El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aseguró ayer que “la ministra Narbona cree que todos los murcianos somos marionetas como Saura”, tras conocer la decisión del nuevo trasvase cero para regadío que adoptó ayer la comisión de explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Cerdá, que inauguró ayer la nueva planta depuradora de Macisvenda, en Abanilla, denunció ayer la  “maniobra partidista” del PSOE hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo, al ser preguntado sobre las obras de reparación del acueducto que va a realizar el ministerio durante los próximos meses y la reunión mantenida, en paralelo, por la titular de este departamento, Cristina Narbona y el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura.

“Narbona ha llamado al orden a Saura para que se calle o para que intente desviar la atención, en contra de los intereses de nuestros regantes”, aseguró el consejero murciano, quien explicó que “la intención del Gobierno socialista es evitar nuevos desembalses del Tajo-Segura para contentar a los socialistas de Castilla-La Mancha y al presidente Barreda. Una vez más, estamos ante el pacto oculto Barreda-Zapatero en contra de los murcianos con la complicidad y el servilismo de Saura”, apostilló.

Las obras se pueden hacer por tramos

En este sentido, Cerdá argumentó que “si hubiera voluntad de enviar agua, se podría hacer incluso con obras, por tramos, lo que ocurre es que no hay voluntad”, y se preguntó “¿por qué pueden mandar el agua cara del canal de Estremera y no autorizan agua de los embalses de cabecera que nos corresponden por ley?”.

Además, Cerdá calificó la decisión adoptada por la Junta de Explotación del Acueducto de “nula de antemano”, porque, añadió, “hay excedentes en los embalses de cabecera para atender las demandas de nuestros agricultores”, y aseguró que los cultivos conforme nos vamos acercando a la primavera, irán demandando más agua, debido al aumento de las temperaturas”.

Según el titular de la Consejería de Agricultura y Agua, los regantes “necesitan esos trasvases que el Gobierno acostumbra a negar, puesto que si no se autorizan al final acabará afectando no sólo los cultivos hortícolas, sino también el arbolado, lo que supondrá la desaparición de miles de puestos de trabajo, y que numerosas familias tengan que renunciar a sus explotaciones”.

Por su parte, el director general del Agua de la Comunidad, Miguel Ángel Ródenas, miembro de la Comisión del Acueducto, defendió que “el Tajo ha roto la tendencia en febrero” y que “hay 100 hm3 de excedentes en los embalses de cabecera”. Ródenas explicó que “la situación del Segura es muy preocupante”, ya que  “sólo quedan 28 hm3 y los pozos están sobreexplotados”.

El papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo estatal que gestiona los recursos de la cuenca del mismo nombre -que abarca la mayoría de la Comunidad-, en la imagen que se ha trasladado a la Unión Europea (UE) del urbanismo valenciano ha sido determinante. En la mayoría de ocasiones, las respectivas oposiciones vecinales se aferran a los citados informes para condenar los planes parciales o Programas de Actuación Integrada (PAI). Lo cierto es que, en líneas generales, cualquier proyecto que contemple un número elevado de viviendas se topa con su correspondiente informe negativo de la CHJ, que concluye que «no se puede garantizar el suministro» de agua a los nuevos inmuebles. En realidad, esta respuesta no implica que no existan o se puedan encontrar los citados recursos, sino que, a la luz de la documentación aportada, el organismo de cuenca es incapaz de determinar si podrá abastecer a los inquilinos de las respectivas urbanizaciones. Mientras para la Delegación del Gobierno en la Comunidad, dirigida por el socialista Antoni Bernabé, considera determinantes estos dictámenes, el Consell y los respectivos ayuntamientos -incluso algunos socialistas, como el de Elda- interpretan que se trata de una apreciación técnica, y que no es en ningún caso vinculante. Sea como fuere, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ya ha paralizado algunos PAI, como el de Parcent, basándose especialmente en los informes hídricos. La «doctrina Parcent» considera un éxito cada uno de éstos «veredictos».

