La Oficina del Regante de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) consolida uno de sus más recientes servicios en asesoramiento al regante, tras la finalización de la segunda negociación conjunta de suministro eléctrico para las Comunidades de Regantes.

El objetivo principal de esta línea de trabajo es la reducción del importe de sus facturas aglutinando un volumen importante de demanda que permita acceder a mejores precios. Es decir, conseguir unas tarifas eléctricas más competitivas.

En esta ocasión se han aglutinado un total de 52 puntos de suministro pertenecientes a Comunidades y regantes particulares integrados dentro de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, aunque también se han sumado comunidades de otras localizaciones.

De esta forma, y a través de la negociación pactada con la comercializadora elegida, se consigue que a lo largo de dos anualidades los regantes se aseguren un precio fijo en las tarifas, sin verse afectado por posibles incrementos debidos al aumento del precio de la energía en el mercado eléctrico.

El ejemplo del beneficio de esta iniciativa se demuestra con los resultados de la primera negociación en la Junta Central de Usuarios del Bajo Ebro Aragonés, dónde a principios de este mismo año se finalizó una negociación de iguales características. Actualmente sus partícipes están asumiendo unos costes energéticos que se situarían en torno al 4% inferiores a los que asumirían si ahora tuvieran que renovar sus contratos, puesto que los precios que se ofertan actualmente se han incrementado.

Tras los excelentes resultados obtenidos con el primer proceso negociador y el cerrado ahora con Canal de Aragón y Cataluña, la Oficina del Regante pretende seguir trabajando en este tipo de procesos negociadores con la intención de concentrar todavía más la demanda eléctrica de todo el colectivo de los regantes, tanto en alta como en baja tensión para conseguir mejores precios. A su vez, también pretende reproducir este proceso en otros servicios o suministros demandados por los regantes (mantenimiento de los Centros de Transformación o líneas eléctricas que son propiedad de los regantes o el mantenimiento electromecánico de las estaciones de bombeo).

Mejores condiciones ante la liberalización eléctrica

Este reciente servicio de asesoramiento y supervisión de la Oficina del Regante surgió como planteamiento para minimizar las subidas ocasionadas como consecuencia de la liberalización del mercado de las tarificaciones eléctricas en julio de 2008.

El sistema de trabajo del proceso de negociación se centra en la concentración de demanda a través de la información a los regantes, notificación de participación por parte de los mismos, solicitud de presupuesto a diversas comercializadoras para la demanda solicitada, acto público de presentación de ofertas y elección de la comercializadora más rentable.

Esta iniciativa está abierta para todas aquellas Comunidades de Regantes de Aragón y regantes particulares que se quieran sumar y cuyo único requisito es que la potencia contratada en el punto de suministro se sitúe por encima de 15 kW.

Por segunda vez, se ha considerado en la negociación a usuarios acogidos a tarifas en baja tensión. La Oficina del Regante de SARGA ayudará a estos consumidores a realizar gestiones como los ajustes en la cantidad de la potencia contratada que de forma individual no son siempre fáciles de tramitar.

Quienes deseen ampliar esta información pueden dirigirse a la Oficina del Regante de SARGA en el teléfono 976302268 o bien a través del correo electrónico oficinaregante@sarga.es

J. SIERRA VALENCIA El nuevo decreto que delimita el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar es «nulo de pleno derecho» y por tanto tan ilegal como el borrador presentado el pasado mes de Junio al Consejo Nacional del Agua, según un informe elaborado por Xúquer Viu.
El colectivo, que aglutina a organizaciones conservacionistas, sindicatos, alcaldes de municipios de la Ribera, movimientos ciudadanos, etc. Reivindica también una mayor presencia de este tipo de asociaciones y rechaza que el aumento del número de representantes en el Consejo del Agua de la Cuenca se haga exclusivamente incrementando la representación de los regantes.
Según Graciela Ferrer, portavoz de Xúquer Viu, la ficción jurídica que consiste en asegurar en el preámbulo del decreto que la futura Demarcación Hidrográfica no incluye cuencas intercomunitarias de competencia estatal y cuencas intracomunitarias de competencia autonómica es «nula de pleno derecho, pues constituiría una demarcación hidrográfica mixta, sin base en el ordenamiento jurídico actual».
«Las Comunidades Autónomas asumen sus competencias desde que sus Estatutos o leyes orgánicas de reforma se les atribuyen, aunque todavía no les hayan sido transferidos los correspondientes servicios», explica. Por lo tanto, la «adscripción provisional» de esas cuencas internas a la Demarcación Júcar son nulas de pleno derecho.
El Gobierno sostiene lo contrario pese a la existencia de sentencias y «doctrina» del Tribunal Constitucional utilizada por Xúquer Viu en su argumentación.

