Madrid, 26 sep (EFEverde).- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dicho hoy que el Gobierno trabaja en modificar la Ley de Sector Eléctrico de 1997 para, entre otros aspectos, "mejorar el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas".

Soria ha explicado que el Gobierno trabaja en la reforma de esta ley marco en paralelo a la tramitación del proyecto de ley de medidas fiscales que contempla la creación de nuevas figuras impositivas para acabar con el déficit de tarifa.

El objetivo, ha subrayado el ministro, es lograr un marco regulatorio «claro, transparente y estable» que no esté sometido a los vaivenes de «tomar una medida ahora y luego la contraria para compensar», sino basado en actuaciones que vayan en la dirección de lograr el equilibrio entre todas las fuentes y un sistema sostenible, tanto ambiental como económica y financieramente.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación del grupo socialista, Soria ha añadido que la reforma intentará dar una mayor protección al usuario en general, aunque introducirá una mención especial al «consumidor vulnerable» -el que actualmente se acoge al bono social-.

Además, ha avanzado, se unificará el concepto de generación, con el objetivo de que exista una convergencia entre las instalaciones del régimen especial (renovables y cogeneración) y las del régimen especial (nucleares, ciclos combinados, hidroeléctricas, etc…).

El ministro ha reiterado que se profundizará en la liberalización del suministro, lo que implicará la reducción del umbral de acceso a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que ahora sólo pueden acogerse los consumidores con una potencia contrata inferior o igual a los 10 kilovatios.

Asimismo, la reforma de la Ley del Sector Eléctrico incluirá novedades en la regulación de las conexiones y nuevos desarrollos reglamentarios para las energías renovables y la eficiencia energética, «siempre bajo el prisma de la rentabilidad razonable».

También se introducirán nuevos conceptos relacionados con la distribución y el transporte de la electricidad, lo que conllevará cambios en la remuneración de estas actividades reguladas.

Según el ministro, se introducirán novedades respecto a la comercialización y el suministro de la energía eléctrica, se redefinirán las partidas que conforman los peajes de acceso a las redes y habrá un nuevo tratamiento de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

El diputado socialista José Segura señaló que lo que necesita España es un «nuevo enfoque nacional del sistema energético en su conjunto» que, además de resolver los problemas existentes, tenga presente la crisis y la necesidad de aportar soluciones para que el sector genere actividad. EFEverde

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, resaltó ayer la importancia de contar con un marco financiero que permita desarrollar «el modelo de agricultura que queremos para Castilla-La Mancha y para España».
Durante una entrevista concedida al programa ‘Castilla-La Mancha Despierta’, de Castilla-La Mancha TV, Soriano explicó que en estos momentos los países de la Unión Europea (UE) negocian las perspectivas financieras globales para el período 2014-2020. Sobre este punto, se felicitó porque el Gobierno haya mantenido que una de las líneas rojas es el mantenimiento del actual presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para España.
Una vez se cierre el acuerdo sobre los fondos agrícolas, comenzará la fase final de la negociación sobre la reforma de la PAC. En este sentido, la consejera lamentó que «empecemos con un texto que no atiende a nuestro modelo de agricultura», ya que la propuesta de reforma que presentó la Comisión Europea en octubre de 2011 es perjudicial para los intereses de España y de la región. Asimismo, recordó que «durante meses el anterior Gobierno de España no hizo los deberes», ya que no aportó documentos al debate previo, mientras otros países buscaban apoyo y explicaban al detalle su visión. Por ello, explicó que «ahora nos toca modificar y adaptar el texto a los intereses de Castilla-La Mancha».
La responsable regional de Agricultura contrapuso esa actitud con la de la Junta y la del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, «que sabe del campo y tiene larga experiencia en negociaciones europeas», al tiempo que destacó que ha logrado el consenso entre todas las comunidades autónomas para defender un texto único con el modelo que se quiere para nuestro país.

defensa del modelo. Soriano detalló que el modelo que defiende «tiene a los productores en el centro de sus intereses» y, al mismo tiempo, pasa por una política que fortalezca a los productores; que sea flexible para su adopción en las diferentes zonas de la UE; que mantenga como mínimo el presupuesto actual de la PAC; que mejore el poder de negociación de los productores de cara al mercado y que simplifique la normativa.
La consejera incidió en que la futura PAC debe permitir el desarrollo de una agricultura como la española y la castellano-manchega.