El Consejo de Ministros, en su reunión del viernes, ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Sociedad Estatal Aguas del Júcar S.A. para la financiación y explotación de las obras de la nueva conducción Júcar-Vinalopó, que permitirán la transferencia de recursos hídricos desde el sistema de explotación del Júcar al sistema de explotación del Vinalopó-Alacantí. Asimismo, es objeto del convenio la recuperación de costes, el cobro de cánones y las tarifas de amortización.

La inversión total prevista asciende a 303.380.000 de euros, y está previsto y confirmado, mediante decisión de la Comisión de la UE, que la actuación cuente con una financiación europea comunitaria de 120 millones de euros.

El resto del coste de la inversión será financiada por Aguas del Júcar S.A. del siguiente modo: un 80% con cargo a fondos propios y el 20% restante con cargo a créditos bancarios obtenidos por dicha Sociedad Estatal. La financiación aportada será recuperada por la Sociedad Estatal mediante las tarifas de amortización abonadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por su parte, la Confederación del Júcar podrá hacer aportaciones financieras durante la ejecución de las obras.

Las obras consisten en una toma de agua en el bajo Júcar y la conducción, con los correspondientes bombeos y turbinados, hasta la cabecera del sistema del Vinalopó en un volumen de hasta 80 hm³ al año, cantidad prevista en el Plan de Cuenca del Júcar.

La actuación está contemplada en el catálogo de infraestructuras básicas del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, incluido en el Real Decreto 1664/1998 de 31 de julio, y fue declarada de interés general en el Real Decreto Ley 9/1998 de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas, entre ellas la transferencia de recursos hídricos del Júcar al área Vinalopó.

La Administración General del Estado es propietaria de las infraestructuras objeto del convenio y será Aguas del Júcar S.A. quien realizará la explotación de las obras directa o indirectamente.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento de este convenio, cuya vigencia es de 50 años a partir del inicio de la explotación.

Esta actuación responde a los principios del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, que incluye proyectos de mejora de gestión y del suministro de agua acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.

¿Para qué la fecha del 2015? A Castilla-La Mancha no le hace ninguna falta poner en marcha el reloj para conseguir la «definitiva extinción» del Acueducto Tajo-Segura, como pretende la reforma de su Estatuto de Autonomía que ya ha entrado en el Congreso de los diputados. Si se analiza el texto pactado entre el PSOE y el PP de la vecina región -capítulos 98 a 105, junto a la disposición transitoria- se comprobará que el año 2015 es un señuelo, un llamativo dato periodístico, incluso prescindible, que distrae de otras intenciones de mayor calado, por lo demás políticamente legítimas.

Lo realmente preocupante para la Región de Murcia y la provincia de Alicante es que se trata de un asalto competencial en toda regla contra la política estatal de aguas, que tiene como objetivo -más allá de una simple fecha- aniquilar por otros medios más sutiles los envíos de agua a Murcia y dejar en manos del Gobierno castellano-manchego el uso en provecho propio de este acueducto, presto a cumplir los 30 años.

Cómo matar el trasvase

Que el Congreso de los diputados mantenga o no la fecha en cuestión no es demasiado trascendental, puesto que el verdadero peligro está en el pretendido control de Castilla-La Mancha de las aguas del Tajo a través de la fijación de un caudal ecológico mínimo que dejaría sin excedentes trasvasables a Entrepeñas y Buendía, amen de sus informes preceptivos y determinantes sobre cualquier trasvase; de la prohibición de cualquier transferencia de agua que perjudique los

intereses de Castilla-La Mancha dentro de las cuencas hidrográficas que afectan a su territorio, entre la que se incluye la del Segura; de su participación en el nuevo Plan de Cuenca que debe estar terminado en el 2009, y que será confeccionado con los patrones diseñados por José María Barreda y María Dolores de Cospedal.

