¿Para qué la fecha del 2015? A Castilla-La Mancha no le hace ninguna falta poner en marcha el reloj para conseguir la «definitiva extinción» del Acueducto Tajo-Segura, como pretende la reforma de su Estatuto de Autonomía que ya ha entrado en el Congreso de los diputados. Si se analiza el texto pactado entre el PSOE y el PP de la vecina región -capítulos 98 a 105, junto a la disposición transitoria- se comprobará que el año 2015 es un señuelo, un llamativo dato periodístico, incluso prescindible, que distrae de otras intenciones de mayor calado, por lo demás políticamente legítimas.

Lo realmente preocupante para la Región de Murcia y la provincia de Alicante es que se trata de un asalto competencial en toda regla contra la política estatal de aguas, que tiene como objetivo -más allá de una simple fecha- aniquilar por otros medios más sutiles los envíos de agua a Murcia y dejar en manos del Gobierno castellano-manchego el uso en provecho propio de este acueducto, presto a cumplir los 30 años.

Cómo matar el trasvase

Que el Congreso de los diputados mantenga o no la fecha en cuestión no es demasiado trascendental, puesto que el verdadero peligro está en el pretendido control de Castilla-La Mancha de las aguas del Tajo a través de la fijación de un caudal ecológico mínimo que dejaría sin excedentes trasvasables a Entrepeñas y Buendía, amen de sus informes preceptivos y determinantes sobre cualquier trasvase; de la prohibición de cualquier transferencia de agua que perjudique los

intereses de Castilla-La Mancha dentro de las cuencas hidrográficas que afectan a su territorio, entre la que se incluye la del Segura; de su participación en el nuevo Plan de Cuenca que debe estar terminado en el 2009, y que será confeccionado con los patrones diseñados por José María Barreda y María Dolores de Cospedal.

También quiere decidir la comunidad vecina el establecimiento de los caudales futuros para sus necesidades; la disposición efectiva de las reservas almacenadas en sus pantanos; y controlar los futuros bancos de agua, que deberán ser autorizados por el Gobierno de Toledo, entre otras competencias.Con todo esto, ríanse de la fecha del 2015. Sólo con que Castilla-La Mancha consiga la mitad de todas estas prerrogativas, de las que apenas se habla, el trasvase estará liquidado.

¿La rendición del Estado?

En el Gobierno de la Nación anida el convencimiento de que «algo hay que darle a Castilla-La Mancha», ya que se guía por la máxima de hacer compatible el interés territorial con el general. Por un lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayan que no hay prevista ninguna fecha de caducidad del Tajo-Segura. Aunque no apartan la Espada de Damocles que pende sobre el Tajo-Segura para la próxima legislatura, según viene recogido en la ley del Plan Hidrológico.

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, se inclina hacia algunos postulados de Castilla-La Mancha, después de que recientemente declarara que los ciudadanos de muchos territorios de esta comunidad «están viendo pasar el agua» sin poder abastecerse de ella. ¿A qué le suena eso? Más claramente, el director general del Agua, Jaime Palop, mostró en Zaragoza una comprensión hacia las exigencias autonomistas que rozan la rendición del Estado. Cabe interpretar además de sus palabras la suerte de Murcia por tener el mar al lado para desalinizar «un recurso infinito». Los antecedentes de los estatutos de Cataluña y Andalucía, y en menor medida de Aragón -que está en trámite en el Congreso- permiten vislumbrar hasta dónde puede llegar el Estado en la cesión de sus competencias sobre agua. En el caso de Castilla-La Mancha, son tantas las líneas abiertas contra el Tajo-Segura en el texto estatutario que es imposible predecir su alcance real.

Artículos «letales»

En las competencias sobre la Política del Agua, el nuevo Estatuto indica que corresponde a los poderes públicos de esta comunidad «velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas» que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha.

