Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma eminentemente agrícola y ganadera y prueba de ello es que pese a la crisis económica, más de un millar de jóvenes han emprendido su aventura empresarial en el campo buscando un sustento y un negocio que pueda tener un horizonte. Las administraciones ponen a disposición ayudas para fomentar que la gente joven quiere dedicarse al mundo de la agricultura y en este escenario se enmarcan las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores que desde hace años tiene en marcha la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El último período de programación relativo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) está comprendido entre los años 2007 y 2011 y por tanto son los últimos datos disponibles a este respecto. En este período se han incorporado un total de 1.067 titulares, de los cuales 819 son hombres y 248 mujeres. La mayor parte de ellos cuentan con menos de 25 años (401; 363 hombres y 38 mujeres), aunque también hay 281 beneficiarios de entre 25 y 30 años, 215 de entre 30 y 35 años y 169 de entre 35 y 40 años.
En lo que se refiere a la financiación, el importe total de la inversión a lo largo de estos cuatro años asciende a 55,3 millones de euros, de los cuales 47,9 millones han sido ayudas públicas. En concreto, la ayuda a través de préstamos es aquella con la que el agricultor no ha tenido que pagar porque lo asume la Administración y en este sentido los fondos aportados estos cuatro años suponen 11,3 millones. Del resto, corresponden 33,9 millones a las primas y 2,6 millones a las bonificaciones.
Estas ayudas e inversiones han servido para crear 1.275 Unidades de Trabajo Agrario (una UTA son 1.920 horas de una persona trabajando a jornada completa). Por ello, algunas ayudas han permitido crear más de un puesto de trabajo (el número de UTA es superior al número de beneficiarios de las ayudas), ya que el titular ha contratado personal además de su puesto de trabajo.
Por sectores, según la información aportada por la Junta de Comunidades, fundamentalmente la orientación productiva mayoritaria ha sido hacia los cultivos extensivos, seguido en segundo lugar por la vitivinicultura.

Nueva convocatoria. A pesar de los pasos hacia adelante que se dan en este sector por parte de los jóvenes, la media de agricultores menores de 35 años en Castilla-La Mancha no supera el 4%, por debajo de la media europea, que está en un 6%; y que la media nacional, situada en un 4,5%. El Gobierno regional realizó una convocatoria en 2012 que se resolverá previsiblemente en abril.
Esta convocatoria de ayudas a instalación de jóvenes agricultores, como la anteriores, está dirigida a  nuevos titulares de una explotación agraria o que alcance tal consideración en un plazo máximo de dos años desde el momento de la instalación. Podrá realizarse mediante diferentes modalidades como el acceso a la titularidad exclusiva, el acceso a la cotitularidad, la integración como socio en una entidad asociativa con personalidad jurídica, bien preexistente o bien de nueva constitución; o el acceso a una explotación de titularidad compartida.
Las ayudas consistirán en una prima única por explotación cuya cuantía máxima podrá ser de 34.000 euros, aunque podría incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de que se genere empleo en la explotación, al menos de una UTA adicional asalariada a la de cada joven que se instala, y que mantenga durante los cinco años siguientes a la fecha de la concesión de ayuda; o que la explotación se encuentre ubicada en alguna zona determinada. De todos modos, la ayuda máxima a la primera instalación por explotación no podrá superar la cantidad de 40.000 euros.
La Junta anunció que cuenta con un presupuesto para esta convocatoria de 2012 que se sitúa en los 6 millones de euros.

El director general de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, Tirso Yuste, ha afirmado que la Junta mantendrá su “fuerte apuesta por el seguro agrario”, haciendo para ello un esfuerzo presupuestario importante y manteniendo el porcentaje de cofinanciación del año 2012.

Así lo sostuvo en la última reunión de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Castilla -La Mancha, en la que se dieron cita en Toledo tanto representantes de la consejería y el Ministerio de Agricultura como de las principales organizaciones agrarias -ASAJA, COAG UPA-, Cooperativas Agroalimentarias y AGROSEGURO para perfilar el Plan 2013 que estará listo en las próximas semanas.

Yuste recordó que, frente a las fuertes reducciones de financiación en la mayor parte de las comunidades autónomas, la Junta aportó 4,9 millones de euros en 2012 y cofinanció junto a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) entre el 25 y el 47 por ciento del coste de los seguros, según el tipo de línea, actuación que contó con el apoyo unánime de las organizaciones agrarias y cooperativas de la región.