También quiere decidir la comunidad vecina el establecimiento de los caudales futuros para sus necesidades; la disposición efectiva de las reservas almacenadas en sus pantanos; y controlar los futuros bancos de agua, que deberán ser autorizados por el Gobierno de Toledo, entre otras competencias.Con todo esto, ríanse de la fecha del 2015. Sólo con que Castilla-La Mancha consiga la mitad de todas estas prerrogativas, de las que apenas se habla, el trasvase estará liquidado.

¿La rendición del Estado?

En el Gobierno de la Nación anida el convencimiento de que «algo hay que darle a Castilla-La Mancha», ya que se guía por la máxima de hacer compatible el interés territorial con el general. Por un lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayan que no hay prevista ninguna fecha de caducidad del Tajo-Segura. Aunque no apartan la Espada de Damocles que pende sobre el Tajo-Segura para la próxima legislatura, según viene recogido en la ley del Plan Hidrológico.

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, se inclina hacia algunos postulados de Castilla-La Mancha, después de que recientemente declarara que los ciudadanos de muchos territorios de esta comunidad «están viendo pasar el agua» sin poder abastecerse de ella. ¿A qué le suena eso? Más claramente, el director general del Agua, Jaime Palop, mostró en Zaragoza una comprensión hacia las exigencias autonomistas que rozan la rendición del Estado. Cabe interpretar además de sus palabras la suerte de Murcia por tener el mar al lado para desalinizar «un recurso infinito». Los antecedentes de los estatutos de Cataluña y Andalucía, y en menor medida de Aragón -que está en trámite en el Congreso- permiten vislumbrar hasta dónde puede llegar el Estado en la cesión de sus competencias sobre agua. En el caso de Castilla-La Mancha, son tantas las líneas abiertas contra el Tajo-Segura en el texto estatutario que es imposible predecir su alcance real.

Artículos «letales»

En las competencias sobre la Política del Agua, el nuevo Estatuto indica que corresponde a los poderes públicos de esta comunidad «velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas» que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha.

Aquí no se alude directamente al Tajo-Segura, pero está implícito por cuanto la cuenca del Segura ocupa buena parte de Albacete. Asimismo, estipula que la Junta de Comunidades participará con el resto de poderes públicos en la planificación de los recursos, que deben garantizar agua para todos los proyectos que garanticen su crecimiento, sobre la base de que la cuenca cedente tiene «derecho al uso preferente». Algo que nadie discute, aunque se redacta de tal forma que no establece los mecanismos que deben justificar unas nuevas demandas que se antojan infinitas. Al establecer sus nuevas competencias sobre las cuencas intercomunitarias -aquí incluye a los ríos Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero- la Junta también pretende intervenir en el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas. De esta forma, participará «en las decisiones de asignación o reserva de los recursos hídricos disponibles a las demandas planteadas». Supone esto que reclama algo más que voz y voto en la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Tajo.

Informes «determinantes»

En cuanto a los trasvases, cesiones de derecho y futuros bancos de agua, el Estatuto señala literalmente que «la Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante -no dice vinculante, a la vista de los intentos de otros estatutos- ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier otro modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas -ojo- dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la Comunidad autónoma que se plantee y que afecte a los cauces, recursos o infraestructuras que discurran total o parcialmente dentro de su territorio». Traducido: Del Tajo al Segura. Se trata de una redacción hábil, puesto que no habla de trasvases entre comunidades autónomas, sino entre cuencas hidrográficas, como

marca la ley. Pero la gran extensión de Castilla-La Mancha hace que su territorio se vea afectado nada menos que por siete demarcaciones hidrográficas. Llevado a su extremo, podría incluso decidir (o codecidir) sobre hipotéticos trasvases del Ebro y del Duero.

La puntilla

Queda además una extensa disposición transitoria dedicada exclusivamente a la extinción a plazos del trasvase Tajo-Segura, que debe iniciarse inexorablemente en cuanto se apruebe el nuevo Estatuto, hasta su liquidación en 2015. Antes de eso, el nuevo Plan de Cuenca del Tajo deberá «fijar la dotación suficiente para las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha» en el año 2009. Igualmente, se deberá aumentar el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo, lo que supone reducir drásticamente los excedentes trasvasables hacia Murcia, Alicante y Almería.

