Las elecciones europeas pueden provocar grandes cambios en las política hídrica. Aunque aún está por confirmar, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se postula como uno de los más firmes candidatos a liderar la lista del PP en estos comicios y, si no es así, tratará de ganarse un puesto de comisario.

A pesar de que esta última opción haría posible que el ministro permaneciese un par de meses más en su cargo, entre los regantes valencianos preocupa mucho las consecuencias que conlleva este cambio. Arias Cañete ha demostrado que tiene sobrada experiencia en conseguir acuerdos en batallas políticas y su autoridad ha quedado más que demostrada con el acuerdo alcanzado en el plan de cuenca del Tajo.

Cerrado el asunto del Tajo- Segura, la tensión se ha trasladado al plan de cuenca del Júcar. Por un lado, debe resolver el conflicto que ya puede calificarse como histórico entre los regantes de Valencia y los manchegos. Los puntos más conflictivos son el uso del embalse de Alarcón y la sobreexplotación a la que está sometido el acuífero de la Mancha oriental.

Por otro lado, el ministro tiene ante sí el reto poner en marcha el Júcar- Vinalopó para lo que tiene que conseguir el acuerdo entre los regantes alicantinos y los valencianos.

Las conversaciones se han iniciado. Durante el periodo de alegaciones todos han mostrado claramente su postura y, a no ser que exista un excelente mediador, parecen irreconciliables.

«Si ahora se produce un cambio de ministro, probablemente cambiará también su equipo de confianza», «volverá a iniciar una ronda de encuentros con las diferentes asociaciones», «será casi como volver a empezar», apuntaban ayer los regantes.

Lo cierto es que todos los agentes implicados, a excepción de Cañete, coincidieron en la segunda jornada de la Cumbre del Agua que Casa Mediterráneo celebró en Valencia. Estaba incluso el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, José Císcar. Sin embargo, no se estableció diálogo entre ellos. Es más, todos negaron que fuese a producirse una reunión.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García- Margallo, inauguró esta jornada. Aunque no se refirió al caso concreto de la Comunitat, aseguró que la «diplomacia del agua» va a ocupar buena parte de las agendas de los países. Posteriormente, en un acto al que acudió el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, insistió en la importancia de la participación en las elecciones europeas para evitar el ascenso de partidos antisistema o xenófobos.

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Los regantes se van a manifestar durante esta semana en diversas ciudades españolas (el miércoles 26) para protestar por lo que denominan el «tarifazo» de la luz, que supone un importante incremento de sus costes de producción. La convocatoria ha sido realizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y a ella se han sumado las organizaciones agrarias. Ya hubo un «aperitivo» la semana pasada en Valladolid y las próximas manifestaciones tendrán lugar en Badajoz, Sevilla, Toledo, o Zaragoza, entre otras ciudades.

Mientras tanto, el ministro de Agricultura anunció que el Gobierno está estudiando la posibilidad de aplicar una fórmula exclusiva para los regadíos en materia de tarifas eléctricas, con el fin de que cuenten con un contrato de suministro adaptado a este tipo específico de consumo, cuyo perfil es de temporada. Los regantes vienen planteando sus reivindicaciones desde hace meses y se han entrevistado en diferentes ocasiones con representantes del Ministerio de Agricultura; sin embargo, y según han denunciado desde Fenacore, los responsables de Industria, y más en concreto de la secretaría de Estado de Energía ha hecho hasta ahora oídos sordos a sus peticiones.

El de las tarifas para riego no es el único frente que tienen abierto el sector agroalimentario con el Ministerio dirigido por José Manuel Soria. Con la reforma eléctrica puesta en marcha por su secretario de Estado, Alberto Nadal, han comenzado a cerrar las instalaciones dedicadas al tratamiento de los purines producidos en explotaciones de ganado porcino. Dicen desde la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines que la nueva normativa en materia de energías renovables, cogeneración y residuos, que regula la producción de electricidad a partir de esas fuentes, está suponiendo la desaparición de las plantas de tratamiento de purines, lo que provocará graves problemas a los ganaderos de porcino, que no tienen otra forma de eliminar estos residuos.

Tanto desde esa asociación como desde las organizaciones agrarias de ámbito general, las cooperativas y la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino han exigido a la Administración medidas que garanticen la continuidad de las plantas y de las explotaciones de cerdos que dependen de ellas. Según fuentes del sector, son más de 3.000 las explotaciones ganaderas que gestionan actualmente sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento que existían en España. El malestar en el sector es evidente y la pasada semana tuvieron lugar diferentes manifestaciones en apoyo de estas reivindicaciones. Por otro lado, también se verá muy afectado por la reforma eléctrica el sector de la biomasa.

