El Ministerio de Agricultura aprobó ayer la disponibilidad en la cabecera del Tajo para el trasvase al Segura de un máximo de 76 hectómetros cúbicos (hm3), de los que 28,3 se reservarán para el abastecimiento.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo -Segura autorizó esta disponibilidad de agua para los meses comprendidos entre enero y marzo. El volumen de agua disponible se trasvasará de los embalses de Entrepeñas y Buendía «en función de la demanda», indicó el Ministerio en un comunicado.

Durante el encuentro, presidido por Liana Ardiles, directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), se destacó el «esfuerzo para acercar posiciones entre las partes» en un año hidrológico especialmente seco «marcado por la escasez de precipitaciones».

Según la nota del Ministerio, el periodo 2011-2012 ha sido el más seco de la serie histórica registrada (en los últimos cien años), en el Sistema Entrepeñas-Buendía.

«Una tendencia descendente que, si no aumentan las precipitaciones en los próximos meses, podría repetirse en el presente año hidrológico», recalcaron.

La reserva de agua embalsada en los pantanos de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) registra 616 hm3, el 24,89 % de su capacidad total, que asciende a 2.474 hm3.

Críticas

La Plataforma en Defensa del Tajo tachó de «auténtica barbaridad» el nuevo trasvase al Segura aprobado por el Ministerio de Agricultura y exigió una «reacción contundente» por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Así se expresó en declaraciones a Efe uno de los portavoces de la plataforma, Miguel Ángel Sánchez, después de conocer la decisión. «Es inaceptable. Evidencia que el Ministerio sigue la línea editorial dictada desde Murcia», aseveró Sánchez, quien criticó que vaya a haber un nuevo trasvase, pese a las altas reservas de la cuenca del Segura (56%), frente a las de la cabecera del Tajo (24 %).

Por su parte, la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía opinó ayer que el nuevo trasvase al Segura evidencia que a la presidenta castellanomanchega, María Dolores Cospedal, «no le importa» la región y que el Gobierno central hace «cualquier cosa» por satisfacer a Murcia.

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Antonio Luengo, hizo estas consideraciones en declaraciones a Efe tras aprobarse el trasvase.

 Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 42,5% de su capacidad, dos décimas más que la semana pasada, mientras que los del Segura están al 56,3%, igual que hace siete días.

En España, la reserva hidráulica se encuentra al 65,3 % de su capacidad total, con 30.107 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 333 hectómetros, el 0,6 % más con respecto a los niveles de la semana anterior.

La del Júcar es la cuenca con menor porcentaje de agua embalsada (42,5%), seguida de la del Tajo (49,6%), Duero (52,5%), CCII Cataluña (52,9%) y Segura (56,3%).

Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, las variaciones afectan a la cuenca del Miño-Sil que ha perdido 58 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Duero ha aumentado 261 hectómetros cúbicos.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada

==============================================================

Cantábrico 633 563 88,9 %

Miño – Sil 3.030 2.447 80,8 %

Galicia Costa 684 604 88,3 %

P. Vasco 21 20 95,2 %

Duero 7.507 3.941 52,5 %

Tajo 11.012 5.464 49,6 %

Guadiana 8.635 6.365 73,7 %

C.Atl.And. 1.880 1.538 81,8 %

Guadalquivir 8.101 6.654 82,1 %

C.Med.And. 1.177 868 73,7 %

Segura 1.141 642 56,3 %

Júcar 3.336 1.418 42,5 %

Ebro 7.494 5.225 69,7 %

Cataluña.CC I. 677 358 52,9 %

————————————————————

Total 55.328 36.107 65,3,1%

EFE

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, manifestó ayer que las fincas rústicas que la Junta prevé poner a la venta son propiedades que «están abandonadas e infrautilizadas y no sirven para nada» y que la Junta «no tiene posibilidad de explotarlas».
En una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, Soriano explicó que en la región «hay aproximadamente 3,3 millones de hectáreas forestales y la gran parte están en manos de particulares», ya que de ese total «sólo 170.000 hectáreas pertenecen a la Junta».
En este sentido, aseguró que no entiende la «demagogia» de quienes critican la venta de estos espacios a particulares, ya que los propietarios de fincas rústicas de este tipo «hacen una extraordinaria labor conservando el medioambiente y dando trabajo en poblaciones rurales, haciendo un beneficio a la sociedad. Se les ataca como si el que comprara estas fincas fuera a saltarse la ley a la torera», condenó.
Tras las críticas recibidas ante este tema, Soriano dijo que los que se quejan «lo hacen buscando la oportunidad política para atacar al Gobierno regional», porque a su juicio «son conocedores de las leyes y saben que la ley obliga a respetar la naturaleza».
«He visto artículos de decanos de colegios profesionales del sector quejándose sobre este asunto, y me sorprende, porque saben que hay una serie de leyes y no es que se vaya a arrasar», indicó. «Hay leyes a nivel nacional y regional que impiden hacer lo que a ti apetezca en los montes y hasta para podar una encina tienes que pedir autorización. No sé cómo pueden decir esas barbaridades, engañando a la población y creando una alarma injustificada sobre este asunto».
El Gobierno de Castilla-La Mancha ya contestó el pasado domingo a la organización Ecologistas en Acción a este respecto, afirmando que desde la Junta no se va a vender nada que sea ilegal vender y que todos los terrenos susceptibles de ser vendidos están en fase de estudio técnico y jurídico.
Fuentes del Gobierno regional declararon que además los terrenos no urbanizables a los que hace referencia Ecologistas (criticando que la Junta los quiere vender por 45,6 millones) no son exclusivamente montes si no todo aquel suelo rústico donde no se puede construir. Las mismas fuentes precisaron que «evidentemente» no se va a vender nada que sea ilegal vender, además de que las fincas rústicas susceptibles de ponerse a la venta están en una fase embrionaria de estudio.

(CHJ) La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, ha mantenido una reunión con la Consejera de Agricultura de Castilla–La Mancha, María Luisa Soriano, en la sede de la Consejería en Toledo, para tratar la situación de los regadíos en la Comunidad Castellano-Manchega y otros temas de interés común a ambas administraciones.

A la reunión también han asistido el comisario de aguas de la CHJ, Javier Ferrer, y el director general de Infraestructuras y Desarrollo Rural, Miguel Cervantes.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha abogado este viernes por «flexibilizar» la cesión temporal de derechos del uso del agua entre las cuencas del Tajo al Segura para que los usuarios «puedan disponer de recursos garantizados» en épocas de sequía o de déficit de agua.

   De esta forma, del Campo, en lugar de desarrollar una ley específica para llevar adelante el trasvase, apuesta por reducir los trámites a un contrato entre organismos de cuenca, lo cual entiende que «facilitaría su puesta en práctica».

   Para el dirigente de los regantes, estos acuerdos bilaterales –que contarían con un control de la Administración para garantizar los órdenes de preferencia de uso–, «se alzan hoy por hoy como la alternativa más ágil y efectiva para paliar la falta de embalses y trasvases en las demarcaciones menos reguladas».

   «Apostar por esta medida temporal evitaría una guerra del agua entre regantes de la cuenca cedente y receptora, en un momento además en el que los objetivos de déficit público hacen inviable acometer nuevas inversiones en obras de regulación», ha señalado en un comunicado.

   Además, afirma que los trasvases «se topan ahora mismo con una dificultad añadida» por el aumento previsto del nivel de los caudales ecológicos –agua mínima necesaria para preservar los hábitats naturales– como ocurre así en el caso del Tajo, «dificultando que pueda abastecer de forma permanente» a la cuenca del Segura.

   En opinión de la federación, flexibilizando la cesión temporal de derechos del agua «no sólo se eliminarían las tensiones autonómicas» por el reparto de agua sino que además se contribuiría a «agilizar» la aprobación de los diferentes planes de cuenca todavía pendientes. Asimismo, considera que permitiría llevar adelante «con más facilidad» el Plan Hidrológico Nacional, cuyo retraso ha originado ya distintas sanciones por parte de la Unión Europea.

