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La ayuda acoplada en el sector remolacherpo se concedará en función de las hectáreas cultivadas y no de la producción, según ha avanzado el secretario general de UGAL-UPA, Matías Llorente, y lo ratifican ASAJA y Azucarera Iberia. Desde la organizaciones agrarias citadas incluso se cuantifica la ayuda, en una horquilla entre los 450 y 500 euros por hectárea al año. Según ASAJA, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) tomará como referencia para el reparto 46.000 hectáreas, «que no cultivamos en la actualidad», que recibirán un total de 16,8 millones de euros. El reparto en León afecta a unos 900 cultivadores y 5.500 hectáreas, según los datos de la campaña 2013/2014.

El Magrama expuso a las industrias azucareras, la Confederación Nacional Española de Cultivadores de Remolacha y Cañas de Azúcar y las organizaciones agrarias sus planes para aplicar la Política Agraria Común (PAC) al sector. El cambio en el pago acoplado al cultivo y no ha gustado ni a la industria ni a los agricultores. Hace ahora una semana los planes se expusieron a la comunidades autónomas y el resultado final se conocerá «nunca antes de las elecciones europea»», apuntó el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, que señaló que su organización prefiere el pago por tonelada, según recoge A. Domingo en www.diariodeleon.es

Se beneficia a quien más tiene no al rendimiento

Para Llorente, la ayuda «no prima la productividad y no se ve identificada con la entrega de remolacha, por lo que incentiva al que más superficie cultiva, pero no al que mayor rendimiento consigue» y apunta la negativa de sus organización porque Azucarera Iberia, «el mayor cultivador que existe ahora en la provincia», cobre esta ayuda.

Por su parte, la empresa ha negado tajantemente que vaya a acceder a este pago, al señalar que «Azucarera no se ha beneficiado ni se beneficiará del reparto de ayudas de la PAC derivado de las parcelas de cultivo propio. La remolacha de las parcelas de cultivo propio está fuera de cuota», señaló el gabinete de prensa de la compañía, que recuerda que su objetivo con el cultivo propio es la extensión de la remolacha «a nuevas zonas, desarrollar la investigación y la innovación para después ponerla a disposición de los agricultores y utilizar las parcelas de cultivo propio como plataformas para facilitar y agilizar las labores de abastecimiento de las plantas durante la campaña de recolección». También se indica que esta raíz no forma parte de la cuota.

ASAJA proponedividir los pagos en función de la zona norte y sur

Por su parte, el presidente de AsSAJA-Castila y León, Donaciano Dujo, manifestó que las organizaciones agrarias no han sido capaces de adoptar una postura conjunta ante el anuncio del Ministerio, motivo por el su sindicato ha solicitado al departamento que ahora dirige Isabel García Tejerina que el pago por hectárea tenga en cuenta distintas zonas en función de su rendimiento.

Dujo aseguró que, ante la nueva situación, su organización propone que el pago se divida en función de las zonas norte (Castilla y León, País Vasco y La Rioja) y sur y, dentro de ésta última, si el cultivo se realiza en regadío o en secano, de manera que la PAC llegue a los remolacheros «en función de los rendimientos medios de los últimos años, para garantizar que el que cobra no lo haga sólo por sembrar, sino que tenga un contrato con la industria, adquiera una dosis mínima de semilla y realice unas tareas de laboreo». El objetivo es que la ayuda se destine al incremento del cultivo, indicó.

El responsable agrario va más allá y cree posible «una estratificación mayor del pago en la zona norte, en función de los rendimientos». Por otra parte, confirma que la Unión Europea aplica ahora a la remolacha el pago por superficie «al igual que en la producción de leche se paga por cabeza de ganado»

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La Federación de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) es «optimista» ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Industria que permita «un reparto más justo del coste de la energía» y con ello garantizar la viabilidad de los regadíos en el conjunto del país. En declaraciones a los periodistas, David Hernández, ingeniero técnico en Fenacore, que ha participado en una mesa redonda sobre el precio de la energía y el regadío, ha precisado que es precisamente ese precio «el principal problema que está teniendo el regadío español». Un problema que «se ha visto agravado en los últimos años y sobre todo a partir del mes de agosto de 2013 cuando el término de potencia se incrementa un 115% para los contratos de seis períodos, y un 125 % para los de tres, algo que, a día de hoy, está haciendo insostenible la actividad del regadío en muchas regiones».