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VALENCIA- El Congreso aprobó ayer la tramitación del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que contempla la incorporación del memorándum de entendimiento sobre el Tajo- Segura. El PPCV celebró el resultado de la votación asegurando que «el trasvase está más vivo que nunca».

Así lo aseguró ayer el vicesecretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, César Sánchez, quien remarcó que por fin queda garantizado el trasvase, «a pesar de los intentos del PSOE de sentenciarlo a muerte».

Insistió en que los socialistas se «quitaron la careta» al votar en contra en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que incorpora el memorándum del Tajo-Segura, «puesto que han demostrado que anteponen sus intereses partidistas a las demandas de los ciudadanos de la Comunitat».

El documento limita la realización de trasvases del Tajo a que los embalses de cabecera tengan un mínimo de 400 hectómetros cúbicos. Los populares aseguran que se trata de una cantidad razonable que además se tiene que alcanzar de manera progresiva en los próximos cinco años y que a cambio, el trasvase deja de ser una «expectativa» de los regantes alicantinos para convertirse en un derecho adquirido por ley.

El vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, José Císcar, trató el pasado martes de convencer a la oposición de las ventajas que supone este acuerdo, pero no lo consiguió.

En esta ocasión PP y oposición se acusan de lo mismo, de haber cedido ante las presiones de Castilla- La Mancha.

Sánchez insistió en que por mucho que lo quieran silenciar, «ayer se dio una solución histórica a un problema histórico para los regantes de la Comunitat Valenciana».

La socialista Vicenta Crespo aseguró que el incremento en 160 hectómetros cúbicos de la reserva en la cabecera del Tajo representa la «muerte segura» de este trasvase a corto plazo pues en épocas de sequía no se podrá trasvasar «ni una gota de agua». Josep Maria Pañella (Compromís) y Marina Albiol (EU), lamentaron que el Consell no defienda a los agricultores.

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Algo tiene el agua cuando la bendicen, dice el refrán, y también, cuando es la protagonista de una y mil batallas. Los planes hidrológicos de cuenca que ha comenzado a tramitar el Gobierno central han reabierto las heridas entre territorios.

Los regantes del Júcar miran con la misma proporción de recelo que deseo la última declaración de apoyo que hizo el Consell al Sindicato de Regantes del Tajo- Segura.

El Gobierno valenciano decidió suscribir punto por punto las alegaciones realizadas al plan de cuenca del Tajo. El aspecto clave de las mismas es el rechazo a que se establezca una reserva en los embalses de cabecera de 400 hectómetros cúbicos, una cantidad con la que sería imposible ejecutar los trasvases con la misma frecuencia que hasta el momento. Supone pues, un claro rechazo a la propuesta auspiciada por la presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, también secretaria general del Partido Popular.

Sin embargo, los regantes del Júcar llevan su particular pelea con los manchegos a cuenta del acuífero de la Mancha Oriental. Como ya ha publicado este diario, la nueva planificación permitirá que se siga sobreexplotando el acuífero e incluso se da prioridad a la construcción de infraestructuras usadas por los regantes manchegos frente a la modernización de regadíos.

En resumen, entienden que Castilla-La Mancha les ha ganado la partida en el plan y que se arrogan más privilegios de los conseguidos hasta el momento. Por ello, creen que la Generalitat debería actuar como ha hecho con las alegaciones al plan del Tajo y apoyar las que ellos preparan. Sin embargo, no las tienen todas consigo. El portavoz de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), José Pascual Fortea, teme que la presión de los usuarios de Alicante les deje solos ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Alicantinos y valencianos tienen un punto de desencuentro. El trasvase Júcar- Vinalopó. Fortea explicó que el nuevo plan deja la puerta abierta a que se ejecute un trasvase desde la cabecera, algo a lo que se oponen rotundamente. «La Generalitat siempre dice que no se modificará el trasvase si no hay unanimidad entre los regantes. Pues que quede claro, en este asunto, nunca la habrá».

A día de hoy, el Consell no se ha pronunciado de manera clara sobre el plan. Lo poco que ha dicho ha sido positivo, por lo que tendría que producirse un cambio muy importante para suscribir totalmente las reivindicaciones de USUJ.

Tregua obligada

En los últimos años, tras las intensas batallas libradas tras la derogación del trasvase del Ebro y la pretensión no satisfecha de tratar de apoderarse de los ríos a través de los Estatutos de Autonomía, ha habido una tranquilidad poco habitual entorno al agua.

El hecho de que no haya habido sequía ha ayudado, pero lo cierto es que el anterior Gobierno central ha mantenido paralizados los planes hidrológicos de cuenca, documentos en los que se revisa y distribuyen los recursos y se marca la posibilidad de que existan o no trasvases entre diferentes cuencas. La UE obligó a que todos los planes estuviesen antes de 2009. El del Júcar está en fase de alegaciones.

