El Gobierno de Castilla-La Mancha pidió en sus alegaciones al borrador del Plan del Júcar que la ciudad de Albacete no tuviera que pagar por consumir agua en época de sequía y así será. Los albaceteños no tendrán que pagar «ninguna compensación extraordinaria ni indemnización» a los regantes valencianos por beber agua del Júcar, según recoge el borrador definitivo del plan de demarcación hidrológica del Júcar, publicado en la página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, reconoció ayer que había varios aspectos en el anterior borrador que debían de mejorarse, por lo que celebró que se hayan tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la Junta de Comunidades.
En este punto, se centró en la provincia de Albacete y señaló que uno de los temas más relevantes que debía de resolverse era el abastecimiento de la ciudad y su zona de influencia. Así, manifestó que los albaceteños «están hoy de enhorabuena», ya que con el nuevo plan de la demarcación del Júcar «queda resuelto un agravio arrastrado desde hace años».
El perjuicio era debido al convenio firmado en 2011 en Alarcón y que tuvo como consecuencia una sentencia del Tribunal Supremo del 5 de diciembre de 2013, que «dice que la obligación existe». García de la Calzada subrayó que el borrador del nuevo plan del Júcar «da un paso adelante para reconducir esta injusta situación» y propone repercutir la compensación en el total del sistema.

Más agua para Cuenca. El Plan también tiene muy en cuenta a la provincia de Cuenca, a la que también se garantiza más agua; así, se añaden  11 hm3 nuevos en la dotación anual, no contemplados en el Plan Hidrológico de 1998, de los que 5 hm3 se destinarán a abastecimientos y pequeños regadíos, y los 6 hm3, para usos urbanos e industriales.
La titular de Fomento explicó también que, tras el periodo de información pública, se han recogido las «principales» alegaciones del Ejecutivo regional, entre las que figuraba ésta, pero también otras como las relativas al problema de inundabilidad que presenta la ciudad de Albacete, respecto a lo cual el borrador definitivo «da un paso adelante muy importante».
En concreto, según la consejera, ahora se contemplan «todas las actuaciones necesarias para resolver este problema», de tal forma, que se prevendrán las avenidas del río Balazote, las del barranco de Escartana y la inundabilidad del Canal de María Cristina. Además, «se anticipa temporalmente su ejecución». Si antes estaban previstas para 2021, ahora hay «un compromiso del Ministerio de iniciar esas actuaciones en 2015».
Otro importante logro del Gobierno ha sido la elevación de la reserva de agua asignada a los regantes de la Mancha Oriental a 100 hm3 con aguas superficiales del Júcar, que irá destinada no solo para la redotación y modernización de regadíos, sino también para nuevos regadíos. Esto significa, «35 hm3 más de agua, que servirán para consolidar los regadíos existentes y plantear otros nuevos».
Por último, destacó que las obras de la segunda fase de sustitución de bombeos «van a ser una realidad», porque cuenta ya con un proyecto «realista» que será licitado por el Ministerio durante este año, lo que «permitirá un uso efectivo del agua, algo que antes no se podía realizar por falta de infraestructuras».

ENLACE A NOTICIA: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z2D954651-A1F4-2F54-28A8752EDA2D9FCC/20140313/plan/jucar/resuelve/agravio/albacete/destina/mas/agua/cuenca

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica en su edición de este lunes una resolución de los Servicios Periféricos de Agricultura de Albacete, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, de aprovechamientos forestales en montes¹ propiedad de la Junta en esta provincia.

Según publica el DOCM y recoge Europa Press, se trata de aprovechamientos forestales (apícolas, aromáticas, biomasa, cultivos, pastos, madera chopo, piñas) en montes de varios términos municipales en la provincia de Albacete, divididos en 63 lotes distintos.

El criterio para la adjudicación será la oferta económica más ventajosa. Los interesados podrán obtener documentación e información en el Servicio Periférico de la Consejería de Agricultura² en Albacete, Servicio de Montes y Espacios Naturales³.

La presentación de solicitudes y ofertas económicas tendrán como fecha límite a los 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio en el DOCM. Si esta fecha coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará el primer día hábil siguiente.

ENLACE A NOTICIA: http://www.lacerca.com/noticias/albacete/agricultura_anuncia_licitacion_aprovechamientos_forestales_montes_junta_albacete-200738-1.html

El Fondo español de Garantía Agraria (FEGA) informa en su página web sobre las consecuencias de las cesiones de derechos de Pago Único realizadas en el período de presentación de la solicitud única de ayudas directas de la PAC de 2014 en la asignación de derechos de Pago Básico en 2015. Las cesiones de derechos de pago único que se comuniquen a la administración durante el período de presentación de la solicitud única correspondiente al año 2014, es decir, entre el 17 de febrero y el 15 de mayo de 2014, serán claves, tal y como recuerda el FEGA. En esta nota informativa, el FEGA explica los efectos que se producen en los casos generales asociados a cesiones de derechos.

