P. HERNÁNDEZ / toledo

Día 13/03/2014

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Supone un gran avance para Albacete, que no tendrá que pagar ninguna compensación por beber agua del Júcar

Se acabó definitivamente la mal llamada «guerra del agua», una expresión muy utilizada durante las distintas etapas del Gobierno socialista en Castilla-La Mancha, que utilizó este recurso como arma política, pero que fueron pocos los avances en materia hidrográfica conseguidos por la región.

Ahora, en poco más de dos años, el Gobierno de España, en colaboración con las Confederaciones Hidrográficas, ya ha aprobado todos los planes de demarcación que afectan a lacomunidad autónoma -ayer se conocían los detalles del plan del Júcar, el último por definir-, lo que permite tener una planificación a la hora de disponer de los recursos hídricos.

Que esos recursos sean suficientes o no, depende del color político con que se miren, pero lo cierto es que se ha alcanzado un acuerdo que permite tener una reserva total de 4.266 hectómetros cúbicos al año procedentes de las distintas demarcaciones. Una cifra que, comparada con las asignaciones y reservas contenidas en los planes hidrológicos aprobados en 1998, supone un incremento más que notable del 11,2%.

A las aprobaciones de los planes de Cuenca del Guadiana, Tajo y Segura, ayer la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, daba a conocer el borrador del Plan del Júcar, que especialmente beneficia a los albaceteños. Poco después de que la Confederación Hidrográfica hiciera público el borrador de la planificación del Júcar, la consejera consideraba que era muy «satisfactorio» para Castilla-La Mancha, porque recoge las alegaciones presentadas por el Gobierno regional, que a su juicio «eran indispensables para mejorar el borrador inicial presentado el pasado mes de agosto».

Marta García subrayó que este plan supone un «gran avance para Albacete capital y su zona de influencia, porque los albaceteños no tendrán que pagar ninguna compensación extraordinaria ni indemnización a los regantes valencianos por beber el agua del Júcar». Indicó que los albaceteños «están de enhorabuena», ya que con el nuevo plan de la demarcación del Júcar va a quedar resuelto un agravio arrastrado desde hace años.

La titular de Fomento también anunció que el plan pondrá fin a los problemas de inundabilidad que padece Albacete desde hace décadas, ya que adelanta a 2015 el inicio de las obras para la prevención de avenidas provocadas por el río Balazote, por el Barranco de Escartana y para impedir la inundabilidad del Canal de María Cristina, obras estaban previstas entre el año 2021 y 202

Mancha Oriental

La consejera resaltó como otro importante logro del Gobierno de Cospedal en esta planificación, la elevación de la reserva de agua asignada a los regantes de la Mancha Oriental a 100 Hm3 con aguas superficiales del Júcar, que irá destinada no solo para la redotación y modernización de regadíos, sino también para nuevos regadíos. Esto significa, según recalcó la consejera, «35 Hm3 más de agua, que servirán para consolidar los regadíos existentes y plantear otros nuevos con agua del Júcar».

García de la Calzada avanzó que las obras de la segunda fase de sustitución de bombeos «va a ser una realidad», porque cuenta ya con un proyecto realista que será licitado por el Ministerio durante este año, lo que «permitirá un uso efectivo del agua, algo que antes no se podía realizar por falta de infraestructuras».

Precisamente, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se refería ayer a este plan en un acto celebrado en Toledo, y se mostró confiado en que se pueda dar traslado del borrador al Consejo Nacional del Agua «con el consenso de todos los interesados y conciliando los intereses de todos». «Ya se ha logrado un acuerdo inicial básico que ha permitido poner al plan en exposición pública».

El ministro puso el acento en que el «espíritu» del Gobierno es «buscar soluciones» teniendo en cuenta todos los territorios, «tanto las cuencas receptoras como las cedentes, y con armonía y equilibrio de intereses», según recoge Ep. «Trataremos de seguir perfeccionando todo para culminar con una planificación hidrológica que tenía que estar lista en 2009, pero el Gobierno anterior no pudo desarrollar», ha dicho Cañete, que ha destacado que «este Gobierno ha tenido que sacar en dos años la planificación de todos los ríos españoles».

Poner de acuerdo a todos

También la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, opinó que con este borrador «se ha ido perfeccionando el principio de acuerdo» al que llegaron las partes, trato que «ha sido favorable para todos, para la región y para el Levante».