Para este año, aseguró que “no sólo se mantendrá ese esfuerzo sino que intentaremos aumentar el porcentaje de cofinanciación en algunos sectores, como el ganadero, con el que barajamos incrementar la ayuda hasta el 40 por ciento del coste del seguro –por el 25 por ciento del año 2011- ya que para la Consejería es prioritario apoyarlo ante la delicada situación que arrastra debido a la sequía y la subida de costes”.

Para 2013 se prorrogará además la ayuda adicional del 5 por ciento para jóvenes a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha que contraten seguros agrarios, medida que se implantó el año pasado por primera vez, con el fin de animarles a la contratación de unos seguros para los que en 2012 se suscribieron 36.552 pólizas que permitieron asegurar una superficie de 721.597 hectáreas y casi 32,3 millones de animales

consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, aseguró ayer que el Ejecutivo regional reduce y agiliza los trámites en la concesión de ayudas agrarias a los profesionales del campo.

Esteban se refirió a la puesta en marcha del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura y las cooperativas de crédito agrario que actúan como entidades colaboradoras de gestión de ayudas para la captación, tramitación, corrección y seguimiento de las solicitudes de ayuda y de la documentación de los expedientes de la Política Agraria Común (PAC).

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas afirmó que este convenio de colaboración permite hacer más eficaz la gestión de las ayudas porque se agilizan los trámites necesarios en la resolución de incidencias mediante la colaboración público-privada, lo que reduce la carga administrativa en un sector estratégico para Castilla-La Mancha como es la agricultura.

Según informó la Junta de Comunidades, estas cooperativas de crédito colaboran con la Consejería de Agricultura en la recogida y tramitación de algunos expedientes, pero gracias a este convenio se amplía su ámbito de actuación, lo que redundará en beneficio de los agricultores de la comunidad autónoma.

Asaja de Castilla-La Mancha cree que 2014, propuesto por la Comisión Europea como periodo transitorio para la negociación de la Política Agraria Común (PAC), supondrá un respiro para agricultores y ganaderos si se respeta el mismo presupuesto que hay en la actualidad, y recordó que el calendario para la aplicación del nuevo sistema de ayudas está generando mucha incertidumbre al sector.

En rueda de prensa, el secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, dibujó ayer dos posibles escenarios para 2014, en función de si se mantiene el presupuesto o no. A su entender, lo positivo para la agricultura sería que la actual PAC se mantenga con el presupuesto existente, porque los agricultores «sabrían a qué atenerse», mientras que auguró que, si no se mantiene el presupuesto, éste «siempre sería más bajo».

En este caso se producirían cambios en los sobres nacionales, en el capítulo de desarrollo rural, en los mecanismos de convergencia… modificaciones que pueden suponer , según Asaja, un riesgo para la supervivencia de las explotaciones de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos. No obstante, la organización agraria destacó como aspecto positivo que el periodo transitorio debe servir para que la entrada de la nueva PAC «no deje lugar a la improvisación», y se gane tiempo «para que en las posteriores negociaciones entre las comunidades autónomas se establezcan acuerdos satisfactorios entre las partes».

Por otro lado, Fresneda hizo una llamada de atención a la sociedad para que entienda la importancia de esta negociación en Bruselas: «Los ciudadanos debemos exigir a los que nos representan en Europa que trabajen para que todos podamos seguir teniendo al alcance de nuestras manos alimentos seguros y de calidad», dijo el secretario regional de Asaja. En este sentido, recordó que las ayudas comunitarias son las que garantizan la protección del medio ambiente, el bienestar animal y la seguridad alimentaria, cuestiones que no siempre están presentes, dijo, en países terceros.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, advirtió el pasado martes, en el Pleno del Senado, que «se va a retrasar mucho» la decisión final sobre el nuevo modelo de la Política Agrícola Común (PAC), después de que no se haya alcanzado todavía un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020.
Miguel Arias Cañete explicó que las autoridades comunitarias no abordaran la reforma de la PAC hasta que no se despejen las incertidumbres presupuestarias. «El Parlamento Europeo está retrasando su votación sobre la PAC y, a partir del mes de febrero continuarán las negociaciones sobre el presupuesto comunitario», explicó.
En respuesta a la pregunta formulada por el senador Francisco Boya, de la Entesa pel Progrés de Catalunya, sobre las previsiones del Gobierno en la reforma de la PAC, Arias Cañete aseguró que el Gobierno defenderá los intereses españoles con «energía e inteligencia», negociando de «otra forma» y sin enviar a los secretarios de Estado, en una clara alusión a las prácticas del anterior gobierno socialista.

