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ASAJA exige al Gobierno la urgente entrada en vigor de la reforma del Código Penal

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ASAJA vuelve a instar a los representantes políticos del Gobierno de la Nación a que aprueben de inmediato la entrada en vigor de la reforma del Código Penal. Durante la última reunión del Comité, sus miembros lamentaron que hace ya más de año y medio (abril de 2013) el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó su “compromiso firme” de incluir dentro de la reforma del Código Penal propuestas contra los robos en el campo, contemplando mayores penas para los delincuentes multireincidentes. Por ello, exigen al nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, la urgente entrada en vigor de dicha reforma y que no se demore más, “pues ya lleva demasiados meses de retraso y mientras agricultores y ganaderos siguen sufriendo robos en sus fincas y explotaciones”.

Los representantes de ASAJA valoran muy positivamente el trabajo y esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial, de la Guardia Civil, con numerosas detenciones, pero “desgraciadamente, es una realidad que sigue habiendo robos en el campo y su labor debe estar respaldada por unas leyes firmes contra los delincuentes”.

Los representantes de ASAJA afirman que “resulta imposible de entender que delincuentes con decenas de detenciones por robos y asaltos no ingresen en prisión, lo que propicia que continúen con su actividad delictiva, arruinando la economía y la forma de vida de las gentes del campo”.

Reconocimiento a la Guardia Civil

Por otra parte, demandan mayor vigilancia en el campo, especialmente en horario nocturno y fines de semanas y festivos, que es cuando los robos se incrementan.

Por otra parte, desde ASAJA agradecen a la Guardia Civil de Ciudad Real el reconocimiento público otorgado a la Organización durante la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar, y reiteran su intención de seguir colaborando con el Instituto Armado.

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El PSOE quiere modificar tres leyes estatales para reducir los costes energéticos del regadío

El PSOE-A ha registrado ya en el Parlamento andaluz su iniciativa legislativa autonómica, a tramitar en el Congreso de los Diputados, en la que plantea la modificación de tres normas estatales para posibilitar la reducción de los costes energéticos en el regadío andaluz.

Concretamente, el grupo socialista plantea en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la modificación de la ley del Sector energético, de la Ley de Economía sostenible y de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El PSOE-A propone una modificación de la Ley del Sector eléctrico de cara a ofrecer una alternativa de reducción de los costes energéticos a partir del autoabastecimiento eléctrico y de los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos.

Aboga también por que se flexibilicen las condiciones de contratación del suministro eléctrico para las actividades intensivas en energía y con estacionalidad, como el regadío, adaptándolas a sus necesidades reales y adecuando la facturación a lo que realmente se demanda.

Mediante una modificación de la Ley de Economía Sostenible, se reclaman inversiones que favorezcan la reducción de los costes energéticos sobrevenidos por la reforma energética. Asimismo, plantea que, dado el carácter intensivo en mano de obra del regadío, se aplique un tipo reducido del 10 por ciento del IVA a la factura eléctrica.

En relación con la reforma energética iniciada por el Gobierno de la nación, PSOE-A explica que desde la desaparición de las tarifas eléctricas reguladas específicas para el regadío y, ante la imposibilidad de modificar, en un sector altamente estacional, la potencia contratada en periodos inferiores a los doce meses, el sector ha visto cómo se han disparado sus costes energéticos, habiéndose incrementado el término de potencia, dependiendo de la tarifa contratada, entre el 125 por ciento y el 1.255 por ciento desde 2008, cuando se produjo la liberalización del mercado eléctrico.

Señala que el incremento medio del coste eléctrico en el regadío andaluz será superior al 20 por ciento, llegando en muchos casos a superar el 30 por ciento, lo que es «insostenible para un sector muy castigado por la crisis y que precisamente se ha modernizado para ahorrar agua». «Ahora tiene que asumir un incremento del coste eléctrico desmesurado, que pone en serio peligro la viabilidad de muchas zonas regables modernizadas o en proceso de modernización», según el PSOE-A.

Considera que la medida propuesta por el Gobierno sobre introducción en la reforma fiscal de una exención del 85 por ciento del impuesto especial de la electricidad para los regantes y un ajuste en el régimen de módulos del IRPF, «no es suficiente para recuperar la competitividad de un sector tan estratégico».