   La federación también reitera los «beneficios inmediatos» para los usuarios de ambas cuencas, ya que, como contrapartida por ceder temporalmente agua a una cuenca deficitaria como es la del Segura, se obtendrían unos incentivos que podrían destinarse a modernizar regadíos en la cuenca cedente, con lo cual se utilizaría el agua con «mayor eficiencia».

   No obstante, para Fenacore, la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas «allí donde sea necesario sigue siendo una gran asignatura pendiente y la mejor solución» –junto a los bancos de agua, la alternancia de aguas superficiales y subterráneas, entre otras– para regular los efectos de la sequía cíclica que sufre España.

La consejera de Agricultura de la Junta, María Luisa Soriano, valora el acuerdo presupuestario alcanzado en Bruselas, pues a su entender «abre un horizonte de estabilidad» para los agricultores y ganaderos de la región, tras «las negociaciones más duras y más difíciles» mantenidas en la UE.

Soriano felicita así al Gobierno central por el resultado de unas negociaciones que, según sus datos, han dado como resultado el mantenimiento para España de las ayudas directas a la agricultura en 35.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, mientras que el presupuesto para el desarrollo rural superará los 8.300 millones para el mismo periodo, un 3 por ciento más que en el septenio 2007-2013.

«Contra lo que preveían los agoreros, España ha logrado mantener un presupuesto similar», señala la consejera , que recuerda que en la cumbre anterior se perdían ayudas para la Política Agraria Común (PAC) que rondaban el 17 por ciento, lo que para la región habría supuesto la pérdida de unos 170 millones de euros al año, y «se podría haber puesto en aprietos al sector agrario de la región».

“BRILLANTE NEGOCIACIÓN”
El portavoz adjunto del PP de C-LM y senador Miguel Ángel Rodríguez, también mostró su “satisfacción” por el resultado de la cumbre europea, ya que gracias a la “brillante negociación” del Gobierno y de Mariano Rajoy los acuerdos del Consejo Europeo son “buenos para Castilla-La Mancha”.

    A su entender, España seguirá “recibiendo más de lo que aporta y eso será bueno también para C-LM, para nuestros agricultores y para nuestros ganaderos”.

Cuatro asociaciones de productores de energías renovables han anunciado hoy que emprenderán acciones legales contra las últimas medidas aprobadas por el Gobierno para reducir su retribución, al considerar que alteran la seguridad jurídica.

Así lo han señalado hoy representantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) y la patronal termosolar (Protermosolar) en un encuentro con los medios de comunicación.

Sin embargo, las asociaciones no han aclarado si iniciarán las acciones de forma conjunta ni en qué instancia lo harán, ya que directamente solo pueden recurrir las liquidaciones definitivas de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que se publican aproximadamente dos años después de cerrarse cada ejercicio.

La otra opción, según han explicado, es conseguir el apoyo de una comunidad autónoma, cincuenta diputados o cincuenta senadores para que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra las normativas.

Las asociaciones han pedido también que el real decreto aprobado el viernes por el Gobierno, por el que se cambió el método de actualizar y acogerse a las primas, se tramite como proyecto de ley con el objetivo de que pueda admitir modificaciones durante el proceso parlamentario.

El presidente de APPA, José Miguel Villarig, ha considerado que el último real decreto es «la guinda» a la «política de acoso y derribo contra las renovables» del Gobierno, al que ha acusado de «comprar todos los argumentos» a las grandes eléctricas.

Villarig ha criticado las últimas normativas, en especial la que obliga a las plantas renovables a optar entre una tarifa fija o el mercado, porque altera sus parámetros de retribución, que queda sujeta a criterios políticos.

«Nos sentimos estafados», ha apuntado, al tiempo que ha lamentado la falta de diálogo con el Gobierno y ha asegurado que, a la hora de ajustar costes, «solo se estudian las alternativas que vienen desde (la patronal de las grandes eléctricas) Unesa».

Por su parte, el presidente de Protermosolar, Luis Crespo, ha dicho que la aplicación de la ley de medidas fiscales para la generación eléctrica y el cambio en la normativa de primas supone reducir en un 33 % los ingresos de las plantas termosolares.

