El agua del Júcar almacenada en la Balsa de San Diego, en Villena (Alicante), se utilizará a partir de hoy para regar más de 20.000 hectáreas de cultivo de las comarcas alicantinas del Vinalopó. El director general de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Arcadio Mateo, y el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, bajo el auspicio de la presidenta de la Diputación Provincial de Alicante, Luisa Pastor, han suscrito hoy el acuerdo que permitirá vaciar la presa y que los regantes utilicen los 5 Hm³ de aguas del Júcar que todavía permanecen embalsados en esta gran infraestructura, punto final del trasvase Júcar-Vinalopó.

Las obras de conexión del trasvase con el post-trasvase llevadas a cabo durante los últimos meses con carácter de urgencia por la Generalitat Valenciana permiten la distribución de esos caudales por la Margen Derecha del Vinalopó, y facilitan también el vaciado de la Balsa de San Diego, donde se han detectado filtraciones superiores a las previstas y se hace imprescindible diagnosticar, localizar y reparar esas fugas antes de proceder a un nuevo llenado del embalse.

El acuerdo suscrito hoy entre Acuamed y los regantes del Vinalopó establece, entre otras cláusulas, que la Junta Central será la encargada de distribuir el agua actualmente embalsada a los usuarios miembros de la misma que estén
interesados en su uso, una vez obtenida la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar con las asignaciones correspondientes. A tal efecto se instalará un contador en la conexión del trasvase con el post-trasvase, con los certificados de calibración oportunos, que servirá para medir el agua que efectivamente entre en la conducción general de la Margen Derecha.

Otra de las cláusulas que incluye el acuerdo hace referencia a la calidad y el precio del agua. Acuamed cobrará a la Junta Central 0,05 € más IVA por cada m³ que suministre de la Balsa de San Diego, garantizando que esta sea apta para todos los cultivos, o en caso contrario la Junta Central podrá suspender de forma inmediata su entrega.

Una vez desembalsada el agua actualmente existente en la presa de San Diego, Acuamed llevará a cabo una segunda fase de llenado o puesta en carga, de cuya distribución se encargará también la Junta Central. Tanto la primera como la segunda fase del llenado de la Balsa de San Diego forman parte de su Plan de Puesta en Carga previsto en la ejecución de esta obra. Acuamed llevará a cabo las actuaciones precisas para el nuevo llenado y vaciado en el menor plazo de tiempo posible, y de esta segunda fase entregará a la Junta Central un volumen de agua previsto entre 10 y 12 Hm³, según los términos incluidos en el acuerdo suscrito hoy entre los regantes del Vinalopó y la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, lamentó que la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) sea muy perjudicial para el campo regional y español, y lo ha achacado a «la dejadez total en asuntos europeos y de agricultura» del anterior Gobierno socialista, que permitió que la Comisión Europea «llegara tan lejos», al no participar ni influir apenas en las negociaciones previas al texto que Bruselas aprobó en octubre de 2011.
Así se expresó ayer Soriano en declaraciones al programa ‘En camisa de once varas’, de Radio Castilla-La Mancha, en el que explicó el viaje a Bruselas de este lunes y martes -junto al ministro de Agricultura y los consejeros autonómicos- para defender la postura española de cara a la reforma de la PAC ante europarlamentarios europeos de todos los partidos políticos y dirigentes de la Comisión Europea.
«El Gobierno socialista tenía el campo abandonado y lo evidenció con la propia desaparición del Ministerio de Agricultura –que se integró en el de Medio Ambiente-. Esto ha llevado a que las negociaciones comiencen desde un punto de partida malo para los intereses de los agricultores españoles, aunque no por ello dejaremos de trabajar para conseguir enderezar el texto final», añadió.
En este punto, la consejera destacó que está en estrecha sintonía con el Ministerio de Agricultura y destacó que por primera vez se ha logrado pactar un documento común entre todas las comunidades autónomas en el que se recoge la postura unitaria de España, «lo que nos hace más fuertes de cara a las negociaciones».
Además, reseñó la experiencia de Miguel Arias Cañete en negociaciones europeas y su conocimiento del sector, al tiempo que resaltó que «tanto el ministro como la Junta estamos en contacto con países cuyos intereses pueden ser similares a los nuestros, como Francia, Italia o Polonia, para hacer más fuerza de cara a las negociaciones».
La propuesta actual que Bruselas planteó en octubre de 2011 prevé realizar duros recortes a las ayudas que llegan al campo, que en el caso de Castilla-La Mancha son cercanas a 1.000 millones de euros al año.

