El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado unos presupuestos claramente restrictivos con el Medio Ambiente, la Agricultura y la Pesca, lo que también se ha trasladado al presupuesto global para la Comunidad Valenciana en estas materias. El ministerio prácticamente queda reducido a la mínima expresión, manteniendo la tónica de 2012 cuando las inversiones cayeron un 55%. Con todo, las partidas dirigidas a infraestructuras para asegurar el suministro de agua se fundamentan en Acuamed, la empresa pública que construye las desaladoras y las instalaciones necesarias para reutilizar las aguas residuales. Por tanto, salen de la compañía pública y no de la caja ministerial.
El total de la inversión de Acuamed se eleva a 111 millones, en las tres provincias valencianas, repartidos principalmente en la Marina Baixa, Torrevieja y Oropesa. El mayor esfuerzo se hará en las plantas desaladoras, que tanto criticó en su día el PP. Del trasvase del Ebro, que parece olvidado en el tiempo, y de reivindicaciones históricas como la presa de Vilamarxant nada se sabe.

El presente año hidrológico (1 de octubre de 2011 a 30 de septiembre de 2012), que se cierra este domingo, ha llovido un 38 por ciento menos que el valor medio correspondiente a este periodo, según datos provisionales facilitados por el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Alejandro Lomas, a fecha de 25 de septiembre.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

De esta forma, Lomas ha explicado a Europa Press que, a falta de cinco días para finalizar el año hidrológico –este domingo, 30 de septiembre– el valor medio de las precipitaciones acumuladas en España se sitúan en los 398 litros por metro cuadrado, «un 38 por ciento por debajo del valor normal».

Lomas ha puntualizado que algunas zonas, como el cuadrante suroeste peninsular, se encuentran por debajo del 50 por ciento. El portavoz de la AEMET también ha señalado que los datos de las precipitaciones producidas entre este jueves y viernes «van a cambiar bastante los datos de este mes» de septiembre.

Así, este viernes en las provincias de Almería, Albacete, Ciudad Real, Granada y Jaén –todas ellas en alerta naranja, riesgo importante– se ha registrado una precipitación acumulada en una hora de 30 mm, que ha alcanzado los 80 mm en 12 horas, alcanzando los 40 mm en una hora en el caso de Tarragona, Valencia, Alicante, Murcia, Ibiza y Formentera.

Por ello, de cara al balance anual, las cifras «probablemente mejorarán, aunque variarán muy poco». En este sentido, Lomas ya avanzó la semana pasada que «ni siquiera un otoño lluvioso» podría paliar el déficit del balance hídrico.

El año pasado, el año hidrológico –de 1 de octubre de 2010 a 30 de septiembre de 2011– finalizó en valores normales de lluvias, al superar muy ligeramente la media de precipitación con 675 mm, lo que supone un 4 por ciento más que el valor normal de 649 mm, según la AEMET.

En España, el año hidrológico comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre, y se establece así con el propósito de intentar reflejar adecuadamente el comportamiento de las precipitaciones sobre una determinada cuenca hidrográfica.

