El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, advirtió el pasado martes, en el Pleno del Senado, que «se va a retrasar mucho» la decisión final sobre el nuevo modelo de la Política Agrícola Común (PAC), después de que no se haya alcanzado todavía un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020.
Miguel Arias Cañete explicó que las autoridades comunitarias no abordaran la reforma de la PAC hasta que no se despejen las incertidumbres presupuestarias. «El Parlamento Europeo está retrasando su votación sobre la PAC y, a partir del mes de febrero continuarán las negociaciones sobre el presupuesto comunitario», explicó.
En respuesta a la pregunta formulada por el senador Francisco Boya, de la Entesa pel Progrés de Catalunya, sobre las previsiones del Gobierno en la reforma de la PAC, Arias Cañete aseguró que el Gobierno defenderá los intereses españoles con «energía e inteligencia», negociando de «otra forma» y sin enviar a los secretarios de Estado, en una clara alusión a las prácticas del anterior gobierno socialista.

críticas al anterior gobierno. «España, en el debate de la PAC, ni estaba ni se le esperaba. La posición del Gobierno español era no a todo, y hemos vuelto a hacer alianzas y a negociar», denunció, para recordar a continuación que España diseñó su estrategia negociadora en Europa con una alianza con Francia, que  es la primera potencia agraria de la UE, y con Irlanda, que ocupará la próxima Presidencia.
Para el titular de Agricultura del Gobierno central, gracias a este diseño se logró que la primera propuesta de la Presidencia de la UE incrementara el presupuesto agrario y, la última, que no alcanzó un consenso, incrementaba sustancialmente en el primero y en el segundo pilar.
Arias Cañete reiteró que el Ejecutivo sigue trabajando y haciendo alianzas estratégicas para conseguir el mejor resultado para España, y añadió: «No queremos que pase lo de las últimas perspectivas financieras que negoció el PSOE, con la escandalosa cifra de reducción de fondos estructurales, de más del 15 por ciento en el segundo pilar de desarrollo rural».
«Estamos trabajando para conseguir el mejor resultado, junto con países con los que podamos tener intereses comunes y alcanzar alianzas. Se trata, de un debate muy complejo, tan complicado como que el Parlamento Europeo ha dicho que si no hay presupuesto sustancial para la PAC, no habrá nueva PAC», concluyó el ministro.

El robo de contadores de agua ha pasado de los enclaves agrícolas a la ciudad. El pasado lunes robaron 19 contadores de agua de tres fincas ubicadas en la avenida Doctor Peset Aleixandre para sorpresa de unos vecinos que, cuando regresaron por la tarde a sus domicilios, se percataron de que la falta de suministro no se debía a una avería, sino a un robo en toda regla.
Los ladrones actuaron a primera hora de la tarde y accedieron a los patios identificándose como técnicos cualificados que iban a realizar una revisión rutinaria. De una finca sustrajeron 4 contadores de agua, de la contigua, 9 y de la de enfrente, 6. Nadie se dio cuenta de nada. Tan solo un vecino aseguraba ayer que se cruzó con los ladrones «porque eran las 16 horas y el chico se fue por el otro lado en cuanto me vio. Yo no sospeché nada porque vestía de azul (como muchos operarios,) y llevaba unos guantes en el bolsillo trasero del pantalón».
Los afectados alertaron a la policía y a Aguas de Valencia, que repuso el suministro casi de inmediato con el envío de una brigada de urgencia, a la espera de que los vecinos abonen los 115 euros que cuesta un nuevo contador que, eso sí, cubre el seguro del inmueble.
«Es muy inusual que se roben los contadores de agua de una finca porque se trata de sucesos que se suelen registrar en zonas agrarias, pero no en las ciudades», explicaron ayer fuentes de Aguas de Valencia, que instan a los vecinos a revisar la documentación «cuando un técnico quiere acceder al patio para realizar cualquier trabajo. Nuestros operarios siempre cuentan con la documentación oficial que les acredita». Pero, además, la empresa quiere recordar a los usuarios que «las revisiones se notifican con antelación porque es el protocolo que hay que seguir. En el procedimiento, el primer paso es el aviso».
Según las mismas fuentes, la cuantía por al venta de un contador de agua viejo es irrisoria. «Se vende como chatarra. A peso. Un contador de agua de segunda mano no tiene valor». Sin embargo, parece que, después del robo de cable de cobre, los contadores de agua están en el punto de mira de los ladrones.