Ha incidido en que desde Fenacore «no se reclaman subvenciones o ayudas sino una distribución justa de los costes, ya que el regante es un consumidor estacional, es decir, usa la energía cuando se riega, en el período de primavera y verano, fundamentalmente, y está pagando por ese término de potencia a lo largo de todo el año».

Hernández ha explicado que se está en negociaciones con el Ministerio de Industria, a través de la dirección general de Política Energética, para ver qué soluciones tomar y ha especificado que entre sus reivindicaciones están el hacer contratos de temporadas que se ajusten al regadío para pagar esos costes o pagar por la potencia realmente contratada, no por la máxima registrada que suele ser darse en momentos puntuales.

También solicitan la posibilidad de producir energía en las zonas regables a través de energías renovables y ha indicado que «no pedimos ayudas o subvención sino un reparto más justo y equitativo de los costes de la energía que puedan hacer viable un sector que en España está en torno al 60% de la producción final agraria utilizando sólo un 14% de la superficie útil, lo que implica que genera mucha riqueza, valor añadido, exportación y no pedimos nada más».

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Los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; de Interior, Jorge Fernández Díaz; y Asuntos Exteriores, José Manuel Margallo, y Miguel Arias Cañete han arropado a Isabel García Tejerina en el traspaso de cartera como nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La nueva ministra ha recibido la cartera del Departamento de manos de su predecesor en el cargo, Arias Cañete, del que sólo ha tenido palabras de elogio, en un acto al que han acudido numerosas personalidades del mundo de la política, representantes de administraciones, consejeros autonómicos y miembros de organizaciones y asociaciones del ámbito agroalimentario o pesquero. La nueva ministra ha ratificado que «pondrá todo el empeño en culminar los proyectos emprendidos» hasta la fecha y que el Magrama «seguirá estando abierto para todo el mundo», porque «es la casa de todos y para todos».

En su intervención, la nueva ministra ha recalcado que «en estos dos años, Arias Cañete ha marcado la senda del camino por recorrer y lo terminaremos de recorrer», ha insistido, tras avanzar que numerosos proyectos se concluirán en los próximos meses, marcados por el diálogo, la colaboración y la búsqueda de consensos.

Primer balance de lo que se ha hecho

En agricultura, ha remarcado que han trabajado para «recuperar la prosperidad» para los agricultores y la industria alimentaria, así como la «gran negociación de la PAC» y las leyes que han visto la luz o lo harán en breve, en referencia a las estrategias de internacionalización o la política forestal.

Tuvo palabras emocionadas de agradecimiento para sus padres, profesores de Valladolid y, especialmente, para Lamo de Espinosa, «que fue el ministro de Agricultura que me introdujo en este Ministerio».

«He tenido la inmensa suerte de trabajar con Loyola de Palacio, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete», ha recordado García Tejerina, quien detalló que hace 14 años, por estas mismas fechas, asistió a la toma de posesión de Arias Cañete como ministro, de quien pensó que parecía «que llevaba toda la vida» haciendo eso».

Asimimso, García Tejerina ha agradecido al presidente, Mariano Rajoy, y a Arias Cañete, tras recibir la cartera del Departamento con «enorme responsabilidad y honor».

Cañete destaca su prudencia en los momentos difíciles

En su despedida, Arias Cañete ha agradecido a sus más directos colaboradores el «formidable» trabajo desempeñado estos años e incluyó menciones para escoltas, personal de cafetería, ordenanzas, gabinete de prensa o «protocolo», servicio este último del que dijo, con ironía, que «manda más» que el de Casa Real. También recordó a su mujer, hijos y nietos, a quienes ha pedido disculpas porque no siempre pudo ocuparse de ellos.