Los ministerios más inversores en Castilla-La Mancha en el 2013 serán el de Fomento y el de Agricultura, con un total de 309 millones de los 317 globales, según consta en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado. Así, el Ministerio que dirige Ana Pastor invertirá un total de 244,1 millones en la comunidad autónoma, de los que 165 millones se dirigirán a la mejora de las carreteras, autovías y autopistas, mientras que el departamento que dirige Miguel Arias Cañete destinará  65 millones.
El resto de las inversiones de los ministerios puede ser califica de marginal. Así, el  de Interior destinará 2,4 millones, Defensa (537.000 euros), Hacienda y Administraciones Públicas (500.000 euros), Industria, Energía y Turismo (478.000 euros), Educación, Cultura y Deporte (462.000 euros), Justicia (461.000 euros y  Economía y Competitividad (219.000 euros).
En estas partidas presupuestarias también se incluyen algunos programas plurianuales. Así, por ejemplo, el Ministerio de Fomento destinará en el próximo ejercicio para subvencionar la adquisición y rehabilitación de viviendas  un total de 1,1 millones de euros o 725.000 euros para actuaciones de seguridad vial 725.000 euros.
Por su parte, el Ministerio de Justicia tiene presupuestados 461.000 euros para la construcción de los nuevos edificios judiciales de Guadalajara y Albacete, mientras que el Ministerio de Agricultura tiene previsto destinar 7,7 millones de euros a Infraestructuras de abastecimiento agua y unos 75.000 euros a la adecuación de caminos naturales.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, es el que sufre un mayor ajuste en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, al recortar su gasto un 25,4 %, según figura en las referencias del Consejo de Ministros celebrado hoy.

A continuación, se sitúan el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con un recorte del 21,3 %, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el 17,2 %.

En sentido contrario, el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad experimenta un incremento del 28,6 % y el de Ministerio de Empleo y Seguridad Social aumenta el 13,7 %.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, junto con los ministros Hacienda, Cristóbal Montoro, y Economía, Luis de Guindos, han presentado unos Presupuestos en los que las pensiones, las becas y los intereses de la deuda son las únicas partidas que se incrementan.

Madrid, 26 sep (EFEverde).- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dicho hoy que el Gobierno trabaja en modificar la Ley de Sector Eléctrico de 1997 para, entre otros aspectos, "mejorar el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas".

Soria ha explicado que el Gobierno trabaja en la reforma de esta ley marco en paralelo a la tramitación del proyecto de ley de medidas fiscales que contempla la creación de nuevas figuras impositivas para acabar con el déficit de tarifa.

El objetivo, ha subrayado el ministro, es lograr un marco regulatorio «claro, transparente y estable» que no esté sometido a los vaivenes de «tomar una medida ahora y luego la contraria para compensar», sino basado en actuaciones que vayan en la dirección de lograr el equilibrio entre todas las fuentes y un sistema sostenible, tanto ambiental como económica y financieramente.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación del grupo socialista, Soria ha añadido que la reforma intentará dar una mayor protección al usuario en general, aunque introducirá una mención especial al «consumidor vulnerable» -el que actualmente se acoge al bono social-.

Además, ha avanzado, se unificará el concepto de generación, con el objetivo de que exista una convergencia entre las instalaciones del régimen especial (renovables y cogeneración) y las del régimen especial (nucleares, ciclos combinados, hidroeléctricas, etc…).

El ministro ha reiterado que se profundizará en la liberalización del suministro, lo que implicará la reducción del umbral de acceso a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que ahora sólo pueden acogerse los consumidores con una potencia contrata inferior o igual a los 10 kilovatios.

Asimismo, la reforma de la Ley del Sector Eléctrico incluirá novedades en la regulación de las conexiones y nuevos desarrollos reglamentarios para las energías renovables y la eficiencia energética, «siempre bajo el prisma de la rentabilidad razonable».

También se introducirán nuevos conceptos relacionados con la distribución y el transporte de la electricidad, lo que conllevará cambios en la remuneración de estas actividades reguladas.

Según el ministro, se introducirán novedades respecto a la comercialización y el suministro de la energía eléctrica, se redefinirán las partidas que conforman los peajes de acceso a las redes y habrá un nuevo tratamiento de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

El diputado socialista José Segura señaló que lo que necesita España es un «nuevo enfoque nacional del sistema energético en su conjunto» que, además de resolver los problemas existentes, tenga presente la crisis y la necesidad de aportar soluciones para que el sector genere actividad. EFEverde

