El plan del Júcar descarta un cambio de toma del trasvase
J. L. FERNÁNDEZ / ALICANTE
Día 14/03/2014
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El Ministerio de Medio Ambiente deja pocas dudas al contestar a las alegaciones del Plan de Cuenca de la Demarcación del Júcar: el trasvase al Vinalopó se realizará desde una única toma, la del Azud de la Marquesa.
Por lo tanto, las aspiraciones de los regantes alicantinos –secundados por la Diputación de Alicante y su Mesa del Agua– se verán truncadas y no dispondrán de caudales procedentes de Cortes de Pallás, la toma original del trasvase hasta que se cambió a mediados de la década pasada.
Entre las 241 alegaciones presentadas por ayuntamientos, la Diputación de Alicante y la Generalitat, comunidades de agricultores, asociaciones ecologistas y otras entidades contenidas en el «Informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias al Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca», predomina una con idéntico texto para exigir que el Azud de la Marquesa sea la única toma. La respuesta es que el proyecto «no contempla ninguna otra presa o azud diferente al de la Marquesa en el Bajo Júcar» y se precisa que «las simulaciones que se han realizado en el sistema Júcar evalúan los aportes al sistema Vinalopó-Alacantí desde la toma en
Más dotación para la uva
También se confirma a otros muchos alegantes que la dotación anual se limita a 80 hectómetros cúbicos, si bien se reconoce igualmente que los recursos disponibles no pueden satisfacer los derechos adquiridos en estas zonas.
Sí se atiende una demanda alicantina para dotar de más recursos hídricos al cultivo de la uva de mesa del Medio Vinalopó, aunque no en la cantidad solicitada: se incrementa hasta 3.100 metros cúbicos por hectárea y año, cuando los alegantes pedían de 3.500 a 4.000.
Se desoyen, en cambio, las alusiones a la calidad del agua en el curso bajo del Júcar, el argumento más esgrimido por los alicantinos para reivindicar la extracción desde Cortes de Pallás. Los usuarios del Vinalopó pedían que las aguas a trasvasar fuesen «aptas para todo tipo de cultivos», si bien la respuesta es que «la calidad en el último tramo del Júcar está afectada tanto por retornos de riego de los regadíos tradicionales como por los vertidos de las EDAR (depuradores) del entorno», pero «desde la puesta en marcha de la EDAR Alzira-Carcaixent se ha registrado una gran mejora en la calidad de los caudales circulantes, y en la actualidad presenta una calidad de aguas prepotables».
ENLACE A NOTICIA: http://www.abc.es/alicante/20140314/abcp-plan-jucar-descarta-cambio-20140314.html
UPA Y COAG critican que todavía no se haya cerrado nada sobre el ‘tarifazo’ eléctrico a los regantes
Ante la cercanía de la campaña de riego, las organizaciones agrarias COAG y UPA reclaman al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, medidas urgentes para mitigar el brutal impacto en las explotaciones agrarias de la subida de las tarifas eléctricas. Ambas organizaciones denuncian que, tras tres meses, el conjunto del sector no ha obtenido respuesta del ministro a la petición realizada en diciembre de 2013 para constituir un grupo de trabajo que encuentre soluciones al importante incremento de la factura eléctrica. Asimimso, recuerdan que las características especiales de las empresas de temporada, entre las que se encuentran las explotaciones con superficies de regadío, hacen que sean más sensibles al incremento del término fijo de la factura eléctrica a la hora de trabajar con productos agrícola de campaña.
Asimimso, recuerdan en una nota que la estrategia de aumentar la facturación en el término de potencia y reducir la de término variable de energía ha provocado subidas espectaculares en las facturas, (consecuencia de que la actual reglamentación obligue a pagar por la potencia instalada que no se usa), a pesar de que en gran parte de los casos no existe actividad durante ciertos periodos del año.
Según sus datos, la orden IET/1491/2013 de Industria ha provocado un incremento promedio del 125% de los peajes de acceso de las tarifas eléctricas. Como consecuencia, la factura de la luz para riego se ha encarecido de media un 80%, con un incremento de los costes fijos –regulados- de más de un 1.000%.
Por ello, COAG y UPA subrayan que muchas de las explotaciones están intentando reducir el impacto de estos costes con fuertes compromisos de eficiencia energética, «pero lamentablemente, estos esfuerzos no compensan la imparable subida de los costes eléctricos ya que también el autoconsumo y la cogeneración han sido penalizados».
