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Los trasvases y la Ley de Evaluación Ambiental abre un frente judicial entre Aragón y Gobierno

Las Cortes de Aragón van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental por considerar que permite llevar a cabo un trasvase del río Ebro. Los cinco Grupos Parlamentarios han votado a favor de esta iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA) y la Mesa y Junta de Portavoces en la sesión extraordinaria del Pleno parlamentario. El recurso se interpone contra la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta. Por su parte, El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley, «ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional» y niega que se abra la puerta a más trasvases.

    El pleno de las Cortes aprobaronel recurso al entender que abre la puerta a los trasvases. Hubo un acuerdo unánime entre todos los grupos, lo que no evitó quelos partidos se enzarzasen en el ya tradicional debate en torno a las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar agua del río Ebro a Levante.

   Los silencios del presidente del Ejecutivo central convierten el trasvase en un enemigo invisible que está siempre a punto de llegar. Su sombra se llama ahora Ley de Evaluación Ambiental. Así se puso de manifiesto en el hemiciclo. Un contundente informe de los servicios jurídicos del Parlamento estimó que la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta son anticonstitucionales y atentan contra las competencias de Aragón.

     Durante el pleno, se aseguró que el debate hidráulico surgido a tenor de la Ley de Evaluación Ambiental terminará «abriendo en canal» al Parlamento, donde se exigió a los populares que resuelvan los problemas que generan la opiniones de los presidentes de Levante: Alberto Fabra –de la Comunidad Valenciana– y Ramón Luis Valcárcel –de Murcia–, o las de la de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Antonio Torres (PP) insistió una vez más en la posición que mantiene su partido, contraria al trasvase y que por eso votaban a favor del recurso… a excepción de Luisa Fernanda Rudi.

Negativa del Magrama

    La respuesta del Ministerio no ha tardado en llegar y ha ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental, ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, según afirma en una nota.

    El Ministerio explica que las disposiciones en materia de aguas previstas en la nueva Ley de Evaluación Ambiental que se pretende impugnar desde la Comunidad Autónoma de Aragón han sido elaboradas conforme al procedimiento legalmente establecido. Contrariamente a lo defendido en el informe de las Cortes de Aragón, «no existe ni en la Constitución, ni en las normas del bloque de la constitucionalidad, una regla según la cual el monopolio de la iniciativa de la planificación hidrológica corresponda únicamente al Gobierno», asegura.

    En consecuencia, afirma que «no hay inconveniente constitucional para que tales cambios puedan ser introducidos en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda, como se hizo en este caso».

Ni se vulnera el Estatuto ni se abre la puerta a nuevos trasvases

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aclara también que, en ningún caso, se ha vulnerado el Estatuto de Autonomía de Aragón, ya que éste no resulta de aplicación a las disposiciones legales que se pretenden recurrir.

    Tampoco se produce vulneración alguna del principio de reserva de ley, recogido en el artículo 132 de la Constitución, como argumenta el informe de las Cortes de Aragón, «porque este principio no implica que cualquier aspecto que afecte de una u otra forma a los bienes de dominio público deban estar recogidos en una norma con rango legal; sino que el régimen jurídico de los bienes de dominio público se regule en una disposición con rango legal. Lo que no impide que ciertos aspectos puedan desarrollarse por normas reglamentarias, sobre todo cuando se trata de cuestiones técnicas como las que prevén en las disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura en la Ley de Evaluación Ambiental».

    Por otro lado, el MAGRAMA subraya que carecen de fundamento las interpretaciones de quienes pretenden vincular las disposiciones contenidas en la Ley con trasvases que no existen como el del Ebro. La norma recoge el acuerdo histórico con 5 Comunidades Autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) sobre el trasvase Tajo-Segura, el más importante del país.

    En definitiva, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera «totalmente infundadas» las afirmaciones de quienes pretenden atacar la constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental mediante una interpretación de las previsiones en materia de trasvases que esta norma no contempla.