De García Tejerina, ha destacado su capacidad de trabajo «infatigable», su «enorme conocimiento» de los temas nacionales y comunitarios, y su gran habilidad negociadora.

Ha recordado que, en momentos complicados en el Ministerio, como durante la crisis de las vacas locas o el accidente del Prestige, García Tejerina aportaba siempre su consejo «sabio» y propuestas «prudentes».

En su intervención, ha resaltado que se ha cumplido la mayoría de las propuestas del programa electoral.

Llega «para mejorar los objetivos» marcados en el programa electoral

Ha incidido en que se ha recuperado la voz e imagen de España en la Unión Europea (UE) y que la Secretaría de Medio Ambiente impulso la ley de costas, la modificación de la evaluación ambiental y la planificación hidrológica de todos los ríos -con especial mención a los acuerdos del Tajo-Segura y del Júcar-Vinalopó-.

«Ha sido una de las etapas más felices e intensas de mi vida política», ha afirmado Arias Cañete, tras apuntar que ahora se va «contento», no como la anterior vez, que lo hizo «triste» por entregar la cartera a una «socialista», porque «sabía que los proyectos en marcha no se iban a desarrollar».

Con García Tejerina vamos a cumplir lo que falta del programa electoral, incluso mejorar los objetivos que teníamos, y habrá una gran ministra que representará a España ante la UE con potencia, inteligencia y rigor», ha añadido.

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Las explotaciones agrícolas de las comarcas alicantinas del Vinalopó y l’Alacantí podrán regar este verano sus cosechas con agua del trasvase Júcar-Vinalopó. Tal como sucedió el pasado septiembre –cuando se distribuyeron cinco hectómetros sobrantes del llenado en pruebas del embalse de Villena–, volverá a ser agua de la toma en el azud de la Marquesa, en Cullera, sobre cuya calidad existen notorios recelos entre los agricultores, pero hay un compromiso del Gobierno de garantizar la idoneidad (mediante análisis) antes de proceder al envío del caudal.

Para que este riego sea posible, deben cumplirse antes dos condiciones, que según las fuentes consultadas están ya en vías de solución. En primer lugar, debe repararse el embalse de San Diego, en Villena (que almacena el agua trasvasada antes de su reparto). Según dichas fuentes, la licitación del proyecto de ejecución es inminente, una vez terminado el estudio sobre el fallo estructural que provocó las pérdidas. La solución que se ha adoptado finalmente es la de impermeabilizar la balsa.

El fallo se detectó al hacer la prueba de llenado, hace ya dos años. Al parecer, el terreno arcilloso sobre el que se construyó el embalse presentó un comportamiento inesperado, lo que motivó la aparición de fisuras en la estructura, por las que comenzó a perderse el agua. Cuando el embalse estaba ya a la mitad de su capacidad, se decidió repartir el caudal entre las comunidades de regantes.

Para abastecimiento

Aún en el caso de que el embalse no estuviera terminado, los regantes alicantinos podrían recibir agua del Júcar gracias al baipás que ejecutó la sociedad estatal Acuamed, que promovió la obra. No obstante, se precisa una segunda condición: que la Generalitat termine las obras del postrasvase que permitirán regular el reparto del agua. Fuentes de la Conselleria de Agricultura señalaron que dichas obras, muy avanzadas, se terminarán en julio, por lo que en ese momento ya podría regarse con agua del trasvase.

Mientras, un comité técnico nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente tiene un plazo de seis meses para analizar qué solución se da a la segunda toma, para permitir que el interior de Alicante reciba también agua con calidad suficiente para el abastecimiento. Los regantes alicantinos proponen volver a la toma original del trasvase –prevista en el embalse de Cortes de Pallás y anulada por la exministra socialista Cristina Narbona– y compaginarla con la actual, algo a lo que los valencianos se niegan.

