Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han pactado este lunes un mandato revisado para superar las divergencias que les separan de la Eurocámara en cuestiones de la nueva Política Agraria Común (PAC) como el techo de las ayudas y la transferencia de fondos. El objetivo es salvar los últimos escollos que mantienen bloqueada la confirmación definitiva del acuerdo anunciado el pasado junio.

«El Consejo ha obtenido un acuerdo amplio (de los Estados miembros) para un mandato ligeramente modificado. Espero lograr un acuerdo», ha declarado el ministro de Agricultura lituano y presidente de turno del Consejo de la UE, Vigilijus Jukna, en una sesión pública con sus colegas europeos.

Jukna ha informado a los ministros de que, tras una jornada de discusiones, ha visto un «compromiso posible» que «representa un mínimo para el Parlamento Europeo, pero, al mismo tiempo, un máximo para el Consejo».

Esta fórmula incluye elevar del 75% al 85% la tasa de cofinanciación europea para programas de desarrollo rural para las zonas menos favorecidas y para las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias, tal y como exige la Eurocámara. Esta opción será opcional para los Estados miembros, no obligatoria.

Varios de los Estados miembros, entre ellos Polonia, República Checa y Hungría han tomado la palabra para pronunciarse en contra de esta idea porque contradice lo acordado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE el pasado febrero, pero han decidido abstenerse y no votar en contra del mandato para favorecer un acuerdo global.

Al término de la jornada de negociación a 28 en Bruselas, el ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha destacado el «ejercicio de flexibilidad» de los Estados miembros para «aproximarse» al Parlamento Europeo.

En concreto, ha destacado la cofinanciación elevada al 85 % para regiones ultraperiféricas y zonas más desfavorecidas porque, si se confirma este punto, «no supone más gasto comunitario, pero sí menos gasto nacional».

Con ello, ha recalcado, se dan «más posibilidades a las comunidades autónomas para poder financiar proyectos, sin riesgo de pérdida de fondos comunitarios» y ha puesto a Extremadura como ejemplo de las regiones que podrían beneficiarse de esta medida, por no llegar al 75 % del PIB per cápita.

El mandato consensuado es «positivo» para España porque respeta sus peticiones, ha dicho Arias Cañete, y porque supone una oferta «equilibrada» para buscar el consenso con la Euroámara.

FLECOS ABIERTOS

El pacto logrado en junio abarca la práctica totalidad de la nueva PAC y los Veintiocho se han negado a contemplar la posibilidad de reabrir los consensos cerrados, pero la Eurocámara no acepta que no se discutan elementos como la voluntariedad de fijar un techo a las ayudas o las tasas de cofinanciación de los fondos de desarrollo rural.

Los eurodiputados se quejan de que estas cuestiones les han sido impuestas por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que decidieron el presupuesto de la UE para 2014-2020, sin darles opción de diálogo.

Para contentar a los eurodiputados, los Veintiocho aceptan así el incremento voluntario de la cofinanciación europea de los programas de desarrollo rural de las regiones menos desarrolladas, las ultraperiféricas y pequeñas islas del Egeo, aunque la presidencia lituana ha dejado claro que ésta era una «concesión adicional» al Parlamento y condicionada a que se retiren otras reclamaciones.

Otro gesto de los ministros hacia los eurodiputados es la reducción progresiva o ‘degresividad’ de las ayudas más altas, para compensar el rechazo total de los líderes europeos a fijar un techo máximo obligatorio de 300.000 euros por explotación. Los países aceptan así la posibilidad de una reducción del 5 % para los apoyos de más de 150.000 euros y aceptado una tasa para la derogación en cuanto al pago redistributivo también del 5%.

En cuanto a una mayor flexibilidad para permitir una mayor transferencia de fondos de un pilar a otro de la PAC, los países se han mantenido firmes y se han negado a ningún cambio en este punto.

En los últimos días, las partes han mantenido una reunión (trílogo) para tratar de acercar posiciones y está prevista otra para este martes, día 24, con el objetivo de zanjar las diferencias.