Aprobado el plan de cuencaEl Júcar cierra sin guerras el plan hidrológico de la Región
P. HERNÁNDEZ / toledo
Día 13/03/2014
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Supone un gran avance para Albacete, que no tendrá que pagar ninguna compensación por beber agua del Júcar
Se acabó definitivamente la mal llamada «guerra del agua», una expresión muy utilizada durante las distintas etapas del Gobierno socialista en Castilla-La Mancha, que utilizó este recurso como arma política, pero que fueron pocos los avances en materia hidrográfica conseguidos por la región.
Ahora, en poco más de dos años, el Gobierno de España, en colaboración con las Confederaciones Hidrográficas, ya ha aprobado todos los planes de demarcación que afectan a lacomunidad autónoma -ayer se conocían los detalles del plan del Júcar, el último por definir-, lo que permite tener una planificación a la hora de disponer de los recursos hídricos.
Que esos recursos sean suficientes o no, depende del color político con que se miren, pero lo cierto es que se ha alcanzado un acuerdo que permite tener una reserva total de 4.266 hectómetros cúbicos al año procedentes de las distintas demarcaciones. Una cifra que, comparada con las asignaciones y reservas contenidas en los planes hidrológicos aprobados en 1998, supone un incremento más que notable del 11,2%.
A las aprobaciones de los planes de Cuenca del Guadiana, Tajo y Segura, ayer la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, daba a conocer el borrador del Plan del Júcar, que especialmente beneficia a los albaceteños. Poco después de que la Confederación Hidrográfica hiciera público el borrador de la planificación del Júcar, la consejera consideraba que era muy «satisfactorio» para Castilla-La Mancha, porque recoge las alegaciones presentadas por el Gobierno regional, que a su juicio «eran indispensables para mejorar el borrador inicial presentado el pasado mes de agosto».
Marta García subrayó que este plan supone un «gran avance para Albacete capital y su zona de influencia, porque los albaceteños no tendrán que pagar ninguna compensación extraordinaria ni indemnización a los regantes valencianos por beber el agua del Júcar». Indicó que los albaceteños «están de enhorabuena», ya que con el nuevo plan de la demarcación del Júcar va a quedar resuelto un agravio arrastrado desde hace años.
La titular de Fomento también anunció que el plan pondrá fin a los problemas de inundabilidad que padece Albacete desde hace décadas, ya que adelanta a 2015 el inicio de las obras para la prevención de avenidas provocadas por el río Balazote, por el Barranco de Escartana y para impedir la inundabilidad del Canal de María Cristina, obras estaban previstas entre el año 2021 y 202
Mancha Oriental
La consejera resaltó como otro importante logro del Gobierno de Cospedal en esta planificación, la elevación de la reserva de agua asignada a los regantes de la Mancha Oriental a 100 Hm3 con aguas superficiales del Júcar, que irá destinada no solo para la redotación y modernización de regadíos, sino también para nuevos regadíos. Esto significa, según recalcó la consejera, «35 Hm3 más de agua, que servirán para consolidar los regadíos existentes y plantear otros nuevos con agua del Júcar».
García de la Calzada avanzó que las obras de la segunda fase de sustitución de bombeos «va a ser una realidad», porque cuenta ya con un proyecto realista que será licitado por el Ministerio durante este año, lo que «permitirá un uso efectivo del agua, algo que antes no se podía realizar por falta de infraestructuras».
Precisamente, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se refería ayer a este plan en un acto celebrado en Toledo, y se mostró confiado en que se pueda dar traslado del borrador al Consejo Nacional del Agua «con el consenso de todos los interesados y conciliando los intereses de todos». «Ya se ha logrado un acuerdo inicial básico que ha permitido poner al plan en exposición pública».
El ministro puso el acento en que el «espíritu» del Gobierno es «buscar soluciones» teniendo en cuenta todos los territorios, «tanto las cuencas receptoras como las cedentes, y con armonía y equilibrio de intereses», según recoge Ep. «Trataremos de seguir perfeccionando todo para culminar con una planificación hidrológica que tenía que estar lista en 2009, pero el Gobierno anterior no pudo desarrollar», ha dicho Cañete, que ha destacado que «este Gobierno ha tenido que sacar en dos años la planificación de todos los ríos españoles».
Poner de acuerdo a todos
También la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, opinó que con este borrador «se ha ido perfeccionando el principio de acuerdo» al que llegaron las partes, trato que «ha sido favorable para todos, para la región y para el Levante».
«Quiero agradecer a Cañete el esfuerzo realizado, ha demostrado que cuando muchos quieren ponerse de acuerdo, se pueden poner de acuerdo, y no hubiera sido posible sin un Ministerio que ha estado trabajando mucho e intentando conciliar intereses».