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El Consell ha decidido iniciar una nueva batalla contra el Gobierno central. Por si la de la financiación no le da suficientes quebraderos de cabeza, el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Agricultura, José Císcar, anunció ayer la adhesión del Gobierno valenciano a las alegaciones realizadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo- Segura al plan hidrológico de cuenca del Tajo.

La base de las citadas alegaciones es el aumento de la reserva en los embalses de cabecera del río. El documento incrementa de 240 hectómetros a 400 el volumen de agua existente en Entrepeñas y Buendía, una cifra que no haría imposible el trasvase al Segura, pero sí lo limitaría.

Los regantes aseguran que este incremento es ilegal puesto que es la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) la que establece que la reserva sea de 240 hectómetros cúbicos, por lo que «tendría que ser aprobada mediante una norma con rango de ley».

En las alegaciones también se pide al Gobierno que aborde, «con la mayor brevedad posible una planificación hidrológica para resolver eficazmente los problemas de déficit estructural».

El anuncio de ayer de Císcar abre un enfrentamiento directo no sólo con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, sino con la presidenta de Castilla- La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal. «Nosotros siempre hemos dicho que el Gobierno valenciano está al lado de sus regantes y de sus agricultores, y por eso suscribimos íntegramente sus alegaciones». A renglón seguido añadió que estas se retirarán cuando el memorándum del Tajo obtenga validez normativa, una promesa que realizó el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete y que supondría garantizar por ley la necesidad de un trasvase entre el Tajo y el Segura.

El ministro, que visitó el jueves Valencia, no se puso de parte de nadie. «Este es un proceso en el que no puede haber ni ganadores ni perdedores, es el espíritu del Gobierno». Insistió en que las partes implicadas tienen todas el mismo interés, «garantizar agua suficiente a todos los territorios, buscar equilibrios y consensos».

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Sentar unas reglas del juego claras son fundamentales para evitar conflictos. El nuevo plan hidrológico de cuenca del Júcar (PHJ), que se encuentra en fase de exposición pública, deja abierta a la interpretación cuestiones que los regantes de la Ribera del Júcar consideran fundamentales.

El secretario de la Unión Sindical de Regantes del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, explica a LA RAZÓN que el documento copia del anterior plan, vigente desde 1998, la redacción del artículo en el que habla de la asignación y la reserva de recursos en el sistema Júcar. «Dentro de estos usos existentes, y dejando a salvo los de abastecimiento, se otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar».

Para los regantes, esta afirmación es una mera declaración de intenciones que debe concretarse, si no en este documento, en el plan de explotación que ha de elaborarse en los seis meses siguientes a la aprobación del de cuenca.

La importancia de estas reglas es fundamental para atender situaciones que se repiten cada vez que el río atraviesa una época de sequía. Valero de Palma incide en que es necesario que al menos el plan de explotación concrete de qué manera y en que porcentaje se ponen en marcha las restricciones. De esta manera, los regantes pueden tener una previsión más clara del agua con la que pueden contar. Insiste en la necesidad de llevar a cabo una buena planificación para que las sequías afecten lo menos posible a los cultivos.

En cualquier caso, es complicado que llegada una época de escasez de lluvias los agricultores no salgan perjudicados de una manera u otra. En el mejor de los casos, puede ocurrir que se vean obligados a utilizar los pozos de sequía, a tirar mano de los acuíferos. Esto supone un importante incremento en el precio del agua, puesto que aumenta el coste energético.

También puede ocurrir que se pierda la cosecha. «En los años 90 se perdieron cultivos de arroz y en la sequía de 2004 a 2008 también se abandonaron huertas». Para ambos casos, USUJ considera imprescindible que el plan de explotación regule qué tipo de indemnizaciones deben recibir los agricultores.

La tesis que defienden los regantes valencianos es que el hecho de que los abastecimientos urbanos tengan prioridad sobre los cultivos no quiere decir que no tengan que recibir compensación por el agua que los regadíos dejan de utilizar. La inclusión de un régimen de indemnizaciones en el plan de explotación ahorraría muchos problemas a los regantes, especialmente en las tensas relaciones que viven con Albacete.

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El Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) beneficia a los regantes de Castilla- La Mancha. Esta es la primera conclusión que extrajeron los regantes valencianos y que se afianza a medida que destripan este vasto documento para presentar las alegaciones.

El secretario general de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, se encuentra inmerso en esta labor y ha detectado cambios con respecto al PHJ vigente, de 1998, en la redacción de varios artículos que dejan en clara desventaja a los riegos tradicionales del Júcar.