Aquí no se alude directamente al Tajo-Segura, pero está implícito por cuanto la cuenca del Segura ocupa buena parte de Albacete. Asimismo, estipula que la Junta de Comunidades participará con el resto de poderes públicos en la planificación de los recursos, que deben garantizar agua para todos los proyectos que garanticen su crecimiento, sobre la base de que la cuenca cedente tiene «derecho al uso preferente». Algo que nadie discute, aunque se redacta de tal forma que no establece los mecanismos que deben justificar unas nuevas demandas que se antojan infinitas. Al establecer sus nuevas competencias sobre las cuencas intercomunitarias -aquí incluye a los ríos Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero- la Junta también pretende intervenir en el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas. De esta forma, participará «en las decisiones de asignación o reserva de los recursos hídricos disponibles a las demandas planteadas». Supone esto que reclama algo más que voz y voto en la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Tajo.

Informes «determinantes»

En cuanto a los trasvases, cesiones de derecho y futuros bancos de agua, el Estatuto señala literalmente que «la Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante -no dice vinculante, a la vista de los intentos de otros estatutos- ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier otro modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas -ojo- dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la Comunidad autónoma que se plantee y que afecte a los cauces, recursos o infraestructuras que discurran total o parcialmente dentro de su territorio». Traducido: Del Tajo al Segura. Se trata de una redacción hábil, puesto que no habla de trasvases entre comunidades autónomas, sino entre cuencas hidrográficas, como

marca la ley. Pero la gran extensión de Castilla-La Mancha hace que su territorio se vea afectado nada menos que por siete demarcaciones hidrográficas. Llevado a su extremo, podría incluso decidir (o codecidir) sobre hipotéticos trasvases del Ebro y del Duero.

La puntilla

Queda además una extensa disposición transitoria dedicada exclusivamente a la extinción a plazos del trasvase Tajo-Segura, que debe iniciarse inexorablemente en cuanto se apruebe el nuevo Estatuto, hasta su liquidación en 2015. Antes de eso, el nuevo Plan de Cuenca del Tajo deberá «fijar la dotación suficiente para las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha» en el año 2009. Igualmente, se deberá aumentar el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo, lo que supone reducir drásticamente los excedentes trasvasables hacia Murcia, Alicante y Almería.

Los regantes del Tajo-Segura no piensan quedarse de brazos cruzados. Encargarán un estudio para comprobar losefectos de un incremento del caudal ecológico en Aranjuez, ahora de 6 metros cúbicos por segundo como mínimo. De modo que la fecha es lo de menos, ya que cuando llegue 2015 las transferencias del Tajo al Segura casi habrán desaparecido. O sólo habrá trasvases de socorro para la población.

VALENCIA. El catedrático de Ciencias Ambientales y profesor de la Universidad de Princeton, Ignacio Rodríguez-Iturbe, confirmó ayer que está «a favor del trasvase del Ebro ya que esta conducción es completamente viable desde el punto de vista económico, hidrológico y ecológico».

El profesor Rodríguez-Iturbe, que fue galardonado en 2002 con el «Stockholm Water Prize», considerado como «el Premio Nobel del Agua», asistió ayer a la sesión ordinaria del Tribunal de las Aguas de Valencia, donde recibió el «Blusón de labrador» que le acredita como miembro honorífico de esta institución acompañado por el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos Guillem. El profesor agradeció el reconocimiento del Tribunal, por «lo que simboliza esta institución, que es un motivo de orgullo para los valencianos y para toda España».

El prestigioso catedrático, que participa en el «Congreso Internacional sobre Instrumentos de Planificación Hidrológica. La importancia estratégica del Trasvase del Ebro para la Comunidad Valenciana», manifestó que no está en contra de la desalación «como medida puntual», pero no como alternativa a los trasvases. Desde el punto de vista económico, «las desaladoras tienen un coste energético mayor que los trasvases y una vida útil menor, y el impacto ecológico de la desalación es muy superior». Además, concluyó que el Plan Hidrológico del trasvase del Ebro ya tuvo en cuenta el cambio climático.

VALENCIA. El concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, aseguró ayer en un comunicado que es «una vergüenza» que el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, diga que «los valencianos no tenemos que preocuparnos porque tenemos en el mar toda el agua del mundo, que el problema lo tiene Aragón porque la única fuente de agua proviene en su caso de los ríos, los pozos, los acuíferos y en definitiva del agua de lluvia… es de auténtica desvergüenza».