«Quiero agradecer a Cañete el esfuerzo realizado, ha demostrado que cuando muchos quieren ponerse de acuerdo, se pueden poner de acuerdo, y no hubiera sido posible sin un Ministerio que ha estado trabajando mucho e intentando conciliar intereses».

Cospedal resaltó que con este acuerdo los ciudadanos de Albacete, por su «situación excepcional», ya no tendrán que pagar por el agua de abastecimiento humano.

ENLACE A NOTICIA: http://www.abc.es/toledo/20140313/abcp-aprobado-plan-cuencael-jucar-20140313.html

El Fondo español de Garantía Agraria (FEGA) informa en su página web sobre las consecuencias de las cesiones de derechos de Pago Único realizadas en el período de presentación de la solicitud única de ayudas directas de la PAC de 2014 en la asignación de derechos de Pago Básico en 2015. Las cesiones de derechos de pago único que se comuniquen a la administración durante el período de presentación de la solicitud única correspondiente al año 2014, es decir, entre el 17 de febrero y el 15 de mayo de 2014, serán claves, tal y como recuerda el FEGA. En esta nota informativa, el FEGA explica los efectos que se producen en los casos generales asociados a cesiones de derechos.

    El organismo indica que, para que un beneficiario pueda recibir una asignación de derechos de Pago Básico en 2015, debe cumplir tres requisitos: En 2013 debe haber cobrado algún tipo de ayuda directa o haber recibido derechos de pago único de la reserva nacional en 2014; debe cumplir con el requisito de ser agricultor activo y debe presentar una solicitud de ayuda con hectáreas admisibles en 2015.

El número máximo de derechos será igual al número de hectáreas admisibles en 2013

   Por otra parte, el FEGA añade que el número máximo de derechos que podrán asignarse a un beneficiario será igual al número de hectáreas admisibles que declaró en 2013 o, si la cifra es menor, al número de hectáreas admisibles que declare en 2015.

    Entre otros asuntos que el agricultor debe tener en cuenta, el FEGA comenta que el derecho derivado de haber cobrado algún tipo de ayuda directa en 2013 se puede transmitir con efectos en la asignación de pago básico de 2015, en el caso de cesiones con tierras.

En la cesión de derechos sin tierra, el derivado de haber recibido alguna ayuda en 2013 no puede transmitirse

    En el caso de cesiones de derechos de pago único sin tierras, el derecho derivado de haber recibido algún tipo de ayuda directa en 2013 no puede transmitirse.

    En los casos de cambios de denominación o de estatuto jurídico, fusiones, escisiones o herencias, comunicados en el período de cesiones de derechos de pago único en 2014, los beneficiarios resultantes de tales cambios recibirán el derecho derivado de haber cobrado las ayudas directas en 2013 que tenía el beneficiario original, pudiendo recibir una asignación de derechos en 2015 si cumplen con el resto de los requisitos.

     Por otra parte, la normativa comunitaria prevé la posibilidad de que los Estados miembros excluyan del beneficio de la ayuda a los beneficiarios que hayan creado condiciones artificiales para obtener algún tipo de ventaja en el cobro de las ayudas de la PAC.

    A estos efectos, la normativa nacional que desarrolle todos los aspectos relacionados con la asignación inicial de derechos de pago básico establecerá qué circunstancias podrán ser consideradas como creación de condiciones artificiales para el cobro de la ayuda.

En los casos de compra-venta de derechos se estudiará la creación de condiciones artificiales

    En los casos de compra-venta de derechos de pago único sin tierras se estudiará la posible creación de condiciones artificiales, de cara a la asignación de derechos de pago básico en el año 2015, por parte del cedente.

    Se analizará si, con dicha venta, se ha tratado de buscar una reducción artificial de los importes medios por hectárea que pueda derivar en una mayor asignación de importes en el año 2015 que la que se habría producido si no hubiese tenido lugar dicha venta.

    Por otra parte, el FEGA puntualiza que las ventas o arrendamientos de explotaciones, totales o parciales, realizadas a partir del 16 de mayor de 2014 deberán notificarse a las administraciones competentes de las comunidades autónomas antes del 15 de mayo de 2015, de acuerdo con lo que establezca la normativa nacional de aplicación cuando entre en vigor.

    Para que dichas transacciones tengan efectos en la asignación inicial de derechos de pago base, la normativa aplicable será la establecida en el Reglamento (UE) 1307/2013 y, tanto vendedor como comprador o arrendador y arrendatario, deben cumplir con los requisitos de agricultor activo que se establezcan para el año 2015.

