oropesa (Castellón), que producirán conjuntamente 47,5 hectómetros de agua.

Además, se han adjudicado las obras de las desalinizadoras de Denia (Alicante) y Moncófar (Castellón).

Sólo las obras puestas en marcha desde el año 2004 y citadas anteriormente suman una nueva aportación de agua superior a 200 hectómetros cúbicos al año, a las que hay que añadir las instalaciones existentes con anterioridad, subraya el Gobierno.

Resalta que este conjunto de actuaciones puestas en servicio han posibilitado garantizar las necesidades de abastecimiento de la población, de la industria y del turismo en la Comunitat Valenciana.