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Diferentes organizaciones medioambientales a nivel nacional han solicitado que se retire el Plan Hidrológico del Tajo, según el texto propuesto por el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ya que consideran que condena al río a un «mayor deterioro medioambiental».

Ecologistas en Acción, WWF y SEO/Birdlife, que ya han presentado alegaciones, explicaron que la incompatibilidad con las normativas, el condicionamiento del trasvase Tajo-Segura y el hecho de no tener en cuenta, a su juicio, la reducción de caudal por el cambio climático, son los puntos débiles de este plan.

SEO/Birdlife, en un comunicado de prensa, manifestó que el plan incumple las normativas comunitaria y nacional por la características de las masas de agua de la cuenca del Tajo y que justifica además, de forma inadecuada, las excepciones de impactos ambientales presentes y futuros.

Caudales ecológicos

También apuntó que no incluye un régimen de caudales que asegure la sostenibilidad y conservación de los ecosistemas acuáticos y recalcó que la explotación del trasvase Tajo-Segura pone en riesgo a largo plazo la conservación de la Red Natura 2000.

Otros de los argumentos expuestos desde SEO/Birdlife es la existencia de una explotación de embalses que no atienden a la riqueza natural propia de sus ecosistemas relacionados y los riesgos para el río derivados de nuevas modificaciones y alteraciones de las masas de agua.

El técnico de la campaña de SEO/Birdlife «Alas sobre agua», Roberto González aseguró que «nuestras administraciones no van por el camino de tomar decisiones responsables, incluso quieren dejar pilares fundamentales del plan, como es el trasvase, fuera de toda participación pública».

El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, declaró igualmente que «no se tiene en cuenta las reducciones de caudales a consecuencia del cambio climático y se cuenta con unos niveles de agua que no son tales, que ocasionará una tensión preocupante dentro de la cuenca».

Desde World Wild Forest (WWF), Alberto Fernández abunda además que el Tajo «es un río muerto muy afectado desde Toledo hasta Cáceres y se sigue considerando que el Tajo tiene aguas excedentarias cuando no es así. Se echan de menos medidas de modernización y de ahorro de aguas en las ciudades, así como la eficiencia en el regadío».

En el mismo tono se expresó el grupo político verde Equo que también ha augurado en un comunicado «un futuro negro para el Tajo» si no se modifica el borrador. Según la formación ecologista, el objetivo del plan es «proporcionar en verano aguas limpias al regadío de Levante y aguas residuales, provenientes de los vertidos de Madrid y almacenadas durante el invierno en el embalse toledano de Finisterre, para las comunidades de la cuenca».

Según Equo, la construcción del nuevo trasvase Jarama-Algodor, en el Tajo medio, supondrá un coste de 150 millones de euros, que «empeorará obviamente la calidad de las aguas de toda la cuenca».

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El delegado del Gobierno en CLM, Jesús Labrador, destacó que la aprobación de la ley del Sector Eléctrico en Consejo de Ministros garantiza el suministro «en condiciones de eficiencia» y de calidad, y a unos precios «competitivos»

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, destacó que la aprobación de la ley del Sector Eléctrico en Consejo de Ministros el pasado viernes garantiza el suministro «en condiciones de eficiencia» y de calidad, y a unos precios «competitivos».

Labrador realizó estas declaraciones a los periodistas durante su visita al centro de Control y Operación de Energías Renovables (CORE) que Iberdrola tiene en Toledo desde el año 2003 y que es el centro mundial de todas las instalaciones renovables de esta empresa.

El delegado del Gobierno destacó que la nueva ley del Sector Eléctrico establece la creación de un bono social para los consumidores que lo puedan necesitar en función de la renta o de determinadas circunstancias económicas en un momento dado.

Indicó que la norma «va a permitir que la energía sea de calidad y a un precio competitivo» y eliminar el déficit de tarifa además de dar una «garantía» a los ciudadanos de «mayor flexibilización» a la hora de cambiar de compañía.

«Porque estamos convencidos de que la competencia mejora la calidad y el servicio», aseguró el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Respecto al CORE de Iberdrola en Toledo, Labrador apuntó que se trata de un centro «puntero» desde el que se controlan 200 parques eólicos ubicados en países como Portugal, Brasil, Grecia, México, Hungría, Rumanía e Italia además de España.

