(Castilla La Mancha) GOBIERNO | > AREA: Política

31-03-2014 / 20:41 h EFE

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha asegurado hoy que con la reciente aprobación de los planes de Cuenca impulsada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) se ha logrado acabar con la «mal llamada guerra del agua».

Labrador, que hoy ha acompañado a la directora general de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Aránzazu Vallejo, en la inauguración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ciudad Real, ha destacado la implicación del Gobierno de España para sacar adelante los planes de cuenca que, ha dicho, le ha permitido a España «recuperar cinco años de retraso».

Además, Labrador ha subrayado el hecho de que la semana pasada el Gobierno de España aprobara 124 millones de euros para actuaciones en las cuencas hidrográficas del Tajo, Guadalquivir y Júcar, que van a permitir seguir avanzando en garantizar el ciclo del agua en muchos municipios de Castilla-La Mancha.

También ha resaltado la importante inversión de 40 millones de euros que se va a realizar en el Campo de Montiel para proporcionar regadío a 6.700 hectáreas de olivar.

En su opinión, esta apuesta por el olivar de regadío contribuirá a generar «riqueza y desarrollo» a este territorio.

Finalmente, ha valorado el trabajo del Gobierno de Castilla-La Mancha para buscar soluciones para los regantes, de tal forma, ha dicho, que «se ha pasado de hablar de sanciones, en relación a los pozos ilegales, a hablar de recuperaciones de derechos de agua».

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ASUNCIÓN FDZ. DE CASTILLEJO / SEVILLA

Día 31/03/2014

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Resolvería el problema de la subida del término de potencia, que les supone más de 100 millones anuales

Tras las movilizaciones del pasado mes de febrero, las negociaciones entre los regantes y el Ministerio de Industria para dar con una solución al llamado «tarifazo eléctrico» —derivado de la reforma de la regulación eléctrica realizada por el Gobierno en agosto pasado— han sido constantes, aunque aún no se haya llegado a un acuerdo. En estos momentos, el departamento que dirige José Manuel Soria tiene en sus manos la última propuesta de las organizaciones mayoritarias de los regantes, que es un contrato anual flexible.

Así, según Pedro Parias, secretario general de Feragua, con este modelo de contrato que se ha presentado para su estudio al Ministerio, se pretende resolver el problema que sufre el regadío —con un patrón de consumo estacional—

Costes disparados

Según vienen denunciando los regantes, la última reforma de la regulación eléctrica aprobada en agosto pasado ha supuesto una subida de los costes superior a 37 millones de euros en Andalucía y más de 100 millones en España, con subidas medias del término de potencia del 115 % que —según afirma Pero Parias— «hacen insostenible la viabilidad de gran parte del regadío nacional, que además se ha modernizado para ahorrar un 20% de agua, pero asumiendo un incremento del consumo eléctrico superior al 50%».

Ajustar la potencia

En definitiva, la propuesta presentada por Fenacore y Feragua —y en cuya elaboración han colaborado otras organizaciones como es el caso de Asaja Andalucía— se propone un tipo de contrato anual flexible, «donde el regante pueda ajustar las necesidades de potencia demandadas a un contrato que lo facilite, pues los modelos de contratación actual obligan a pagar durante los meses de no riego unas potencias muy elevadas que no se demandan en dichos periodos», explica Parias.

Aunque la propuesta es bastante técnica, se puede resumir en que se propone un tipo de contrato que tenga en cuenta las peculiaridades de la forma de consumir del regadío, que es fuertemente estacional. Según explican desde Feragua, «actualmente ya existe un contrato de temporada, pero que no tiene validez alguna para nosotros porque obliga a desengancharse de la red la mayor parte del año».

Así lo que proponen los regantes al Ministerio de Industria es «que contemple la posibilidad de contratos anuales en los que se distingan dos periodos, uno de consumo intensivo -que se correspondería con la campaña de riegos- y otro de consumo residual, en el que pueda contratarse, como máximo, el 20% de la potencia total, de tal manera que nos permita disponer durante esos meses de invierno de cierto suministro de electricidad, necesario para bajas demandas de riego en dichas época (noviembre a marzo en Andalucía ) y para el mantenimiento del resto de usos dentro de una comunidad de regantes distintos al regadío en sí mismo (conservación de equipos de bombeo y de redes, equipos informáticos, sistema de control y vigilancia, etc)».