ENLACE A NOTICIA:                                http://www.agroinformacion.com/noticias/78/espana/72488/los%20datos%20aportados%20en%202014%20claves%20para%20calcular%20los%20derechos%20de%20pago%20unico%20en%202015.aspx

La Comisión de Agricultura del Congreso abordará este miércoles día 12 sendas proposiciones no de ley de PSOE y CiU e las que se se pide al Gobierno que cree contratos de suministro eléctrico de temporada para los regantes, de modo que se pueda garantizar la competitividad de este tipo de explotaciones agrícolas, muy afectadas por el incremento del precio de la luz de los últimos años. En su iniciativa, el portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, advierte de la situación «muy preocupante» de «pérdida de competitividad» que está sufriendo la agricultura de regadío, afectada por los incrementos de los costes de la energía, entre otros, y por el «estancamiento» de los precios de venta, mienyras que los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética. Asimimso, esta sesión servirá para saber si Industria ha oído la mediación de Agricultura en este conflicto.

     El Grupo Parlamentario Sociales ha indicado que la Proposición no de Ley  plantea medidas para adaptar esas tarifas a la situación de los regadíos y a particularidades como su consumo estacional, con el fin de que los agricultores españoles «no pierdan competitividad».

    En la propuesta, el PSOE insta al Gobierno a fomentar los contratos de temporada, eliminando las penalizaciones actuales y abriendo la posibilidad legal de que, con un solo contrato, se pueda disponer de distintas potencias para su uso, según se trate de los meses de temporada de riego y o del resto del año.

    El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, ha asegurado, en el comunicado, que el PP «tiene la oportunidad de votar medidas contra el tarifazo eléctrico del Gobierno en los regadíos»,

     A su juicio, el incremento de la tarifa eléctrica de riego es el «mayor problema con el que se encuentra la agricultura española en estos momentos», porque los regantes «están sufriendo el mayor incremento de la historia».

     De hecho, la Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE),ya ha asegurado durante las manifestaciones del pasado mes de febrero que las últimas modificaciones energéticas aprobadas por el Gobierno les supondrán un sobrecoste de 100 millones de euros con una subida media del 16%.

La tarifa eléctrica representa entre el 60 y el 570% del coste de las explotaciones

     Por su parte, los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética que afecta al sector agrícola, particularmente en lo relativo a la potencia contratada y al autoconsumo, de modo que se fomente la competitividad de este tipo de explotaciones.

    En el texto, que recoge Europa Press, reclaman a los ministerios de Industria y de Agricultura que adopten medidas de «ahorro y eficiencia energética en el sector agrícola de regadío y, en particular, en las Comunidades de Regantes» para «garantizar su sostenibilidad» y «mejorar su competitividad».

    Asimismo, recuerdan, la agricultura de regadío es una gran consumidora de energética eléctrica, cuyo coste representa entre el 60% y el 70% de los costes totales de este tipo de explotaciones a pesar de su constante adaptación a las últimas mejoras en materia de eficiencia energética y mantenimiento de las instalaciones.

ENLACE A NOTICIA: http://www.agroinformacion.com/noticias/74/zonas%20regables/72485/el%20congreso%20debe%20decidir%20este%20miercoles%20si%20hay%20mejoras%20en%20la%20tarifa%20electrica%20para%20el%20regadio.aspx

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http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=95120

Los regantes de La Ribera no aceptarán un cambio del trasvase del río Júcar al Vinalopó. Y los principales partidos de la oposición al PP en la Comunidad Valenciana, tampoco. “No vamos a consentirlo: somos solidarios pero no tontos”. Así de tajante se ha mostrado José Pascual Fortea, presidente de la Comunitat de Regants de Sueca y portavoz de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) en el acto simbólico de apertura de compuertas para la temporada de riego de la capital de la Ribera Baixa. Este año no hubo representación institucional del Consell. “No están aquí porque la Comunitat de Regants de Sueca no les ha invitado”, explicó Fortea. Del Partido Popular (PP) tan solo asistió María Ángeles Ureña, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y José Segarra, director-conservador del parque natural de L’Albufera, ambos naturales de Sueca.

   Fortea ha lanzado durante el acto un mensaje claro a los Gobiernos autonómico y estatal de rechazo a la pretensión de los agricultores del Vinalopó de cambiar la toma de agua construida para el trasvase en el tramo final del Júcar. El presidente de los regantes de Sueca se ha mostrado crítico con la política en materia de aguas del PP y ha pedido el apoyo de los partidos de la oposición a los planteamientos de los usuarios del Júcar, zsegún recoge Josep Blay en www.elpais.com.

