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España pedirá a la UE que no ponga más reglas ambientales al agricultor

El Ministerio de Agricultura defenderá en Bruselas «replantear» las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente o greening, que consiste en que un 30 por ciento de las primas se conceda a productores que presten determinados servicios al medio ambiente. La secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, defendió, por el contrario, que no se apliquen medidas complementarias para recibir esos fondos.
«España entiende que sólo con mantener las plantaciones permanentes ya se producen beneficios en la captación de CO2, en la protección del suelo contra la erosión, en el paisaje y en otros aspectos que justificarían que las superficies de cultivos permanentes cumplieran las condiciones del greening ipso facto, sin medidas complementarias», afirmó.
En una Jornada sobre Hortofruticultura en la PAC 2014 – 2020, García Tejerina defendió el principio de sostenibilidad ambiental de las explotaciones agrarias, subrayando que la configuración del greening debe cumplir, en todo caso, unas condiciones sencillas, que se adapten a la diversidad productiva comunitaria, que no afecten a la viabilidad económica de las explotaciones y que no impliquen mayores cargas administrativas a los Estados miembros.
En 2013, la Unión Europea (UE) debe cerrar un acuerdo sobre las perspectivas financieras para los próximos siete años y de ellas depende la conclusión de la reforma de la PAC. En las últimas negociaciones circularon documentos, como el que presentó la anterior presidencia rotatoria de la UE (Chipre), que planteaban una rebaja de los presupuestos, que afectaría sin duda a la agricultura.
Ante la posibilidad de que el Parlamento Europeo no apruebe esta reforma, España y otros países han solicitado que en 2014 se prorrogue el actual modelo de la PAC. La última noticia al respecto es que la Comisión de Agricultura de la Eurocámara ha planteado que la reforma agraria mantenga el mismo presupuesto que había hasta la fecha. Y además plantea algunas excepciones para el greening en cultivos determinados y explotaciones pequeñas .
En este sentido, Isabel Tejerina subrayó que España está solicitando que se respete la actual dotación presupuestaria en la propuesta inicial de la Comisión, para cuya defensa se quiere hacer un frente común y continuar trabajando con otros Estados miembros.

Tarifa plana.

En cuanto al contenido de la propia reforma, Bruselas propuso ideas como un pago fijo por hectárea o ‘tarifa plana’, diferente al sistema de derechos históricos que rige para las subvenciones en la actualidad.
No obstante, la número dos del Ministerio de Agricultura ha recordado que el Reglamento especifica claramente cuáles son los beneficiarios que podrán solicitar derechos en 2014, pero no establece ninguna referencia ni limitación al número de hectáreas por las que se podrán solicitar los derechos. Por ello explicó que la propuesta española «se basa en limitar el número de hectáreas admisibles mediante el establecimiento de un periodo de referencia anterior».
En relación con la convergencia interna individualizada, señaló que España se ha alineado con otros países para defender un método que consistiría en aproximar los importes individuales del Pago Básico a un valor medio de referencia, de manera similar al mecanismo empleado por la Comisión para la convergencia entre Estados miembros: «Creemos que este modelo de convergencia interna es el que conviene aplicar en España, por la diversidad de su agricultura y porque supone una transición menos abrupta con el modelo de Pago Único histórico que se aplica en la actualidad».

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Intervención de Teodoro Estrela, CHJ: Objetivo 1 del proyecto NOVIWAM, Evaluación y monitorización de las masas de agua

 Ayer daba comienzo en Sevilla la Conferencia Final del Proyecto NOVIWAM. La intervención de Teodoro Estrela, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ilustraba el Objetivo 1 del proyecto NOVIWAM, Evaluación y monitorización de las masas de agua, aplicado al proceso de evaluación desarrollado en la Demarcación del Júcar para la elaboración del Plan Hidrológico.

Entre las conclusiones obtenidas en dicho proceso, destacó la necesidad de establecer en el futuro, indicadores biológicos mediante macrófitas y peces para la evaluación del estado ecológico de las masas de agua superficiales. También en relación con las aguas superficiales, señaló que un 20% de las masas de agua de la demarcación no había podido ser evaluadas debido a que se tratan de ríos estacionales, por lo que subrayó la necesidad de establecer mecanismos que permitieran el análisis de estas masas estacionales. En relación con las aguas subterráneas señaló la necesidad de mejorar la determinación de valores umbrales para algunos tipos de contaminantes.