Cospedal resaltó que con este acuerdo los ciudadanos de Albacete, por su «situación excepcional», ya no tendrán que pagar por el agua de abastecimiento humano.
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Los datos aportados en 2014, claves para calcular los derechos de pago único en 2015
El Fondo español de Garantía Agraria (FEGA) informa en su página web sobre las consecuencias de las cesiones de derechos de Pago Único realizadas en el período de presentación de la solicitud única de ayudas directas de la PAC de 2014 en la asignación de derechos de Pago Básico en 2015. Las cesiones de derechos de pago único que se comuniquen a la administración durante el período de presentación de la solicitud única correspondiente al año 2014, es decir, entre el 17 de febrero y el 15 de mayo de 2014, serán claves, tal y como recuerda el FEGA. En esta nota informativa, el FEGA explica los efectos que se producen en los casos generales asociados a cesiones de derechos.
El organismo indica que, para que un beneficiario pueda recibir una asignación de derechos de Pago Básico en 2015, debe cumplir tres requisitos: En 2013 debe haber cobrado algún tipo de ayuda directa o haber recibido derechos de pago único de la reserva nacional en 2014; debe cumplir con el requisito de ser agricultor activo y debe presentar una solicitud de ayuda con hectáreas admisibles en 2015.
El número máximo de derechos será igual al número de hectáreas admisibles en 2013
Por otra parte, el FEGA añade que el número máximo de derechos que podrán asignarse a un beneficiario será igual al número de hectáreas admisibles que declaró en 2013 o, si la cifra es menor, al número de hectáreas admisibles que declare en 2015.
Entre otros asuntos que el agricultor debe tener en cuenta, el FEGA comenta que el derecho derivado de haber cobrado algún tipo de ayuda directa en 2013 se puede transmitir con efectos en la asignación de pago básico de 2015, en el caso de cesiones con tierras.
En la cesión de derechos sin tierra, el derivado de haber recibido alguna ayuda en 2013 no puede transmitirse
En el caso de cesiones de derechos de pago único sin tierras, el derecho derivado de haber recibido algún tipo de ayuda directa en 2013 no puede transmitirse.
En los casos de cambios de denominación o de estatuto jurídico, fusiones, escisiones o herencias, comunicados en el período de cesiones de derechos de pago único en 2014, los beneficiarios resultantes de tales cambios recibirán el derecho derivado de haber cobrado las ayudas directas en 2013 que tenía el beneficiario original, pudiendo recibir una asignación de derechos en 2015 si cumplen con el resto de los requisitos.
Por otra parte, la normativa comunitaria prevé la posibilidad de que los Estados miembros excluyan del beneficio de la ayuda a los beneficiarios que hayan creado condiciones artificiales para obtener algún tipo de ventaja en el cobro de las ayudas de la PAC.
A estos efectos, la normativa nacional que desarrolle todos los aspectos relacionados con la asignación inicial de derechos de pago básico establecerá qué circunstancias podrán ser consideradas como creación de condiciones artificiales para el cobro de la ayuda.
En los casos de compra-venta de derechos se estudiará la creación de condiciones artificiales
En los casos de compra-venta de derechos de pago único sin tierras se estudiará la posible creación de condiciones artificiales, de cara a la asignación de derechos de pago básico en el año 2015, por parte del cedente.
Se analizará si, con dicha venta, se ha tratado de buscar una reducción artificial de los importes medios por hectárea que pueda derivar en una mayor asignación de importes en el año 2015 que la que se habría producido si no hubiese tenido lugar dicha venta.
Por otra parte, el FEGA puntualiza que las ventas o arrendamientos de explotaciones, totales o parciales, realizadas a partir del 16 de mayor de 2014 deberán notificarse a las administraciones competentes de las comunidades autónomas antes del 15 de mayo de 2015, de acuerdo con lo que establezca la normativa nacional de aplicación cuando entre en vigor.
Para que dichas transacciones tengan efectos en la asignación inicial de derechos de pago base, la normativa aplicable será la establecida en el Reglamento (UE) 1307/2013 y, tanto vendedor como comprador o arrendador y arrendatario, deben cumplir con los requisitos de agricultor activo que se establezcan para el año 2015.