Estos 200 parques, que suman 7.000 megavatios de potencia instalada, tienen 6.000 aerogeneradores, según los datos que aportó Jesús Labrador.

El delegado del Gobierno también subrayó que Castilla-La Mancha supone el 22 por ciento de la energía eólica que se produce en España.

El CORE de Iberdrola en Toledo tiene una plantilla de 35 personas formada por operadores, ingenieros e informáticos que dan soporte a cualquier incidencia que ocurra en los parques eólicos de todo el mundo.

El director adjunto del Área de Renovables de Iberdrola, Víctor Manuel Rodríguez, destacó durante la visita que la empresa eligió Toledo para instalar su centro en 2003 «por el gran desarrollo que las energías renovables estaban teniendo en Castilla-La Mancha».

Se refirió a las empresas españolas que, basándose en la energía eólica, han conquistado países que apostaban por estas energías.

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La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, se ha reunido con la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha para, entre otros asuntos, hacerles partícipes de los trabajos de definición de la Reforma de la PAC y los intereses regionales en la misma. La Unión de Uniones ha valorado positivamente el escenario de diálogo desde el que la Consejería ha abordado este asunto, de la mayor importancia para los agricultores y ganaderos de la región.

Igualmente, la Unión de Uniones ha reconocido que, habida cuenta de que se partía de una propuesta original de perspectivas económicas muy negativas, la delegación española encabezada por el Ministerio ha obtenido en el desarrollo de las negociaciones un paquete financiero satisfactorio. “Ahora – ha expresado Jorge Rodríguez, Secretario General de la Unión de Uniones- es el momento de usarlo bien aprovechando al máximo lo que de bueno tenga la Reforma”. En este sentido, la organización señala que los acuerdos alcanzados permiten a los Estados miembros, concentrar las ayudas en los agricultores activos, establecer topes máximos por explotación, asignar derechos a las tierras que formen parte realmente del ciclo de producción (como en el caso de los derechos de pasto en la ganadería), establecer ayudas directas específicas a los jóvenes agricultores y ganaderos y ayudas acopladas a determinadas explotaciones  para sostener su viabilidad económica.

No obstante, la Unión de Uniones también ha trasladado a la consejera sus reservas respecto de algunos de los mecanismos que se están estudiando, como el sistema de comarcalización de las ayudas. Dicho sistema limita la convergencia de ayudas y el trasvase de fondos entre regiones, sectores y productores pero, por la misma razón, perpetúa los actuales desequilibrios y agravios comparativos. “Muchos agricultores, seguramente los que más ayudas venían cobrando, podrán sentirse aliviados con este sistema –ha opinado Jorge Rodríguez, puntualizando- pero también otros muchos, los menos favorecidos por la PAC, pueden sentir que se está perdiendo la oportunidad de reparar una situación injusta”. La Unión de Uniones ha pedido a la Consejera de Agricultura que, dentro del margen de maniobra que le queda al Estado miembro, se haga lo posible por corregir agravios comparativos tan escandalosos y tan denunciados desde nuestra región como, por ejemplo, que el olivar intensivo andaluz, mucho más productivo, reciba un importe de ayudas directas que multiplica por cinco las del olivar de Castilla-La Mancha.

La Unión de Uniones ha subrayado que, aunque los debates estén centrados en el sistema de ayudas, es muy grave que la Reforma haya dado otro paso hacia el desmantelamiento de los mecanismos de regulación; lo que deja a los agricultores y ganaderos desprotegidos frente a la volatilidad de los precios que, hoy por hoy, fluctúan no tanto en función de la situación de los mercados, sino de movimientos especulativos internacionales que tratan a los alimentos como si fueran una “commodity”, una mercancía, más. “Los agricultores y ganaderos que vivimos del trabajo de nuestra explotación no especulamos, sino que pagamos las consecuencias de las especulaciones de otros” apuntó Jorge Rodríguez. 

Vendimia y Reestructuración del Viñedo.