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, resaltó ayer la importancia de contar con un marco financiero que permita desarrollar «el modelo de agricultura que queremos para Castilla-La Mancha y para España».
Durante una entrevista concedida al programa ‘Castilla-La Mancha Despierta’, de Castilla-La Mancha TV, Soriano explicó que en estos momentos los países de la Unión Europea (UE) negocian las perspectivas financieras globales para el período 2014-2020. Sobre este punto, se felicitó porque el Gobierno haya mantenido que una de las líneas rojas es el mantenimiento del actual presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para España.
Una vez se cierre el acuerdo sobre los fondos agrícolas, comenzará la fase final de la negociación sobre la reforma de la PAC. En este sentido, la consejera lamentó que «empecemos con un texto que no atiende a nuestro modelo de agricultura», ya que la propuesta de reforma que presentó la Comisión Europea en octubre de 2011 es perjudicial para los intereses de España y de la región. Asimismo, recordó que «durante meses el anterior Gobierno de España no hizo los deberes», ya que no aportó documentos al debate previo, mientras otros países buscaban apoyo y explicaban al detalle su visión. Por ello, explicó que «ahora nos toca modificar y adaptar el texto a los intereses de Castilla-La Mancha».
La responsable regional de Agricultura contrapuso esa actitud con la de la Junta y la del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, «que sabe del campo y tiene larga experiencia en negociaciones europeas», al tiempo que destacó que ha logrado el consenso entre todas las comunidades autónomas para defender un texto único con el modelo que se quiere para nuestro país.

defensa del modelo. Soriano detalló que el modelo que defiende «tiene a los productores en el centro de sus intereses» y, al mismo tiempo, pasa por una política que fortalezca a los productores; que sea flexible para su adopción en las diferentes zonas de la UE; que mantenga como mínimo el presupuesto actual de la PAC; que mejore el poder de negociación de los productores de cara al mercado y que simplifique la normativa.
La consejera incidió en que la futura PAC debe permitir el desarrollo de una agricultura como la española y la castellano-manchega.

Agua a precio de saldo y de dudosa legalidad. La plataforma Xúquer Viu ha criticado hoy  en un comunicado el proceso por el que se han repartido en el Vinalopó cinco hectómetros cúbicos de agua embalsada desde hace dos años al final del trasvase desde el Júcar, aún no operativo. La Generalitat llegó en julio a un acuerdo con los usuarios del Vinalopó para usar los recursos de la balsa de San Diego, que recogerá el agua transferida y que sufre filtraciones que deberán ser reparadas.

Según el acuerdo, los agricultores pagan 18 céntimos de euro por cada metro cúbico, de los que 10 se destinan a pagar una deuda de un millón de euros que contrajo la Junta de Usuarios del Vinalopó para pagar parte del proyecto original del trasvase, que fue modificado en 2005 por el Gobierno del PSOE. Del resto de la factura, Acuamed, la empresa del Gobierno que ha construido la infraestructura, percibirá cinco céntimos por la explotación del agua y dedicará los tres restantes a reparaciones. Según defiende Xúquer Viu, los cinco céntimos que percibirá Acuamed no cubren ni tan siquiera el 30% del coste de energía eléctrica consumida para llevar el agua en pruebas desde el Júcar a la balsa de San Diego. La plataforma critica que son «los contribuyentes los que pagan la mayor parte de los costes» mientras se dedica dinero a pagar «una deuda privada» de la Junta de Usuarios.

La plataforma denuncia también que la obra del trasvase está subvencionada con 120 millones de euros de la Unión Europea (del total de más de 300 invertidos) sujetos a unas condiciones «que no se cumplen». Bruselas exigía un caudal ecológico para el río Júcar, pendiente de determinar en un plan hidrológico que aún no está aprobado, así como la aprobación de unas normas de explotación que tampoco existen de momento, y el cierre de pozos para frenar la sobreexplotación de acuíferos en el Vinalopó.

Xúquer Viu destaca, además, que esas normas de explotación del futuro trasvase deben incluir unas tarifas para cumplir con el principio europeo de la repercusión de los costes del agua en los usuarios, lo que tampoco se ha aplicado al acuerdo para repartir el agua almacenada en la balsa de San Diego (Villena).