Agua a precio de saldo y de dudosa legalidad. La plataforma Xúquer Viu ha criticado hoy  en un comunicado el proceso por el que se han repartido en el Vinalopó cinco hectómetros cúbicos de agua embalsada desde hace dos años al final del trasvase desde el Júcar, aún no operativo. La Generalitat llegó en julio a un acuerdo con los usuarios del Vinalopó para usar los recursos de la balsa de San Diego, que recogerá el agua transferida y que sufre filtraciones que deberán ser reparadas.

Según el acuerdo, los agricultores pagan 18 céntimos de euro por cada metro cúbico, de los que 10 se destinan a pagar una deuda de un millón de euros que contrajo la Junta de Usuarios del Vinalopó para pagar parte del proyecto original del trasvase, que fue modificado en 2005 por el Gobierno del PSOE. Del resto de la factura, Acuamed, la empresa del Gobierno que ha construido la infraestructura, percibirá cinco céntimos por la explotación del agua y dedicará los tres restantes a reparaciones. Según defiende Xúquer Viu, los cinco céntimos que percibirá Acuamed no cubren ni tan siquiera el 30% del coste de energía eléctrica consumida para llevar el agua en pruebas desde el Júcar a la balsa de San Diego. La plataforma critica que son «los contribuyentes los que pagan la mayor parte de los costes» mientras se dedica dinero a pagar «una deuda privada» de la Junta de Usuarios.

La plataforma denuncia también que la obra del trasvase está subvencionada con 120 millones de euros de la Unión Europea (del total de más de 300 invertidos) sujetos a unas condiciones «que no se cumplen». Bruselas exigía un caudal ecológico para el río Júcar, pendiente de determinar en un plan hidrológico que aún no está aprobado, así como la aprobación de unas normas de explotación que tampoco existen de momento, y el cierre de pozos para frenar la sobreexplotación de acuíferos en el Vinalopó.

Xúquer Viu destaca, además, que esas normas de explotación del futuro trasvase deben incluir unas tarifas para cumplir con el principio europeo de la repercusión de los costes del agua en los usuarios, lo que tampoco se ha aplicado al acuerdo para repartir el agua almacenada en la balsa de San Diego (Villena).

En ese contexto, el colectivo recuerda una vez más que una sentencia de 2004 anuló buen parte del actual plan hidrológico del Júcar, y también artículos que afectan al trasvase Júcar-Vinalopó. El nuevo plan, que debía resolver los problemas planteados por la sentencia y aprobarse en 2009,  sigue en redacción, lo que lleva a Xúquer Viu a considerar que el reparto actual del agua de la basal no cuenta «con un soporte legal firme».

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha dado a conocer las tarifas de utilización del agua y el canon de regulación que afecta a una treintena de municipios de la provincia de Albacete, y que suman cerca de 600.000 euros.

Estos precios para el año 2013 se refieren a obras de captación y mejora de agua potable, obras de emergencia para sondeos y conducciones y otros trabajos relacionados con el uso del agua en esta cuenca.

Las cantidades más importantes son, de nuevo, a las obras de emergencia para conectar a varios pueblos con la Estación Depuradora (Etap) de Albacete. Estos pagos han sido cuestionados por varios de los ayuntamientos afectados, que alegaron que ni pidieron las obras, ni las necesitaron y que tampoco fueron consultados a la hora de proyectarlas.

Son, en este caso, 116.281,83 euros de factura anual para el Ayuntamiento de Alcadozo, 91.081,33 al de Pozohondo y 90.720 para el de Peñas de San Pedro.

Sumando

Otras cantidades importantes de la factura de la Confederación Hidrográfica del Júcar en su ámbito afectan a los municipios de Albacete (129.933,48 euros, más 14.567,62 de Tinajeros); Barrax (25.327,96); Bonete (22.602,04 de un sondeo, y 9.466,73 euros de obras de emergencia); Alatoz (20.612,03); Alcalá del Júcar (15.109,69 de Las Eras y Zulema, y 8.160,33 de Casas del Cerro y La Gila); Valdeganga (11.995,98 euros) y Casas de Juan Núñez (10.340,88).

Otra veintena de ayuntamientos tienen el resto de los pagos, de menor cuantía, por obras realizadas por la Confederación del Júcar.