Además, criticó que Palop tenga que ir a Zaragoza -donde realizó las declaraciones-para transmitirno un mensaje de tranquilidad como consecuencia de la sequía y «que no venga a Valencia y nos lo cuente en vivo y en directo». Además, calificó como «muy lamentable» que el Ministerio de Narbona lance estos mensajes, «en vez de explicarnos por qué nuestra ciudad está sufriendo restricciones en cuanto a cantidad, calidad y precio del agua, cuando ella aseguró, nada más derogar el Trasvase, que tendríamos más cantidad de agua, de más calidad y a menor precio, pero es que son incapaces de ofrecer una sola alternativa o propuesta realista».

MURCIA. Más expedientes sancionadores que en años anteriores. El celo y control de la Confederación Hidrográfica del Segura contra las extracciones no permitidas de agua, los riegos ilegales y los vertidos clandestinos se tradujo el año pasado en un incremento del número de expedientes abiertos hasta sumar los 567. De esta cantidad, la gran mayoría se consideran infracciones leves; mientras que once fueron graves y se remitieron a la ministra de Medio Ambiente para que decida la sanción correspondiente. Sólo uno se consideró muy grave y se ha remitido al Consejo de Ministros.

El escenario ya se conoce: la cuenca del Segura atraviesa el tercer año de fuerte sequía, sin apenas recursos propios y con riegos de socorro desde la cabecera del Tajo a cuentagotas. El resto de los caudales necesarios para la agricultura se capta a través de pozos.

Según informó ayer el organismo de cuenca, en los tres últimos años no ha caucado ningún expediente sancionador. Asimismo, a día de hoy ya están resueltas o en tramitación todas las sanciones levantadas en el ejercicio anterior, según informó ayer el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, quien precisó que el objetivo es «evitar cualquier posible caducidad en la actividad sancionadora y, por consiguiente, el riesgo de impunidad».

La Confederación abrió el año pasado 99 expedientes por construcción y explotación de pozos; 56 por riego ilegal; 93 por vertido a cauces; 15 por depósitos de escombros o inertes; 177 por obras y ocupación de cauces; y 127 por otros motivos, tales como el incumplimiento de una resolución, desobediencia a requerimientos, incumplimiento de condiciones, extracción de áridos, derivación de aguas, modificación de características, depósitos ilegales, y modificación de la «fase atmosférica».

Más de 400 expedientes

De acuerdo con la cuantía de las sanciones, el organismo de cuenca ha incoado 408 expedientes leves y 147 menos graves (en ambas categorías son resueltos por la propia CHS); once graves (que se remiten a la ministra de Medio Ambiente); y uno muy grave (que debe ser resuelto por el Consejo de Ministros). De los doce expedientes graves o muy graves, cuatro han sido abiertos por explotación de pozos; otros cuatro por riegos ilegales; y el resto por derivar más agua de la pemitida. Asimismo, 34 expedientes han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de delito, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

Los infractores han tenido que abonar a la Confederación 560.119 euros en concepto de daños al dominio público hidráulico. Esta cantidad se reinvierte íntegramente para la recuperación medioambiental de la cuenca del Segura.

La Confederación aprecia que, «con las medidas ejemplarizantes» se ha detectado una disminución de las irregularidades graves, «a pesar de la delicada situación que atraviesa la cuenca en su tercer año consecutivo de grave sequía hidrológica». Esta apreciación, no obstante, no concuerda con los datos de los dos años anteriores, en los que hubo menos sanciones graves y muy graves.

Fuentes Zorita ha mostrado su «reconocimiento a los colectivos y organismos que han colaborado a la hora de denunciar cualquier tipo de actividad irregular».

ZARAGOZA. La representante del Ministerio de Medio Ambiente para el Secretariado de la Década del Agua de la ONU (2005-2015), Helena Caballero, participará hoy por primera vez en un acto público en la capital aragonesa, a pesar de haber sido designada para el puesto el pasado mes de abril.