   “Creo que no existe un ejemplo de solidaridad más grande que el nuestro”, ha expresado para poner como ejemplo el Canal Júcar-Turia, por el que se abastece a Valencia y Sagunto, así como el actual transvase al Vinalopó, pendiente de entrar en funcionamiento. “Saben en Alicante que no va a haber problema de suministro urbano en casos de sequía extrema, como ya se ha hecho, incluso a Benidorm, a través de los Canales del Taibilla”, ha recordado Fortea.

   Durante los discursos, Pedro Arrojo, tras afirmar que “los regantes de este país han hecho muy bien sus deberes, trabajando de manera sostenible y siendo respetuosos con el medio ambiente”, ha llamado a la unidad de todos. Y ha alentado a trabajar contra una posible privatización del agua y de los ríos “por encima de las ideologías, por un Júcar vivo, L’Albufera y los caudales ecológicos”. Los representantes de los partidos se han pronunciado en términos parecidos.

    El turno de palabras lo ha cerrado Ureña, presidenta de la CHJ, quien ha asegurado que el proyecto del nuevo plan de cuenca del Júcar “mejorará con las alegaciones aportadas y, aunque nunca se puede contentar a todos, será un buen plan”.

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Las Cortes de Aragón van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental por considerar que permite llevar a cabo un trasvase del río Ebro. Los cinco Grupos Parlamentarios han votado a favor de esta iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA) y la Mesa y Junta de Portavoces en la sesión extraordinaria del Pleno parlamentario. El recurso se interpone contra la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta. Por su parte, El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley, «ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional» y niega que se abra la puerta a más trasvases.

    El pleno de las Cortes aprobaronel recurso al entender que abre la puerta a los trasvases. Hubo un acuerdo unánime entre todos los grupos, lo que no evitó quelos partidos se enzarzasen en el ya tradicional debate en torno a las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar agua del río Ebro a Levante.

   Los silencios del presidente del Ejecutivo central convierten el trasvase en un enemigo invisible que está siempre a punto de llegar. Su sombra se llama ahora Ley de Evaluación Ambiental. Así se puso de manifiesto en el hemiciclo. Un contundente informe de los servicios jurídicos del Parlamento estimó que la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta son anticonstitucionales y atentan contra las competencias de Aragón.

     Durante el pleno, se aseguró que el debate hidráulico surgido a tenor de la Ley de Evaluación Ambiental terminará «abriendo en canal» al Parlamento, donde se exigió a los populares que resuelvan los problemas que generan la opiniones de los presidentes de Levante: Alberto Fabra –de la Comunidad Valenciana– y Ramón Luis Valcárcel –de Murcia–, o las de la de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Antonio Torres (PP) insistió una vez más en la posición que mantiene su partido, contraria al trasvase y que por eso votaban a favor del recurso… a excepción de Luisa Fernanda Rudi.

Negativa del Magrama

    La respuesta del Ministerio no ha tardado en llegar y ha ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental, ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, según afirma en una nota.

    El Ministerio explica que las disposiciones en materia de aguas previstas en la nueva Ley de Evaluación Ambiental que se pretende impugnar desde la Comunidad Autónoma de Aragón han sido elaboradas conforme al procedimiento legalmente establecido. Contrariamente a lo defendido en el informe de las Cortes de Aragón, «no existe ni en la Constitución, ni en las normas del bloque de la constitucionalidad, una regla según la cual el monopolio de la iniciativa de la planificación hidrológica corresponda únicamente al Gobierno», asegura.

    En consecuencia, afirma que «no hay inconveniente constitucional para que tales cambios puedan ser introducidos en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda, como se hizo en este caso».

Ni se vulnera el Estatuto ni se abre la puerta a nuevos trasvases

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aclara también que, en ningún caso, se ha vulnerado el Estatuto de Autonomía de Aragón, ya que éste no resulta de aplicación a las disposiciones legales que se pretenden recurrir.

    Tampoco se produce vulneración alguna del principio de reserva de ley, recogido en el artículo 132 de la Constitución, como argumenta el informe de las Cortes de Aragón, «porque este principio no implica que cualquier aspecto que afecte de una u otra forma a los bienes de dominio público deban estar recogidos en una norma con rango legal; sino que el régimen jurídico de los bienes de dominio público se regule en una disposición con rango legal. Lo que no impide que ciertos aspectos puedan desarrollarse por normas reglamentarias, sobre todo cuando se trata de cuestiones técnicas como las que prevén en las disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura en la Ley de Evaluación Ambiental».