En el transcurso de la reunión la Consejera se ha interesado por el arranque de la vendimia y los precios generalizados por la uva. Andrés García, portavoz de la Sectorial Vitivinícola de Uniones de Uniones, ha informado a la Consejera de que los precios ofertados no compensan los costes de producción y que hay que buscar los medios para favorecer que las cooperativas alcancen dimisiones y estructuras que consoliden su posición en el mercado y que se cierren contratos estables entre producción e industria para varias campañas a precios razonables y remuneradores para toda la cadena.

Respecto de la orden de reestructuración de viñedo que la Consejería está pronta a publicar, Unión de Uniones ha felicitado a la Consejera por la iniciativa de mantener el apoyo a las inversiones de los viticultores de nuestra región para hacer sus explotaciones más competitivas y también por la diligencia de la gestión del actual programa de reestructuración, que ha permitido obtener más fondos de los inicialmente previsibles para Castilla-La Mancha gracias a lo cual han salido adelante muchos proyectos que estaban en el aire.

Para el siguiente período de programación la Unión lamenta que Bruselas haya introducido recortes en los importes de las ayudas respecto a la vigente línea, cuando lo adecuado hubiera sido incrementarlos para acomodarlos al incremento de los costes. De igual manera la organización ha matizado que el esfuerzo que están haciendo los viticultores para mejorar producciones, calidad y variedades será infructuoso si no obtiene la imprescindible compensación por la vía de los precios. 

La Unión de Uniones ha ofrecido a la Consejería seguir abordando éstas y otras cuestiones del interés de los agricultores y ganaderos, en el marco de unas relaciones institucionales leales y de un diálogo abierto y constructivo, habiendo encontrado la mejor disposición de la Consejería para ello.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/49046-lo-positivo-de-la-pac-mantener-el-paquete-financiero-lo-negativo-nos-quedamos-sin-regulacion-de-mercados/

La organización profesional agraria ASAJA Murcia considera que el desarrollo normativo del Memorándum firmado por los gobiernos de Murcia, Valencia y el Central sobre la continuidad del acueducto debe tener rango de Ley de inmediato, con una regulación clara y sin posibles interpretaciones sobre las condiciones de explotación del acueducto Tajo Segura, con todas las garantías para atender las demandas de los regantes murcianos. Para el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “desde nuestra organización mostramos nuestro rechazo a la reserva de 400 hm3 establecida para la cabecera del Tajo y considera imprescindible que por parte del Gobierno Central a través del Ministerio de Agricultura que se garanticen los desembalses de la cabecera y los caudales necesarios para los regadíos dependientes del trasvase Tajo Segura”.

   ASAJA Murcia entiende que los caudales ecológicos recogidos en el borrador del Plan del Tajo se han incrementado en exceso y que podrían atenderse con mejoras en depuración y reutilización que hasta la fecha son insuficientes en la Cuenca del Tajo.

    Según explica el portavoz de esta organización, “sería una torpeza política y una injusticia limitar los envíos de agua a los regadíos de Murcia, Alicante y Almería que tanto aportan a la economía y el empleo del país”.

   El titular de ASAJA Murcia apela al Presidente del Gobierno para que “lidere una política hidráulica en España que acabe con los desequilibrios hídricos y dote de continuidad, con el respaldo legal que sea preciso, el Acueducto Tajo Segura y lograr una planificación hidrológica en España coherente con las necesidades de recursos hídricos de nuestra agricultura”.

Oposición tajante de los ecologistas a todo el plan hidrológico

   Por su parte, Organizaciones medioambientales piden que se retire el plan hidrológico para el Tajo ya que consideran que condena al río a un «mayor deterioro medioambiental».

    Ecologistas en Acción, WWF y SEO/Birdlife, que ya han presentado alegaciones, han explicado que la incompatibilidad con las normativas, el condicionamiento del trasvase Tajo-Segura y el hecho de no tener en cuenta, a su juicio, la reducción de caudal por el cambio climático son los puntos débiles de este plan.

    SEO/Birdlife, en un comunicado de prensa, ha manifestado que el plan incumple las normativas comunitaria y nacional por la características de las masas de agua de la cuenca del Tajo y que el plan justifica, de forma inadecuada, las excepciones de impactos ambientales presentes y futuros.