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MAGRAMA

El Gobierno aprueba el Plan Hidrológico del Ebro, que contempla inversiones por más de 2.500 millones de euros

  • Contempla unas inversiones de más de 2.500 millones de euros, entre todas las administraciones, para alcanzar los objetivos propuestos en el programa de medidas.
  • Más de 1.100 millones se destinan al cumplimiento de los objetivos ambientales, especialmente en actuaciones de saneamiento y de depuración, y otros 1.100 millones a la satisfacción de las demandas de los usuarios.
  • Ya son 14 los planes de cuenca aprobados por el actual Ejecutivo, que concluirá la planificación hidrológica en los próximos meses.

MAGRAMA MAGRAMA

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro, uno de los más complejos de España por el gran número de comunidades autónomas que atraviesa (9) y por la necesaria coordinación con Francia y Andorra.

El Plan Hidrológico es el elemento básico de gestión de esta demarcación hidrográfica. Tiene como principal objetivo conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico. Marca, asimismo, las pautas para atender las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial.

Con el plan del Ebro ya son 14 los planes hidrológicos aprobados por el actual Ejecutivo

Con el plan del Ebro ya son 14 los planes hidrológicos aprobados por el actual Ejecutivo en poco más de dos años. Se trata de los planes hidrológicos de Ceuta, Melilla, Islas Baleares, Duero, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que se suma al único aprobado por el anterior Ejecutivo, el del Distrito fluvial de Cataluña, ahora anulado por los tribunales.

En cuanto a los planes pendientes, el Gobierno prevé aprobar próximamente el del Tajo y el del Segura, que ya cuentan con el informe favorable del Consejo Nacional del Agua, así como continuar con la tramitación para aprobar cuanto antes el Plan del Júcar, una vez que ya ha concluido el periodo de información pública.

Plan de medidas

El Plan Hidrológico del Ebro contempla unas inversiones de más de 2.500 millones de euros a financiar por todas las administraciones para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de medidas.

Del total de la inversión, más de 1.100 millones de euros se destinan al cumplimiento de los objetivos ambientales, esencialmente mediante actuaciones de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas.

El segundo bloque, con casi otros 1.100 millones de euros, se dirige a la satisfacción de las demandas, con acciones preferentemente orientadas a la construcción de nuevas infraestructuras de regulación y la mejora en la atención de los regadíos.

Más de 1.100 millones de euros se destinan al cumplimiento de los objetivos ambientales

Se sitúan, en tercer lugar, la mejora del conocimiento y la gobernanza, con más de 150 millones de euros y, por último, las medidas orientadas a la mitigación de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos (175 millones de euros).

Mejora de las masas de agua y caudales ecológicos

El Plan Hidrológico del Ebro contempla una serie de medidas para mejorar el estado de las masas de agua de la cuenca, con las que pretende incrementar de un 77% a un 86,5 % el número de masas de agua superficial que a finales de 2015 estarán en buen estado.

Por otro lado, el Plan del Ebro establece unos caudales mínimos que se han definido tras un amplio proceso de participación, aplicando criterios científico-técnicos que, además, son coherentes con la realidad física del río y satisfacen todas las exigencias de la normativa de planificación.

Unos caudales ecológicos, cifrados por encima de los 3.000 hectómetros cúbicos anuales, satisfacen las necesidades del Delta y, en gran medida, son factibles de poner en práctica gracias a la existencia del embalse de Mequinenza.

Informes favorables

El Gobierno prevé aprobar próximamente el del Tajo y el del Segura, que ya cuentan con el informe favorable del Consejo Nacional del Agua

El Plan Hidrológico del Ebro recibió el informe favorable del Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de julio de 2013 (con 72 votos a favor y 9 en contra), tras su aprobación por el Consejo del Agua de la Demarcación y el pertinente proceso de participación pública. También ha contado con la aprobación y el informe positivo de los diferentes Ministerios afectados.

En paralelo a la conclusión de este primer ciclo de planificación hidrológica, el Ministerio ya ha iniciado el segundo ciclo, que concluirá en 2015 para acompasar así el ciclo de planificación de España con el del resto de los países miembros de la Unión Europea.