Los regantes del Tajo-Segura no piensan quedarse de brazos cruzados. Encargarán un estudio para comprobar losefectos de un incremento del caudal ecológico en Aranjuez, ahora de 6 metros cúbicos por segundo como mínimo. De modo que la fecha es lo de menos, ya que cuando llegue 2015 las transferencias del Tajo al Segura casi habrán desaparecido. O sólo habrá trasvases de socorro para la población.

VALENCIA. El catedrático de Ciencias Ambientales y profesor de la Universidad de Princeton, Ignacio Rodríguez-Iturbe, confirmó ayer que está «a favor del trasvase del Ebro ya que esta conducción es completamente viable desde el punto de vista económico, hidrológico y ecológico».

El profesor Rodríguez-Iturbe, que fue galardonado en 2002 con el «Stockholm Water Prize», considerado como «el Premio Nobel del Agua», asistió ayer a la sesión ordinaria del Tribunal de las Aguas de Valencia, donde recibió el «Blusón de labrador» que le acredita como miembro honorífico de esta institución acompañado por el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos Guillem. El profesor agradeció el reconocimiento del Tribunal, por «lo que simboliza esta institución, que es un motivo de orgullo para los valencianos y para toda España».

El prestigioso catedrático, que participa en el «Congreso Internacional sobre Instrumentos de Planificación Hidrológica. La importancia estratégica del Trasvase del Ebro para la Comunidad Valenciana», manifestó que no está en contra de la desalación «como medida puntual», pero no como alternativa a los trasvases. Desde el punto de vista económico, «las desaladoras tienen un coste energético mayor que los trasvases y una vida útil menor, y el impacto ecológico de la desalación es muy superior». Además, concluyó que el Plan Hidrológico del trasvase del Ebro ya tuvo en cuenta el cambio climático.

VALENCIA. El concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, aseguró ayer en un comunicado que es «una vergüenza» que el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, diga que «los valencianos no tenemos que preocuparnos porque tenemos en el mar toda el agua del mundo, que el problema lo tiene Aragón porque la única fuente de agua proviene en su caso de los ríos, los pozos, los acuíferos y en definitiva del agua de lluvia… es de auténtica desvergüenza».

Además, criticó que Palop tenga que ir a Zaragoza -donde realizó las declaraciones-para transmitirno un mensaje de tranquilidad como consecuencia de la sequía y «que no venga a Valencia y nos lo cuente en vivo y en directo». Además, calificó como «muy lamentable» que el Ministerio de Narbona lance estos mensajes, «en vez de explicarnos por qué nuestra ciudad está sufriendo restricciones en cuanto a cantidad, calidad y precio del agua, cuando ella aseguró, nada más derogar el Trasvase, que tendríamos más cantidad de agua, de más calidad y a menor precio, pero es que son incapaces de ofrecer una sola alternativa o propuesta realista».

MURCIA. Más expedientes sancionadores que en años anteriores. El celo y control de la Confederación Hidrográfica del Segura contra las extracciones no permitidas de agua, los riegos ilegales y los vertidos clandestinos se tradujo el año pasado en un incremento del número de expedientes abiertos hasta sumar los 567. De esta cantidad, la gran mayoría se consideran infracciones leves; mientras que once fueron graves y se remitieron a la ministra de Medio Ambiente para que decida la sanción correspondiente. Sólo uno se consideró muy grave y se ha remitido al Consejo de Ministros.

El escenario ya se conoce: la cuenca del Segura atraviesa el tercer año de fuerte sequía, sin apenas recursos propios y con riegos de socorro desde la cabecera del Tajo a cuentagotas. El resto de los caudales necesarios para la agricultura se capta a través de pozos.

Según informó ayer el organismo de cuenca, en los tres últimos años no ha caucado ningún expediente sancionador. Asimismo, a día de hoy ya están resueltas o en tramitación todas las sanciones levantadas en el ejercicio anterior, según informó ayer el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, quien precisó que el objetivo es «evitar cualquier posible caducidad en la actividad sancionadora y, por consiguiente, el riesgo de impunidad».