Como viene informando ABC, Caballero no ha dado muestras de su actividad en relación con este Secretariado, que tendrá su sede en Zaragoza, desde que fue designada para el puesto por la ministra Cristina Narbona. Hasta hoy, no se le ha visto intervenir en actos públicos, a pesar de que hace unos meses se celebró en Zaragoza la presentación de la versión en castellano del segundo Informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos, y tampoco ha dado muestras de la labor desarrollada. De hecho, las distintas instituciones relacionadas en esta iniciativa -Ayuntamiento, Gobierno de Aragón o Confederación Hidrográfica del Ebro- apenas han sabido de ella en este tiempo.

La ubicación en la ciudad del Secretariado de la Década del Agua fue recibida con alborozo en su día por suponer un espaldarazo para el proyecto de la Expo 2008, que lleva por lema «Agua y desarrollo sostenible». Helena Caballero accedió a la representación en esta oficina de la ONU después de una polémica gestión al frente de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde tuvo sonados encontronazos con las organizaciones agrarias, la Junta de Castilla y León, los trabajadores del propio organismo de cuenca e, incluso, miembros del PSOE.

Helena Caballero intervendrá hoy, en el marco de la llamada Tribuna del Agua, en el VI Foro Permanente «Agua y Sostenibilidad», que debatirá acerca de la «funcionalidad de las cuencas hidrográficas. Elementos para su recuperación y gestión sostenible». Caballero aparece en el programa como jefa de Área de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Rambla indicó que «desde la Conselleria de Hacienda se les va a dar cumplida información de los detalles en relación al mismo, teniendo en cuenta que parece ser que no tiene esta persona o entidad que reclamaba información, la legitimación adecuada para tener dicha información». Por tanto, según manifestó, se trata de una cuestión «estrictamente jurídica».

Por su parte, la Conselleria de Economía defendió que la concesión del aval a los Usuarios del Vinalopó se hizo con «la más estricta legalidad» y que quienes tienen derecho a exigir información sobre ello «son las personas físicas o jurídicas que han ejercido la acción requerida o tienen un interés legítimo en el tema».

Según la Conselleria, la Junta de Usuarios del Vinalopó, formada por 120 comunidades de regantes, 35 ayuntamientos y la Sociedad de Aguas Municipalizadas de Alicante SA, se constituyó como entidad de derecho público sin ánimo de lucro «y por tanto puede ser beneficiaria de un aval de la Generalitat», de acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2006.

Además, la Conselleria expone que la principal función de esa entidad es gestionar el caudal a trasvasar dentro del proyecto «Trasvase Júcar-Vinalopó», cuya financiación inicialmente era sufragada, aproximadamente en tercios, por fondos Feder, AcuaJúcar (sociedad estatal promotora del proyecto, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y la Junta de Usuarios.

La Junta de Usuarios, para cumplir su compromiso de financiación, que ascendía a 75.126.513 euros (el 32,61% del coste total del trasvase), suscribió un préstamo sindicado con diversas entidades financieras por ese importe, así como dos pólizas de crédito.

«Mentiras y demagogia»

Por otro lado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, acusó a la sociedad estatal AcuaJúcar de contar «mentiras», hacer «demagogia» y «chantajear todos los días» a los regantes en relación con el proyecto. García Antón dijo que la actuación de l AcuaJúcar es «vergonzosa y vergonzante» y apuntó que esta sociedad «parece que se ha dedicado en los últimos años a deshacer toda la política hídrica que había en la Comunidad.

POR FERNANDO ROJO

Afirma Barreda que le da «igual lo que diga la señora vicepresidenta del Gobierno» respecto al trasvase Tajo-Segura. Pues a mí no. Mientras sea el Ejecutivo central el que tenga la competencia exclusiva en el reparto del agua, no da igual lo que diga «la señora vicepresidenta». Y aún menos lo que haga. No da igual que De la Vega se haya cargado el trasvase del Ebro. No da igual que tenga paralizadas todas las obras del Pacto de Aragón, ni muchas de las desalinizadoras de Levante, al tiempo que deja depositar en el Mediterráneo cientos de hectómetros cúbicos de agua dulce que luego habrá que desalar. No da igual que esté a favor de mantener los trasvases en la cabecera, desde embalses que están al 10 por ciento de su capacidad, mientras se niega a estudiar otras alternativas y muchas presas están soltando líquido a tutiplén porque han llegado al colmo de su aforo.