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Aragón reabre la guerra por el Ebro con un recurso al Constitucional

D. M./J. L. F. / alicante

Día 28/02/2014

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Aragón ha reabierto con carácter «preventivo» la guerra del agua en torno al Ebro, que parecía –al menos de momento– superada. A pesar de que la Comunidad nunca ha renunciado expresamente a reclamar el trasvase derogado por el PSOE en 2004, esta reivindicación había quedado aparcada hasta que se aprobasen los planes de cuenca (el del Júcar acaba de terminar su periodo de exposición pública) y se iniciase la negociación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

Pese a todo, el pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad, a propuesta de la Chunta Aragonesista (CHA), recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de evaluación a mbiental –precisamente, la que «blindaba» el trasavase Tajo-Segura tras el aumento de la reserva mínima en los embalses de cabecera–, al considerar que abre la puerta al trasvase del Ebro. El recurso se presentará contra varias disposiciones de la ley, en base a un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que los portavoces de los grupos consideraron «contundente» e «incontestable».

Incluso el PP aragonés, que gobierna con apoyo del PAR, consideró que a la vista del citado informe su única opción era votar a favor de presentar dicho recurso. Ello a pesar de que su portavoz señaló que la ley ambiental «no abre puertas» al trasvase y admitió que regula únicamente el del Tajo-Segura. Tanto la CHA como el PSOEe IU, en cambio, consideraron lo contrario, y acusaron al PP de querer retomar el trasvase del Ebro. El efecto colateral que podría tener el recurso al Constitucional, sin embargo, sería el de anular una norma que ha garantizado la continuidad del Tajo-Segura y que precisó del consenso de cinco autonomías y el Gobierno central.

El agua también estuvo ayer de actualidad en Alicante, puesto que Asaja aprovechó la presencia del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en una reunión con los empresarios de Coepa para reivindicar que se complete la obra de túneles y el trasvase Júcar-Vinalopó se materialice en la toma original de Cortes de Pallás. «Es una inversión pequeña y es de justicia, porque en el Azud de la Marquesa no hay agua, eso es porquería», indicó su presidente, Eladio Aniorte.

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Más de un centenar de agricultores se concentran contra el tarifazo

Más de un centenar de agricultores han cortado este miércoles el tráfico de la Avenida de España  en la ciudad de Albacete  para protestar contra la subida de la luz. Lo hacían convocados por las asociaciones agrarias ASAJA y UPA , y por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, y movidos por el hartazgo a la constante subida de sus costes de producción. Esta vez la protesta se centralizaba en la subida de la luz o el “tarifazo” que los deja con menos márgenes de beneficio de los que por sí tienen.

Quieren tarifas adaptadas al consumo de los agricultores con las que paguen sólo por lo que consumen porque, dicen, ellos tienen que pagar una cuota de potencia todo el año, la utilicen o no. “Esto nos lleva a que al agricultor le sale más caro cuanto menos riega porque tiene que pagar siempre”, explicaba el  presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte.

Desde que se liberaliza el mercado la cuota de potencia ha aumentado en un 1500% tal y como ha asegura Belmotne quien además añadía: “ahora un agricultor está pagando más del doble, bastante más del doble que pagaba hace seis años”.

Esta concentración de Albacete se repetía simultáneamente en otros puntos del país reflejando el malestar del campo. “Mientras estamos tirando del país los ganaderos y agricultores cada día estamos peor. El sector agrario ya no puede más, los productos están a la baja”, enumera el secretario regional de UPA, Julián Morcillo. El 66% de la factura de la luz las controla el gobierno, viene de impuestos y de peaje.

Eso deja un panorama desolador, hay explotaciones agrícolas enteras que de hacer cuentas no seguirían adelante.

Tras la concentración han subido a darle al subdelegado del gobierno todas sus reivindicaciones donde además le detallaban cual es la situación actual del campo. Dicen que al precio al que se venden los cultivos de regadío no dan para pagar la luz y que esto llevará a que muchos agricultores se van a tener que plantear si sigue sembrando y qué cultiva.