    También ha apuntado que no incluye un régimen de caudales que asegure la sostenibilidad y conservación de los ecosistemas acuáticos y ha recalcado que la explotación del trasvase Tajo-Segura pone en riesgo a largo plazo la conservación de la Red Natura 2000.

    Otros de los argumentos expuestos desde SEO/Birdlife es la existencia de una explotación de embalses que no atienden a la riqueza natural propia de sus ecosistemas relacionados y los riesgos para el río derivados de nuevas modificaciones y alteraciones de las masas de agua.

    «Nuestras administraciones no van por el camino de tomar decisiones responsables, incluso quieren dejar pilares fundamentales del plan, como es el trasvase, fuera de toda participación pública», ha manifestado Roberto González, técnico de la campaña de SEO/Birdlife «Alas sobre agua», para poner en valor los humedales.

    El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, ha declarado a Efe que «no se tiene en cuenta las reducciones de caudales a consecuencia del cambio climático y se cuenta con unos niveles de agua que no son tales, que ocasionará una tensión preocupante dentro de la cuenca».

    «Es un río muerto muy afectado desde Toledo hasta Cáceres y se sigue considerando que el Tajo tiene aguas excedentarias cuando no es así. Se echan de menos medidas de modernización y de ahorro de aguas en las ciudades, así como la eficiencia en el regadío», ha señalado desde WWF Alberto Fernández.

    El grupo político Equo también ha augurado en un comunicado «un futuro negro para el Tajo» si no se modifica el borrador.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/75/politica%20hidraulica/65880/asaja%20murcia%20se%20opone%20a%20%20la%20reserva%20de%20400%20hm3%20establecida%20para%20la%20cabecera%20del%20tajo.aspx

Europa Press

El Grupo Municipal del Partido Popular en Murcia presenta en el Pleno, que se celebrará el jueves, una moción en apoyo al Memorándum sobre el trasvase Tajo-Segura, para que tenga rango de ley.

La concejal Nuria Fuentes ha lamentado que el resto de grupos políticos «no hayan querido sumarse a esta moción, para que fuera una propuesta conjunta».

El pasado 11 de septiembre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó la presentación de alegaciones, en los mismos términos que las realizadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), a la propuesta del Plan Hidrológico del Tajo, con el objetivo de «garantizar una nueva norma que garantice los derechos de los usuarios y la llegada de agua a la Región».

Entre las alegaciones figura la necesidad de que «la regulación del trasvase esté fijada por una norma con rango de ley, tal y como lo exige la Ley de Aguas».

Además, «se rechaza la elevación a 400 hectómetros cúbicos de reserva pues el Plan Hidrológico Nacional establece la cantidad de 240 hectómetros».

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, indicó que «urge una ley que garantice la sostenibilidad y permanencia del trasvase Tajo-Segura y, por ello, se acordó pedir en el Pleno que todos los grupos políticos se sumen a esta iniciativa que pasa por regular como proyecto de ley la actual propuesta sobre el trasvase».

Fuentes ha hecho hincapié en que la propuesta «se ha llevado a todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Murcia, que no la han querido apoyar».

La moción que se presentará el Pleno cuenta con los siguientes acuerdos. Instar al Ministerio de Agricultura a que «presente ante las Cortes Generales el proyecto de ley que recoja en su integridad el texto elaborado por la comisión de trabajo designada por los firmantes del Memorándum (Ministerio de Agricultura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y de Valencia, y Sindicato Central de Regantes)».

Además de «ratificar el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a las alegaciones presentadas por el Sindicato Central de Regantes al Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo, ratificando lo aprobado por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en fecha 11 de Septiembre del 2013; y remitir el acuerdo adoptado a los Grupos Parlamentarios nacionales, al Ministerio de Agricultura, a los presidentes de Murcia y de Valencia, así como al Scrats».