El Objetivo 3 del proyecto, Gestión de recursos hídricos subterráneos, fue analizado por el Jefe del Departamento de Geociencias de la Universidad de las Azores, Virgilio Cruz que lo ejemplificó en las islas, como ejemplo de gestión desde la DMA en regiones ultraperiféricas. Su análisis trascendió la escala local para abordar la escala nacional portuguesa y la escala europea, encontrando ‘viejos problemas comunes’ a todo el ámbito europeo como son la insuficiente monitorización y, en consecuencia, insuficiente caracterización de las masas de agua subterráneas así como, el débil control sobre las presiones que afectan a estas masas.

El profesor Alban Thomas, de la INRA y la Universidad de Toulouse desarrolló el Objetivo 6 Valor social y económico del agua, a través de su conferencia dedicada a la importancia del agua virtual en las relaciones comerciales internacionales de los productos agrícolas para afrontar la gestión de ciclos y periodos nacionales o regionales de escasez de agua.

Los objetivos NOVIWAM 7 y 8, Optimización de infraestructuras para la gestión integrada de los recursos hídricos y Fuentes alternativas de agua fueron presentados por los representantes de Albania (Arian Mahdi, del Ministerio de Administración del Agua, Enkelejda Gjinali, de la Universidad Politécnica de Tirana y Petrit Tare, de la empresa de abastecimiento y depuración del agua de Korca) y de Chipre (Evy Theopemptou, del Consorcio de depuración de aguas de Larnaca) que aportaron las experiencias de sus respectivos países.

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Piden que se actualicen las concesiones al riego para no desecar los ríos

La Asociación AEMS Ríos con vida de Valencia está preparando varios expedientes para presentarlos ante la Conselleria de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar con el fin de que tomen cartas en el asunto acerca de la captación de aguas que está desecando diez kilómetros del río Palancia entre las localidades de Teresa y Viver. Así lo comunicó ayer a Levante de Castelló el portavoz de la organización, Pere Merino, quien apuntó que, después de haberlo denunciado ante el Seprona, la asociación trabaja ahora en evitar que la situación actual «continúe como hasta ahora y que las administraciones públicas vean que no podemos seguir como hace 50 años». En este sentido, desde AEMS Ríos con Vida lo que se pretende es que desde las instituciones públicas se revisen este tipo de concesiones y canalizaciones «supuestamente legales» que, con el paso de los años, están contribuyendo a acabar con gran parte del ecosistema y el medio natural. Este sería el caso del tramo del río Palancia, totalmente desecado por la canalización realizada entre los términos de Teresa y Viver y que hace «que no se pueda desarrollar la trucha común autóctona y otras especies ictícolas de interés que constituyen un ecosistema fluvial singular en la zona». Y es que, para Merino, de no poner solución y no dejar que el río fluya por su cauce, las consecuencias, a largo plazo, podrían llegar a la «desaparición de la especie en esta zona» y hasta del bosque de ribera. Es por ello que desde la asociación han querido alertar sobre la situación y «pedir explicaciones de si esto va a continuar así, porque la situación sabemos que no es la primera vez que se da». «Entendemos que se esté hablando de que esta canalización se realizó por una concesión al sindicato de riegos de Sagunt, con el fin de asegurarse el agua de riego, pero consideramos que lo más importante es conservar y preservar esta zona actualmente muy afectada, por lo que instamos a realizar la revisión de estas concesiones», matizó Merino.

Nueva señalética en Segorbe
El Ayuntamiento de Segorbe ha señalizado una nueva senda en la ribera del río Palancia desde lo alto del pozo Morón hasta el puente del Borrego. Se han colocado dos paneles con el trayecto, que se ha marcado con pintura de color verde y blanco.

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Los fotovoltaicos piden el amparo del Defensor del Pueblo

La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) se reunirá mañana con el adjunto primero del Defensor del Pueblo para solicitar el amparo de esta institución ante el «evidente hostigamiento» que sufre el sector fotovoltaico «por parte de los últimos Gobiernos del Estado».