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Los regantes de Albacete y Toledo protestan por el alto coste de la energía

Regantes de Albacete y Toledo se han manifestado ante las respectivas sedes de la Delegación del Gobierno para protestar por el alto coste de la energía y exigir un escenario tarifario «más justo y competitivo» que no les «cobre por lo que no consumen».

La jornada de protesta se ha realizado en toda España convocados la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) que ha denunciado que los costes fijos del recibo eléctrico, que se pagan durante todo el año y no sólo en la campaña de riego, se han incremento en un 1.000 % en sólo seis años y ahora aumentarán de nuevo al haber decidido el Gobierno incrementar la parte fija de la factura. Los costes energéticos para el regadío, según Fenacore, superan en más de un 30% la media europea.

El Director de la Comunidad de Regantes del Canal del Bajo Alberche, Tomás Fernández, informa que desde 2008 hasta la actualidad el coste eléctrico ha aumentado un 72 por ciento y que en los últimos diez años se ha pasado a pagar, por una media de 30 o 40 hectáreas, de 6.000 a 15.000 ó 18.000 euros durante la campaña, es decir 4 o 5 meses, lo que estaría llevando al cierre de explotaciones mientras otras se plantean dejar de regar la próxima campaña.

Por ello, para Hernández la reivindicación «más importante» se centra en facturar por la potencia real registrada y no por la potencia teórica contratada para evitar pagar todo el año aunque no se riegue. «Tenemos que pagar por los meses que regamos y se nos está gravando todo el año. Protestamos para pagar porque lo que realmente se consume», afirmó.

También reclaman aplicar un IVA reducido a las comunidades de regantes, como se hace por ejemplo en Italia, ya que en el caso de España «se paga un 21 por ciento sobre una base que no consumimos”.

Además, se solicita aplicar contratos de temporada con distintas condiciones de suministro para un mismo punto de consumo sin penalizaciones, así como adaptar la norma para que en un único contrato de suministro los consumidores puedan hacer dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses.

Por último, piden fomentar la producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo con balance neto (es decir volcando a la red los excedentes) y que se les facture por la potencia real, no por la potencia teórica contratada, para evitar pagar todo el año aunque no se riegue.

El secretario general de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (ASAJA) de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha apoyado la movilización y manifestó su temor por el cierre de explotaciones, ya que los costes no compensan. Fresneda cree que «la culpa es del Gobierno de España que sube la luz y atenta contra los que generan riqueza, mientras se les llena la boca diciendo que estamos generando riqueza. Donde se genera riqueza allí va el Gobierno a ver qué pilla».

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Los regantes temen que la marcha de Cañete a Europa paralice nuevos acuerdos

Las elecciones europeas pueden provocar grandes cambios en las política hídrica. Aunque aún está por confirmar, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se postula como uno de los más firmes candidatos a liderar la lista del PP en estos comicios y, si no es así, tratará de ganarse un puesto de comisario.

A pesar de que esta última opción haría posible que el ministro permaneciese un par de meses más en su cargo, entre los regantes valencianos preocupa mucho las consecuencias que conlleva este cambio. Arias Cañete ha demostrado que tiene sobrada experiencia en conseguir acuerdos en batallas políticas y su autoridad ha quedado más que demostrada con el acuerdo alcanzado en el plan de cuenca del Tajo.

Cerrado el asunto del Tajo- Segura, la tensión se ha trasladado al plan de cuenca del Júcar. Por un lado, debe resolver el conflicto que ya puede calificarse como histórico entre los regantes de Valencia y los manchegos. Los puntos más conflictivos son el uso del embalse de Alarcón y la sobreexplotación a la que está sometido el acuífero de la Mancha oriental.

Por otro lado, el ministro tiene ante sí el reto poner en marcha el Júcar- Vinalopó para lo que tiene que conseguir el acuerdo entre los regantes alicantinos y los valencianos.

Las conversaciones se han iniciado. Durante el periodo de alegaciones todos han mostrado claramente su postura y, a no ser que exista un excelente mediador, parecen irreconciliables.