Según los datos del PSOE-A, los regadíos andaluces concentran el 25,2 por ciento de la superficie regada de España, lo que supone el 17,4 por ciento de su superficie agraria útil. La superficie regable andaluza ha pasado de unas 670.000 hectáreas en el año 1992 a casi 1.200.000 en la actualidad. Las provincias de Sevilla, Jaén, Granada y Córdoba son las que tienen la mayor proporción de superficie regable, sumando todas ellas el 76 por ciento del total.

En Andalucía existen más de 2.000 Comunidades de regantes, muchas de ellas recién modernizadas o en proceso de modernización, que gestionan el agua destinada al uso agrícola. Desde 1995 hasta 2008 se han modernizado más de 350.000 hectáreas de regadío en Andalucía, lo que representa el 43 por ciento de los regadíos existentes entonces.

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DESCARGA ELÉCTRICA PARA LOS REGANTES

El Gobierno cental aplica rebajas fiscales para compensar los altos precios

DESDE la eliminación de las tarifas especiales en 2008, se ha demandado al Ministerio de Industria y el de Agricultura, una descarga en los altos costes que han supuesto para el regadío los cambios en el sistema de tarifación eléctrica. Al final dicho acuerdo se ha producido entre Hacienda y Agricultura. De acuerdo con las estimaciones de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), en Andalucía supondrá un ahorro de 16 millones de euros, por debajo del sobrecoste para el regadío andaluz, de 29 millones de euros desde agosto de 2013.

El presidente del Gobierno central pidió a sus ministros que se compensara al regadío español por las pérdidas generadas con el cambio tarifario de 2013. Industria fue inflexible y se ha negado reiteradamente a aplicar contratos temporales para un consumo estacional. Ante este bloqueo, la solución alcanzada con Hacienda ha sido una buena alternativa indirecta, con efecto directo en las cuentas de resultados de las explotaciones agrarias.

Para llegar a estas cifras se han adoptado dos medidas fundamentales. La primera es la exención de un 85% sobre el impuesto de electricidad, que entrará en vigor en 2015, y la segunda el cambio en el sistema de módulos, que será efectivo antes de finales de año. Más de la mitad de la compensación económica procederá de la rebaja del sistema de tributación por módulos, aunque quedarán fuera aquellos acogidos al sistema de estimación directa, que con carácter general corresponden a las mayores explotaciones.

Las dos medidas que se han quedado en el camino han sido el pago por la potencia realmente consumida y la bajada del IVA. Esta última opción ha sido frenada por el gobierno al entender que no es el momento oportuno, dada la presión ejercida desde diferentes organismos europeos e internacionales para subir el IVA.

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UPA alerta de las consecuencias de «congelar» el presupuesto de Agricultura

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha mostró ayer su preocupación por el futuro de la región después de que el Gobierno regional «haya dejado de apostar por el sector de la Agricultura como principal motor de la economía de nuestra tierra».

En nota de prensa, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, rechazó los presupuestos de la región en las partidas que afectan al mundo rural. Para UPA, los presupuestos consolidan los «tremendos recortes» de años anteriores y «profundizan el abandono» a un sector estratégico que ha sido capaz de seguir generando empleo cuando nadie podía hacerlo y que sin embargo ha visto reducida su renta en los últimos años.

«Ante el incremento de los costes de producción que tiene que asumir el agricultor y ganadero profesional, sumado a la depreciación de sus productos, principalmente el ajo, el cereal, la uva o los frutales, entre otros; reclamábamos un apoyo especial por parte de la Administración de Castilla-La Mancha», explicó Morcillo. Y añadió que sin embargo «un año más, desde UPA CLM vemos como se mantiene prácticamente la cifra del año 2014 con 1.353 millones de euros reflejados para 2015».

Asimismo, concretó que de los 1.353 millones totales, 1.136 vienen de ingresos de fuera de Castilla-La Mancha, vía transferencias por parte de la Unión Europea, a través de los fondos Feader y Feaga; de la Administración General del Estado; u otros entes públicos. Por lo que tan solo 216 millones provienen de fondos propios de Castilla-La Mancha.