Acceso limitado

Uno de los problemas que avanzaba el Ministerio para aceptar este tipo de contratos era la posibilidad de que abrieran la veda y se engancharan a ellos otros usuarios desestabilizándoles de alguna manera su regulación eléctrica,

Por ello, en la propuesta de los regantes, «para asegurarnos de que el acceso a ese contrato se realiza exclusivamente por consumidores «estacionales», le incluimos una serie de condicionantes, tales como que al menos el 90% del consumo anual se produzca en el periodo de consumo intensivo; que este periodo no pueda prolongarse más allá de los ocho meses; o que el consumo de energía en los periodos Valles (normalmente las noches y los fines de semana) supere al de resto de periodos, de tal forma que sólo puedan aprovechar este tipo de contratos quiénes colaboran con el sistema eléctrico consumiendo energía cuando «nadie la quiere», es decir, durante los Periodos Valle». De esta forma, se solventa que otros sectores puedan reclamar la aplicación del contrato.

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El Consejo Nacional del Agua ha informado favorablemente sobre el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, estableciendo por primera vez un caudal ecológico de un 12% de las masas de agua superficial, en especial para las zonas más estratégicas ecológicamente como el lago de La Albufera. El borrador del Plan, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que ahora se elevará al Consejo de Ministros, ha contado con 66 votos a favor, siete en contra y once abstenciones, según ha informado el Magrama en una nota. Entre las cuestiones más relevantes de este Plan Hidrológico se priorizan las obras de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental y las de modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar.

      Antes del Consejo Nacional del Agua, el ministro ha firmado un Protocolo de Actuaciones y Compromisos en materia de Agua con las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y de la Comunitat Valenciana, como complemento al Plan del Júcar.

    En el Consejo Nacional del Agua están representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades sin ánimo de lucro estatales.

    El ministro Miguel Arias Cañete ha presidido el Consejo y ha agradecido la colaboración de las Comunidades Autónomas porque han hecho posible que se aprueben 14 planes de cuenca, «superando el retraso acumulado» desde 2009. «En poco más de dos años estamos haciendo lo que no fue capaz de hacer en ocho años el Gobierno anterior», ha añadido el ministro.

Un gran pacto nacional

    Con el informe favorable de hoy por parte del Consejo Nacional del Agua al proyecto de Plan Hidrológico del Júcar tan solo resta que este propio Plan, junto con los del Tajo y Segura (también informados favorablemente por el Consejo del Agua), se aprueben definitivamente por el Consejo de Ministros para haber concluido la planificación de todos los planes de competencia estatal.

    Tan sólo quedarán pendientes de aprobación los planes de las islas Canarias (de competencia autonómica) para culminar la planificación hidrológica de todas las cuencas de España. Acto seguido, el objetivo del Gobierno es abordar «un gran Pacto Nacional del Agua que garantice un suministro en cantidad y calidad suficientes y de una manera integral y solidaria en toda España».

   Resultado de este pacto será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contemple los acuerdos que figuran en este documento y materialice sus objetivos.

Acueducto Tajo-Segua

    En el Consejo Nacional del Agua también se ha informado hoy de la propuesta reglamentaria sobre trasvases derivada de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental que desarrolla varios aspectos del trasvase Tajo-Segura y «aumenta las garantías ambientales y la seguridad jurídica».

   En el primer artículo se regula la regla de explotación del trasvase, definiendo tres situaciones en que es posible trasvasar e indicando, para cada una de ellas, el trasvase mensual a autorizar. De esta forma, en el nivel 1 se autorizarán trasvases de 60 hm3/mes; en el nivel 2 de 38 hm3/mes; y en el nivel 3, hasta 20 hm3/mes.

    También se aborda la cuestión de los consumos de referencia, ofreciendo para ello la información recogida en los planes hidrológicos de cuenca recientemente aprobados o en su fase final de aprobación y en las leyes que autorizan los trasvases por el Acueducto Tajo-Segura al Guadiana y al Segura, y se fijan los desembalses máximos hacia la cuenca cedente de forma que se garanticen plenamente sus necesidades ambientales y socioeconómicas sin menoscabar la oportunidad del trasvase.