La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) se reunirá mañana con el adjunto primero del Defensor del Pueblo para solicitar el amparo de esta institución ante el «evidente hostigamiento» que sufre el sector fotovoltaico «por parte de los últimos Gobiernos del Estado». En la foto de archivo, un hombre camina por las instalaciones de una planta solar fotovoltaica ubicada en Tudela (Navarra).  EFE/JESUS DIGES

En un comunicado, Anpier considera que el Gobierno ha vulnerado con las medidas adoptadas principios constitucionales como «la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad jurídica y la confianza legítima».

La asociación explica que las instalaciones fotovoltaicas se han visto «gravemente afectadas» por los recortes de primas aprobados en 2010 y por el impuesto que grava la generación de electricidad desde comienzos de 2013.

Esto «pone en riesgo de quiebra inminente su actividad» por la presión que supone tener que devolver los créditos a la banca con menos ingresos. EFEverde

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Soriano pide que se deje «bien atada» la prórroga de los presupuestos agrícolas

La consejera de Agricultura del Gobierno regional, María Luisa Soriano, ha solicitado a la Unión Europea que trabaje en la opción de la prórroga de los actuales presupuestos de la Política Agraria Común (PAC) de cara al próximo año 2014, con el fin de «dejar bien atados todos los cabos», para evitar «que por problemas puramente administrativos se pueda paralizar o retrasar alguna línea de ayudas».
Ha sido la propia Comisión Europea la que ha reconocido que la falta de acuerdo entre los 27 sobre el presupuesto global de la UE en el período 2014-2020 puede conllevar que se retrase el debate sobre la nueva PAC -ya que los estados quieren conocer la ficha financiera antes de adoptar el resto de medidas-, y que ésta no entre en vigor en 2014, como está previsto, sino un año después, lo que obligaría a prorrogar de forma excepcional los presupuestos para el próximo ejercicio.
 La consejera, que trasladó ayer en Madrid esta preocupación al Ministerio de Agricultura, consideró que «en principio no debe haber problemas con la prórroga automática de los derechos de pago único y otras ayudas, pero hay que resolver con diligencia cuanto antes todos los aspectos normativos y presupuestarios que atañen al Programa de Desarrollo Rural (PDR) para evitar que haya un vacío legal o financiero que altere el normal funcionamiento de los programas».

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La Fundación Botín presenta dos libros que establecen las bases para un futuro pacto del agua en España

El próximo miércoles 24 de enero, el Observatorio del Agua de la Fundación Botín presentará el libro «Water, Agriculture and the Environment in Spain: can we square the circle?”, una publicación en la que han participado 28 autores y 5 revisores internacionales. A lo largo de 22 capítulos, la obra ofrece una visión actualizada y novedosa sobre los últimos datos y conocimientos científicos en materia de agua en España.

Inspirado en la premisa de que los problemas de agua del mundo se deben a una mala gestión y no a su escasez física, este libro muestra la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en España, al mismo tiempo que propone soluciones a los problemas actuales y establece las bases para que se pueda alcanzar un pacto de futuro entre los grandes partidos políticos.

Esta obra proporciona las bases, datos y argumentos que sirven de fundamento a una monografía en castellano, que también se presentará en este acto, titulada “El agua en España: bases para un pacto de futuro”, en la que se resumen los mensajes clave del libro antes citado.

La presentación estará a cargo de: Javier García Cañete (Fundación Botín), Lucia de Stefano (Observatorio del Agua de la Fundación Botín), Teodoro Estrela (Director Técnico de la C.H. del Júcar), Josefina Maestu (Directora de la Oficina de Naciones Unidas de la Década del Agua en Zaragoza), Joan Corominas (Ingeniero Agrónomo y ex Director Gerente de la Agencia Andaluza del Agua) y Daniel Sanz (Subdirector General Adjunto de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, de la Dirección General del Agua, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

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El campo se rejuvenece con 1.067 nuevos agricultores en cuatro años

Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma eminentemente agrícola y ganadera y prueba de ello es que pese a la crisis económica, más de un millar de jóvenes han emprendido su aventura empresarial en el campo buscando un sustento y un negocio que pueda tener un horizonte. Las administraciones ponen a disposición ayudas para fomentar que la gente joven quiere dedicarse al mundo de la agricultura y en este escenario se enmarcan las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores que desde hace años tiene en marcha la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El último período de programación relativo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) está comprendido entre los años 2007 y 2011 y por tanto son los últimos datos disponibles a este respecto. En este período se han incorporado un total de 1.067 titulares, de los cuales 819 son hombres y 248 mujeres. La mayor parte de ellos cuentan con menos de 25 años (401; 363 hombres y 38 mujeres), aunque también hay 281 beneficiarios de entre 25 y 30 años, 215 de entre 30 y 35 años y 169 de entre 35 y 40 años.
En lo que se refiere a la financiación, el importe total de la inversión a lo largo de estos cuatro años asciende a 55,3 millones de euros, de los cuales 47,9 millones han sido ayudas públicas. En concreto, la ayuda a través de préstamos es aquella con la que el agricultor no ha tenido que pagar porque lo asume la Administración y en este sentido los fondos aportados estos cuatro años suponen 11,3 millones. Del resto, corresponden 33,9 millones a las primas y 2,6 millones a las bonificaciones.
Estas ayudas e inversiones han servido para crear 1.275 Unidades de Trabajo Agrario (una UTA son 1.920 horas de una persona trabajando a jornada completa). Por ello, algunas ayudas han permitido crear más de un puesto de trabajo (el número de UTA es superior al número de beneficiarios de las ayudas), ya que el titular ha contratado personal además de su puesto de trabajo.
Por sectores, según la información aportada por la Junta de Comunidades, fundamentalmente la orientación productiva mayoritaria ha sido hacia los cultivos extensivos, seguido en segundo lugar por la vitivinicultura.

Nueva convocatoria. A pesar de los pasos hacia adelante que se dan en este sector por parte de los jóvenes, la media de agricultores menores de 35 años en Castilla-La Mancha no supera el 4%, por debajo de la media europea, que está en un 6%; y que la media nacional, situada en un 4,5%. El Gobierno regional realizó una convocatoria en 2012 que se resolverá previsiblemente en abril.
Esta convocatoria de ayudas a instalación de jóvenes agricultores, como la anteriores, está dirigida a  nuevos titulares de una explotación agraria o que alcance tal consideración en un plazo máximo de dos años desde el momento de la instalación. Podrá realizarse mediante diferentes modalidades como el acceso a la titularidad exclusiva, el acceso a la cotitularidad, la integración como socio en una entidad asociativa con personalidad jurídica, bien preexistente o bien de nueva constitución; o el acceso a una explotación de titularidad compartida.
Las ayudas consistirán en una prima única por explotación cuya cuantía máxima podrá ser de 34.000 euros, aunque podría incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de que se genere empleo en la explotación, al menos de una UTA adicional asalariada a la de cada joven que se instala, y que mantenga durante los cinco años siguientes a la fecha de la concesión de ayuda; o que la explotación se encuentre ubicada en alguna zona determinada. De todos modos, la ayuda máxima a la primera instalación por explotación no podrá superar la cantidad de 40.000 euros.
La Junta anunció que cuenta con un presupuesto para esta convocatoria de 2012 que se sitúa en los 6 millones de euros.

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La Junta mantendrá el porcentaje de financiación del coste de los seguros agrarios 2013

El director general de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, Tirso Yuste, ha afirmado que la Junta mantendrá su “fuerte apuesta por el seguro agrario”, haciendo para ello un esfuerzo presupuestario importante y manteniendo el porcentaje de cofinanciación del año 2012.

Así lo sostuvo en la última reunión de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Castilla -La Mancha, en la que se dieron cita en Toledo tanto representantes de la consejería y el Ministerio de Agricultura como de las principales organizaciones agrarias -ASAJA, COAG UPA-, Cooperativas Agroalimentarias y AGROSEGURO para perfilar el Plan 2013 que estará listo en las próximas semanas.