El texto derogará la «ley Narbona» que cambiaba el trasvase por la desalación

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre, cuando el consejo nacional del agua lo aprobará definitivamente. Los regantes alicantinos esperan que el memorándum se convierta en ley antes de esa fecha, para «blindar» la transferencia al margen de

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre, cuando el consejo nacional del agua lo aprobará definitivamente. Los regantes alicantinos esperan que el memorándum se convierta en ley antes de esa fecha, para «blindar» la transferencia al margen del aumento de la reserva.

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

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­La Unió alerta de que tras la reforma energética del Ministerio de Industria, que entró en vigor el pasado mes de agosto, la electricidad en los pozos de riego se ha encarecido de media más de un 100% para los regantes de la Comunidad Valenciana, cifra que se suma al aumento registrado durante los últimos años desde que desaparecieron las tarifas especiales para el riego agrario.
«Teniendo en cuenta que el gasto eléctrico representa aproximadamente ya más del 30% de los costes del sector agrario es muy importante reducirlo, aunque las complicaciones para ello cada vez son más importantes y así se resta competitividad a la agricultura de regadío», según advierte el sindicato La Unió. Desde que el Gobierno central suprimió las tarifas especiales para riego en 2008, la factura eléctrica para los regantes de la Comunidad no ha parado de subir mientras los precios que perciben por sus producciones han bajado o se han estancado.
La nueva reforma del Gobierno revisa los peajes de transporte y distribución de la electricidad que actualmente pagan los regadíos, que se caracterizan por tener una alta potencia contratada y un consumo muy desigual que varía notablemente según la época del año. La uva de mesa es un claro ejemplo. Las tarifas de alta tensión han registrado un incremento importante del término de potencia cuando éste representa más de la cuarta parte de la factura eléctrica. Por su parte, la tarifa que grava el consumo se ha reducido con los nuevos peajes, pero apenas beneficia a los regantes pues su impacto real en factura sólo se aprecia sensiblemente durante los meses de julio y agosto, que son los más intensivos en riego y, por tanto, de mayor consumo energético.
Ha subido mucho el precio del término de potencia pero el del kilovatio, a pesar de bajar, no lo ha hecho en la misma proporción.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.diarioinformacion.com/elda/2013/09/24/electricidad-riego-sube-100-ultima/1418433.html

Casi diez años de obras y cerca de 400 millones invertidos por el Gobierno de Zapatero, de momento, no han dado los frutos esperados. El trasvase Júcar-Vinalopó está paralizado desde que fracasó la fase de pruebas por las fisuras en la balsa de San Diego, según confirman regantes del Júcar y del Vinalopó y la propia Administración.

El llenado de esta infraestructura, la última del trasvase a partir de la que se distribuirá el agua, empezó a fines de 2010 y concluyó en la primera mitad de 2011. Allí tuvo que permanecer embalsada durante varios meses hasta el punto de que estuvo a punto de estropearse, ya que no había compradores.

Tras el descubrimiento de las fisuras en la balsa (por las que llegaban a salir hasta 30 litros por segundo) se tuvieron que buscar soluciones con urgencia. De los 12 hectómetros cúbicos que almacenaba se perdieron 7,5. El resto se vendió en septiembre pasado a los regantes a un precio bajo, que distribuyeron entre los cultivos más resistentes por la falta de calidad.

La balsa de San Diego está ahora inutilizada. Se ha hecho un estudio y Acuamed, entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ya ha licitado el proyecto de reparación por 300.000 euros. Se espera que se licite en quince días. La empresa elegida tendrá seis meses para realizar el proyecto. El coste total del reacondicionamiento del embalse, que incluirá la impermeabilización, puede suponer un gasto de varios millones de euros.

En cualquier caso, el arreglo no estaría acabado al menos hasta la segunda mitad de 2014, con lo que el trasvase permanecerá paralizado al menos dos años.

Desde Acuamed señalan que el trasvase está en servicio, aunque matizan que «siempre que haya usuarios». La empresa considera que la balsa es de regulación y no es imprescindible para el funcionamiento del trasvase.

Apuntan a que hay una arqueta de válvulas o ‘by-pass’ en la conducción que permite que el agua trasvasada se pueda enviar o bien a la balsa o bien continuar su camino directamente hasta el punto de conexión con la tubería del postrasvase. La capacidad de la conducción es de 4,5 metros cúbicos por segundo.