Lo que sí da igual es lo que diga el presidente de Castilla-La Mancha. Porque, por mucho que se empeñe, la Constitución le niega cualquier posibilidad de vetar los envíos a la cuenca del Segura. Tanto él como su «partenaire» en la reforma del Estatuto, María Dolores de Cospedal, saben que eso de escribir en un «papelito» (De la Vega dixit) que el trasvase tiene que caducar en 2015 es una especie de brindis al sol, un gesto para la galería electoral, que no tendrá efectos jurídicos, pues si no lo remedia el Congreso, lo hará en último termino el Tribunal Constitucional.

Otra cosa es que hasta esa fecha haya que llegar a un pacto a tres bandas entre el Estado, Castilla-La Mancha y las comunidades levantinas, que vaya poniendo gradualmente fin a este dislate de desvestir el santo alcarreño para vestir el murciano. Otra cosa es que para entonces llegue la Unión Europea y diga que ya no es sostenible lo que hace muchos años que se hace insostenible. Otra cosa es que haya que echarle imaginación, y buscar alternativas en el Ebro, en el Tajo medio o en el Ródano. Pero lo que no puede ser, y además es imposible, es que Barreda se siente en el botijo y diga que no lo comparte con nadie. Lo puede hacer, pero da igual que lo haga, porque el botijo no es suyo. Y él lo sabe.

MURCIA. Emilio Valerio, nacido hace 48 años en Dicastillo (Navarra), lleva 25 años en la carrera fiscal; 12 de ellos en Madrid y en estrecha relación con el actual ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. En los últimos años se le ha percibido desde Murcia como un enfant terrible; que no ha dejado títere con cabeza en su investigación sobre los robos de agua.

-El fiscal jefe del TSJ de Murcia ha pedido archivar el caso de los robos de agua en la cuenca del Segura. El juez lo ha aceptado. ¿Cómo valora esta decisión?

-Entiendo que existe un terreno de coincidencia, en el ámbito fiscal y judicial, con el tema del agua. Creo que todos hemos aprendido en este proceso, como es la necesidad de llevar a cabo una persecución puntual de los supuestos de robo de agua. Esta necesidad se advertía con mucha urgencia en el tiempo de la instrucción.Por lo que fuera, no se hacía. A mi juicio, cuando se habla de archivo, queda una línea abierta para que las denuncias se investiguen en los juzgados naturales. Ésta es la primera valoración, y única, que en principio entiendo que debo de hacer.

-¿Pero esperaba el archivo de la causa?

-Insisto en que la palabra archivo tiene un doble sentido, ya que, según recoge su propio periódico, se reabren a su vez los supuestos individuales del robo del agua.

-Pero que no se haya apreciado prevaricación y delito contra el medio ambiente, que eran el núcleo de las denuncias.

-Me preocupa esta pregunta porque, por lo que yo sé, se han abierto causas por cada delito contra el medio ambiente. Entiendo que esa es la realidad. En pura técnica jurídica, el delito contra el medio ambiente, tal y como está recogido en nuestro Código Penal, subyace en cada robo de agua con una cuantía determinada. Y probablemente lo que motivó la investigación fue la no persecución, vía administrativa, de estos supuestos.

-¿Había tantos casos como para pensar que estaban conectados; o era acaso la mera suma de un número suficiente como para llamarlo trama? ¿No cree que debía haberse analizado pormenorizadamente, caso por caso, como el juez ha decidido ahora; en lugar de originarse ese daño a la imagen de Murcia? Se nos ve desde fuera como que todo el mundo estaba compinchado.