“Ahora sí que no tiene sentido alguno. No sé si quieren hacerlo o no, pero no pueden”. Francesc Signes, diputado socialista en las Cortes Valencianas, se refería ayer al trasvase del Ebro y al Gobierno valenciano tras la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso del Consell contra la derogación del proyecto decidida en 2004 por el Gobierno de José Luiz Rodríguez Zapatero. Para la oposición, la resolución del Alto Tribunal, conocida el viernes, deja sin justificación alguna la reserva de suelo a lo largo de su hipotético trazado dictada en 2005 por el Ejecutivo autonómico, que entonces presidía Francisco Camps. De ahí que Signes haya presentado una proposición no de ley con carácter de urgencia para desproteger la franja de 200 metros a cada lado del eventual trazado del trasvase del Ebro.

Signes ya solicitó en diciembre de 2011, —cuando el PP de Mariano Rajoy puso en su programa electoral por delante de cualquier transferencia hídrica “el principio de preferencia de uso de los territorios por donde transcurren las cuencas”—, que se liberase el terreno reservado para el trasvase, una superficie de 155 kilómetros cuadrados que atraviesa 65 municipios desde Vinaròs a Orihuela. El Plan de Acción Territorial de Corredores de Infraestructuras (PAT) carece de sentido, argumentó el diputado socialista, porque el trasvase está derogado y, además, “el Gobierno de Rajoy no tiene ninguna intención de ejecutarlo”. Mientras tanto, añadió, “la reserva de suelo perjudica al desarrollo económico y social de los pueblos afectados”, ya que “ha provocado la denegación de numerosas actividades urbanísticas, turísticas e industriales desde el año 2005 y una grave limitación de los crecimientos futuros de la economía valenciana, con un injustificado perjuicio sobre los propietarios y los municipios por los que discurre”.

De hecho, el PAT fue objeto de diversos recursos y el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia validó a finales de 2009 la reseva de unas 16.000 hectáreas que establece en respuesta al menos a las alegaciones de un particular, al que el Consell negó la autorización para realizar obras en un terreno afectado por la reserva de suelo, y del grupo Ecologistas en Acción, que recurrió a la vía contencioso-administrativa porque consideró que durante la redacción del plan no se escuchó a los agentes sociales, como prevé la Ley de Ordenación del Territorio (LOT).

El PP valenciano reitera la reclamación del “agua sobrante”

Sin entrar en su legalidad, los socialistas consideran que la reserva se ha quedado sin excusa. En la memoria persiste la escenificación de una supuesta inauguración de las obras del trasvase en Vinaròs, en febrero de 2004, a un mes de las elecciones que darían la victoria a Zapatero, en la que participaron, ante una zanja excavada al efecto, el jefe del Consell, Francisco Camps, y la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez. Y la campaña victimista emprendida por Camps tras la derogación contra el Gobierno socialista, que apostó por una política de construcción de desaladoras. “La voluntad única y real del PP en cuanto al trasvase del Ebro era la del desgaste político contra el Gobierno socialista”, señaló Signes, ya que, tras acceder al poder, eliminaron cualquier referencia al trasvase en sus programas”.

El Consell no quiso pronunciarse el viernes sobre la sentencia del Constitucional y el vicepresidente José Ciscar se limitó a afirmar que el PP valenciano no ha renunciado al trasvase del Ebro. Ayer mismo, el diputado del PP en las Cortes Valencianas César Sánchez, indicó que el proyecto “se puede y debe retomar como parte de un gran pacto hidrológico impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy”. Sánchez salió al paso de las declaraciones de Signes al señalar que el PP siempre ha defendido “que el agua sobrante debe ir donde es necesaria para atender las necesidades de todas las regiones”. No comentó nada sobre la reclamación socialista para que se libere la reserva de terreno en el trazado tras la sentencia que valida la derogación del trasvase del Ebro.

Reserva sin obra

Trasvase del Ebro. El Gobierno de José María Aznar aprobó el trasvase del Ebro hasta las cuencas del Júcar y el Segura, en medio de fuertes protestas en Aragón y Cataluña.