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Reparto de más de 4 millones entre las CCAA para programas agrícolas y de medio ambiente

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la distribución de 4.114.060,74 euros entre las Comunidades Autónomas para programas agrícolas y de medio ambiente. Se formalizan así los criterios de distribución y el reparto de fondos acordados en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural. De esta forma, dentro del programa de Transferencias a las Comunidades Autónomas de subvenciones, indemnizaciones y ayudas, se van a destinar 1.551.522,69 euros para la financiación de los intereses de los préstamos concedidos en 2008 a los titulares de explotaciones ganaderas.

Estos préstamos estaban destinados a los titulares de las explotaciones que durante 2007, y particularmente a partir del segundo semestre, soportaron excepcionales incrementos en los costes de producción como consecuencia de las elevadas cotizaciones de los cereales, que conllevó el encarecimiento de los piensos para el sector ganadero.

Además, dentro de la línea de actuación del Fomento de la Apicultura, se va a transferir a las Comunidades Autónomas la cantidad de 2.422.698,50 euros. En la distribución de estos fondos se han utilizado criterios como el número de colmenas registradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), la disponibilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas y los remanentes derivados del ejercicio 2013.

Asimismo, para llevar a cabo la política de residuos, se han distribuido entre las Comunidades Autónomas 139.839,55 euros. Con esta cantidad se va a financiar un proyecto piloto para la adecuación de las instalaciones de los puntos limpios para la recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

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El programa Calcula PAC 2015 ya indica que lo normal es que haya recortes en las ayudas

Dentro de la campaña de información sobre la reforma agraria que las organizaciones agrarias está llevando a cabo por toda la geografía española, los resultados que arroja el programa Calcula PAC 2015, creado por UPA para que los agricultores sepan cuánto van a cobrar, ya indican que, de partida, de cara al 2015, los normal es que las cuantías sufran recortes. Descensos que pueden ser aún mayores con el tiempo, según dónde se esté. Y es que, aún asumiendo que, en 2015, la ayuda quede igual, el beneficiario de la PAC se puede llevar una sorpresa. Y es que, en función de la región agrícola que le asignen, la ayuda puede subir o bajar entre el 2015 y el 2020.

La Unión de Pequeños Agricultores está presentando estos días su aplicación informática, llamada Calcula PAC2015, que sirve para calcular, de forma aproximada, qué cobrará cada productor, solo con dar unos pocos datos.

Sin embargo, tal y como explicaba el secretario regional de UPA CLM, Julián Morcillo, y el técnico responsable de la aplicación, Ernesto Girón, a medida que la herramienta se ha ido usando en asambleas informativas, ha ido emergiendo a la superficie una realidad muy distinta al «brillante» acuerdo de reforma de la PAC que vendieron las administraciones estatal y regional el pasado año.

«Se ha dicho que la ficha financiera, esto es, el presupuesto de la PACpara España, se iba a mantener -recordó Morcillo- y que cómo se mantenía el presupuesto, las ayudas también, y lo que estamos viendo es que, la mayor parte de las veces, esto no es así».

Se ha pasado de un pago único a desdoblarse en tres o cuatro

Morcillo recordó que, con el sistema antiguo, el agricultor recibía un «pago único» que, en teoría, agrupaba la mayor parte de las ayudas a las que tenía derecho el agricultor o ganadero. Ahora, ese pago se desdobla en tres y, en algunos casos, hasta cuatro».

Por ello recalca que «para mantener o, al menos, acercarse a lo que ya cobra, el agricultor o ganadero van a tener que cobrar no solo el pago base,sino que también deberá acreditar que tiene derecho a cobrar la ‘tapa verde’; en caso contrario, ya perdería hasta un 30%».

Así, recalca que «si la ayuda media que percibe un agricultor es, al final, menor que la media, su valor irá subiendo poco a poco, para equipararse a la media de su región -explicaron- pero, si es mayor, se puede encontrar con que la ayuda baja, en vez de subir, de año en año hasta llegar a 2020».

Por eso, para UPA si se unen, a todo lo antedicho, los cambios en la modulación, que se ha convertido en una especie de «tarifa plana» por la que los agricultores con menos de 5.000 euros en ayudas van a soportar una reducción de casi un nueve por ciento, mientras que, según explicó Morcillo «los que cobra más de 36.000 verán aumentar sus derechos»», el panorama es «el de una reforma que, al final, se mueve en una incertidumbre total, porque cada agricultor y cada ganadero va a ser un mundo completamente aparte».