El informe de dicho comité debería estar listo antes de que termine el verano, a lo largo del mes de agosto –aunque no se descarta que sea antes–, momento en el que se desbloquearía la recuperación de la segunda toma o la habilitación de una solución alternativa, tal como adelantó ABC el pasado 27 de marzo. Por el momento, este verano podría llegar agua para abastecimiento procedente del pantano de Bellús y a través de la infraestructura del Tajo-Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

100.000 empleos

Las zonas que se beneficiarán de la puesta en marcha del Júcar-Vinalopó este verano generan exportaciones hortofrutícolas por valor de 1.000 millones de euros anuales. La transferencia permitirá así salvar de la sequía uno de los dos sectores, junto al turismo, que está tirando con fuerza de la recuperación en la Comunidad, y que en el caso de Alicante da empleo directo a más de 100.000 personas.

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Las elecciones europeas son unos comicios que nunca acaban de calar en la población, en gran parte porque la UE sigue siendo un ente demasiado lejano que sólo suele sonar cuando es para algo negativo (ajustes, recortes, primas de riegos, minijobs, rescates,….) y muy poco cuando llegan sus beneficios, como sucede con la PAC, en gran medida porque las administraciones nacional y autonómicas no suele tardan demasiado en atribuirse los pagos que llegan de Europa como propios y porque, como todo lo que llega a los bolsillos, suele ser poco para lo que uno quisiera. Sin embargo, el 25 de mayo, el campo se juega mucho en estas elecciones. La gestión de residuos, el uso de energías renovables y la propia PAC son tres elementos claves que no se pueden obviar ante de ir a las urnas, Tanto que alguna organización agraria ya ha hecho públicas sus propias propuestas para que las recojan los partidos en sus programas.

Buena prueba de lo que hay en juego y de los diferentes puntos de vista que hay al respecto según cada formación política es le debate que s ehacelebrado sobre estas elecciones con el campo como eje central. En el mimso, candidatos del PP, IU, PSOE y EQUO sólo lograron un consenso ante la posible implantación de una fiscalidad ambiental en la Unión Europea y la necesidad de reforzar el control y agilizar la legislación para los espacios integrados en la Red Natura 2000. Sin embargo, en la gestión de residuos, el uso de energías renovables y la PAC dejaron patente sus diferencias.

Demasiados puntos de vista sobre una misma PAC

Sobre el punto más polémico, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), Pilar Ayuso (PP) ha defendido que hay que «huir de un panorama catastrófico» y reconocer que la PAC permite tener recursos alimenticios y proporciona unas compensaciones a los agricultores «sin las cuales no podrían competir con terceros países».

Sin embargo, Juan Fernando López Aguilar (PSOE) ha recordado a la candidata popular que la PAC «tiene cada vez más adversarios y enemigos en Europa» y ha calificado de «dramática» la reforma acometida en esta legislatura.

Para el candidato socialista, que ha negado cualquier tipo de consenso en esta materia con el PP, la reforma es «objeto de divisiones entre los países con un sector primario potente y los del norte», por lo que ha reclamado una reflexión de largo recorrido en la que se tenga en cuenta cada vez más el factor medioambiental.

Florent Marcellesi (EQUO) ha rechazado la reforma, ha defendido un modelo social y de reparto de riqueza y ha reclamado mayor coherencia entre directivas, mientras que Paloma López (IU) ha hecho una defensa de la agricultura local y ha propuesto la revisión anual de la PAC.

Residuos, renovables y nuevos mercados para marcar distancias

Sobre las renovables, Marcellesi ha defendido su impulso porque pueden crear 300.000 puestos de trabajo hasta 2020, mientras que López Aguilar ha denunciado la «patológica dependencia energética de la UE» y Paloma López ha abogado por la concesión de subsidios «sólo a las energías eficientes y renovables».

La gestión de los residuos ha llevado a los candidatos de IU, EQUO y PSOE a mostrar su radical oposición a la incineración, pero la «popular» Pilar Ayuso les ha respondido que no podemos «volver a la prehistoria» y que «la incineración es inevitable».