Inicio en falso. Francisco Camps y la ministra Elvira Rodríguez escenificaron una inauguración de las obras en febrero de 2004.

Derogación. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó el trasvase en 2004.

Recurso y Reserva. El Consell presidido por Camps recurrió la derogación y en 2005 estableció la reserva de un corredor de 155 kilómetros cuadrados (200 metros a cada lado del trazado) en su recorrido de Vinaròs a Orihuela.

Sentencia. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso ya da validez a la derogación.

Liberación. Los socialistas piden que se libere el trazado.

Los precios de la tierra de uso agrario en España bajaron en 2011, y continuaron así el retroceso iniciado en 2008; el índice general experimentó un descenso del 1,6% en términos nominales y el valor medio de una hectárea se situó en 10.003 euros, según la encuesta que desde 1983 elabora el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), frente a un precio de 10.163 euros para el año 2010. En Castilla-La Mancha, el precio medio de la hectárea de tierra se sitúa entre los más bajos de España, aunque ascendió a 5.941 euros en 2011, lo que supone un ligero repunte del 0,1% respecto al precio medio general de 5.883 euros/hectárea de 2010.
Por cultivos específicos, estas son las valoraciones que el Ministerio ofrece para Castilla-La Mancha correspondientes al año 2011: Para las tierras de labor en secano el precio medio fue 4.496 euros/hectárea, un 5,7% más que el año anterior (el precio medio de este tipo de tierra en España fue de 6.752 euros). Por lo que respecta a las tierras de labor en regadío, su valor medio en la región fue de 14.071 (3,8%), frente a 18.272 euros (-1,8%) de precio  nacional. El viñedo de transformación en secano se valoró de media en 9.018 (-9,1%) y su precio medio nacional fue de 12.918 (-5,2%). El olivar de transformación en secano alcanzó  10.280 (-9,1%), y su precio medio fue 19.829 (-1,8%). Los pastizales registraron un precio de  2.000 euros (23,4%), y su precio nacional fue 2.838 (-1,6%).
Más información, edición impresa.

J. SIERRA VALENCIA El Consell de la Generalitat Valenciana mantiene las alegaciones al decreto de demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar y no se plantea, al menos de momento, una renuncia estatutaria para evitar que los usuarios e instituciones valencianas pierdan influencia y capacidad de decisión en la gestión de este río.
«El decreto es todavía un borrador al que hemos presentado alegaciones, de modo que es precipitado adelantar el sentido de nuestro voto en el Consejo del Agua», explicó un portavoz de la Conselleria de Agricultura.
«Nuestras alegaciones están presididas por la idea de solidaridad entre territorios que necesitan agua y por dar soluciones que resuelvan tanto los problemas de los regantes valencianos como los de cualquier otra comunidad donde también necesiten agua», añadió.
De una manera algo más concreta explicó que las alegaciones valencianas persiguen que el Real Decreto de Demarcación «no regule nada de lo que tiene que regularse en el nuevo plan de la cuenca del Júcar y reivindicamos un igual tratamiento jurídico para las cuencas intracomunitarias de la Comunitat Valenciana y a las zonas endorreicas intracomunitarias de Castilla-La Mancha».
La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva), a instancias de los Usuarios del Júcar (Usuj), ha pedido a la Generalitat que modifique el Estatut de Autonomía y renuncie a las competencias sobre los ríos intracomunitarios. Prefieren atajar de raíz la vía que puede conducir a la pérdida de poder en el Júcar y se han mostrado alarmados por la redacción que el Ministerio de Agricultura ha dado al borrador del decreto al ignorar la existencia de las cuencas endorreicas.
«Es curioso ver a una comunidad autónoma [Castilla-La Mancha] peleando para que la Valenciana asuma sus competencias y está diciendo que si tú, en relación a la castellano-manchega, quieres que yo las asuma, tú debes hacer lo mismo. Es algo absurdo», declaró el secretario de Usuj, Juan Valero de Palma.

Puig se reúne con los regantes
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se reunirá hoy con los representantes de Usuj «para trasladarles el compromiso de los socialistas con sus reivindicaciones y cerrar un calendario de acciones para solucionar el problema», según adelantó ayer el secretario de Agricultura y Agua Francisco Rodríguez Mulero.
«El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, han vuelto a dejar a los pies de los caballos a Alberto Fabra en el tema del Júcar al aceptar las peticiones castellano-manchegas que favorecen a este territorio en la gestión hídrica del agua», dijo Rodríguez Mulero.
El responsable de la política hídrica en el socialismo valenciano añadió que Fabra «está dando la espalda a los valenciano, porque el Júcar es la arteria principal que mantiene la economía valenciana y sostiene recursos fundamentales desde el punto de vista medioambiental como la Albufera».