Ha considerado que de esta manera se reduce «retroactivamente la rentabilidad de las inversiones», lo que supone «una expropiación en toda regla» que lleva a los proyectos a «pérdidas» e incluso de quiebra.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha asegurado que los pequeños productores están «en la ruina» tras ver reducida la retribución prevista inicialmente en un 40 %.

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, ha señalado que, debido a los cambios en la regulación, los fondos internacionales han empezado a considerar las renovables españolas como «no elegibles» y ha estimado que los productores nacionales «se han convertido en rehenes de su propio Gobierno».

Las asociaciones han añadido que todas mantienen contactos con la Unión Europea para defender sus intereses y han alertado de que la quiebra de las plantas puede derivar en un problema financiero que sobrecargaría los balances de los bancos.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ya avanzó el pasado viernes que emprendería «todas las acciones legales a su alcance» contra el último real decreto del Gobierno, que considera que tiene un impacto en la retribución del sector de 300 millones de euros. EFECOM

Ecologistas en Acción ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que los nuevos planes hidrológicos de demarcación no contemplen nuevos embalses, trasvases, ni regadíos nuevos y que sí tengan en cuenta el mantenimiento de caudales ambientales y la creación de reservas naturales fluviales.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a Europa Press el portavoz en materia de agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Baraja, tras reunirse este jueves con la directora general del Agua del MAGRAMA, Liana Ardiles, en el marco habitual de diálogo permanente de este departamento con los distintos colectivos.

En la reunión se han abordado los temas más importantes en materia de agua, como las mejoras que han supuesto el marco normativo o los avances en la planificación hidrológica.

Concretamente, Martín Barajas ha precisado que en la cita han hablado sobre el reglamento del dominio público hidráulico, de los planes hidrológicos de las demarcaciones; del incremento de los regadíos; de los caudales ambientales; de los efectos sobre el agua del fracking; de embalses que tienen previstos, como el de Biscarrues y el de Alcolea y, por último, sobre una presa que hay que demoler en la comunidad de Madrid en el río Aulencia (afluente del río Guadarrama) «porque tiene bastantes lodos tóxicos». «Hemos transmitido nuestra preocupación por algunos temas», ha añadido.

Concretamente, sobre el ‘fracking’ (método para extraer gas), han reclamado a Ardiles que lo impidan en las zonas donde hay acuíferos, porque según han advertido al Ministerio, se puede producir «una contaminación gravísima».

En este sentido, según el representante de Ecologistas en Acción, la directora general del Agua les ha trasladado que se ha creado un grupo de trabajo en el Ministerio con todas las Confederaciones Hidrográficas y las agencias de agua de las comunidades autónomas para abordar y estudiar este asunto y establecer «condicionantes limitativos al fracking».

Sobre esta iniciativa, Martín Barajas se ha felicitado porque partió de una propuesta de la organización en el Consejo Nacional del Agua. «Parece que lo han tenido en cuenta», ha concluido.

La inseguridad en el campo y la necesidad de que continúe la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para «luchar contra esta lacra» fue el principal asunto que los agricultores trataron con el subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, en la reunión celebrada recientemente en la localidad de Pozo Cañada.

Pozuelo mantuvo un encuentro en el Ayuntamiento del municipio con el presidente provincial de Asaja, José Pérez Cuenca, así como la gerente de la organización agraria, María José Ríos y otros representantes de la asociación en la zona, reunión a la que también asistió la alcaldesa de Pozo Cañada, Llanos Soria.

Según informó la Subdelegación, se abordaron «temas relativos a la situación actual de la agricultura» en la provincia albaceteña, incluyendo «la ola de robos que se están sufriendo», sobre todo de cobre en los sistemas de riego, lo que implica un importante daño económico. Pozuelo ofreció «todo el apoyo necesario» y expresó su intención de trasladar a a la Guardia Civil y la Policía Nacional la felicitación de Asaja Albacete por las «importantes operaciones y detenciones realizadas».