Todos los candidatos han mostrado sus reservas al tratado de comercio transatlántico con Estados Unidos, sobre todo IU y EQUO, que lo han rechazado porque «atenta contra la soberanía alimentaria» y «otorga más poder a las multinacionales».

Responsables de las principales organizaciones ecologistas han sido los encargados de plantear a los candidatos las cuestiones a debatir y han apuntado a la PAC como la principal causa de pérdida de biodiversidad en la UE.

Lo que se debe defender…. según ASAJA

Quizás por estas defirencias, ASAJA-Almería está recogiendo a través de diferentes reuniones sectoriales que está llevando a cabo en las últimas semanas con sus asociados las cuestiones que deben ser abordadas en materia agraria en la próxima campaña para las elecciones europeas con el objetivo de trasladarlas a las diferentes agrupaciones políticas de la provincia.

Conscientes de lo que se juega en Europa, ASAJA considera necesario dar a conocer los temas que pueden y deben ser abordados desde las instituciones europeas para conseguir mejorar la situación del sector agrario. Para ello se ha elaborado un documento que se va a remitir a todas las agrupaciones políticas de la provincia sin excepción, “no vamos a tener en cuenta que algunas de ellas, como es el caso de la agrupación provincial socialista, decida convocar a las organizaciones profesionales agrarias excepto a ASAJA para abordar estas cuestiones. Entendemos que todos nuestros representantes políticos deben tener nuestro posicionamiento en materia agraria europea, ya el que lo lleguen a leer o no es cosa suya”, señala Francisco Vargas, Presidente provincial de ASAJA.

El sector agrario europeo tiene una función básica y esencial: la producción de alimentos sanos y en cantidad suficiente para abastecer a una población cada vez mayor, por lo tanto contar con un sector agropecuario fuerte es vital y para ello, Europa y sus representantes deben legislar y establecer medidas que garanticen su mantenimiento. Cuestiones como el poner freno al abandono de tierras en sectores más deprimidos y la necesidad de garantizar el relevo generacional deben estar entre las prioridades del nuevo mandato 2014-2020.

Gestionar los precios, las crisis, la competencia de terceros países….

En opinión de ASAJA hay que adoptar una actitud mucho más ambiciosa en cuestiones como la mejora del funcionamiento de la cadena. Algunos grupos de distribución europeos ejercen una enorme presión sobre los precios pagados a los productores, obligando con demasiada frecuencia a vender a pérdidas. Las tímidas propuestas de la Comisión Europea hasta el momento en este tema han quedado en una mera declaración de intenciones; sin embargo es necesario modificar la legislación europea sobre competencia para permitir a los productores obtener unos precios dignos, que cubran los costes de producción.

También es importante continuar y avanzar en las medidas destinadas a la gestión del mercado y las crisis agroalimentarias, ASAJA demanda que la Organización Común de Mercados incluya nuevas medidas de gestión de crisis más ágiles y eficaces, favoreciendo además que todas estas medidas puedan ser aplicables también a los agricultores y ganaderos que no pertenecen a una Organización de Productores y que den cobertura a todos los productos y sectores.

Otro de los grandes caballos de batalla de nuestra agricultura es conseguir que desde Europa se defiendan los intereses de los agricultores y ganaderos a la hora de negociar acuerdos comerciales con Países Terceros, no sólo es necesario llevar a cabo medidas de compensación a los sectores afectados por estos acuerdos para conseguir el mantenimiento de la competitividad de los productores, sino que además es muy importante que exista verdadera voluntad política al reclamar las mismas condiciones sociales, laborales, medioambientales y fitosanitarias para los productos que se producen fuera de nuestras fronteras. Además en opinión de ASAJA es necesario mejorar los mecanismos de control existentes, entre ellos el régimen de precios de entrada, garantizando su aplicación y cumplimiento por parte de Países Terceros.