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LUISA | PASTOR

Día 26/03/2014

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EL Consejo Nacional del Agua aborda hoy el plan del Júcar y mañana la Diputación presentará la gran obra del Patrimonio Hidráulico de la provincia, una voluminosa investigación que nos permite exhibir nuestra fuerza como provincia ligada a la historia del agua. A lo largo de sus tres volúmenes, se puede afirmar con rotundidad que esta provincia ha sabido hacer de la escasez, virtud. Un hecho que entronca con la fase final del Plan del Júcar y del futuro PHN. Las conversaciones entre Ministerio, Consell y regantes se encuentran en un punto delicado, por cuanto los esfuerzos de unos y otros nos dejan en el umbral de la desesperanza. Podríamos decir que corremos el riesgo de hacer de esa escasez una realidad sorda que obvia la historia, la ciencia, los datos y las necesidades. Las demandas firmes no son caprichosas y la Diputación ha dejado sobre la mesa acuerdos y propuestas asumibles. El Júcar-Vinalopó lo venimos solicitando los alicantinos desde 1420.

Alicante es la cuarta provincia en población de España. De los dos millones de habitantes, la mitad se ven afectados en el ámbito del Júcar- Vinalopó. Somos la quinta provincia en PIB del país (con un 3,2% del conjunto) y el sector agroalimentario junto al turístico tiran del carro. Toda esta fuerza es fundamental para entender que los plazos y la sensatez debe servir para llegar a acuerdos productivos, pues nuestra aportación a la Comunidad está en juego. La solidaridad, que siempre hemos excusado medir, sí tiene recorrido y uno de ellos pasa por recibir agua para beber y para regar. Invertir en la provincia de Valencia y en Castilla-La Mancha siempre es positivo para esta provincia. Cuantos más seamos aplicando un modelo de ahorro y de buena gestión, más progreso habrá.

Cabe preguntarse si cuando se derogó unilateralmente el PHN de 2001 se derogaron todos los documentos técnicos de los planes de cuenca. Los datos corroboran que no ha habido cambios sustanciales, y al flexibilizar nuestras peticiones en el Tajo-Segura no dábamos un cheque en blanco, sino un paso hacia un futuro estable. No hay razones objetivas que respalden la negativa a una segunda toma en el Júcar; por cierto, la única que figura en el convenio originario.

Las desaladoras, que ya estaban contempladas en el anterior Plan, deben ser un apoyo, no una fuente ordinaria de suministro; no tiene sentido defender nuestra competitividad y no defender precios razonables en el agua. Siempre he estado al lado de las soluciones razonables y el consenso. Estos días, la figura de Adolfo Suárez reaviva ese sentimiento. Pues bien, si el Plan Hidrológico no se entiende como un pacto de Estado estaremos retrotrayendo nuestra provincia a los 80. Tendremos mejores caudales, porque se ha invertido mucho en la gestión del ciclo del agua; pero seremos una isla seca.

En pleno siglo XXI, el agua se confirma como nexo entre civilizaciones y quiero que pase a la siguiente aportando soluciones. Norias, acequias, presas, embalses… hemos sido pioneros y lo seguimos siendo. Por ello, el Consell tiene que seguir firme en sus demandas. Hay líneas que no se pueden cruzar y el Júcar-Vinalopó es una línea continua, que explica nuestra vertebración.

Muchos ciudadanos dependemos de una estabilidad y unas reglas de explotación sensatas. Es el caso del turismo, el de gran parte de la Costa Blanca. Sin el trabajo del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa , hoy, quizás, nuestro principal destino turístico sería otro. Por todo ello, entendemos la importancia de que nuestros vecinos tengan esas mismas infraestructuras. Toda el agua que se ahorre es un bien común que sabemos apreciar y que permite recuperar acuíferos, aumentar el caudal de los ríos y ceder sobrante.

El Júcar vive un momento clave, y creo firmemente que los acuerdos son posibles porque las propuestas son razonables. Tanto el Ministerio como la Generalitat cuentan con los datos y estudios que fundamentan nuestras demandas y deben tener claro que cuando pedimos agua a un precio razonable o la toma de Cortes de Pallás, lo hacemos con el rigor y la seriedad que corresponde. Esta es perfectamente combinable con el Azud de la Marquesa, pues sería tan estúpido destruir una infraestructura hecha como no utilizar la ya acabada de Cortes.

Y no puedo acabar sin trasladar mi preocupación porque no oigo soluciones para el embalse de San Diego, pues es la clave. Desde 1950, la sequía no nos golpeaba tan fuerte en un semestre. Es de sentido común tener previsto esa mínima infraestructura y trabajar por completar este mapa del agua pensando en ésta y en la próximas civilizaciónes.