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Feragua se desmarca y critica que la plan del Gobierno sólo compensa la mitad del ‘tarifazo’

La Asociación de Regantes de Andalucía (Feragua) ha sido la primera en desmarcarse del optimismo creado tras el acuerdo alcanzado entre el Magrama y los regantes, por el cual se hacia una sensible rebaja en la factura. Fenacore ha valorado en 55 millones, gracias a la bonificación que representará para el regadío las dos medidas propuestas por el Gobierno para aliviar la factura eléctrica de los regantes: la exención del 85% del Impuesto Especial sobre Electricidad y la reducción de módulos del IRPF. «55 millones de bonificación frente a los más de 100 que supuso el tarifazo y frente a la subida del más del 100% que llevamos soportada desde 2008, cuando la liberalización del mercado eléctrico español supuso la desaparición del régimen especial de tarifas para el regadío», señala la organización andaluza.

Se trata por tanto de unas medidas adecuadas, pero completamente insuficientes frente a la magnitud del problema que tenemos. Y en este sentido, pensamos que estas dos reformas deben ser las primeras de dentro de un paquete más amplio, que incorpore otras medidas como IVA reducido, contrato flexible y adaptado al consumo y otras medidas fiscales que beneficien a todos los regantes y no solo a los agricultores que tributan por módulos.

Respaldo al Parlamento andaluz…. con críticas a los socialistas

Asimismo, ha respaldo la propuesta del Parlamento andaluz para que promovueva una iniciativa legislativa autonómica para reclamar el cambio en la forma de contratar la tarifa eléctrica que viene demandando desde hace años, «también cuando el PSOE estaba al frente del Gobierno nacional».

Desde Feragua, según se señala en su boletín oficial ‘La voz del regadñio andaluz’, «no tenemos otra cosa que decir que estamos completamente de acuerdo con el contenido de esta iniciativa parlamentario, aunque sepamos de antemano que no va a servir para absolutamente nada».

Un respaldo no exento de críticas, ya que se señala que «por lo visto, de repente los socialistas andaluces han visto la luz y se han dado cuenta de que es una enorme injusticia que los regantes paguemos por la potencia instalada todo el año, y no por lo que consumimos. Nos felicitamos en cualquier caso por ello, como también por su puesta de modificar el IVA para que la agricultura tenga un tipo

Reducido, algo a lo que también se opuso en su momento el Gobierno de Zapatero».

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Admitido a trámite un recurso de Ecologistas en Acción contra la aprobación del Plan del Júcar

Ecologistas en Acción ha preparado el escrito de la demanda centrándose en los incumplimientos ambientales del Plan: diferimiento en el tiempo al 2027 de los principales objetivos, falta de definición de los caudales ecológicos en la mayor parte de las masas de agua, la insuficiencia de caudales en cantidad y calidad, asignados a la Albufera de Valencia y la asignación de caudales superior a los recursos existentes, lo que consolida una situación de sobreexplotación de los recursos superficiales y subterráneos.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra el Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprobaba el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar y publicado en el BOE del 12 de julio. Ese Plan de Cuenca que debería haber sido aprobado en 2009, y a pesar de que la Cuenca del Júcar, fue declarada Cuenca Piloto, de cara a la pronta implantación de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, Directiva Marco del Agua, finalmente ha sido uno de los últimos planes en aprobarse en todo el Estado. La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador al Reino de España por ese retraso en la aprobación de los planes de cuenca, tras la interposición de varias denuncias, entre las cuales está la interpuesta por Ecologistas en Acción.

La Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo central es la consecución del buen estado ecológico de todas las masas de agua en 2015, incluye la obligación de la puesta en marcha de un Programa de Medidas para alcanzar ese fin, que debiera haber estado operativo en diciembre de 2012. El Plan de la Cuenca del Júcar aprobado en julio de 2014 incumple en numerosos extremos la Directiva Marco del Agua, y los motivos de la interposición del recurso de Ecologistas en Acción son entre otros los siguientes:

a) Los objetivos ambientales del Plan son insuficientes y tardíos. La mayor parte de los Objetivos Ambientales del Plan se posponen al horizonte temporal de 2021-2027, no estando muy claras las justificaciones para ese retraso tan abusivo. Se aplican de forma generalizada e injustificada las excepciones al logro de los objetivos del buen estado de las masas de agua. De los 304 Objetivos Ambientales en las masas de agua tipo río, 133 tienen el horizonte del 2015, 34 el horizonte del 2021 y 137 el horizonte del 2027 !!. O sea un 56% tienen un horizonte superior a una década. En las masas de agua tipo lago las perspectivas no son mejores: de las 19 masas 7 tienen el horizonte de 2015 y 12 el horizonte de 2027 (entre ellas la Albufera, el Marjal de Almenara, el Marjal dels Moros y el Marjal de la Safor). En las 90 masas de agua subterráneas 50 masas tienen el horizonte de 2015, 7 el horizonte de 2021 y el resto 30 masas el horizonte de 2027 (incluyendo aquí el acuífero de la Mancha Oriental). O sea, el 41% tienen el horizonte superior a una década. Si computamos globalmente, de las 438 masas de agua de la demarcación, 202 masas, el 46,5% tienen un horizonte inmediato (2015) y ya están en buen estado ecológico ahora, y el resto que son la mayoría (53,5%) un horizonte lejano de más de una década.

b) No se define el régimen de caudales ecológicos en todas las masas del agua y la metodología utilizada es errónea. Se establecen caudales ambientales para 33 masas de agua tipo río en diferentes tramos, de las 133 masas de agua tipo río existentes. Para 25 ríos esa exigencia será vigente en 2015. Para 8 ríos se pospone ese caudal al 2021, con la excusa de la necesidad de una previa instalación de una estación de aforo. O sea, solamente se definen caudales ecológicos para el 25% de los ríos en el horizonte de 2021. Se deja para futuras revisiones del Plan el establecimiento de caudales ecológicos en todas las masas de agua tipo río. No se establece ningún requerimiento hídrico proveniente de aguas subterráneas para las zonas humedas de la Mancha (Laguna del Acequión-Albacete, Laguna de los Ojos de San Jorge-Albacete, etc), y es muy escaso para las zonas húmedas del País Valenciano (41,3 hm3 para la Albufera, 7,5 hm3 para la Marjal Pego-Oliva).

Se rebaja el límite inferior de los caudales mínimos en las masas de agua “muy modificadas”. Esos caudales dificilmente podrán contribuir a su buen estado o buen potencial ecológico, especialmente en los espacios de la Red Natura 2000 o humedales del Convenio de Ramsar. Para esas masas se rebaja el Hábitat Potencial Útil del 50% al 30%. En el Anejo 5 de Caudales Ecológicos se utiliza un concepto “masas muy alteradas hidrológicamente” que no tiene correspondencia legal con la Directiva Marco del Agua.

c) La Albufera de Valencia. Los aportes de agua que aparecen en la Normativa al Lago de la Albufera son insuficientes (167 hm3 como “necesidades”, frente a los aportes de 100 hm3 del anterior Plan), como lo afirman numerosos estudios realizados por especialistas, Universidades y Administraciones (se exigía un mínimo asegurado de 250 hm3, con una concentración de fósforo de 0,047 mg/l). Esos 167 hm3 son las aportaciones al lago en los años de sequía extrema (1994).

Como asignaciones en la Normativa del Plan aparecen caudales ambientales de invierno (33 hm3; 29 hm3 de la C.R. de Sueca y 4 hm3 de la C.R. de Cullera) y 41.3 hm3 de aguas subterráneas (imposibles de controlar). De ahí (74,3 hm3) hasta 167 hm3 vendrán de los retornos agrarios y de las EDAR (Pinedo), o sea 92,7 hm3 de aguas, en algún caso de ínfima calidad. No se define la calidad química de esos aportes. Ya el Plan avisa de que es posible que esos caudales ni tan siquiera lleguen a la Albufera (art. 17.5 de la Normativa, para lo cual se “ejecutarán actuaciones” para “atender las necesidades hídricas del lago”). No se especifican esas actuaciones y de dónde procederán esos caudales no contemplados en las asignaciones, y en detrimento de qué otra asignación.