Es importante recordar que la base fundamental que dio origen a la UE es la Política Agraria Común, en este sentido los agricultores no sólo producen alimentos de gran calidad y con seguridad alimentaria, sino que también contribuyen a proteger el medio ambiente, a mejorar el bienestar animal y a mantener la viabilidad de las comunidades rurales. Por este motivo es tan importante que se tengan en cuenta estas peticiones de ASAJA, organización agraria líder en España, que representa a agricultores y ganaderos profesionales que viven y quieren seguir viviendo del campo.

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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este miércoles que va a reivindicar al Gobierno central que «se cumpla la voluntad del Parlamento de Andalucía» en cuanto a la gestión de la cuenca del Guadalquivir, al tiempo que ha avanzado que «hoy mismo» se va a dirigir al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para cambiar la normativa que impide a los regantes pagar el gasto eléctrico según lo consumido y por el tiempo en el que se ha consumido.

De esta forma, la presidenta andaluza abre un nuevo frente de confrontación al Gobierno de Mariano Rajoy, por cuanto la transferencia de la gestión del Guadalquivir a Andalucía, recogida en el artículo 51 del Estatuto, fue rechazada tanto por el Tribunal Supremo como por el Constitucional. La razón del rechazo de los tribunales es que la cuenca discurre por tres comunidades autónomas, a pesar de que se encuentre el 98% en Andalucía.

El mantenimiento de la unidad de cuenca está detrás, por tanto, de la decisión del Constitucional, que anuló el artículo 51, y del Supremo, que invalidó el decreto de cesión de competencias a la Junta. A ambas sentencias se acogió el Gobierno para rechazar hace algo menos de un año el traspaso de la gestión a Andalucía.

En su intervención en el III Congreso Andaluz de Agricultura y Agua, organizado por UPA y Areda, Díaz ha apuntado que «no le gusta pelear por fueros y competencias» en relación a la cuenca del Guadalquivir, pero sí por la gestión de estos recursos, como ya hizo, según ha recordado, en la cuestión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

No obstante, la presidenta no ha querido cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), por la que se anulaba el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que regulaba la competencia sobre la cuenca del río Guadalquivir, tras un recurso presentado por la Junta de Extremadura en junio de 2007