Luisa Pastor es la presidenta de la Diputación de Alicante

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ASAJA Alicante exige a los representantes del Gobierno de la Generalitat que trabajen para defender los intereses de Alicante y, especialmente, para que reciba los aportes que necesita del Júcar y puedan paliarse así las necesidades hídricas de la provincia que van en aumento, como consecuencia de la sequía. Así, el presidente de la organizació, Eladio Aniorte, exige al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “que atienda y trabaje para mejorar el nuevo plan hidrológico del Júcar”, ya que este documento suprime los 40 hm3 previstos para el desarrollo de nuevos proyectos en Alicante, lo que “supone dejar a nuestra provincia totalmente marginada. No comprendemos por qué se mantienen las dotaciones para Valencia y Castilla la Mancha y como no contemplan paliar el déficit del sureste peninsular cuando es mayor, una necesidad suprema, ya que estamos condenados a soportar años secos como éste, en los que no cae ni una gota de agua”.

    Según recuerdan en una nota de prensa, Alicante y su agricultura «necesita agua, pero a buen precio para que los regantes la puedan pagar. De lo contrario, el trasvase Júcar-Vinalopó será inviable. Por ello, creen que se debe retomarse la toma inicial del trasvase Júcar – Vinalopó, sin prejuicio de que pueda utilizarse la de Azud de la Marquesa cuando haya escasez. Con la solución desde Cortes de Pallás, el coste para los agricultores se fijó entre 0,081 y 0,126 €/m3, mientras que con la solución desde el Azud de la Marquesa se estima que las tarifas superarán los 0,27€/m3, por el coste energético de elevar el agua para que llegue al Vinalopó, sin contar con el incremento que supondrá la instalación de una potabilizadora para que el agua pueda utilizarse.

    Asimismo, destaca que la paralización de las obras de la Conducción Júcar-Vinalopó, solución Cortes de Pallás y su sustitución por el nuevo proyecto desde Cullera, conlleva numerosos problemas. Entre ellos destaca que «dificulta la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. El nuevo trazado con toma en Cullera, previsto en el proyecto aprobado en marzo de 2006, imposibilita, en la actualidad, los aportes a la cuenca del Vinalopó de agua para abastecimientos, fundamentalmente por razones de calidad, lo que a su vez influye negativamente en los costes que soportaría el regadío».

La Generalitat "debe hacer valer los derechos e intereses de nuestra provincia"

    Por estos motivos, la organización ASAJA Alicante considera “letal el nuevo contenido del Plan de Cuenca del Júcar y pide al presidente del Gobierno de la Generalitat que represente y haga valer los derechos e intereses de nuestra provincia. Lo que estamos pidiendo es de justicia y Valencia debería ser más solidaria con el resto de la Comunidad Valenciana. Los gobernantes deben ser efectivos y buscar alternativas que representen el equilibrio entre los intereses de las partes”.

    De igual forma hacen hincapié en que a los agricultores les llama poderosamente la atención que este documento no haya sido consensuado y que no estime las necesidades de la provincia. “Señor presidente de la Generalitat, le pido encarecidamente que no abandone la lucha del agua para Alicante. Es muy importante conseguir los aportes externos que nos merecemos para que no se abandone la agricultura y aumente el desempleo”, afirma el presidente Eladio Aniorte.

   De hecho, desde hace varios años se viene produciendo una reducción en las superficies regadas del Vinalopó, fenómeno que está ligado a los importantes descensos producidos la cantidad de agua disponible, entre otros factores. Ante esta situación, ASAJA Alicante ha convocado una reunión en Monforte del Cid para todos los empresarios agrícolas afectados por el trasvase Júcar – Vinalopó para estudiar medidas de presión contra el nuevo plan hidrológico del Júcar. “Llevamos 400 años de rodillas, pidiendo a la administración nacional que atienda nuestros intereses. Hoy se habla mucho del buen político, pues nosotros queremos verlo y que aporten soluciones en la dependencia de los aportes externos”.

    El trasvase Júcar-Vinalopó, incluido en el PHN 2001, es una actuación más con la que se intenta resolver el problema de escasez y déficit hídrico que afecta a la provincia de Alicante. El Pacto del Agua entre los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, en 1997, quedó plasmado en el Artículo 32 del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar y hubo consenso.

    “Ahora deben trabajar en el mismo sentido para incrementar los aportes que podamos recibir, no para reducirlos”, apostilla el presidente de ASAJA Alicante.

