Catorce años después, la tarea está incompleta. Los planes hidrológicos recientemente aprobados por el Gobierno siguen sin cumplir las directrices, exigencias y recomendaciones de la Directiva Marco de Aguas (DMA) de la Unión Europea. Así lo denuncia la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), un colectivo formado por investigadores, científicos y profesorado universitario, que acaba de hacer público un exhaustivo informe de evaluación del primer ciclo de planificación hidrológica acorde con la norma europea. Tachan el paquete de medidas gubernamentales de «frustrante», y una «oportunidad perdida».
«Ha habido un cambio en el lenguaje y en la retórica, pero nada en lo práctico y en lo concreto. Los objetivos son los mismos de siempre», explica directora técnica de la Fundación, Julia Martínez, quien anuncia que ya han enviado los 20 informes realizados, además de un resumen ejecutivo, a la Comisión Europea. El primer ciclo de planificación, que debería haberse presentado en 2009 y ahora estudia Bruselas, «tiene una aplicación insuficiente de la Directiva». Por ello, la bióloga y profesora universitaria asegura que, en las reuniones que tendrá el Gobierno los días 10 y 11 de noviembre con ejecutivos comunitarios, se exigirán respuestas a España por la «deficiencia» de unos planes que no gustan en Bruselas, tal y como adelantó eldiario.es.
«En el Gobierno no son conscientes de lo negativo que es descolgarnos de la Directiva Marco de Aguas, algo que contradice su defensa de la Marca España», añade la directora técnica en conversación telefónica. Una versión opuesta a la que mantiene en público la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha asegurado que «la política hidráulica de este Gobierno es una política de cumplimiento» de las obligaciones con la Unión Europea.
Pero según Martínez, todos los planes tienen como eje la satisfacción de las demandas, es decir, una apuesta por los regadíos y por las infraestructuras hidráulicas. Dar a quienes piden sin valorar que los ríos deben llevar agua. «El principal objetivo europeo es alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua, algo muy distinto a la tradición española, que ha legislado para los sectores de las obras y los regantes. Reclamamos una gestión independiente y autónoma. Sin intereses concretos», incide.
Políticas intervencionistas y clientelares
Por ejemplo, el plan para la cuenca del río Ebro propone la creación de 445.000 nuevas hectáreas de regadío, es decir, un 50% más de las actuales. Y también se quieren ampliar otras 32.000 en el Guadalquivir. En total, las inversiones estimadas en regadíos ascienden a 11.000 millones de euros y serán financiadas entre un 10 y un 70%. «Parece una perpetuación de las centenarias políticas intervencionistas y clientelares de fomento del regadío», apunta Joan Corominas, que ha estudiado detenidamente este apartado y critica que la información es muy profusa en muchos aspectos, totalmente insuficiente en otros. El ingeniero agrónomo y socio de la FNCA considera asimismo que «los Planes Hidrológicos no aportan una visión clara del impacto del regadío en las masas de agua».
«Hay que tener en cuenta qué se financia y qué no. Hay mucho dinero para embalses, para presas y para hormigón, pero muy poco para los caudales ecológicos y para medidas básicas ambientales», lamenta Julia Martínez, quien insiste en que los objetivos de la DMA son otros. En concreto y según explica la UE: la prevención y la reducción de la contaminación, la promoción del uso sostenible del agua, la protección del medio ambiente, la mejora de la situación de los ecosistemas acuáticos y la atenuación de los efectos de las inundaciones y de las sequías.
A todas estas deficiencias habría que añadir la recuperación de costes o la escasa participación ciudadana en la elaboración de los planes. La «insuficiente e inadecuada» repercusión del gasto de las obras e intervenciones supone, aseguran, la traslación de las cargas de negocios privados al conjunto de los ciudadanos.
Años de atraso
Sin olvidar el retraso de cinco años. Y es que, justo ahora es cuando se tendría que empezar a realizar el segundo plazo de planificación, que abarca desde 2015 a 2021. La herencia recibida ha sido la excusa repetida en muchas ocasiones por el hasta hace poco ministro Miguel Arias Cañete.
El argumento oficial vuelve a ser desmontado por voces autorizadas, en este caso, por la directora técnica de la FNCA: «Han pasado 14 años desde que se debería haber empezado a trabajar en esto. Además, en esta última legislatura se han dado pasos hacia atrás en cosas que estaban hechas». Y da ejemplos, como el del Plan de Baleares, que estaba realizado y desarrollado pero se paralizó cuando iba camino del Consejo de Ministros; se eliminaron las medidas más innovadoras y finalmente se aprobó sin someterlo a exposición pública. El borrador inicial del Tajo tampoco fue el aprobado ya que, según Martínez, se eliminaron los caudales ecológicos establecidos para el Tajo Medio y se cambiaron por caudales mínimos, «una figura que no existe en la DMA».
Tras los exhaustivos informes en los que han participado al menos una veintena de voces autorizadas, además de varios colectivos, la Fundación Nueva Cultura del Agua concluye que estos primeros planes mantienen en líneas generales la orientación implantada en el año 98, es decir, anterior al marco europeo actual. Lamentan, además, que los de segunda generación, que comienzan ahora y están previstos para finales de 2015, «no incorporarán variaciones sustanciales».
«Si no se produce un cambio de rumbo radical, la política hidráulica del siglo XX se perpetuará en las dos primeras décadas del siglo XXI», concluyen.
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