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La presidenta de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, Margarita Bustamante, considera que «la política eléctrica del Gobierno central pone en riesgo los más de 2.000 millones de euros invertidos en modernización del regadío en Andalucía». La presidenta de Feragua ha participado en el encuentro ‘La gestión sostenible del regadío: modernización y consolidación’, que se ha celebrado en Madrid. Bustamante señala que la modernización «ha permitido ahorrar mucha agua, pero ha aumentado la dependencia energética, haciendo mucho más vulnerable al regadío a las políticas tarifarias». Asimismo, se ha preguntado «qué sentido tiene invertir recursos públicos en promover la modernización del regadío, para luego hacerla inviable con una política de precios totalmente inasumible para el regadío e inadaptada a su consumo estacional». Asimismo, ha señalado que Feragua «seguirá apoyando la modernización de sus comunidades siempre que haya una rectificación de la política eléctrica, pues «lo contrario sería solicitarle a los regantes que firmen su ruina segura». Feragua ha exigido también a las administraciones la puesta en marcha de un Plan de Prevención y Erradicación de Especies Exóticas como los briozoos, el mejillón cebra o la almeja asiática que están produciendo «un daño enorme» en las zonas regables modernizadas. Bustamante ha manifestado en este encuentro su «preocupación» por las consecuencias de la política eléctrica del Gobierno sobre el proceso de modernización que está llevando a cabo el regadío en toda España «y de forma muy señalada en Andalucía». En palabras de Margarita Bustamante, «los regantes andaluces estamos muy preocupados porque los actuales precios de la electricidad pone en riesgo los más de 2.000 millones que hemos invertido en modernización, lo que significa tirar a la basura nuestro propio dinero, el que estamos pagando a los bandos por su financiación, y también el dinero aportado por las administraciones, que es aproximadamente la mitad de esos 2.000 millones». La presidenta de Feragua considera que «no tiene ningún sentido invertir recursos públicos en promover la modernización del regadío, para luego hacerla inviable con una política de precios totalmente inasumible para el regadío e inadaptada a su consumo estacional» y ha vuelto a solicitar al Gobierno que reconsidere sus tarifas para el regadío, haciéndola más flexibles y adaptadas a las necesidades de los regantes. «De lo contrario, volveremos a la forma de riego tradicionales, que gastan más agua, pero consumen menos energía, pues no habría dinero para pagar la factura eléctrica», ha señalado. Según ha explicado Bustamante, «Andalucía es la región española donde los regantes más han apostado por la mejora y modernización de regadío, desde la aprobación del Plan Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de Regadíos a primeros de 2000, con una actuación sobre más de 400.000 hectáreas, que permitido que en más del 65 por ciento de la superficie regable andaluza, se utilicen las técnicas de riego localizado, que son las más eficientes, utilizándose las técnicas más tradicionales (riego por superficie) sólo en el 20 por ciento de la superficie regable andaluza». Considera que esta aplicación de las técnicas de riego más eficientes «ha permitido ahorrar más de 200 hectómetros cúbicos anuales, aproximadamente un 10 por ciento del consumo global, aunque a escala local los ahorros medios se valoran en un 20 por ciento». Además de ese ahorro, la presidenta de Feragua ha explicado que la modernización «ha conllevado otros resultados positivos como la diversificación de cultivos, incorporación de nuevas tecnologías de riego y de la comunicación al medio rural, con la consiguiente mejora de la calidad de vida de los agricultores, la disminución de la contaminación difusa y la mejora de la calidad del agua, y mejora de la capacidad de regulación gracias al papel de las balsas reguladores y miniembalses que garantizan recursos hídricos en épocas de sequía». Ha precisado que la contrapartida de estos efectos positivos ha sido la aparición de nuevas especies invasoras —briozoos, mejillón cebra o almeja asiática, entre otras— y la mayor dependencia del consumo energético. La presidenta de Feragua ha señalado que «resulta incomprensible que lejos de atenuar esa dependencia energética con unas tarifas más favorables para el regadío, a fin de seguir potenciando su modernización, lo que ha hecho el Gobierno es subir aún más esas tarifas, colocando al regadío en una situación límite al regadío, y convirtiendo la modernización en una condena». «Con estas tarifas, nadie va a querer modernizarse, porque eso es tanto como colocarse la soga al cuello», ha dicho Margarita Bustamante, que ha subrayado que Feragua «siempre ha creído en la modernización y la ha defendido a capa y espada, pero con estos precios de la electricidad, no podemos seguir pidiendo a las comunidades que inviertan en modernización, porque eso es tanto como pedirles que firmen su ruina segura». Por ello, la presidenta de los regantes andaluces ha pedido al Gobierno una «rectificación profunda» de su política eléctrica con el regadío «que permita a los organizaciones de regantes seguir apoyando el proceso de modernización, pidiendo a los regantes el enorme esfuerzo técnico, logístico y financiero que se necesita para acometerla». Nuevas especies invasoras En relación con el otro efecto negativo de la modernización, la aparición de especies invasoras en las zonas modernizadas, Bustamante ha constatado los efectos «devastadores» que tres especies están causando al regadío andaluz, esto es, los briozoos, organismo colonial que está obturando los filtros y redes de riego en muchas zonas del Guadalquivir; el mejillón cebra, que está causando estragos en todo el río Genil desde el embalse de Bermejales en Granada hasta el de Cordobilla en Córdoba; y la almeja asiática, que está afectando a muchas zonas andaluzas, tanto del Guadalquivir como de la Demarcación Tinto-Odiel-Piedras. Por ello, ha pedido a las administraciones públicas competentes, tanto al Junta de Andalucía como la Confederaciones del Guadalquivir y del Guadiana, que «se coordinen para poner en marcha de forma urgente un Plan de Prevención y Erradicación de Especies Exóticas», que están produciendo «un daño económico enorme en estas zonas regables modernizadas, además del grave daño medioambiental contra la biodiversidad de la fauna y flora autóctona andaluza».