CARLOS ALÓS ALZIRA Los usuarios históricos del Júcar enfriaron ayer la euforia creada en las comarcas del Vinalopó tras la llegada por primera vez la pasada semana del agua del Xúquer procedente del Assut de la Marquesa tras el vaciado de la balsa de San Diego en Villena.
El portavoz de los usuarios, José Pascual Fortea, aseguró que sólo será posible el trasvase en los años en que existan sobrantes de agua «y no serán todos», remarcó con lo que rebaja las perspectivas alicantinas de una pronta llegada de 12 hectómetros cúbicos de agua del Júcar.
Fortea dijo que lo habitual es que haya sobrantes en la Marquesa, pero recordó que el trasvase únicamente es posible después de que la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), que agrupa a unos 40.000 regantes y las empresas hidroeléctricas, haya satisfecho sus necesidades.
Fortea lamentó ayer la actitud de la Conselleria de Agricultura, que ha firmado un convenio con los regantes del Vinalopó para el vaciado de la balsa de San Diego «y no nos ha dicho nada a los usuarios de la cuenca cedente. Para ese convenio tendrían que haber contado con nosotros. Se han hecho su arreglo político sin ni siquiera llamarnos», subrayó el dirigente agrario.
El presidente de los regantes de Sueca añadió que el agua de la balsa de Villena «era perfectamente apta hace un año como lo es ahora. Allí quieren el agua para hacer negocio, no para regar, eso lo sabemos todos perfectamente y creo que la Generalitat tendría que haber contado con nosotros», añadió.
Fortea dijo que la sequía «los ha puesto en su sitio. Ahora el agua ya les parece buena y ya la quieren cuando decían que no era apta para regar».

La Semana de la Eficiencia Energética (SEE) promoverá en Madrid del 20 al 28 de octubre soluciones «creativas y tecnológicas» para reducir el consumo energético en empresas, industrias y hogares, han explicado hoy sus organizadores.

La iniciativa se desarrollará en el marco del salón de los componentes eléctricos Matelec y será impulsada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio con el fin de convertir a la capital en un referente del «uso racional y eficaz de la energía», han indicado en una conferencia de prensa responsables de Ifema, institución que organizará la feria.

Campañas divulgativas como un decálogo sobre prácticas de ahorro, demostraciones sobre instalaciones tecnológicas inteligentes o un asesor energético virtual en las redes sociales compondrán algunas de las acciones que se llevarán a cabo.

Además de las instituciones regionales, se han sumado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las principales patronales eléctricas debido a la importancia de fomentar hábitos eficientes de consumo, según responsables de la iniciativa.

Aunque las campañas se centrarán en el ámbito regional, los promotores de la SEE han dicho que algunas se extenderán en el ámbito nacional como las relacionadas con la asesoría energética a través del personaje ‘Candela’, una figura que dará pautas a partir de decálogos y consejos.

Los recorridos por la capital serán para los profesionales que visiten la feria Matelec para dar conocer los proyectos que se han llevado a cabo en este ámbito y promover dichas prácticas entre empresarios, instaladores y fabricantes de tecnología.

Madrid dispone ahora de 50 puntos considerados como eficientes en su consumo de energía, por lo que la SEE comenzará el 22 de octubre con una ruta por cuatro de estos espacios.

Posteriormente se desarrollarán paseos temáticos por hoteles sostenibles, centros comerciales, edificios, zonas residenciales y puntos de iluminación que cuentan con innovaciones para el ahorro.

La organización recuerda que esta iniciativa entronca con la directiva 20/2020 de la Unión Europea mediante la cual se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento, ahorrar el 20 por ciento del consumo de energía y promover las renovables para que supongan el 20 por ciento del total de las fuentes de producción de cada país.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) pondrá en marcha la página www.aprendecomoahorrarenergia.es para que los ciudadanos obtengan asesoría gratuita.

Además, durante la feria Matelec se incluirá la zona eDOCEO 2012 un proyecto ideado por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE).

Se recrearán escenarios relacionados con los sectores hotelero, hospitalario y edificación residencial.