La Confederación abrió el año pasado 99 expedientes por construcción y explotación de pozos; 56 por riego ilegal; 93 por vertido a cauces; 15 por depósitos de escombros o inertes; 177 por obras y ocupación de cauces; y 127 por otros motivos, tales como el incumplimiento de una resolución, desobediencia a requerimientos, incumplimiento de condiciones, extracción de áridos, derivación de aguas, modificación de características, depósitos ilegales, y modificación de la «fase atmosférica».

Más de 400 expedientes

De acuerdo con la cuantía de las sanciones, el organismo de cuenca ha incoado 408 expedientes leves y 147 menos graves (en ambas categorías son resueltos por la propia CHS); once graves (que se remiten a la ministra de Medio Ambiente); y uno muy grave (que debe ser resuelto por el Consejo de Ministros). De los doce expedientes graves o muy graves, cuatro han sido abiertos por explotación de pozos; otros cuatro por riegos ilegales; y el resto por derivar más agua de la pemitida. Asimismo, 34 expedientes han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de delito, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

Los infractores han tenido que abonar a la Confederación 560.119 euros en concepto de daños al dominio público hidráulico. Esta cantidad se reinvierte íntegramente para la recuperación medioambiental de la cuenca del Segura.

La Confederación aprecia que, «con las medidas ejemplarizantes» se ha detectado una disminución de las irregularidades graves, «a pesar de la delicada situación que atraviesa la cuenca en su tercer año consecutivo de grave sequía hidrológica». Esta apreciación, no obstante, no concuerda con los datos de los dos años anteriores, en los que hubo menos sanciones graves y muy graves.

Fuentes Zorita ha mostrado su «reconocimiento a los colectivos y organismos que han colaborado a la hora de denunciar cualquier tipo de actividad irregular».

ZARAGOZA. La representante del Ministerio de Medio Ambiente para el Secretariado de la Década del Agua de la ONU (2005-2015), Helena Caballero, participará hoy por primera vez en un acto público en la capital aragonesa, a pesar de haber sido designada para el puesto el pasado mes de abril.

Como viene informando ABC, Caballero no ha dado muestras de su actividad en relación con este Secretariado, que tendrá su sede en Zaragoza, desde que fue designada para el puesto por la ministra Cristina Narbona. Hasta hoy, no se le ha visto intervenir en actos públicos, a pesar de que hace unos meses se celebró en Zaragoza la presentación de la versión en castellano del segundo Informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos, y tampoco ha dado muestras de la labor desarrollada. De hecho, las distintas instituciones relacionadas en esta iniciativa -Ayuntamiento, Gobierno de Aragón o Confederación Hidrográfica del Ebro- apenas han sabido de ella en este tiempo.

La ubicación en la ciudad del Secretariado de la Década del Agua fue recibida con alborozo en su día por suponer un espaldarazo para el proyecto de la Expo 2008, que lleva por lema «Agua y desarrollo sostenible». Helena Caballero accedió a la representación en esta oficina de la ONU después de una polémica gestión al frente de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde tuvo sonados encontronazos con las organizaciones agrarias, la Junta de Castilla y León, los trabajadores del propio organismo de cuenca e, incluso, miembros del PSOE.

Helena Caballero intervendrá hoy, en el marco de la llamada Tribuna del Agua, en el VI Foro Permanente «Agua y Sostenibilidad», que debatirá acerca de la «funcionalidad de las cuencas hidrográficas. Elementos para su recuperación y gestión sostenible». Caballero aparece en el programa como jefa de Área de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Rambla indicó que «desde la Conselleria de Hacienda se les va a dar cumplida información de los detalles en relación al mismo, teniendo en cuenta que parece ser que no tiene esta persona o entidad que reclamaba información, la legitimación adecuada para tener dicha información». Por tanto, según manifestó, se trata de una cuestión «estrictamente jurídica».