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2120624/0/#xtor=AD-15&xts=467263

Los regantes españoles están hartos de esperar una solución al problema del ‘tarifazo’ electrico. Y aunque este jueves día 24 se volverán a reunir con el secretario de Estado de Energía para tratar esta cuestión, han anunciado que sólo darán «un mes de plazo» al Ministerio antes de «volver a movilizarnos», según ha reconocido la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, tras la reunión mantenida por Fenacore (la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España) el pasado martes. El sector exige que se concreten de una vez las promesas de poder hacer contratos por temporada, tal y como vienen negociando desde hace tiempo con el Gobierno. Por su parte, desde los gobiernos regionales de Andalucía y Extremadura se ha mostrado su apoyo a sus reivindicaciones.

La paciencia de los regantes se empieza a agotar, aunque están dispuestos a negociar hasta el último minuto una salida a su preocupante situación por el aumento de la tarifa eléctrica a su sector. Y aunque el ministro Soria aseguraba esta misma semana que no iba a haber cambios en la normativa que regula la retribución del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) y que «verá la luz en pocas semanas», desde Fenacore se quiere dar ese plazo de un mes para poder cerrar acuerdos concretos.

Un plazo que puede ‘jugar’ en su contra

Por eso, la reunión de este jueves puede ser decisiva, aunque también una muestra más de que «nos están tomando el pelo», como afirman algunas fuentes de la Federación. Sobre la mesa estará, de nuevo, la posibilidad de que el MInisterio acepte que se hagan contratos eléctricos por temporada y que los regantes no deban pagar todo el año por un agua que no consumen durante la mayor parte de ese tiempo.

Si este encuentro fracasa, el plazo de Fenacore es claro: habrá sólo un mes para poder rectificar, porque si no se convocará una gran moviliación en Madrid después del verano, en gran medida porque ahora el sector se encuentra en plena campaña y no puede movilizarse.

Sin embargo, este plazo puede ser, curiosamente, su perdición, ya que, por un lado, permitiría llegar a las elecciones europeas de mayo sin dañar la imagen del que se supone ya entonces ex ministro y candidato del PP, Miguel Arias Cañete, e iniciar un ‘nuevo’ proceso de negociación con el nuevo responsable del Magrama, lo que podria ralentizar una alternativa más tiempo.

Respaldo de autonomías del PSOE….

Aunque una cosa está clara, los regantes no están solos en esta lucha. Así, la presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, ha anunciado que se pondrá en contacto con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para instarle a que modifique la normativa que impide a los regantes pagar «por el consumo real» de la energía eléctrica.

«No podemos permitir que sigan aumentando los costes y que se tenga que pagar por el consumo máximo que se hace a lo largo del año y no por el consumo real», ha recalcado Díaz, que ha considerado «urgente» un cambio de la normativa y ha confiado en la «sensibilidad» del Gobierno.

La presidenta de la Junta, que ha dicho que asume las reivindicaciones del regadío andaluz, ha destacado la importancia de este sector, que representa el 57% de la producción y supone el 60% del empleo agrario en Andalucía.

….y del PP

Por su parte, el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri ha vuelto a criticar el exceso de tarifa que están sufriendo los regantes como consecuencia de las medidas aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En este sentido, ante un aforo repleto, Echávarri ha insistido en que el Gobierno extremeño está totalmente en contra de esa subida, y ha recordado también los cinco recursos de inconstitucionalidad presentados contra otras tantas normativas de la reforma eléctrica aprobadas por el Ejecutivo central.

La Administración extremeña, ha dicho, apoya las reivindicaciones de los regantes contra esta subida, y ha presentado alegaciones a los ministros de Agricultura y Energía, tales como un IVA reducido, tarifas especiales para los regantes o diferenciar el coste energético entre los meses en que se riega y los que no.

Tras las inversiones realizadas en la modernización del regadío extremeño con la intención de conseguir la eficiencia energética, los regantes se sienten ahora penalizados, ha insistido, y en esa lucha seguirán contando con el apoyo del Gobierno regional.

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