La sociedad estatal Acuamed, comenzará en febrero las obras de rehabilitación del embalse regulador del Júcar-Vinalopó ubicado en Villena. Una presa (San Diego) que tendrá que estar un año cerrada y sin poder almacenar agua para poder localizar y tapar las filtraciones que provocaron la pérdida de millones de litros de agua antes de realizar el primer trasvase el pasado septiembre. Costó 20 millones de euros en 2009, pero no se impermeabilizó.

Los defectos en su construcción –no se llegó a impermeabilizar el vaso central– dejarán inutilizado el embalse hasta, al menos, 2016, año en el que se estima que podrá volverse a regar con el caudal del Júcar bombeado desde Cullera, si no se llega antes a un acuerdo entre los regantes alicantinos y valencianos para activar la toma de Cortes de Pallás. La única que garantiza que el agua sirva para riego y consumo urbano y, por tanto, que el trasvase sea viable desde el punto de vista económico.

Los trabajos que sufragará la empresa del Ministerio de Agricultura costarán 6 millones de euros. Un coste que demuestra el pésimo diseño de una presa que fue declarada de categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía entonces Cristina Narbona.

El embalse, ubicado entre La Font de la Figuera y Villena, es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en Cortes de Pallás como en la actual de Cullera. Puede almacenar más de 20 millones de m3 de aguas procedentes del curso bajo del río Júcar, caudal suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza, podría llenarse hasta cuatro veces al año, siempre que se hubiera construido sin deficiencias.

Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima, la superficie del embalse equivaldrá a 115 campos de fútbol. En marzo de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan de Emergencia de la balsa y en febrero de 2010, el Plan de Puesta en Carga de la balsa, al cumplir éste con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando el embalse de se llenó y, debido al contencioso abierto entre usuarios y ministerio, se detectaron filtraciones que terminaron provocando la pérdida de 7.000 millones de litros de agua (la mitad del agua almacenada)en Alicante, una provincia estructuralmente azotada por la sequía. Ahora la presa, que debe repararse de urgencia, dejar al Vinalopó sin recibir ningún tipo de caudales, ni para riego de socorro ni para consumo urbano.

 La diputación mantiene viva su reclamación de 90 hectómetros cúbicos de agua del Ebro pese a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestima el recurso del Consell contra la derogación del trasvase.
Fuentes de la institución provincial trasladaron a este diario que la sentencia del TC no altera la posición de la diputación, que está a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente responda al recurso interpuesto hace más de un año contra la negativa a un minitrasvase del Ebro a la provincia. La entidad que preside Javier Moliner insiste en que el caso de Castelló es singular, al formar parte de la cuenca y aportar caudales al Ebro. No concretaron, en cambio, si se abrirá la vía judicial en caso de que el Gobierno mantenga su posición y deniegue el minitrasvase.
En las alegaciones presentadas por la institución provincial se hizo especial hincapié a la vigencia de los artículos 12, 14, 15 y 20 del Plan Hidrológico Nacional en los que se contempla que podrán llevarse a cabo transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca. El recurso, además, admite que se requeriría una modificación legislativa, pero argumenta que el gobierno se encuentra perfectamente habilitado para realizarla. Otra de las alegaciones se centra en la situación del canal Segarra-Garrigues, que contempla transformar en superficie regable más de 72.000 hectáreas, siendo la mayor actuación hídrica de dicho tipo en todo el ámbito de la planificación hidrológica nacional. Dicha infraestructura se ha mantenido después de la modificación del Plan Hidrológico Nacional.
El argumento central de la diputación es que la provincia de Castelló aporta recursos y, por tanto, tiene derecho a beneficiarse de una transferencia hídrica. Un informe la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) señala que Castelló ocupa 851 kilómetros cuadrados de la cuenca del Ebro, lo que equivale aproximadamente al 1% del total, que es de 85.570 kilómetros cuadrados. La CHE aportó con carácter orientativo los datos registrados en una estación de aforos del río Bergantes (en la cuenca del Ebro) emplazada en Zorita, aunque advirtió de que no toda el agua que recoge la citada estación de aforos proviene de la provincia de Castelló, ya que hay una parte de la cuenca del Bergantes que fluye desde la provincia de Teruel. En todo caso, cifra la aportación de Castelló al Ebro, a través del Bergantes, en 32,5 hectómetros cúbicos anuales, según recogen los datos estadísticos de los últimos años. Por tanto, el volumen que pide la diputación no se corresponde con el peso de Castelló en la cuenca del Ebro. La entidad provincial reclama un trasvase anual de 90 hectómetros cúbicos, el triple de lo que aporta Castelló a través del río Bergantes.