En ese contexto, el colectivo recuerda una vez más que una sentencia de 2004 anuló buen parte del actual plan hidrológico del Júcar, y también artículos que afectan al trasvase Júcar-Vinalopó. El nuevo plan, que debía resolver los problemas planteados por la sentencia y aprobarse en 2009,  sigue en redacción, lo que lleva a Xúquer Viu a considerar que el reparto actual del agua de la basal no cuenta «con un soporte legal firme».

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha dado a conocer las tarifas de utilización del agua y el canon de regulación que afecta a una treintena de municipios de la provincia de Albacete, y que suman cerca de 600.000 euros.

Estos precios para el año 2013 se refieren a obras de captación y mejora de agua potable, obras de emergencia para sondeos y conducciones y otros trabajos relacionados con el uso del agua en esta cuenca.

Las cantidades más importantes son, de nuevo, a las obras de emergencia para conectar a varios pueblos con la Estación Depuradora (Etap) de Albacete. Estos pagos han sido cuestionados por varios de los ayuntamientos afectados, que alegaron que ni pidieron las obras, ni las necesitaron y que tampoco fueron consultados a la hora de proyectarlas.

Son, en este caso, 116.281,83 euros de factura anual para el Ayuntamiento de Alcadozo, 91.081,33 al de Pozohondo y 90.720 para el de Peñas de San Pedro.

Sumando

Otras cantidades importantes de la factura de la Confederación Hidrográfica del Júcar en su ámbito afectan a los municipios de Albacete (129.933,48 euros, más 14.567,62 de Tinajeros); Barrax (25.327,96); Bonete (22.602,04 de un sondeo, y 9.466,73 euros de obras de emergencia); Alatoz (20.612,03); Alcalá del Júcar (15.109,69 de Las Eras y Zulema, y 8.160,33 de Casas del Cerro y La Gila); Valdeganga (11.995,98 euros) y Casas de Juan Núñez (10.340,88).

Otra veintena de ayuntamientos tienen el resto de los pagos, de menor cuantía, por obras realizadas por la Confederación del Júcar.

CARLOS ALÓS ALZIRA Los usuarios históricos del Júcar enfriaron ayer la euforia creada en las comarcas del Vinalopó tras la llegada por primera vez la pasada semana del agua del Xúquer procedente del Assut de la Marquesa tras el vaciado de la balsa de San Diego en Villena.
El portavoz de los usuarios, José Pascual Fortea, aseguró que sólo será posible el trasvase en los años en que existan sobrantes de agua «y no serán todos», remarcó con lo que rebaja las perspectivas alicantinas de una pronta llegada de 12 hectómetros cúbicos de agua del Júcar.
Fortea dijo que lo habitual es que haya sobrantes en la Marquesa, pero recordó que el trasvase únicamente es posible después de que la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), que agrupa a unos 40.000 regantes y las empresas hidroeléctricas, haya satisfecho sus necesidades.
Fortea lamentó ayer la actitud de la Conselleria de Agricultura, que ha firmado un convenio con los regantes del Vinalopó para el vaciado de la balsa de San Diego «y no nos ha dicho nada a los usuarios de la cuenca cedente. Para ese convenio tendrían que haber contado con nosotros. Se han hecho su arreglo político sin ni siquiera llamarnos», subrayó el dirigente agrario.
El presidente de los regantes de Sueca añadió que el agua de la balsa de Villena «era perfectamente apta hace un año como lo es ahora. Allí quieren el agua para hacer negocio, no para regar, eso lo sabemos todos perfectamente y creo que la Generalitat tendría que haber contado con nosotros», añadió.
Fortea dijo que la sequía «los ha puesto en su sitio. Ahora el agua ya les parece buena y ya la quieren cuando decían que no era apta para regar».