El Congreso debe decidir este miércoles si hay mejoras en la tarifa eléctrica para el regadío
La Comisión de Agricultura del Congreso abordará este miércoles día 12 sendas proposiciones no de ley de PSOE y CiU e las que se se pide al Gobierno que cree contratos de suministro eléctrico de temporada para los regantes, de modo que se pueda garantizar la competitividad de este tipo de explotaciones agrícolas, muy afectadas por el incremento del precio de la luz de los últimos años. En su iniciativa, el portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, advierte de la situación «muy preocupante» de «pérdida de competitividad» que está sufriendo la agricultura de regadío, afectada por los incrementos de los costes de la energía, entre otros, y por el «estancamiento» de los precios de venta, mienyras que los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética. Asimimso, esta sesión servirá para saber si Industria ha oído la mediación de Agricultura en este conflicto.
El Grupo Parlamentario Sociales ha indicado que la Proposición no de Ley plantea medidas para adaptar esas tarifas a la situación de los regadíos y a particularidades como su consumo estacional, con el fin de que los agricultores españoles «no pierdan competitividad».
En la propuesta, el PSOE insta al Gobierno a fomentar los contratos de temporada, eliminando las penalizaciones actuales y abriendo la posibilidad legal de que, con un solo contrato, se pueda disponer de distintas potencias para su uso, según se trate de los meses de temporada de riego y o del resto del año.
El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, ha asegurado, en el comunicado, que el PP «tiene la oportunidad de votar medidas contra el tarifazo eléctrico del Gobierno en los regadíos»,
A su juicio, el incremento de la tarifa eléctrica de riego es el «mayor problema con el que se encuentra la agricultura española en estos momentos», porque los regantes «están sufriendo el mayor incremento de la historia».
De hecho, la Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE),ya ha asegurado durante las manifestaciones del pasado mes de febrero que las últimas modificaciones energéticas aprobadas por el Gobierno les supondrán un sobrecoste de 100 millones de euros con una subida media del 16%.
La tarifa eléctrica representa entre el 60 y el 570% del coste de las explotaciones
Por su parte, los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética que afecta al sector agrícola, particularmente en lo relativo a la potencia contratada y al autoconsumo, de modo que se fomente la competitividad de este tipo de explotaciones.
En el texto, que recoge Europa Press, reclaman a los ministerios de Industria y de Agricultura que adopten medidas de «ahorro y eficiencia energética en el sector agrícola de regadío y, en particular, en las Comunidades de Regantes» para «garantizar su sostenibilidad» y «mejorar su competitividad».
Asimismo, recuerdan, la agricultura de regadío es una gran consumidora de energética eléctrica, cuyo coste representa entre el 60% y el 70% de los costes totales de este tipo de explotaciones a pesar de su constante adaptación a las últimas mejoras en materia de eficiencia energética y mantenimiento de las instalaciones.
El Plan Hidrológico del Ebro mejora en un 10% el caudal ecológico
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Los regantes de La Ribera insisten en que no aceptarán otro trasvase al Vinalopó
Los regantes de La Ribera no aceptarán un cambio del trasvase del río Júcar al Vinalopó. Y los principales partidos de la oposición al PP en la Comunidad Valenciana, tampoco. “No vamos a consentirlo: somos solidarios pero no tontos”. Así de tajante se ha mostrado José Pascual Fortea, presidente de la Comunitat de Regants de Sueca y portavoz de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) en el acto simbólico de apertura de compuertas para la temporada de riego de la capital de la Ribera Baixa. Este año no hubo representación institucional del Consell. “No están aquí porque la Comunitat de Regants de Sueca no les ha invitado”, explicó Fortea. Del Partido Popular (PP) tan solo asistió María Ángeles Ureña, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y José Segarra, director-conservador del parque natural de L’Albufera, ambos naturales de Sueca.
Fortea ha lanzado durante el acto un mensaje claro a los Gobiernos autonómico y estatal de rechazo a la pretensión de los agricultores del Vinalopó de cambiar la toma de agua construida para el trasvase en el tramo final del Júcar. El presidente de los regantes de Sueca se ha mostrado crítico con la política en materia de aguas del PP y ha pedido el apoyo de los partidos de la oposición a los planteamientos de los usuarios del Júcar, zsegún recoge Josep Blay en www.elpais.com.
“Creo que no existe un ejemplo de solidaridad más grande que el nuestro”, ha expresado para poner como ejemplo el Canal Júcar-Turia, por el que se abastece a Valencia y Sagunto, así como el actual transvase al Vinalopó, pendiente de entrar en funcionamiento. “Saben en Alicante que no va a haber problema de suministro urbano en casos de sequía extrema, como ya se ha hecho, incluso a Benidorm, a través de los Canales del Taibilla”, ha recordado Fortea.