El Gobierno valenciano reivindicará que el futuro Plan Hidrológico Nacional (PHN) incluya el trasvase de agua del Ebro a la Comunitat Valenciana si considerara que es la solución para que los agricultores y regantes valencianos obtengan los recursos que necesitan.
Así lo afirmó ayer a los periodistas el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar,
«Si hubo un momento en que el trasvase del Ebro podía entrar, y de hecho entró en el Plan Hidrológico Nacional y fue fruto del consenso, nada impide que en el próximo PHN se pudiera retomar el tema y volver a formar parte de ese consenso», afirmó.
El vicepresidente aseguró que el Ejecutivo valenciano hará «política activa para que el agua que necesita Comunitat Valenciana llegue sea de donde sea».
Preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso del Consell contra la derogación del trasvase del Ebro, ha afirmó que en aquel momento, el Gobierno valenciano «tenía la obligación de ir hasta el final en la defensa de los agricultores de la Comunitat y eso es lo que hizo».

 La Oficina del Regante de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) consolida uno de sus más recientes servicios en asesoramiento al regante, tras la finalización de la segunda negociación conjunta de suministro eléctrico para las Comunidades de Regantes.

El objetivo principal de esta línea de trabajo es la reducción del importe de sus facturas aglutinando un volumen importante de demanda que permita acceder a mejores precios. Es decir, conseguir unas tarifas eléctricas más competitivas.

En esta ocasión se han aglutinado un total de 52 puntos de suministro pertenecientes a Comunidades y regantes particulares integrados dentro de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, aunque también se han sumado comunidades de otras localizaciones.

De esta forma, y a través de la negociación pactada con la comercializadora elegida, se consigue que a lo largo de dos anualidades los regantes se aseguren un precio fijo en las tarifas, sin verse afectado por posibles incrementos debidos al aumento del precio de la energía en el mercado eléctrico.

El ejemplo del beneficio de esta iniciativa se demuestra con los resultados de la primera negociación en la Junta Central de Usuarios del Bajo Ebro Aragonés, dónde a principios de este mismo año se finalizó una negociación de iguales características. Actualmente sus partícipes están asumiendo unos costes energéticos que se situarían en torno al 4% inferiores a los que asumirían si ahora tuvieran que renovar sus contratos, puesto que los precios que se ofertan actualmente se han incrementado.

Tras los excelentes resultados obtenidos con el primer proceso negociador y el cerrado ahora con Canal de Aragón y Cataluña, la Oficina del Regante pretende seguir trabajando en este tipo de procesos negociadores con la intención de concentrar todavía más la demanda eléctrica de todo el colectivo de los regantes, tanto en alta como en baja tensión para conseguir mejores precios. A su vez, también pretende reproducir este proceso en otros servicios o suministros demandados por los regantes (mantenimiento de los Centros de Transformación o líneas eléctricas que son propiedad de los regantes o el mantenimiento electromecánico de las estaciones de bombeo).

Mejores condiciones ante la liberalización eléctrica

Este reciente servicio de asesoramiento y supervisión de la Oficina del Regante surgió como planteamiento para minimizar las subidas ocasionadas como consecuencia de la liberalización del mercado de las tarificaciones eléctricas en julio de 2008.

El sistema de trabajo del proceso de negociación se centra en la concentración de demanda a través de la información a los regantes, notificación de participación por parte de los mismos, solicitud de presupuesto a diversas comercializadoras para la demanda solicitada, acto público de presentación de ofertas y elección de la comercializadora más rentable.