críticas al anterior gobierno. «España, en el debate de la PAC, ni estaba ni se le esperaba. La posición del Gobierno español era no a todo, y hemos vuelto a hacer alianzas y a negociar», denunció, para recordar a continuación que España diseñó su estrategia negociadora en Europa con una alianza con Francia, que  es la primera potencia agraria de la UE, y con Irlanda, que ocupará la próxima Presidencia.
Para el titular de Agricultura del Gobierno central, gracias a este diseño se logró que la primera propuesta de la Presidencia de la UE incrementara el presupuesto agrario y, la última, que no alcanzó un consenso, incrementaba sustancialmente en el primero y en el segundo pilar.
Arias Cañete reiteró que el Ejecutivo sigue trabajando y haciendo alianzas estratégicas para conseguir el mejor resultado para España, y añadió: «No queremos que pase lo de las últimas perspectivas financieras que negoció el PSOE, con la escandalosa cifra de reducción de fondos estructurales, de más del 15 por ciento en el segundo pilar de desarrollo rural».
«Estamos trabajando para conseguir el mejor resultado, junto con países con los que podamos tener intereses comunes y alcanzar alianzas. Se trata, de un debate muy complejo, tan complicado como que el Parlamento Europeo ha dicho que si no hay presupuesto sustancial para la PAC, no habrá nueva PAC», concluyó el ministro.

El robo de contadores de agua ha pasado de los enclaves agrícolas a la ciudad. El pasado lunes robaron 19 contadores de agua de tres fincas ubicadas en la avenida Doctor Peset Aleixandre para sorpresa de unos vecinos que, cuando regresaron por la tarde a sus domicilios, se percataron de que la falta de suministro no se debía a una avería, sino a un robo en toda regla.
Los ladrones actuaron a primera hora de la tarde y accedieron a los patios identificándose como técnicos cualificados que iban a realizar una revisión rutinaria. De una finca sustrajeron 4 contadores de agua, de la contigua, 9 y de la de enfrente, 6. Nadie se dio cuenta de nada. Tan solo un vecino aseguraba ayer que se cruzó con los ladrones «porque eran las 16 horas y el chico se fue por el otro lado en cuanto me vio. Yo no sospeché nada porque vestía de azul (como muchos operarios,) y llevaba unos guantes en el bolsillo trasero del pantalón».
Los afectados alertaron a la policía y a Aguas de Valencia, que repuso el suministro casi de inmediato con el envío de una brigada de urgencia, a la espera de que los vecinos abonen los 115 euros que cuesta un nuevo contador que, eso sí, cubre el seguro del inmueble.
«Es muy inusual que se roben los contadores de agua de una finca porque se trata de sucesos que se suelen registrar en zonas agrarias, pero no en las ciudades», explicaron ayer fuentes de Aguas de Valencia, que instan a los vecinos a revisar la documentación «cuando un técnico quiere acceder al patio para realizar cualquier trabajo. Nuestros operarios siempre cuentan con la documentación oficial que les acredita». Pero, además, la empresa quiere recordar a los usuarios que «las revisiones se notifican con antelación porque es el protocolo que hay que seguir. En el procedimiento, el primer paso es el aviso».
Según las mismas fuentes, la cuantía por al venta de un contador de agua viejo es irrisoria. «Se vende como chatarra. A peso. Un contador de agua de segunda mano no tiene valor». Sin embargo, parece que, después del robo de cable de cobre, los contadores de agua están en el punto de mira de los ladrones.

La sociedad estatal Acuamed, comenzará en febrero las obras de rehabilitación del embalse regulador del Júcar-Vinalopó ubicado en Villena. Una presa (San Diego) que tendrá que estar un año cerrada y sin poder almacenar agua para poder localizar y tapar las filtraciones que provocaron la pérdida de millones de litros de agua antes de realizar el primer trasvase el pasado septiembre. Costó 20 millones de euros en 2009, pero no se impermeabilizó.

Los defectos en su construcción –no se llegó a impermeabilizar el vaso central– dejarán inutilizado el embalse hasta, al menos, 2016, año en el que se estima que podrá volverse a regar con el caudal del Júcar bombeado desde Cullera, si no se llega antes a un acuerdo entre los regantes alicantinos y valencianos para activar la toma de Cortes de Pallás. La única que garantiza que el agua sirva para riego y consumo urbano y, por tanto, que el trasvase sea viable desde el punto de vista económico.

Los trabajos que sufragará la empresa del Ministerio de Agricultura costarán 6 millones de euros. Un coste que demuestra el pésimo diseño de una presa que fue declarada de categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía entonces Cristina Narbona.