Yuste recordó que, frente a las fuertes reducciones de financiación en la mayor parte de las comunidades autónomas, la Junta aportó 4,9 millones de euros en 2012 y cofinanció junto a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) entre el 25 y el 47 por ciento del coste de los seguros, según el tipo de línea, actuación que contó con el apoyo unánime de las organizaciones agrarias y cooperativas de la región.

Para este año, aseguró que “no sólo se mantendrá ese esfuerzo sino que intentaremos aumentar el porcentaje de cofinanciación en algunos sectores, como el ganadero, con el que barajamos incrementar la ayuda hasta el 40 por ciento del coste del seguro –por el 25 por ciento del año 2011- ya que para la Consejería es prioritario apoyarlo ante la delicada situación que arrastra debido a la sequía y la subida de costes”.

Para 2013 se prorrogará además la ayuda adicional del 5 por ciento para jóvenes a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha que contraten seguros agrarios, medida que se implantó el año pasado por primera vez, con el fin de animarles a la contratación de unos seguros para los que en 2012 se suscribieron 36.552 pólizas que permitieron asegurar una superficie de 721.597 hectáreas y casi 32,3 millones de animales

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El Gobierno regional agiliza los trámites para la recepción de las ayudas

consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, aseguró ayer que el Ejecutivo regional reduce y agiliza los trámites en la concesión de ayudas agrarias a los profesionales del campo.

Esteban se refirió a la puesta en marcha del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura y las cooperativas de crédito agrario que actúan como entidades colaboradoras de gestión de ayudas para la captación, tramitación, corrección y seguimiento de las solicitudes de ayuda y de la documentación de los expedientes de la Política Agraria Común (PAC).

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas afirmó que este convenio de colaboración permite hacer más eficaz la gestión de las ayudas porque se agilizan los trámites necesarios en la resolución de incidencias mediante la colaboración público-privada, lo que reduce la carga administrativa en un sector estratégico para Castilla-La Mancha como es la agricultura.

Según informó la Junta de Comunidades, estas cooperativas de crédito colaboran con la Consejería de Agricultura en la recogida y tramitación de algunos expedientes, pero gracias a este convenio se amplía su ámbito de actuación, lo que redundará en beneficio de los agricultores de la comunidad autónoma.

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Asaja cree que el calendario de la nueva PAC genera incertidumbre al sector

Asaja de Castilla-La Mancha cree que 2014, propuesto por la Comisión Europea como periodo transitorio para la negociación de la Política Agraria Común (PAC), supondrá un respiro para agricultores y ganaderos si se respeta el mismo presupuesto que hay en la actualidad, y recordó que el calendario para la aplicación del nuevo sistema de ayudas está generando mucha incertidumbre al sector.

En rueda de prensa, el secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, dibujó ayer dos posibles escenarios para 2014, en función de si se mantiene el presupuesto o no. A su entender, lo positivo para la agricultura sería que la actual PAC se mantenga con el presupuesto existente, porque los agricultores «sabrían a qué atenerse», mientras que auguró que, si no se mantiene el presupuesto, éste «siempre sería más bajo».

En este caso se producirían cambios en los sobres nacionales, en el capítulo de desarrollo rural, en los mecanismos de convergencia… modificaciones que pueden suponer , según Asaja, un riesgo para la supervivencia de las explotaciones de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos. No obstante, la organización agraria destacó como aspecto positivo que el periodo transitorio debe servir para que la entrada de la nueva PAC «no deje lugar a la improvisación», y se gane tiempo «para que en las posteriores negociaciones entre las comunidades autónomas se establezcan acuerdos satisfactorios entre las partes».

Por otro lado, Fresneda hizo una llamada de atención a la sociedad para que entienda la importancia de esta negociación en Bruselas: «Los ciudadanos debemos exigir a los que nos representan en Europa que trabajen para que todos podamos seguir teniendo al alcance de nuestras manos alimentos seguros y de calidad», dijo el secretario regional de Asaja. En este sentido, recordó que las ayudas comunitarias son las que garantizan la protección del medio ambiente, el bienestar animal y la seguridad alimentaria, cuestiones que no siempre están presentes, dijo, en países terceros.

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