«La muerte del Júcar» es lo que desde el PSPV prevén si se aprueba el real decreto presentado por el Gobierno central sobre la modificación de la demarcación hidrográfica del río.
Y es que con este cambio la Comunitat perdería fuerza en el control de órganos como la Confederación Hidrográfica que pasarían a manos de Castilla la Mancha.
«Puede representar un grave atentado contra la hasta ahora exitosa gestión de la Cuenca del Júcar y puede producir graves problemas para la economía de la Comunitat Valenciana», ha señalado el diputado socialista, Francesc Signes.
Este cambio en el control del Júcar afectaría de forma muy importante a la comarca de la Ribera, que históricamente se ha nutrido de su río para desarrollar su economía agraria. Por esta razón, desde el PSPV se ha llamado a la movilización de los ciudadanos de la comarca para que luchen para que no se haga efectivo el cambio. Un real decreto que se justifica primando criterios de extensión y no de población como hasta el momento en cuestión del control de la cuenca del Júcar.
«Hemos presentado una propuesta no de ley en Les Corts para que la Comunitat no pierda influencia y nos opongamos de forma contundente a este cambio. Una vez más se deja en evidencia a Fabra y el río queda en manos de María Dolores de Cospedal», ha apuntado Francesc Signes en una visita del grupo socialista en Alzira.
En esta ocasión, los representantes del PSPV se han reunido con miembros de los sindicatos del Hospital Universitario de la Ribera para conocer la situación del centro sanitario de gestión privada. Una forma de gestión a la que se oponen rotundamente desde el grupo socialista porque «se ha demostrado que no es de más calidad ni más barato sino que se priman los beneficios económicos respecto a la salud», ha explicado la senadora por Alicante, Encarna Llinares.
Por este motivo, el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha asegurado que si gana las elecciones autonómicas de 2015 el hospital de Alzira pasará a ser público, universal y gratuito.
«Se realizará el rescate inmediato del centro aunque su concesión finaliza en 2018. Se están realizando estudios jurídicos para saber cuanto costará este rescate, pero es una prioridad al igual que el de resto de centros privatizados», ha adelantado el diputado, Francesc Signes.
Centro abandonado
Mientras desde la Generalitat se anuncia que en los próximos años no se realizará ninguna obra nueva, todavía hay infraestructuras acabadas que esperan ser inauguradas y puestas en uso.
Es el caso del centro de día de Alginet que después de dos años de la finalización de las obras incluidas en el Plan E y de estar totalmente equipado, por falta de fondos de la Generalitat no se ha puesto en funcionamiento.
«Costó 2,2 millones de euros y podría estar atendiendo a unas 70 personas, pero continúa cerrado y deteriorándose porque la Conselleria no puede pagar su mantenimiento pero sí invierte en grandes eventos», ha explicado el portavoz en Les Corts del grupo socialista, Antonio Torres.
Este centro se realizó para atender a personas mayores y discapacitados y pensaba ocupar a unas 30 personas pero no ha sido abierto y ha sufrido actos vandálicos.
«Como la Generalitat no ha cumplido con la Ley de la Dependencia se está atendiendo a la mitad de las personas y con la aportación autonómica se tendría que hacer frente al mantenimiento», ha concluido el síndic socialista.