La primera hace referencia a la prioridad en las inversiones, cuestión nada baladí en los tiempos que corren. El nuevo plan afirma que las primeras obras que recibirán dinero del Gobierno, serán las necesarias para la substitución de bombeos en la Mancha Oriental. En segundo lugar, deja a las obras de modernización de regadíos, que aunque pueda sonar extraño, no están ni mucho menos, finalizados. Valero de Palma explica que los ahorros previstos con el abandono del riego a manta son necesarios para atender otras necesidades . Por este motivo, el plan de 1998 sí consideraba que las obras de modernización de regadíos debían estar las primeras de la lista.

Agua a menor coste

Los únicos beneficiados si no se modifica esta disposición serán los regantes manchegos, puesto que se ahorrarán los costes energéticos de sacar el agua de los pozos. Solo pagarán los gastos del mantenimiento del embalse de Alarcón, que sufragaron los regantes valencianos, y los del Tajo- Segura.

Valero de Palma incide en que a día de hoy hay obras de modernización de regadíos paralizadas con la justificación de que no hay recursos presupuestarios. Existen siete sectores de riego que no tienen finalizada la red de transporte. Es decir, está la infraestructura principal, pero no la conducción hasta las parcelas. El coste, responsabilidad del Ministerio de Agricultura y de la Generalitat asciende a once millones. Este es uno de los ejemplos que citan desde USUJ, pero lo cierto es que a día de hoy, el plan de modernización de regadíos está al 50 por ciento de su ejecución. Unas cifras que demuestran que todavía queda mucho por hacer.

Pero además de a menor coste para los agricultores, el borrador del actual plan quiere conceder a los manchegos prioridad en el suministro urbano. La comparación entre al artículo 28 del actual plan con el 32 del anterior queda bien claro. En el apartado b del se enumeran las asignaciones del agua del río Júcar. En primer lugar aparece el abastecimiento urbano e industrial de Albacete y su área de influencia, le sigue el de Sagunto, Valencia y por último los de la Ribera. Valero de Palma advierte de que se pone en primer lugar a Albacete cuando, a día de hoy, ni siquiera tiene una concesión administrativa e insiste en que solo se ha tenido en cuenta el criterio territorial.

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La Comisión Europea (CE) dio hoy el primer paso, el envío de una «carta de emplazamiento», para que España sea multada por no tener planes hidrológicos de cuenca en la mayoría de sus ríos, como exigen las normativas comunitarias.

«Cerca de tres años y medio después de que expirase el límite legal europeo, España todavía tiene que adoptar la mayoría de sus planes hidrológicos de cuencas», dijo a Efe el portavoz comunitario Joe Hennon.

España tiene dos meses para responder a la Comisión Europea, puesto que de lo contrario «el próximo paso sería volver a llevar a España ante la Corte para solicitar multas», indicó la fuente.

El pasado octubre, el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a la Comisión Europea y certificó el incumplimiento de España, que solo había presentado a tiempo un plan, el de la cuenca fluvial de Cataluña, e iniciado el proceso de consulta publica de 12 de las 25 demarcaciones hidrográficas del país.

La directiva europea marco sobre aguas exigía a los Estados miembros que adoptarán y publicarán antes de finales de diciembre de 2009 los planes hidrológicos de cuenca de todos sus ríos, pese a lo que España a día de hoy no tiene en vigor 20 de los 25 necesarios.

España ya ha presentado los planes del «Distrito Fluvial de Catalunya»; «Galicia Costa», «Cuenca Mediterránea andaluza», «Guadalete y Barbate»; y «Tinto, Odiel y Piedras».

El Gobierno español se ha comprometido a acelerar la elaboración de los planes hidrológicos este año y este mismo miércoles sacó a consulta pública el «Plan Hidrológico del Tajo».

«España es el único Estado miembro con un número significante de planes hidrológicos de cuencas que aún no se encuentran en el proceso de consulta pública», señaló el portavoz, quien precisó que la mayoría de los países europeos han presentado ya sus planes hidrográficos de cuenca o los tienen en los últimos pasos de consulta pública.

«La CE tiene que asegurar un trato igual para todos los Estados miembros», añadió.

Hennon señaló que el «significante retraso» que acumula España tiene consecuencias tanto en el cumplimiento de los primeros pasos previstos en la directiva como en la futura coordinación de los planes con otros Estados miembros, que deberían plasmarse en nuevas estrategias que se publiquen en 2014.

«Cualquier retraso adicional agravará el problema», afirmó.

«Los planes hidrográficos de cuenca son la clave para la gestión de las aguas, ya que aseguran una protección adecuada de los recursos hídricos y sus ecosistemas, así como la disponibilidad de este recurso para los usos actuales y las generaciones futuras», añadió Hennon.

ART. 17-02-2013 FENACORE REGANTES.PDF