El objetivo ambiental de la Albufera se definió en el último momento (no estaba en el Proyecto de Plan sometido a información pública), y supone en 2021 una concentración de clorofila de 90 microgramos/l (estado ecológico malo) y 30 microgramos/l (estado ecológico aceptable) en 2027, frente a los 100 microgramos/actuales. Además la Normativa limita el contenido de fósforo de las aguas residuales aportadas al Lago en 0,6 mg/l (casi 13 veces superior a lo recomendado por los especialistas). Esos objetivos son muy limitados, lejanos en el tiempo y suponen condenar a una muerte segura y lenta al Lago de la Albufera.

d) Las asignaciones superan los recursos reales. Los recursos totales de la cuenca del Júcar son 2.302,1 hm3, sumando los recursos convencionales a los no convencionales (desalación, reutilización y recursos externos). Las asignaciones suman un total de 2.284,67 hm3. Parece que las asignaciones cuadran con los recursos. Sin embargo si analizamos los 9 diferentes Sistemas de Explotación los desequilibrios son más evidentes. En el Sistema Júcar las asignaciones suman un total de 1341,2 hm3 y los recursos son de 1176 hm3. No se contabilizan las asignaciones de los ríos Magro y Albaida, que no se cuantifican en la Normativa. En el Sistema Palancia-Los Valles las asignaciones suman un total de 68,6 hm3 y los recursos son de 60,4 hm3. Es decir se han asignado recursos en el papel que no existen en la realidad, lo que consolida la situación generalizada de sobreexplotación de los recursos hídricos.

Ecologistas en Acción en este recurso judicial tiene el apoyo y la solidaridad de otros colectivos y de la sociedad civil valenciana (Xúquer Viu, AEMS-Ríos con Vida, GECEN, Mesa pel Xúquer, etc), que comparten el objetivo de conseguir el buen estado ecológico de nuestros ríos, lagos y aguas subterráneas.

ENLACE A NOTICIA: http://www.ecologistasenaccion.org/article28781.html

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El Supremo investigará el retraso en la mejora de las aguas del Júcar

J. Sierra | valencia El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de Ecologistas en Acción contra el Plan Hidrológico del Júcar que pone el acento en el incumplimiento de los plazos para conseguir «el buen estado» de las masas de agua , un objetivo prioritario de la Directiva Marco del Agua que el plan recientemente aprobado aplaza hasta el 2027 en la mayoría de los casos.

Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción anunció ayer que una vez admitido a trámite el recurso «los incumplimientos serán expuestos de forma pormenorizada en el escrito de demanda» que prepara» el grupo y que cuenta con el apoyo de Xúquer Viu, AEMS-Ríos con Vida, GECEN, Mesa pel Xúquer.

El Plan Hidrológico del Júcar, aprobado el pasado mes de junio, debería haber entrado en vigor en 2009. El retraso en su elaboración provocó la apertura en el seno de la Comisión Europea de un expediente sancionador al Reino de España.

Además del retraso, los ecologistas subrayan que el contenido del plan «pospone» objetivos medioambientales «más de una década e incurre en numerosos incumplimientos ambientales relativos a los caudales ecológicos y reparto de asignaciones.

Recuerdan en su escrito que la Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo central es la consecución del buen estado ecológico de todas las masas de agua, obligaba a la aprobación en 2009 de planes de gestión en cada demarcación hidrográfica con el objetivo central de garantizar el buen estado ecológico de todas las masas de agua en 2015.

Sin embargo, en el caso del Plan del Júcar de 2014, «la mayor parte de los objetivos ambientales se posponen al horizonte temporal de 2021-2027, sin una justificación clara y aplicando excepciones de forma generalizada».

Más de la mitad de estos objetivos, un 53,5 %, entre los que se encuentra la recuperación de la Albufera de Valencia o la de los acuíferos de la Mancha Oriental, « se retrasa más de una década con respecto a lo previsto en la directiva», denuncian.

Por último, y tal como han destacado también los usuarios actuales del río, el Plan de la cuenca del Júcar contempla asimismo unas asignaciones que superan los recursos reales.

ENLACE A NOTICIA: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/10/17/supremo-investigara-retraso-mejora-aguas/1175612.html

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