    Por otro lado, el MAGRAMA subraya que carecen de fundamento las interpretaciones de quienes pretenden vincular las disposiciones contenidas en la Ley con trasvases que no existen como el del Ebro. La norma recoge el acuerdo histórico con 5 Comunidades Autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) sobre el trasvase Tajo-Segura, el más importante del país.

    En definitiva, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera «totalmente infundadas» las afirmaciones de quienes pretenden atacar la constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental mediante una interpretación de las previsiones en materia de trasvases que esta norma no contempla.

ENLACE A NOTICIA: http://www.agroinformacion.com/noticias/75/politica%20hidraulica/72142/los%20trasvases%20y%20la%20ley%20de%20evaluacion%20ambiental%20abre%20un%20frente%20judicial%20entre%20aragon%20y%20gobierno.aspx

D. M./J. L. F. / alicante

Día 28/02/2014

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Aragón ha reabierto con carácter «preventivo» la guerra del agua en torno al Ebro, que parecía –al menos de momento– superada. A pesar de que la Comunidad nunca ha renunciado expresamente a reclamar el trasvase derogado por el PSOE en 2004, esta reivindicación había quedado aparcada hasta que se aprobasen los planes de cuenca (el del Júcar acaba de terminar su periodo de exposición pública) y se iniciase la negociación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

Pese a todo, el pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad, a propuesta de la Chunta Aragonesista (CHA), recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de evaluación a mbiental –precisamente, la que «blindaba» el trasavase Tajo-Segura tras el aumento de la reserva mínima en los embalses de cabecera–, al considerar que abre la puerta al trasvase del Ebro. El recurso se presentará contra varias disposiciones de la ley, en base a un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que los portavoces de los grupos consideraron «contundente» e «incontestable».

Incluso el PP aragonés, que gobierna con apoyo del PAR, consideró que a la vista del citado informe su única opción era votar a favor de presentar dicho recurso. Ello a pesar de que su portavoz señaló que la ley ambiental «no abre puertas» al trasvase y admitió que regula únicamente el del Tajo-Segura. Tanto la CHA como el PSOEe IU, en cambio, consideraron lo contrario, y acusaron al PP de querer retomar el trasvase del Ebro. El efecto colateral que podría tener el recurso al Constitucional, sin embargo, sería el de anular una norma que ha garantizado la continuidad del Tajo-Segura y que precisó del consenso de cinco autonomías y el Gobierno central.

El agua también estuvo ayer de actualidad en Alicante, puesto que Asaja aprovechó la presencia del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en una reunión con los empresarios de Coepa para reivindicar que se complete la obra de túneles y el trasvase Júcar-Vinalopó se materialice en la toma original de Cortes de Pallás. «Es una inversión pequeña y es de justicia, porque en el Azud de la Marquesa no hay agua, eso es porquería», indicó su presidente, Eladio Aniorte.

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ABC / TOLEDO

Día 26/02/2014

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La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha se suma a las movilizaciones de hoy, convocadas en Albacete y Toledo en protesta por los efectos del incremento de las tarifas eléctricas en las explotaciones agropecuarias, especialmente las de riego.

Bajo el lema «El regadío agoniza, no al tarifazo eléctrico», Asaja de Castilla-La Mancha se adhiere a los actos reivindicativos contra la subida de los costes eléctricos, en los que estarán presentes los representantes de la organización de las cinco provincias, según informó Asaja en nota de prensa.

Los actos se llevarán a cabo en la Subdelegación del Gobierno en Albacete, a la que también acudirá la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y UPA Castilla-La Mancha; y en la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo, en la que estará presente la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche.

Estas movilizaciones, que comenzarán a partir de las 12.00 horas, se desarrollarán de manera sincronizada con la del resto del regadío nacional, las cuales estarán c

Situación peor

Según Asaja, «la situación ha ido empeorando desde la desaparición de las tarifas especiales de riego en el año 2008 como consecuencia de la liberalización del mercado de la electricidad», por lo que esta organización defiende una revisión del tratamiento dado a las explotaciones de regadío, «que pagan durante todo el año una cuota de potencia muy elevada cuando solamente riegan entre dos y seis meses al año, en función del cultivo».

Por este motivo, Asaja propone que se reconozca el carácter estacional del sector del regadío y se permita modificar el término de potencia contratada en los períodos en los que no hay actividad o ésta es mínima.