    El organismo indica que, para que un beneficiario pueda recibir una asignación de derechos de Pago Básico en 2015, debe cumplir tres requisitos: En 2013 debe haber cobrado algún tipo de ayuda directa o haber recibido derechos de pago único de la reserva nacional en 2014; debe cumplir con el requisito de ser agricultor activo y debe presentar una solicitud de ayuda con hectáreas admisibles en 2015.

El número máximo de derechos será igual al número de hectáreas admisibles en 2013

   Por otra parte, el FEGA añade que el número máximo de derechos que podrán asignarse a un beneficiario será igual al número de hectáreas admisibles que declaró en 2013 o, si la cifra es menor, al número de hectáreas admisibles que declare en 2015.

    Entre otros asuntos que el agricultor debe tener en cuenta, el FEGA comenta que el derecho derivado de haber cobrado algún tipo de ayuda directa en 2013 se puede transmitir con efectos en la asignación de pago básico de 2015, en el caso de cesiones con tierras.

En la cesión de derechos sin tierra, el derivado de haber recibido alguna ayuda en 2013 no puede transmitirse

    En el caso de cesiones de derechos de pago único sin tierras, el derecho derivado de haber recibido algún tipo de ayuda directa en 2013 no puede transmitirse.

    En los casos de cambios de denominación o de estatuto jurídico, fusiones, escisiones o herencias, comunicados en el período de cesiones de derechos de pago único en 2014, los beneficiarios resultantes de tales cambios recibirán el derecho derivado de haber cobrado las ayudas directas en 2013 que tenía el beneficiario original, pudiendo recibir una asignación de derechos en 2015 si cumplen con el resto de los requisitos.

     Por otra parte, la normativa comunitaria prevé la posibilidad de que los Estados miembros excluyan del beneficio de la ayuda a los beneficiarios que hayan creado condiciones artificiales para obtener algún tipo de ventaja en el cobro de las ayudas de la PAC.

    A estos efectos, la normativa nacional que desarrolle todos los aspectos relacionados con la asignación inicial de derechos de pago básico establecerá qué circunstancias podrán ser consideradas como creación de condiciones artificiales para el cobro de la ayuda.

En los casos de compra-venta de derechos se estudiará la creación de condiciones artificiales

    En los casos de compra-venta de derechos de pago único sin tierras se estudiará la posible creación de condiciones artificiales, de cara a la asignación de derechos de pago básico en el año 2015, por parte del cedente.

    Se analizará si, con dicha venta, se ha tratado de buscar una reducción artificial de los importes medios por hectárea que pueda derivar en una mayor asignación de importes en el año 2015 que la que se habría producido si no hubiese tenido lugar dicha venta.

    Por otra parte, el FEGA puntualiza que las ventas o arrendamientos de explotaciones, totales o parciales, realizadas a partir del 16 de mayor de 2014 deberán notificarse a las administraciones competentes de las comunidades autónomas antes del 15 de mayo de 2015, de acuerdo con lo que establezca la normativa nacional de aplicación cuando entre en vigor.

    Para que dichas transacciones tengan efectos en la asignación inicial de derechos de pago base, la normativa aplicable será la establecida en el Reglamento (UE) 1307/2013 y, tanto vendedor como comprador o arrendador y arrendatario, deben cumplir con los requisitos de agricultor activo que se establezcan para el año 2015.

ENLACE A NOTICIA:                                http://www.agroinformacion.com/noticias/78/espana/72488/los%20datos%20aportados%20en%202014%20claves%20para%20calcular%20los%20derechos%20de%20pago%20unico%20en%202015.aspx

La Comisión de Agricultura del Congreso abordará este miércoles día 12 sendas proposiciones no de ley de PSOE y CiU e las que se se pide al Gobierno que cree contratos de suministro eléctrico de temporada para los regantes, de modo que se pueda garantizar la competitividad de este tipo de explotaciones agrícolas, muy afectadas por el incremento del precio de la luz de los últimos años. En su iniciativa, el portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, advierte de la situación «muy preocupante» de «pérdida de competitividad» que está sufriendo la agricultura de regadío, afectada por los incrementos de los costes de la energía, entre otros, y por el «estancamiento» de los precios de venta, mienyras que los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética. Asimimso, esta sesión servirá para saber si Industria ha oído la mediación de Agricultura en este conflicto.

     El Grupo Parlamentario Sociales ha indicado que la Proposición no de Ley  plantea medidas para adaptar esas tarifas a la situación de los regadíos y a particularidades como su consumo estacional, con el fin de que los agricultores españoles «no pierdan competitividad».