«Si ahora se produce un cambio de ministro, probablemente cambiará también su equipo de confianza», «volverá a iniciar una ronda de encuentros con las diferentes asociaciones», «será casi como volver a empezar», apuntaban ayer los regantes.

Lo cierto es que todos los agentes implicados, a excepción de Cañete, coincidieron en la segunda jornada de la Cumbre del Agua que Casa Mediterráneo celebró en Valencia. Estaba incluso el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, José Císcar. Sin embargo, no se estableció diálogo entre ellos. Es más, todos negaron que fuese a producirse una reunión.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García- Margallo, inauguró esta jornada. Aunque no se refirió al caso concreto de la Comunitat, aseguró que la «diplomacia del agua» va a ocupar buena parte de las agendas de los países. Posteriormente, en un acto al que acudió el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, insistió en la importancia de la participación en las elecciones europeas para evitar el ascenso de partidos antisistema o xenófobos.

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El PSOE avisa que muchas explotaciones tendrán que cerrar por el tarifazo

Modesto Belinchón mostró ayer el apoyo del PSOE a las protestas de  agricultores  y ganaderos vividas ayer  Toledo y Albacete contra el llamado tarifazo eléctrico, especialmente gravoso en el caso de los regadíos. De seguir así las cosas, avanzó que muchas de las más de 5.000 explotaciones agrarias que hay en la región tendrán que cerrar sus puertas en breve.
Por ello, instó al Gobierno regional a que se siente con las eléctricas para buscar soluciones. Y le dio opciones, como la posibilidad de hacer un contrato especial a las explotaciones de regadío, en el que se reduzca drásticamente los costes fijos del recibo los meses que no se riega (entre 7 y 10 al año)
 Asimismo, aprovechó para recordar que el Grupo Socialista ha presentado iniciativas para que se produzca una modificación de cara a evitar el costoso cargo eléctrico que tiene que soportar este sector. «Que Cospedal asuma su responsabilidad y lidere una iniciativa en este sentido», sentenció.

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«Opinión: Con nuestra agua, en Castilla-La Mancha pedimos el mismo trato que a regantes murcianos y valencianos (j. Morcillo)

El nuevo proceso de planificación hidrológica esquilma, todavía más, a Castilla-La Mancha e impide el desarrollo de la región.

-La mayor parte de nuestra región se puede ver en la misma situación de limitaciones que ya padece el Alto Guadiana desde que decidieron declararlo “sobreexplotado”.

-Nuestros agricultores tendrán que competir con los productores de otras regiones a los que no se le limitan las dotaciones de agua, ni se les obliga a pagar por los derechos.

Una vez analizados como quedan los planes de cuenca de los ríos que atraviesan Castilla-La Mancha comprobamos como el futuro es poco halagüeño. La planificación prevista para el río Júcar1 y Segura es un ejemplo clarificador de quién pierde en el reparto de agua. Una vez más son los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

Por un lado, se trasvasa el agua de las cuencas que transcurren por esta comunidad y, por otro, se impide a los habitantes de esta tierra el acceso mínimo a esa misma agua para mantener sus rentas, condenándoles a cultivos de secano ruinosos. Es decir, perdemos una oportunidad de solucionar los problemas de miles de agricultores que quieren regar y sobreviven, como pueden, a pesar de la injusticia histórica. Hemos prestado especial atención a la redacción de los nuevos planes de cuenca de los ríos que discurren en nuestra región porque vemos que hay un tratamiento muy similar en todos con esta tierra. Casualmente, en la mayoría de la región se nos consideran las masas de aguas subterráneas “en mal estado cuantitativo”, y esto en el fondo lo que encierra son limitaciones en su uso e imposibilidad de desarrollo. Es decir que mientras prevén dotar con más agua a la Albufera valenciana, por ejemplo, desde el Júcar deciden que en Albacete los agricultores no tendrán los mismos derechos que sus vecinos de provincias limítrofes.