Asimismo, denuncian que las explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha también están sufriendo los efectos de este «incremento desmesurado» del precio de la electricidad, lo que se suma «al aumento de otros costes de producción y a la crisis de precios en origen en sectores como el vacuno y el ovino de leche, que está llevando al cierre de granjas ganaderas en la región». Por eso reclaman medidas eficaces que ayuden al sector a afrontar mejor la actual situación.

ENLACE A NOTICIA:                                 http://www.abc.es/toledo/20140226/abcp-regantes-manifiestan-contra-subida-20140226.html

Según se acerca el miécoles día 26, cada vez son más la voces que se suman a las protestas convocadas para ese día por los regantes de toda España en contra del ‘tarifazo’ eléctrio que van a sufrir con las subidas de las tarifas decretadas por el Ministerio de Industria. Pese a los mensajes de clama y de búsqueda de soluciones por parte de Miguel Arias Cañete, que sin embargo aún no se han concretado en nada, lo cierto es que nada parece que vaya a frenar la convocatoria que se ha hecho por parte de las OPAS y de todas las comunidades de regantes a cerca de medio millón de agricultores que dependen de este sobecoste para poder mantener sus explotaciones. Según FEREBRO, se está pagando «entre 600 y 700 euros por hectárea y año» cada regante, por lo que «antes de cometer una modernización uno se lo piensa».

    Así en Andalucía se espera que más de 4.000 regantes procedentes de toda comunidad se concentrarán ante la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de manera sincronizada con la del resto de regantes de España. En este caso, ara escenificar la situación a la que aboca el regadío la subida de los costes eléctricos, los regantes llevarán varios burros que portarán cántaros de agua. “Esa será la forma de regar a la que volveremos, como nos descuidemos, porque desde luego lo que está claro es que, con estas tarifas eléctricas, los modernos sistemas de riego no nos sirven porque elevan los costes fijos a niveles que hacen nuestras explotaciones no sean rentables”, ha explicado Margarita Bustamante, presidenta de Feragua, asociación que coordina la concentración del regadío andaluz, a la que se han sumado unánimemente todas las asociaciones andaluzas de regantes: Areda, Rega, Corehu, Feral, Coreca, Acoregra, Freshuelva, Asociación de Citricultores de Huelva Grupo Remolachero, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG, y UPA, y la Federación de Cooperativas Agrarias de Andalucía, FAECA.

    Los regantes andaluces calculan que la última subida contenida en el decreto del 1 de agosto significará para el regadío andaluz un sobrecoste de más de 37 millones anuales, que se suma al incremento continuado de la tarifa eléctrica que el regadío viene soportando en el último lustro, de más del 80%, con un incremento de los costes fijos (regulados) superior al 1000% en muchas zonas regables.

    Este crecimiento desproporcionado, unido al incremento del consumo de energía eléctrica asociado al proyecto de modernización (superior al 60% en las comunidades modernizadas), supone ya que de media, el 40 % de los que le cuesta el agua al agricultor de riego tenga que ser destinada al pago de la factura de la luz, llegando en algún caso a superar el 75%.

FEREBRO asegura que ya se palantean seguir o no con la modernización

    Por su parte, la Federación de Comunidades Regantes de la Cuenta del Ebro (FEREBRO) ha afirmado que los costes energéticos para los agricultores son «insostenibles» y ha reclamado soluciones al Ministerio de Industria.

   Así lo ha indicado el presidente de la Federación, César Trillo, quien ha recordado que en 2008 desapareció la tarifa eléctrica específica para regadío, desde entonces, el aumento de los costes, están llevando al sector a «una situación insostenible».

   Este incremento se debe, en parte, a que las comunidades de regantes están inmersas en procesos de «modernización», para ahorrar agua, pero al pasar a sistemas de riego por presión la mayoría de los regadíos empiezan a usar energía eléctrica.

    «Muchas comunidades se están planteando si hacen la modernización o no. El coste energético después de la modernización, sobre todo cuando se van haciendo dos cosechas, está por encima de 300 euros por hectárea y año –en el 2008 unos 140 euros–«, ha mencionado Trillo, quien ha añadido que una comunidad modernizada tiene que estar pagando esta modernización, más los gastos de la confederación y de la comunidad general y de base.

    En este punto, ha agregado que la comunidad que preside, Riegos del Alto Aragón, se está pagando «entre 600 y 700 euros por hectárea y año» cada regante, por lo que «antes de cometer una modernización uno se lo piensa».

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