El embalse, ubicado entre La Font de la Figuera y Villena, es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en Cortes de Pallás como en la actual de Cullera. Puede almacenar más de 20 millones de m3 de aguas procedentes del curso bajo del río Júcar, caudal suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza, podría llenarse hasta cuatro veces al año, siempre que se hubiera construido sin deficiencias.

Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima, la superficie del embalse equivaldrá a 115 campos de fútbol. En marzo de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan de Emergencia de la balsa y en febrero de 2010, el Plan de Puesta en Carga de la balsa, al cumplir éste con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando el embalse de se llenó y, debido al contencioso abierto entre usuarios y ministerio, se detectaron filtraciones que terminaron provocando la pérdida de 7.000 millones de litros de agua (la mitad del agua almacenada)en Alicante, una provincia estructuralmente azotada por la sequía. Ahora la presa, que debe repararse de urgencia, dejar al Vinalopó sin recibir ningún tipo de caudales, ni para riego de socorro ni para consumo urbano.

 La diputación mantiene viva su reclamación de 90 hectómetros cúbicos de agua del Ebro pese a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestima el recurso del Consell contra la derogación del trasvase.
Fuentes de la institución provincial trasladaron a este diario que la sentencia del TC no altera la posición de la diputación, que está a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente responda al recurso interpuesto hace más de un año contra la negativa a un minitrasvase del Ebro a la provincia. La entidad que preside Javier Moliner insiste en que el caso de Castelló es singular, al formar parte de la cuenca y aportar caudales al Ebro. No concretaron, en cambio, si se abrirá la vía judicial en caso de que el Gobierno mantenga su posición y deniegue el minitrasvase.
En las alegaciones presentadas por la institución provincial se hizo especial hincapié a la vigencia de los artículos 12, 14, 15 y 20 del Plan Hidrológico Nacional en los que se contempla que podrán llevarse a cabo transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca. El recurso, además, admite que se requeriría una modificación legislativa, pero argumenta que el gobierno se encuentra perfectamente habilitado para realizarla. Otra de las alegaciones se centra en la situación del canal Segarra-Garrigues, que contempla transformar en superficie regable más de 72.000 hectáreas, siendo la mayor actuación hídrica de dicho tipo en todo el ámbito de la planificación hidrológica nacional. Dicha infraestructura se ha mantenido después de la modificación del Plan Hidrológico Nacional.
El argumento central de la diputación es que la provincia de Castelló aporta recursos y, por tanto, tiene derecho a beneficiarse de una transferencia hídrica. Un informe la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) señala que Castelló ocupa 851 kilómetros cuadrados de la cuenca del Ebro, lo que equivale aproximadamente al 1% del total, que es de 85.570 kilómetros cuadrados. La CHE aportó con carácter orientativo los datos registrados en una estación de aforos del río Bergantes (en la cuenca del Ebro) emplazada en Zorita, aunque advirtió de que no toda el agua que recoge la citada estación de aforos proviene de la provincia de Castelló, ya que hay una parte de la cuenca del Bergantes que fluye desde la provincia de Teruel. En todo caso, cifra la aportación de Castelló al Ebro, a través del Bergantes, en 32,5 hectómetros cúbicos anuales, según recogen los datos estadísticos de los últimos años. Por tanto, el volumen que pide la diputación no se corresponde con el peso de Castelló en la cuenca del Ebro. La entidad provincial reclama un trasvase anual de 90 hectómetros cúbicos, el triple de lo que aporta Castelló a través del río Bergantes.

El Gobierno valenciano reivindicará que el futuro Plan Hidrológico Nacional (PHN) incluya el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana si considerara que es la solución para que los agricultores y regantes valencianos obtengan los recursos que necesitan.
Así lo afirmó ayer a los periodistas el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar,
«Si hubo un momento en que el trasvase del Ebro podía entrar, y de hecho entró en el Plan Hidrológico Nacional y fue fruto del consenso, nada impide que en el próximo PHN se pudiera retomar el tema y volver a formar parte de ese consenso», afirmó.
El vicepresidente aseguró que el Ejecutivo valenciano hará «política activa para que el agua que necesita Comunitat Valenciana llegue sea de donde sea».
Preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso del Consell contra la derogación del trasvase del Ebro, ha afirmó que en aquel momento, el Gobierno valenciano «tenía la obligación de ir hasta el final en la defensa de los agricultores de la Comunitat y eso es lo que hizo».