-Como todo planteamiento simplista, eso responde en parte a la realidad y en parte no. Lo que se advertía en aquellas fechas es que en Murcia, a diferencia de otras regiones, el agua es un bien muy escaso. Dentro de esta escasez, la utilización desmesurada o abusiva

del agua supone un factor comparativamente importante en términos de ordenación del territorio. En términos de poder económico. En una palabra, en otros territorios quizás no, pero en Murcia el agua, legal o ilegal, se convierte en economía en muy poco lapso de tiempo. Estos dos factores son esenciales y muy graves. Aquí influía también otra cuestión ceñida al contexto del Plan Hidrológico. Creo que no sólo en Murcia, sino en otras regiones, se vivió durante cierto tiempo con la idea de que el agua podía ser un recurso ilimitado. Es decir, que había agua por venir.

-¿Sigue pensando que existía una trama?

-La palabra trama refleja de un modo no muy apropiado la realidad. ¿Por qué? Porque cada supuesto de robo de agua se consuma en la propia utilización del agua. Eso genera evidentemente, no voy a decir que un delito, pero sí una situación ilícita para Murcia y los demás.

-¿Había un clima favorable para que eso se produjera?

-Más que un clima favorable, creo que había unos elementos. Por un lado el agua como un bien absolutamente escaso. Luego las expectativas del Plan Hidrológico. Estaba además una Administración sin duda poco preparada para luchar contra estos hechos… -¿Cree que la imagen de Murcia ha salido perjudicada en este proceso?

-Creo que la imagen de Murcia hay que valorarla en el contexto general de la situación. En relación con un Plan Hidrológico que a mi modo de ver no consiguió pasar el abanico de una legislatura diferente al no existir una política de consenso. Había además una estrategia a muy corto plazo que insistía en la necesidad del agua. Creo que a medio plazo la Región de Murcia haría bien en determinar una auto organización de sus recursos hídricos.

-Pero ha habido un apelativo negativo, un marchamo que se le ha colgado a los murcianos cuando salían fuera: que si ladrones, insaciables, etc…

-Desgraciadamente muchas de estas imágenes que quizás parezcan simplistas tienen una parte de realidad. Muchas veces he advertido del urbanismo depredador de Levante. El tema del agua en Murcia tiene una parte en este contexto también negativa. Es evidente que es así.

-¿No cree que algunos grupos determinados, como organizaciones ecologistas y el PSOE, además de intereses de otras regiones, se han aprovechado de su instrucción en una época muy sensible para atacar el Plan Hidrológico del PP y el trasvase del Ebro?

-En todo tipo de instrucción judicial siempre hay un aprovechamiento en un contexto o en otro por parte de cualquier grupo. Estos días he leído en su periódico que había una gestión nefasta del agua. Eso no lo he dicho yo. Sin duda que algunos lo pueden aprovechar, precisamente porque existe una realidad determinada en factores objetivos en la Región de Murcia.

-¿Es usted partidario trasvase del Ebro o del PHN del PP? ¿Era una clave a tener en cuenta ?

-No, vamos a ver. En cuanto al Plan Hidrológico, independientemente de los problemas técnicos, no era un plan de consenso. Hay determinadas cuestiones que exigen un consenso entre autonomías o grandes partidos. Y si no, no sale. Era el primer problema, y el mayor, que tuvo el Plan Hidrológico. Por otro lado, se vendió la idea de que el agua es un recurso ilimitado. Creo que esto hizo mucho daño en aquellos años a la Región. Creo que a corto plazo esto es difícil de sobrellevar. Pero entiendo que a medio plazo, una región con la potencialidad de Murcia, debía ir a una optimización de sus recursos hídricos. Debe tener capacidad de organizar sus propios consumos de agua. No es necesario, y probablemente ni va a venir, traerla desde fuera. Entiendo que hay que organizarla desde dentro.

VALENCIA. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, indicó ayer que con el objetivo de «mantener las reservas» del pasado año hidrológico 2005/06, el suministro superficial destinado a regadíos será un 40 por ciento menor que el existente el año anterior, mientras que se mantendrá el 100 por ciento del suministro superficial para abastecimiento, es decir, que «está garantizado» este tipo de aportación para el consumo humano.