ART 11-1-2013 JCRMO DEMARCACION JÚCAR.pdf

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Valencia, 10 ene (EFE).- El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha subrayado hoy que el PP «siempre se ha mantenido firme y unido en la apuesta por una política hídrica solidaria basada en el consenso y en la gestión eficiente de los recursos».

Castellano ha respondido, a través de un comunicado de prensa, a las declaraciones del secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, quien ha asegurado que el agua «no puede estar en la agenda política en función de los intereses partidistas del PP».

«Lo que desde luego no ha llevado a nada positivo ha sido la política hídrica de los socialistas que han estado ocho años generando confrontación entre comunidades y no han solucionado el problema de escasez existente en distintos territorios como la Comunitat Valenciana», ha declarado.

Ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «se ha comprometido a crear un Pacto Nacional Hídrico que atienda las necesidades de todas las autonomías» ya que el PP «siempre ha defendido la solidaridad hídrica por encima de todo puesto que el agua es un bien común».

Castellano ha criticado que Puig «se intente alzar ahora como abanderado de las políticas hídricas cuando ha estado ocho años dando la espalda a los ciudadanos y regantes siendo cómplice de la política de enfrentamiento territorial por el agua promovida por el anterior gobierno socialista».

El PP, ha asegurado, «es el único partido que va a poner fin a las injusticias hídricas promoviendo un reparto justo y solidario del agua» y ha remarcado que su partido «nunca ha cambiado su discurso hídrico ya que el agua es un bien de futuro y progreso para los ciudadanos». EFE

En rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de La Roda, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Federico Pozuelo, y el alcalde de La Roda, Vicente Aroca, dieron a conocer a los medios de comunicación el contenido de la reunión de trabajo mantenida con el fin de abordar diversos asuntos de interés para el municipio rodense.

Vicente Aroca agradeció al subdelegado del Gobierno su predisposición para este encuentro de trabajo y destacó la excelente relación y estrecha colaboración entre ambas instituciones.

Aprovechó la ocasión para reconocer la labor de la Guardia Civil, al tiempo que agradeció su disponibilidad y predisposición cada vez que el Ayuntamiento solicita sus servicios, ya sea en operativos especiales y dispositivos coordinados o por ausencia de policía local en determinados momentos. Destacó el buen entendimiento y colaboración entre ambas fuerzas de seguridad, Policía y Guardia Civil, que comparten un mismo fin, velar por la seguridad ciudadana.

Apoyo

En cuanto al apoyo que la Guardia Civil presta al Ayuntamiento de La Roda, Federico Pozuelo apuntó que es un apoyo que se realiza en todas partes y «lo hacemos muy a gusto, puesto que el Cuerpo de la Guardia Civil está para garantizar la seguridad y libertad de los ciudadanos en una amplia zona de la provincia, siendo un territorio muy extenso, y creo que lo hace con eficacia y humildad».

Y en relación al apoyo puntual recibido en La Roda dijo no existir ningún problema pues «estamos haciendo nuestro trabajo y se seguirá haciendo, prestando apoyo en aquellos momentos en los que haya puntualmente una carencia de seguridad o se necesite algún refuerzo o apoyo».

Federico Pozuelo explicó que algunos de los temas abordados se centraron en el empleo, calificándolo como uno de los principales objetivos del gobierno regional y de quienes lo representan.

Recordó en este sentido la puesta en marcha de planes de empleo como el de Zonas Rurales que con una inversión de 2,5 millones de euros, La Roda recibió algo más de 150.000 euros y que ha permitido contratar 49 personas; además del programa Dipualba Empleo 2013. Acciones que favorecen la creación de empleo y que junto a programas como el pago a proveedores desarrollado por el Ayuntamiento de La Roda y otras acciones como la reforma de las administraciones que se pretende realizar en el ámbito nacional, redundarán en beneficio del interés general y de la actual situación económica.

Agricultores

El subdelegado transmitió un mensaje de tranquilidad a los agricultores de la localidad y en particular a los que han sido víctimas de algunos casos de pequeñas plantaciones de drogas en sus cultivos de regadío.