Nos preocupa este asunto porque existen antecedentes ya en Castilla-La Mancha de estos agravios. En el Guadiana, por ejemplo, la realidad es que en estos momentos la administración tiene paralizados 2.500 expedientes de regularización de concesión de riego desde el año 2008 en las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real. Por eso hemos iniciado una campaña denominada: ‘Agua de donde sobra a donde falta… y la nuestra, ¿dónde está?’ para llamar la atención de la problemática que afecta a unos treintaisiete municipios en el Alto Guadiana. Pero estoy convencido de que esta campaña se podría trasladar a todos los rincones de nuestra región.

Desde UPA Castilla-La Mancha consideramos que la injusticia es todavía mayor en la recta final de este Plan Hidrológico Nacional porque estamos viendo cómo van a arreglar los problemas de agua de regiones como Valencia2 o Murcia3 a costa de hipotecar el futuro de los agricultores de nuestra comunidad y, sobre todo, teniendo en cuenta que deberíamos tener prioridad como cuenca cedente. Esto en el caso del Júcar y el Segura.

Y en el caso del Guadiana, mientras la solución que se le quiere dar a algunos de nuestros agricultores -para la regularización de sus pozos profesionales- pasa porque éstos compren los derechos del agua; mientras, en el Guadalquivir se plantea la mayor puesta en marcha de regadíos de España en las últimas décadas, con 291.000 hectáreas nuevas para cultivos de regadío gratis. Algo que ha alarmado a los productores de ajo de Las Pedroñeras que ven cómo van a tener que competir en inferioridad de condiciones, con ajeros de Córdoba4, por ejemplo.

Si las líneas de actuación se mantienen así en materia de agua, la brecha entre los agricultores castellano-manchegos y el resto de España se abrirá mucho más ya que los incrementos de costes y las restricciones de agua complicarán la competitividad de nuestros productores con los del resto de region

Artículo de opinión de Julián Morcillo5 – Secretario General de UPA Castilla-La Mancha

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Los agricultores ‘en guerra’ por la subida de las tarifas eléctricas en las explotaciones agropecuarias

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha se sumará a estas movilizaciones que se celebrarán bajo el lema «el regadío agoniza, no al tarifazo eléctrico».

En las movilizaciones estarán presentes los representantes de la Organización Agraria de las cinco provincias. Se celebrarán, en concreto, en la Subdelegación del Gobierno en Albacete a la que también acudirá la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y UPA Castilla-La Mancha, y en la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo, en la que estará presente la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche.

Estas movilizaciones, que comenzarán en la región a partir de las 12:00 horas, se desarrollarán de manera sincronizada con la del resto del regadío nacional. Coordinadas por Fenacore, se celebrarán concentraciones simultáneas ante las diferentes delegaciones de gobierno regionales.

«La situación ha ido empeorando desde la desaparición de las tarifas especiales de riego en el año 2008 como consecuencia de la liberalización del mercado de la electricidad» explica ASAJA quien recuerda que viene defendiendo una revisión del tratamiento dado a las explotaciones de regadío, ya que pagan durante todo el año una cuota de potencia muy elevada cuando solamente riegan entre dos y seis meses al año, en función del cultivo. 

Por este motivo, esta Organización propone que se reconozca el carácter estacional del sector del regadío y se permita modificar el término de potencia contratada en los períodos en que no hay actividad o ésta es mínima.

También piden un IVA reducido a las Comunidades de Regantes, igual que se aplica a los regadíos en Italia

Las explotaciones ganaderas, también afectadas

Las explotaciones ganaderas también están sufriendo los efectos de este incremento desmesurado del precio de la electricidad. recuerdan. Algo que, «sumado al aumento de otros costes de producción y unido a la crisis de precios en origen en sectores como el vacuno y el ovino de leche, está llevando al cierre de granjas ganaderas en la región».

Para ASAJA es «fundamental» abordar el problema del coste de la energía para riego ya que lo que se propone entre otras cuestiones es que se establezca la posibilidad de realizar dos modificaciones a la potencia contratada para adaptarla a las necesidades reales de consumo de energía eléctrica de las explotaciones y que se pague por la potencia real utilizada.

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