La balsa de San Diego, que costó 25 millones, está ubicada en Villena y puede almacenar hasta 20 hectómetros cúbicos, suficiente para regar más de 10.000 hectáreas de cultivo. Su perímetro supera los 4 kilómetros de longitud con una altura máxima de 38,5 metros. Su ancho de coronación es de 7,5 metros y la base del talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros de anchura.

El vaso de la balsa tiene una superficie de 800.000 metros cuadrados, equivalente a 80 campos de fútbol, y cuando la lámina de agua llegue a su cota máxima su superficie alcanzará 1.150.000 metros cuadrados.

Pero aún así, el trasvase puede quedar en una obra sin utilizar si no hay usuarios. Y hasta el momento no los tiene. En 2001 se firmó un convenio entre la Junta de Usuarios del Vinalopó y Aguas del Júcar en el que se recogían las tarifas y las obligaciones y derechos de cada parte para la venta de agua. Pero en ese momento la toma de agua iba a ser en Cortes de Pallás. La Junta rescindió el convenio en septiembre de 2005 cuando el Gobierno de Zapatero cambió el lugar de la toma al Azud de la Marquesa, en el cauce bajo. Consideraron y consideran que se habían incumplido las condiciones.

Sin clientes

Las obras del trasvase empezaron así sin tener clientes a quienes vender el agua. Una vez acabado los regantes siguen negándose a comprarla, ya que creen que la calidad de los recursos tomados en la zona baja del río no tienen la calidad suficiente para el riego. Aluden también al alto coste que supondrá subir el agua desde la cabecera hasta Villena.

Para intentar atraerse a los regantes el Gobierno socialista propuso en su momento que construiría varias potabilizadoras a lo largo del trazado para mejorar la calidad de las aguas. Pero la promesa no se ha materializado.

Ahora, con la publicación del Plan de Cuenca del Júcar, las posturas se han suavizado. Y es que el documento abre la puerta a que la toma del trasvase pueda hacerse en Cortes de Pallás, como piden los agricultores del Vinalopó, e incluso desde el embalse de Tous, también aceptable. Aunque estas soluciones provocan el rechazo de los regantes del Júcar, que apoyan la toma del Azud de la Marquesa.

Además, los futuros usuarios del trasvase están en conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente para llegar a un compromiso que evite que una infraestructura que ha costado 400 millones de euros quede s

La polémica por la toma del agua

El trasvase, diseñado por el Gobierno de Aznar, establecía que la toma del agua se haría en Cortes de Pallás, en la parte alta del río. Pero con la llegada del Ejecutivo de Zapatero la política cambió. Casi sin previo aviso el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por Cristina Narbona, cambió el lugar de la toma y la trasladó al Azud de la Marquesa, en el curso bajo del río. Los agricultores del Vinalopó mostraron su frontal rechazo, ya que consideraron que el agua tomada en la parte baja del río está muy contaminada y no tiene la calidad necesaria para el riego. Por el contrario, los regantes del Júcar apuestan por que la toma se realice desde el Azud de la Marquesa al considerar que permitirá mejorar el riego y no afectará a la Albufera.

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El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, volvió a destacar ayer que el refuerzo de la vigilancia en el campo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha arrojado unos resultados «bastante positivos».
Labrador defendió la reforma del Código Penal abordada en el Consejo de Ministros del viernes pasado y aseguró que no sólo se han frenado los robos en el campo, sino también los delitos de receptación, es decir, la venta de los objetos robados.
El delegado pronunció prácticamente las mismas palabras que el pasado viernes, cuando agradecó la colaboración de los agricultores y ganaderos, a quienes, no obstante, pidió que dejen trabajar a los «profesionales». «Cuando se habla de proteger los derechos fundamentales, debemos dejar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que son los que están preparados y están haciendo un trabajo excepcional», dijo.
Respecto a la reforma del Código Penal, el delegado recordó que se van a endurecer las penas por los robos en el campo atendiendo a criterios de multirreincidencia, al daño causado, no tanto el valor económico de lo sustraído, y a la situación de despoblamiento.

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