Denuncias y aperturas de expedientes que preocupan a los agricultores pero que, dijo el subdelegado de Gobierno, no debe inquietarles, porque desde la institución y administración públicas se sabe que los agricultores son víctimas de esta acción delictiva y lamenta que hayan de pasar por un molesto proceso que al tiempo es necesario para investigar estos casos.

Tras la mencionada reunión de trabajo con el alcalde y posterior encuentro con los medios de comunicación, el subdelegado del Gobierno de Albacete y el alcalde de La Roda se trasladaron hasta el Cuartel de la Guardia Civil, en una visita que forma parte del interés por el responsable de la Guardia Civil de visitar los cuarteles de la provincia, para conocer de primera mano la situación.

Subdelegado y alcalde fueron recibidos por el teniente coronel, Pedro Blanco, junto a otros miembros de la Guardia Civil, con quienes departieron y trataron diversos asuntos mientras visitaban las dependencias del cuartel rodense, incluido el depósito de armas.

D. MARTÍNEZ / alicante

Día 11/01/2013

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El Plan de Demarcación de la cuenca concedería a Castilla-La Mancha poder de decisión sobre la transferencia interna de la Comunidad

El Plan de Demarcación del Júcar -que marcará los límites territoriales de la cuenca- que prepara el Ministerio de Medio Ambiente puede influir de forma decisiva en la planificación hídrica de la Comunidad a largo plazo. Si finalmente se atienden las pretensiones de Castilla-La Mancha y la región vecina gana peso en los órganos de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), peligra incluso la gestión del trasvase Júcar-Vinalopó.

A pesar de que se trata un trasvase entre dos provincias de la Comunidad Valenciana, la región castellano-manchega podría llegar a tener la última palabra sobre la transferencia. Según las fuentes del sector consultadas por ABC, de salir adelante el Plan de Demarcación tal como está planteado en la actualidad, el Vinalopó-Alacantí, la cuenca de destino, se segregaría del Júcar.

Si a esto se une un mayor peso de las instituciones y regantes castellano-manchegos en los órganos de decisión, el resultado es que el Júcar-Vinalopó sería un trasvase de una cuenca controlado por Castilla-La Mancha hacia otra cuenca intracomunitaria distinta -de nueva creación-,

Sede de la CHJ

El Plan de Demarcación puede así tener consecuencias nefastas para el regadío alicantino. Si bien las obras del trasvase están terminadas -y el criterio de la CHJ no sería vinculante, aunque sí influyente, en la negociación con la empresa estatal Acuamed para volver a la toma original-, las normas de explotación de la transferencia y el envío de caudales sí necesitarían el visto bueno de Castilla-La Mancha.

De esta manera, sería la región vecina la que decidiría en última instancia el número de hectómetros cúbicos que se enviarían al Vinalopó desde la toma en el Júcar. Incluso, el hecho de que la transferencia se convirtiese en un trasvase entre dos cuencas distintas (como lo es el Tajo-Segura, por ejemplo) podría complicar la gestión y la toma de decisiones sobre los caudales, y obligar a crear una comisión de explotación supraterritorial.

En este sentido, cabe recordar que el Vinalopó espera recibir un máximo de 80 hectómetros cúbicos al año.

En otro plano distinto, al margen de las decisiones sobre la gestión de la cuenca, el Plan de Demarcación podría motivar el traslado de la sede de la CHJ, hoy en Valencia, a la provincia de Albacete. Asimismo, sería Castilla-La Mancha quien podría decidir el nombre de su presidente -tradicionalmente, esta decisión ha correspondido a la Comunidad Valenciana-.

Alegaciones

El Consell y los regantes valencianos, en cualquier caso, ya han trasladado al Ministerio sus alegaciones y el voto en contra al Plan de Demarcación -que debe ser ratificado por el Consejo del Agua-, y recuerda la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de septiembre de 2011, que consideraba al Júcar como una cuenca intercomunitaria (es decir, compartida por varias regiones).

Otro de los asuntos espinosos es el cálculo del peso proporcional de cada comunidad en los órganos de gobierno. Actualmente se calcula en base a la población -el 90% de la cual está en la Comunidad-, pero Castilla-La Mancha pretende que se realice en base al territorio -sería así solo el 50%-.

Por su parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, se reunió ayer con los Usuarios del Júcar (USUJ), a quienes trasladó que «no apoyaremos ninguna medida que nos quite capacidad de decisión sobre el Júcar».