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El Tribunal de Cuentas europeo considera que los resultados de los controles que llevan a cabo los Estados miembros sobre las ayudas a los agricultores «no son fiables», según un informe publicado este lunes día 17. La falta de fiabilidad, según los auditores, se debe a dos factores fundamentales: los errores en la recogida de datos y la efectividad solo parcial de los sistemas de control administrativo y sobre el terreno para detectar el gasto irregular. Tampoco el trabajo que llevan a cabo los organismos de certificación ofrece suficientes garantías, según el Tribunal. Por último, los auditores no consideran «estadísticamente válidos» los ajustes del porcentaje de error en el gasto agrícola que hace la CE a partir de los informes. Los errores que se detectan en el pago de las ayudas dan lugar a reducciones en la cantidad de ayudas que se pueden pagar a los solicitantes.

    «Los Estados miembros desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que la ayuda agrícola europea se reparte entre los beneficiaros según lo establecido en la legislación comunitaria», señaló Rasa Budbergytë, responsable del informe.

    Por ello, añadió, los países «deben facilitar a la Comisión una información fiable sobre los resultados de sus controles, para permitir estimar mejor el impacto de las irregularidades en el pago realizado».

     Cada año, los Estados miembros informan de los resultados de esos controles a la CE, a través de los informes estadísticos.

La CE dice que "toma nota" de las observacaciones

    El portavoz comunitario de Agricultura, Roger Waite, dijo que la CE «toma nota» de las observaciones del Tribunal de Cuentas y añadió que Bruselas ya ha adoptado medidas para evaluar la fiabilidad de la información de los Estados miembros.

    En particular, explicó, el pasado año se tuvieron en cuenta otros elementos -aparte de la información remitida por los Estados miembros- para calcular el porcentaje de error residual en los pagos directos.

    Además, señaló que la reforma de la PAC que empieza a aplicarse este año conducirá a una mayor responsabilidad de los organismos de certificación.

    Con las nuevas normas, los auditores nacionales deberán llevar a cabo «numerosos y profundos controles sobre los datos enviados por las agencias de pago», lo que mejorará la capacidad de Bruselas de evaluar la precisión de los datos remitidos.

    Por último, el portavoz subrayó que las correcciones financieras que impone la CE nunca se basan únicamente en las estadísticas de los Estados miembros, sino que siempre son el resultado de las auditorías llevadas a cabo por los auditores de la Dirección General de Agricultura de la Comisión.

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La letra pequeña de las propuestas presentadas por los expertos para la reforma fiscal sigue dejando algunas sorpresas inesperadas, como la subida del 10 al 21% de los bienes y servicios destinados a actividades agrícolas, forestales o ganaderas. Además de la ya conocida subida del IVA en las bebidas alcohólicas y la posible en el vino y algunas bebidas fermentadas, el sector agrario también puede verse afectado por otros incrementos. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha aasegurado que se trata sólo de propuestasy que «se buscará la fiscalidad que haga más competitivo sector agrario

    El comité de expertos que presentó sus propuestas para la elaboración de la reforma fiscal ha sugerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la subida de la mayoría de productos y servicios del IVA reducido del 10% al general (21%). Y en la larga lista de afectados se incluyen los bienes y servicios destinados a actividades agrícolas, forestales o ganaderas, así como la creación de impuestos medioambientales para las actividades que generen contaminación, una recomendación propuesta también por la Unión Europea.

Una cosa son las propuestas" y otra la política del Gobierno"

    Pese a esta mala noticia, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que el Gobierno buscará la fiscalidad «más razonable» y la que haga «más competitivo al sector agrario español», que «está en crecimiento».

    Arias Cañete se ha pronunciado de esta manera al ser preguntado por el informe de los expertos para la reforma fiscal que recibió el Consejo de Ministros y ha considerado que hay que distinguir el informe de los expertos de la política del Gobierno, pues, ha explicado, los expertos «han hecho una propuesta de reforma universal del sistema español» y el Gobierno, «cuando haga sus propuestas de reforma, allá por el mes de junio, hará su propia política».

    Esta política, ha afirmado Arias Cañete, «no tiene por qué coincidir con la de los expertos», y ha destacado que ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, «anunció algunos matices, pero hay muchos otros».

    Ha declarado que la renta del sector agrario creció el año pasado más de un 7%, que ha batido el récord de exportaciones con más de 38.000 millones, y que en frutas, hortalizas, producciones cárnicas, vino y aceite de oliva «está conquistando los mercados del mundo».

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