Moragues, quien informó sobre los asuntos tratados en la Comisión Permanente de Sequía, destacó que con estas «fuertes restricciones» llevadas a cabo desde octubre -primer mes del presente año hidrológico- para «ajustar los suministros», se le han «ganado a la sequía» 20 hectómetros cúbicos. Además, destacó que estas medidas suponen la «garantía» de que, en caso de darse «el peor escenario» en el que la aportación fuera la misma que

la registrada en 2006 porque «lloviera igual de poco», los suministros se mantendrían «exactamente igual», en 106 hm3.

Al respecto, el presidente de la CHJ remarcó que aunque sigan «habiendo restricciones fuertes, quizá superiores incluso a las del año pasado en el agua superficial para los regantes», éstas se intentarán «compensar» con «aguas subterráneas y aguas de reutilización, siempre que no haya problemas medioambientales»,

Asimismo, manifestó que este año «está siendo tan seco como el año pasado», y consideró «lamentable» que hasta ahora suponga el «segundo más seco en los más de 60 años que se lleva estudiando el río», por detrás tan sólo del ejercicio anterior.

Embalses

En este sentido, apuntó que las aportaciones acumuladas del Júcar en 2006/2007, de 109, 67 hm3, «se mueven entre el primer y el segundo año de sequía», más cerca del segundo, el más seco -con 106, 49 hm3-, por lo que los embalses de Alarcón, Contreras y Tous almacenan «sólo 3 hm3 más», lamentó. Así, estimó que el volumen embalsado del sistema del Júcar experimenta «una recuperación muy lenta» y presenta una «evolución ascendente pero no suficiente». Moragues señaló que se mantiene el estado de emergencia en el río Júcar, mientras que el Turia y el Serpis se encuentran en alerta.

En situación de prealerta, que requiere un incremento de las medidas de control, están los sistemas Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles, Marina Alta y Vinalopó-Alacantí, y finalmente, la Marina Baja presenta una situación de normalidad.

TOELDO. El vicepresidente segundo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sostuvo ayer que las recientes declaraciones de María Teresa Fernández De la Vega sobre el rechazo del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura «se enmarcan en el contexto vigente» en el que existe una legislación sobre política hidráulica «muy clara» y que no «buscaban anticipar un nuevo escenario». Por ello, García-Page considera que las manifestaciones de la vicepresidenta del Gobierno central son «modificables» en la medida que el Congreso de los Diputados cambie la situación. En este sentido, el vicepresidente regional aseguró que el Ejecutivo presidido por José María Barreda tiene claro el objetivo de «acabar con el trasvase», objetivo que -en su opinión- «comparte la unanimidad social de la región».

Por lo tanto, insistió, la posición del Gobierno de Barreda sobre esta cuestión «es invariable, firme y optimista».

Situación absurda

Si las «diferencias» entre los Gobierno de Zapatero y Barreda sobre la caducidad del trasvase del Tajo – en el año 2015- parecen evidentes, en el Partido Popular las aguas también bajan «revueltas». Ayer, el portavoz de los populares en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró en Cartagena que «existe un acuerdo entre la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el PP de Castilla-La Mancha», respecto al trasvase Tajo-Segura, y que «otra cosa es la concreción de esa visión del asunto en un texto en un momento determinado», en referencia al Estatuto castellano-manchego, que -recordó- «aún debe pasar por el Congreso». Aunque el Partido Popular de Castilla-La Mancha votó a favor de la caducidad del trasvase en las Cortes regionales, Zaplana se mostró como «un clarísimo defensor del Tajo-Segura, que funciona muy bien desde hace mucho tiempo y también de todos trasvases que deberían haberse ejecutado ya».

En su opinión, España vive «una situación absurda» en cuanto a la disposición de recursos hídricos» y «se ha generado un clima de insolidaridad respecto al sentir que se había extendido de que los recursos deban ser para todos».

En cuanto a la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aseguró que está «volcada en una política nacional de solidaridad entre todos».

EFE

García-Page insistió ayer en poner fin al envío de agua a Levante