Por su parte, la Conselleria de Economía defendió que la concesión del aval a los Usuarios del Vinalopó se hizo con «la más estricta legalidad» y que quienes tienen derecho a exigir información sobre ello «son las personas físicas o jurídicas que han ejercido la acción requerida o tienen un interés legítimo en el tema».

Según la Conselleria, la Junta de Usuarios del Vinalopó, formada por 120 comunidades de regantes, 35 ayuntamientos y la Sociedad de Aguas Municipalizadas de Alicante SA, se constituyó como entidad de derecho público sin ánimo de lucro «y por tanto puede ser beneficiaria de un aval de la Generalitat», de acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2006.

Además, la Conselleria expone que la principal función de esa entidad es gestionar el caudal a trasvasar dentro del proyecto «Trasvase Júcar-Vinalopó», cuya financiación inicialmente era sufragada, aproximadamente en tercios, por fondos Feder, AcuaJúcar (sociedad estatal promotora del proyecto, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y la Junta de Usuarios.

La Junta de Usuarios, para cumplir su compromiso de financiación, que ascendía a 75.126.513 euros (el 32,61% del coste total del trasvase), suscribió un préstamo sindicado con diversas entidades financieras por ese importe, así como dos pólizas de crédito.

«Mentiras y demagogia»

Por otro lado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, acusó a la sociedad estatal AcuaJúcar de contar «mentiras», hacer «demagogia» y «chantajear todos los días» a los regantes en relación con el proyecto. García Antón dijo que la actuación de l AcuaJúcar es «vergonzosa y vergonzante» y apuntó que esta sociedad «parece que se ha dedicado en los últimos años a deshacer toda la política hídrica que había en la Comunidad.

POR FERNANDO ROJO

Afirma Barreda que le da «igual lo que diga la señora vicepresidenta del Gobierno» respecto al trasvase Tajo-Segura. Pues a mí no. Mientras sea el Ejecutivo central el que tenga la competencia exclusiva en el reparto del agua, no da igual lo que diga «la señora vicepresidenta». Y aún menos lo que haga. No da igual que De la Vega se haya cargado el trasvase del Ebro. No da igual que tenga paralizadas todas las obras del Pacto de Aragón, ni muchas de las desalinizadoras de Levante, al tiempo que deja depositar en el Mediterráneo cientos de hectómetros cúbicos de agua dulce que luego habrá que desalar. No da igual que esté a favor de mantener los trasvases en la cabecera, desde embalses que están al 10 por ciento de su capacidad, mientras se niega a estudiar otras alternativas y muchas presas están soltando líquido a tutiplén porque han llegado al colmo de su aforo.

Lo que sí da igual es lo que diga el presidente de Castilla-La Mancha. Porque, por mucho que se empeñe, la Constitución le niega cualquier posibilidad de vetar los envíos a la cuenca del Segura. Tanto él como su «partenaire» en la reforma del Estatuto, María Dolores de Cospedal, saben que eso de escribir en un «papelito» (De la Vega dixit) que el trasvase tiene que caducar en 2015 es una especie de brindis al sol, un gesto para la galería electoral, que no tendrá efectos jurídicos, pues si no lo remedia el Congreso, lo hará en último termino el Tribunal Constitucional.

Otra cosa es que hasta esa fecha haya que llegar a un pacto a tres bandas entre el Estado, Castilla-La Mancha y las comunidades levantinas, que vaya poniendo gradualmente fin a este dislate de desvestir el santo alcarreño para vestir el murciano. Otra cosa es que para entonces llegue la Unión Europea y diga que ya no es sostenible lo que hace muchos años que se hace insostenible. Otra cosa es que haya que echarle imaginación, y buscar alternativas en el Ebro, en el Tajo medio o en el Ródano. Pero lo que no puede ser, y además es imposible, es que Barreda se siente en el botijo y diga que no lo comparte con nadie. Lo puede hacer, pero da igual que lo haga, porque el botijo no es suyo. Y él lo sabe.