Durante los discursos, Pedro Arrojo, tras afirmar que “los regantes de este país han hecho muy bien sus deberes, trabajando de manera sostenible y siendo respetuosos con el medio ambiente”, ha llamado a la unidad de todos. Y ha alentado a trabajar contra una posible privatización del agua y de los ríos “por encima de las ideologías, por un Júcar vivo, L’Albufera y los caudales ecológicos”. Los representantes de los partidos se han pronunciado en términos parecidos.
El turno de palabras lo ha cerrado Ureña, presidenta de la CHJ, quien ha asegurado que el proyecto del nuevo plan de cuenca del Júcar “mejorará con las alegaciones aportadas y, aunque nunca se puede contentar a todos, será un buen plan”.
Los trasvases y la Ley de Evaluación Ambiental abre un frente judicial entre Aragón y Gobierno
Las Cortes de Aragón van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental por considerar que permite llevar a cabo un trasvase del río Ebro. Los cinco Grupos Parlamentarios han votado a favor de esta iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA) y la Mesa y Junta de Portavoces en la sesión extraordinaria del Pleno parlamentario. El recurso se interpone contra la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta. Por su parte, El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley, «ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional» y niega que se abra la puerta a más trasvases.
El pleno de las Cortes aprobaronel recurso al entender que abre la puerta a los trasvases. Hubo un acuerdo unánime entre todos los grupos, lo que no evitó quelos partidos se enzarzasen en el ya tradicional debate en torno a las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar agua del río Ebro a Levante.
Los silencios del presidente del Ejecutivo central convierten el trasvase en un enemigo invisible que está siempre a punto de llegar. Su sombra se llama ahora Ley de Evaluación Ambiental. Así se puso de manifiesto en el hemiciclo. Un contundente informe de los servicios jurídicos del Parlamento estimó que la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta son anticonstitucionales y atentan contra las competencias de Aragón.
Durante el pleno, se aseguró que el debate hidráulico surgido a tenor de la Ley de Evaluación Ambiental terminará «abriendo en canal» al Parlamento, donde se exigió a los populares que resuelvan los problemas que generan la opiniones de los presidentes de Levante: Alberto Fabra –de la Comunidad Valenciana– y Ramón Luis Valcárcel –de Murcia–, o las de la de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Antonio Torres (PP) insistió una vez más en la posición que mantiene su partido, contraria al trasvase y que por eso votaban a favor del recurso… a excepción de Luisa Fernanda Rudi.
Negativa del Magrama
La respuesta del Ministerio no ha tardado en llegar y ha ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental, ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, según afirma en una nota.
El Ministerio explica que las disposiciones en materia de aguas previstas en la nueva Ley de Evaluación Ambiental que se pretende impugnar desde la Comunidad Autónoma de Aragón han sido elaboradas conforme al procedimiento legalmente establecido. Contrariamente a lo defendido en el informe de las Cortes de Aragón, «no existe ni en la Constitución, ni en las normas del bloque de la constitucionalidad, una regla según la cual el monopolio de la iniciativa de la planificación hidrológica corresponda únicamente al Gobierno», asegura.
En consecuencia, afirma que «no hay inconveniente constitucional para que tales cambios puedan ser introducidos en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda, como se hizo en este caso».
Ni se vulnera el Estatuto ni se abre la puerta a nuevos trasvases
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aclara también que, en ningún caso, se ha vulnerado el Estatuto de Autonomía de Aragón, ya que éste no resulta de aplicación a las disposiciones legales que se pretenden recurrir.
Tampoco se produce vulneración alguna del principio de reserva de ley, recogido en el artículo 132 de la Constitución, como argumenta el informe de las Cortes de Aragón, «porque este principio no implica que cualquier aspecto que afecte de una u otra forma a los bienes de dominio público deban estar recogidos en una norma con rango legal; sino que el régimen jurídico de los bienes de dominio público se regule en una disposición con rango legal. Lo que no impide que ciertos aspectos puedan desarrollarse por normas reglamentarias, sobre todo cuando se trata de cuestiones técnicas como las que prevén en las disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura en la Ley de Evaluación Ambiental».
Por otro lado, el MAGRAMA subraya que carecen de fundamento las interpretaciones de quienes pretenden vincular las disposiciones contenidas en la Ley con trasvases que no existen como el del Ebro. La norma recoge el acuerdo histórico con 5 Comunidades Autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) sobre el trasvase Tajo-Segura, el más importante del país.
En definitiva, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera «totalmente infundadas» las afirmaciones de quienes pretenden atacar la constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental mediante una interpretación de las previsiones en materia de trasvases que esta norma no contempla.
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