    En la propuesta, el PSOE insta al Gobierno a fomentar los contratos de temporada, eliminando las penalizaciones actuales y abriendo la posibilidad legal de que, con un solo contrato, se pueda disponer de distintas potencias para su uso, según se trate de los meses de temporada de riego y o del resto del año.

    El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, ha asegurado, en el comunicado, que el PP «tiene la oportunidad de votar medidas contra el tarifazo eléctrico del Gobierno en los regadíos»,

     A su juicio, el incremento de la tarifa eléctrica de riego es el «mayor problema con el que se encuentra la agricultura española en estos momentos», porque los regantes «están sufriendo el mayor incremento de la historia».

     De hecho, la Federación de Comunidades de Regantes de España (FENACORE),ya ha asegurado durante las manifestaciones del pasado mes de febrero que las últimas modificaciones energéticas aprobadas por el Gobierno les supondrán un sobrecoste de 100 millones de euros con una subida media del 16%.

La tarifa eléctrica representa entre el 60 y el 570% del coste de las explotaciones

     Por su parte, los nacionalistas catalanes instan en su iniciativa al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética que afecta al sector agrícola, particularmente en lo relativo a la potencia contratada y al autoconsumo, de modo que se fomente la competitividad de este tipo de explotaciones.

    En el texto, que recoge Europa Press, reclaman a los ministerios de Industria y de Agricultura que adopten medidas de «ahorro y eficiencia energética en el sector agrícola de regadío y, en particular, en las Comunidades de Regantes» para «garantizar su sostenibilidad» y «mejorar su competitividad».

    Asimismo, recuerdan, la agricultura de regadío es una gran consumidora de energética eléctrica, cuyo coste representa entre el 60% y el 70% de los costes totales de este tipo de explotaciones a pesar de su constante adaptación a las últimas mejoras en materia de eficiencia energética y mantenimiento de las instalaciones.

ENLACE A NOTICIA: http://www.agroinformacion.com/noticias/74/zonas%20regables/72485/el%20congreso%20debe%20decidir%20este%20miercoles%20si%20hay%20mejoras%20en%20la%20tarifa%20electrica%20para%20el%20regadio.aspx

A menos de 24 horas de que el Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar se reúna para aprobar el texto definitivo del Plan de Cuenca, las partes asistentes a esta reunión no han tenido acceso al documento.

Este hecho ha sido criticado por Xúquer Viu, uno de los dos representantes en el consejo por parte de los colectivos ecologistas, que desconoce la contestación a las alegaciones que se realizaron hasta el pasado mes de febrero.

«Este reunión es muy importante porque se tomarán decisiones sobre la planificación hidrológica para los próximos años. Al no facilitar la información están vaciando de carácter democrático la gestión pública del agua», explica la portavoz de Xúquer Viu, Graciela Ferrer.

Y es que será mañana cuando se apruebe el nuevo Plan de Cuenca del Júcar, que llega con casi cinco años de retraso, y que servirá para determinar los usos del agua y las medidas a tomar en toda la demarcación. Un documento importante que ha recibido una gran cantidad de alegaciones y que al no facilitar la contestación, los interesados en este proceso apenas tendrán tiempo para valorar lo que van a votar.

«Por los rumores, podemos intuir que las cuestiones más importantes para nosotros, como la recuperación del río o las asignaciones, van a quedar prácticamente igual que en el borrador», adelanta Ferrer.

Según Xúquer Viu, esta forma de actuar incumple la legislación de las administraciones públicas que contempla que se debe dejar tiempo suficiente para estudiar los documentos. En este caso, además de no facilitar el nuevo Plan a sólo un día de su aprobación, la reunión se convocó con una semana de antelación.

«Todo esto lo pondremos de manifiesto porque es una situación irregular. No puede ser que por la desidia se recorten derechos», comenta la portavoz de Xúquer Viu.

Esta situación ha sido expuesta ante el diputado de Esquerra Unida en el Congreso, Ricardo Sixto, que se ha reunido con la plataforma ecologista y con representantes del partido de la Ribera Alta y Baixa para conocer la situación del río y la problemática del agua.

«La política de agua llevada a cabo por el PP ha sido oscura y errática porque se apostó por construir unos pozos que no cubrían las expectativas y que no han servido para nada y después se penaliza al consumidor por la contaminación. Además, la Generalitat no especifica cuanto va a costar el agua ni quien va a pagar las obras», apunta Ricardo Sixto.

Precisamente, el precio del agua preocupa mucho a la formación en la Ribera ya que se sigue sin saber la subida exacta por la puesta en marcha de la potabilizadora. «Lo que si que se ha notado en el recibo es que cuesta más y después de 2015 tendremos que pagar la infraestructura. Además, se ha quedado en el aire que hacer con los pozos contaminados», recuerda el portavoz de EU en Alzira, Ivan Martínez.