El segmento hotelero será el protagonista del espacio, por lo que se mostrarán maquetas a gran escala con sistemas de generación y aprovechamiento de la energía a partir de la propia gestión de la iluminación, así como aplicaciones de alumbrado de tecnología led. EFE

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó tiene avanzadas las negociaciones para conseguir financiación privada con la que pagar los 60 millones de euros que cuesta activar la toma de Cortes de Pallás del trasvase y que pueda llegar a la provincia agua potable, algo imposible desde el Azud de la Marquesa, donde el caudal sólo es apto para el regadío, y después, además, de pasar un tiempo embalsado en Villena. En principio y dado que ni el Ministerio de Agricultura ni la Generalitat se muestran favorables a recuperar la toma original del agua en Cortes de Pallás (falta de presupuesto y presiones de los regantes del Júcar), la estrategia de los agricultores alicantinos será doble. Por un lado tratar de buscar un consenso con la todopoderosa Acequia Real del Júcar y, por el otro, convencer al ministro Arias Cañete de la viabilidad económica de la operación. Sesenta millones de euros que estarían dispuestos a adelantar, según ha podido saber este periódico, las empresas suministradoras de agua potable a los municipios que se beneficiarían del agua del trasvase al dejar de bombearla de los acuíferos sobreexplotados. Las suministradoras recuperarían su inversión vía tarifa.La Junta Central tiene otro as en la baraja. Si el Júcar-Vinalopó no sirve para todos los usos (urbano y regadío), la UE reclamará al Gobierno la devolución de los 120 millones de euros que aportó para construir el trasvase. Los agricultores deberán empezar de cero las negociaciones puesto que desde el pasado viernes su interlocutor en Madrid, Juan Urbano, ya no existe tras ser cesado por el ministro Cañete. El ministro ha descargado la responsabilidad en Liliana Ardiles, ingeniera de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid que lleva en temas hídricos desde 1997, cuando entró como funcionaria en la Dirección General del Agua. Hasta 2010 trabajó en la Confederación Hidrográfica del Duero. Ardiles tiene por delante negociar la toma de Cortes de Pallás, las nuevas demarcaciones hidrográficas y la hipotética recuperación del proyecto del trasvase del Ebro.

Las negociaciones sobre el marco presupuestario de la UE para el periodo 2014-2020 encallaron ayer lunes por el enfrentamiento entre los países contribuyentes netos, liderados por Reino Unido, que exigen más recortes, y los receptores de ayudas, entre ellos España, que piden que se mantengan las subvenciones comunitarias para compensar los ajustes nacionales y fomentar el crecimiento.

El bloqueo dificulta que se logre un acuerdo en la cumbre extraordinaria de líderes europeos convocada para el 22 y el 23 de noviembre, tal y como pretende la presidencia chipriota. La última propuesta de Chipre perjudica especialmente a España porque pone en duda que vaya a haber ayudas específicas para Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.

Durante el debate público de los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete se dibujaron dos bandos contrapuestos. Por un lado, los autodenominados ‘amigos de mejorar el gasto’, grupo que cuenta con el apoyo de la presidencia chipriota y reúne a los partidarios de recortar el presupuesto de la UE: Reino Unido, Finlandia, Holanda, Alemania, Austria, Italia, Suecia, Finlandia y Dinamarca.

En el extremo contrario se sitúan los ‘amigos de la cohesión’, que reclaman que se mantenga la propuesta de presupuesto de la Comisión y sobre todo que no disminuyan las ayudas a las regiones. Se trata de España, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

De parte del primer grupo, Dinamarca y Suecia han reclamado expresamente que se supriman las ayudas a las regiones en transición, con un PIB entre el 75% y el 90% de la media comunitaria, categoría en la que están Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia (aunque Austria y Bélgica han apostado por un tratamiento especial), así como ajustes en agricultura.

No a los recortes

Ante este panorama, el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, detalló las «líneas rojas» de España en el presupuesto de la UE, que pasan por no aceptar recortes en las partidas de agricultura y de cohesión. Consideró que poner en riesgo la propuesta de regiones transitorias y utilizar los datos para medir la renta de las regiones del periodo 2007 a 2009 «no tiene en cuenta precisamente las repercusiones de la crisis económica en esas regiones» y es «irreal».

En el caso de España esa propuesta sobre regiones transitorias beneficiaría a Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Murcia.

Iñigo Méndez de Vigo lamentó también que no se haya recogido la propuesta española de llevar a cabo una revisión a medio camino de los PIB regionales. Tras conocerse este enfrentamiento entre países de la UE, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aseguraba que España se mantendrá «crítica» ante esta última propuesta porque plantea nuevos recortes en el gasto agrícola, un sector al que según Arias Cañete «no sería lógico imponer sacrificios adicionales».

Por su parte en Albacete, la diputada nacional Maravillas Falcón anunció que el Gobierno está impulsando una serie de medidas en el ámbito europeo y el nacional para corregir las debilidades que tiene el sistema agroalimentario español.