Esta iniciativa está abierta para todas aquellas Comunidades de Regantes de Aragón y regantes particulares que se quieran sumar y cuyo único requisito es que la potencia contratada en el punto de suministro se sitúe por encima de 15 kW.

Por segunda vez, se ha considerado en la negociación a usuarios acogidos a tarifas en baja tensión. La Oficina del Regante de SARGA ayudará a estos consumidores a realizar gestiones como los ajustes en la cantidad de la potencia contratada que de forma individual no son siempre fáciles de tramitar.

Quienes deseen ampliar esta información pueden dirigirse a la Oficina del Regante de SARGA en el teléfono 976302268 o bien a través del correo electrónico oficinaregante@sarga.es

J. SIERRA VALENCIA El nuevo decreto que delimita el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar es «nulo de pleno derecho» y por tanto tan ilegal como el borrador presentado el pasado mes de Junio al Consejo Nacional del Agua, según un informe elaborado por Xúquer Viu.
El colectivo, que aglutina a organizaciones conservacionistas, sindicatos, alcaldes de municipios de la Ribera, movimientos ciudadanos, etc. Reivindica también una mayor presencia de este tipo de asociaciones y rechaza que el aumento del número de representantes en el Consejo del Agua de la Cuenca se haga exclusivamente incrementando la representación de los regantes.
Según Graciela Ferrer, portavoz de Xúquer Viu, la ficción jurídica que consiste en asegurar en el preámbulo del decreto que la futura Demarcación Hidrográfica no incluye cuencas intercomunitarias de competencia estatal y cuencas intracomunitarias de competencia autonómica es «nula de pleno derecho, pues constituiría una demarcación hidrográfica mixta, sin base en el ordenamiento jurídico actual».
«Las Comunidades Autónomas asumen sus competencias desde que sus Estatutos o leyes orgánicas de reforma se les atribuyen, aunque todavía no les hayan sido transferidos los correspondientes servicios», explica. Por lo tanto, la «adscripción provisional» de esas cuencas internas a la Demarcación Júcar son nulas de pleno derecho.
El Gobierno sostiene lo contrario pese a la existencia de sentencias y «doctrina» del Tribunal Constitucional utilizada por Xúquer Viu en su argumentación.

“Ahora sí que no tiene sentido alguno. No sé si quieren hacerlo o no, pero no pueden”. Francesc Signes, diputado socialista en las Cortes Valencianas, se refería ayer al trasvase del Ebro y al Gobierno valenciano tras la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso del Consell contra la derogación del proyecto decidida en 2004 por el Gobierno de José Luiz Rodríguez Zapatero. Para la oposición, la resolución del Alto Tribunal, conocida el viernes, deja sin justificación alguna la reserva de suelo a lo largo de su hipotético trazado dictada en 2005 por el Ejecutivo autonómico, que entonces presidía Francisco Camps. De ahí que Signes haya presentado una proposición no de ley con carácter de urgencia para desproteger la franja de 200 metros a cada lado del eventual trazado del trasvase del Ebro.

Signes ya solicitó en diciembre de 2011, —cuando el PP de Mariano Rajoy puso en su programa electoral por delante de cualquier transferencia hídrica “el principio de preferencia de uso de los territorios por donde transcurren las cuencas”—, que se liberase el terreno reservado para el trasvase, una superficie de 155 kilómetros cuadrados que atraviesa 65 municipios desde Vinaròs a Orihuela. El Plan de Acción Territorial de Corredores de Infraestructuras (PAT) carece de sentido, argumentó el diputado socialista, porque el trasvase está derogado y, además, “el Gobierno de Rajoy no tiene ninguna intención de ejecutarlo”. Mientras tanto, añadió, “la reserva de suelo perjudica al desarrollo económico y social de los pueblos afectados”, ya que “ha provocado la denegación de numerosas actividades urbanísticas, turísticas e industriales desde el año 2005 y una grave limitación de los crecimientos futuros de la economía valenciana, con un injustificado perjuicio sobre los propietarios y los municipios por los que discurre”.