Todas estas cuestiones sin resolver han provocado que algunos municipios de la Ribera Baixa hayan rechazado adherirse a la potabilizadora y que siga sin conocerse como solucionar definitivamente el problema de la mala calidad del agua en la comarca.

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El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, dio ayer casi por hecho que habrá recurso en los tribunales contra el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, pues este colectivo tiene muy pocas esperanzas en que las alegaciones que presentaron sean tenidas en cuenta. «Tendremos que volver a recurrirlo, porque si antes era ilegal ahora ya se riza el rizo», sentenció.
«Quizás nos aceptan alguna cosa mínima, pero en lo mollar no creo que nos vayan a hacer caso», declaró el presidente de los Regantes de la Mancha Oriental al término de una asamblea ordinaria en la que se aprobaron las cuentas de la entidad. Se aprovechó esta reunión para hacer un repaso al documento de 82 páginas en las que los regantes dejan constancia de su posición ante el proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar que se presentó el pasado verano y que creen se aprobará de forma inminente. Es más, Belmonte pronosticó que el próximo día 25 el Consejo Nacional del Agua dará luz verde a los planes de cuenca y en abril el Consejo de Ministros lo aprobará.
Una de las principales críticas de los regantes de la Mancha Oriental al borrador del Plan del Júcar es que se pretenda una demarcación mixta, es decir, que incorpore también las cuencas internas de la Comunidad Valenciana. Exigen que en el plazo más breve posible dichas cuencas sean traspasadas y mientras tanto llega ese momento reclaman que los balances hídricos se realicen por cuenca, no de forma conjunta pues entienden que de esta manera se crea una «unidad de recursos artificial […] que adquiere naturaleza jurídica, y va en detrimento de los usuarios de la cuenca cedente (la del Júcar)». En sus alegaciones también piden que la zona del Vinalopó quede en la cuenca del Segura y que los usos del agua en Albacete y Cuenca sean «prioritarios».
 

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Convergència i Unió (CiU) defenderá el miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a adoptar, en un plazo de tres meses, cambios en la regulación energética que afecta al sector agrícola, particularmente en lo relativo a la potencia contratada y al autoconsumo, de modo que se fomente la competitividad de este tipo de explotaciones.

En la iniciativa, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes piden a los ministerios de Industria y de Agricultura que adopten medidas de «ahorro y eficiencia energética en el sector agrícola de regadío y, en particular, en las Comunidades de Regantes» para «garantizar su sostenibilidad» y «mejorar su competitividad».

En concreto, plantean la posibilidad de permitir que la contratación de potencia para el colectivo de regantes sea diferente cada mes o por tramos del año según las necesidades de riego de cada época, y de adecuar la regulación del autoconsumo en las actividades agrarias mediante la realización de un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Y es que, recuerdan, la agricultura de regadío es una gran consumidora de energética eléctrica, cuyo coste representa entre el 60% y el 70% de los costes totales de este tipo de explotaciones a pesar de su constante adaptación a las últimas mejoras en materia de eficiencia energética y mantenimiento de las instalaciones.

GRAVES CONSECUENCIAS DE LA REGULACIÓN

Sin embargo, las últimas normativas en materia energética aprobadas por el Ejecutivo están «acarreando graves consecuencias para la sostenibilidad energética» de las Comunidades de Regantes y de las actividades agrícolas de regadío, «poniendo en riesgo su vialidad».

«Las reformas energéticas acometidas han aumentado significativamente el importe de su factura eléctrica, sin que haya margen de maniobra en ninguno de los dos elementos básicos de los que se compone la misma», argumenta CiU, precisando que las auditorías energéticas demuestran una eficiencia adecuada en las explotaciones agrícolas de regadío y que las Comunidades de Regantes ya acuden a las subastas de forma colectiva, obteniendo tarifas de mercado más reducidas.

Sin embargo, pese a que el consumo en el sector agrícola es estacional, con mayores necesidades en determinadas épocas del año, la tarifa estacional regulada existente «no se ajusta» a estas necesidades, por lo que los agricultores «se ven obligados a contratar un término de potencia elevado, tanto para los meses de bajo consumo energético como para los de alto consumo».

Esta situación se ve agravada por la obligación que tienen de «contratar en cada periodo tarifario una potencia mayor o igual que en el periodo tarifario anterior», lo que sumado al incremento del precio del megavatio hora que han experimentado las tarifas más habituales para el sector ha conllevado «unas alzas no asumibles» en la factura energética de las explotaciones agrícolas.

Todo ello podría provocar un menor consumo de agua que «podría poner en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas y de las propias Comunidades de Regantes», advierte CiU, que lamenta que los cambios en peajes y primas a las energías renovables hacen que éstas tampoco sean una opción adecuada para este colectivo.

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