De hecho, el PAT fue objeto de diversos recursos y el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia validó a finales de 2009 la reseva de unas 16.000 hectáreas que establece en respuesta al menos a las alegaciones de un particular, al que el Consell negó la autorización para realizar obras en un terreno afectado por la reserva de suelo, y del grupo Ecologistas en Acción, que recurrió a la vía contencioso-administrativa porque consideró que durante la redacción del plan no se escuchó a los agentes sociales, como prevé la Ley de Ordenación del Territorio (LOT).

El PP valenciano reitera la reclamación del “agua sobrante”

Sin entrar en su legalidad, los socialistas consideran que la reserva se ha quedado sin excusa. En la memoria persiste la escenificación de una supuesta inauguración de las obras del trasvase en Vinaròs, en febrero de 2004, a un mes de las elecciones que darían la victoria a Zapatero, en la que participaron, ante una zanja excavada al efecto, el jefe del Consell, Francisco Camps, y la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez. Y la campaña victimista emprendida por Camps tras la derogación contra el Gobierno socialista, que apostó por una política de construcción de desaladoras. “La voluntad única y real del PP en cuanto al trasvase del Ebro era la del desgaste político contra el Gobierno socialista”, señaló Signes, ya que, tras acceder al poder, eliminaron cualquier referencia al trasvase en sus programas”.

El Consell no quiso pronunciarse el viernes sobre la sentencia del Constitucional y el vicepresidente José Ciscar se limitó a afirmar que el PP valenciano no ha renunciado al trasvase del Ebro. Ayer mismo, el diputado del PP en las Cortes Valencianas César Sánchez, indicó que el proyecto “se puede y debe retomar como parte de un gran pacto hidrológico impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy”. Sánchez salió al paso de las declaraciones de Signes al señalar que el PP siempre ha defendido “que el agua sobrante debe ir donde es necesaria para atender las necesidades de todas las regiones”. No comentó nada sobre la reclamación socialista para que se libere la reserva de terreno en el trazado tras la sentencia que valida la derogación del trasvase del Ebro.

Reserva sin obra

Trasvase del Ebro. El Gobierno de José María Aznar aprobó el trasvase del Ebro hasta las cuencas del Júcar y el Segura, en medio de fuertes protestas en Aragón y Cataluña.

Inicio en falso. Francisco Camps y la ministra Elvira Rodríguez escenificaron una inauguración de las obras en febrero de 2004.

Derogación. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó el trasvase en 2004.

Recurso y Reserva. El Consell presidido por Camps recurrió la derogación y en 2005 estableció la reserva de un corredor de 155 kilómetros cuadrados (200 metros a cada lado del trazado) en su recorrido de Vinaròs a Orihuela.

Sentencia. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso ya da validez a la derogación.

Liberación. Los socialistas piden que se libere el trazado.

Los precios de la tierra de uso agrario en España bajaron en 2011, y continuaron así el retroceso iniciado en 2008; el índice general experimentó un descenso del 1,6% en términos nominales y el valor medio de una hectárea se situó en 10.003 euros, según la encuesta que desde 1983 elabora el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), frente a un precio de 10.163 euros para el año 2010. En Castilla-La Mancha, el precio medio de la hectárea de tierra se sitúa entre los más bajos de España, aunque ascendió a 5.941 euros en 2011, lo que supone un ligero repunte del 0,1% respecto al precio medio general de 5.883 euros/hectárea de 2010.
Por cultivos específicos, estas son las valoraciones que el Ministerio ofrece para Castilla-La Mancha correspondientes al año 2011: Para las tierras de labor en secano el precio medio fue 4.496 euros/hectárea, un 5,7% más que el año anterior (el precio medio de este tipo de tierra en España fue de 6.752 euros). Por lo que respecta a las tierras de labor en regadío, su valor medio en la región fue de 14.071 (3,8%), frente a 18.272 euros (-1,8%) de precio  nacional. El viñedo de transformación en secano se valoró de media en 9.018 (-9,1%) y su precio medio nacional fue de 12.918 (-5,2%). El olivar de transformación en secano alcanzó  10.280 (-9,1%), y su precio medio fue 19.829 (-1,8%). Los pastizales registraron un precio de  2.000 euros (23,4%), y su precio nacional fue 2.838 (-1,6%).
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