Veinte mil agricultores de las comarcas del Vinalopó y l ´Alacantí, en concreto de las comunidades de regantes de Agost, Aspe, Monforte del Cid, Elche, Monóvar y La Romana, comenzarán hoy a recibir los primeros caudales del Júcar que llegarán al Vinalopó por el trasvase Júcar-Vinalopó y, en concreto, desde el embalse regulador de San Diego (Villena), donde a día de hoy sólo quedan almacenados cinco de los doce hectómetros que impulsó la sociedad estatal Acuamed desde el Azud de la Marquesa, (Cullera), en 2010.
El agua por la que los agricultores pagan 0,05 euros/m3, mas otro importe adicional en concepto de amortización del préstamo que pidieron en su día para financiar la parte privada del trasvase (en total unos 900.000 euros), servirá para regar la uva de mesa del Vinalopó, debido a que la calidad del agua del embalse no es apta para todos los usos.
No obstante, los agricultores vivirán hoy un momento histórico porque es la primera vez que llegan caudales a la comarca alicantina más castigada por la sequía desde que se tiene constancia documental de la primera petición, cuando Elche reclamó recursos a Valencia en 1420.
Previamente al comienzo del envío de los primeros caudales, Generalitat, Junta Central de Usuarios y Confederación el Júcar firmarán el acuerdo por el que la Conselleria de Agricultura cede a los usuarios la utilización de la infraestructura del postrasvase que conecta Villena con las comunidades de regantes, y la Confederación permite, a su vez, la conexión del embalse de San Diego (estatal) con las tuberías autonómicas.
Por otro lado, el presidente de la Junta, Andrés Martínez, ha firmado también otro acuerdo esta semana con la sociedad estatal Acuamed por la que los agricultores se comprometen a recibir un segundo trasvase del Júcar desde Cullera de entre diez y hectómetros cúbicos, una vez que se hayan arreglado las filtraciones detectadas, en principio a lo largo de 2014. En el documento figura que los agricultores podrán rechazar los caudales si no son aptos para todos los regadíos.
Mientras tanto y según apuntó ayer Martínez, «seguiremos trabajando para la construcción de la segunda toma en Cortes de Pallás, porque el Gobierno y el Consell deben saber que Alicante no puede renunciar que el trasvase Júcar-Vinalopó lleve agua que sirva para regar y para beber». De hecho, el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, con Benidorm a la cabeza, sigue formando parte de la Junta Central aunque en estos momentos la comarca turística no pueda utilizar el agua de San Diego, ya que ésta sólo sirve regar la viña.
Andrés Martínez calificó, por otro lado, el cambio de rumbo del Consell como un giro «coherente pues siempre dijo que estaría con los usuarios, y somos nosotros los que hemos aceptado este reparto de agua, que es extraordinario. Nuestro objetivo es que el agua del Júcar sirva también para consumo urbano».
De momento, los agricultores del Vinalopó han optado por dar un voto de confianza a los nuevos rectores de Acuamed y la Confederación del Júcar -los pleitos judiciales contra el proyecto siguen en marcha- tras aceptar los 5 hm3, que se quedarán en unos 4,5 hm3 por las pérdidas. Hoy se inicia una nueva etapa y comienza a ser operativo un trasvase que ha tardado más de seis año en construirse y ha estado dos bloqueado por los problemas de calidad del agua. Problemas que se aparcan por la presión de la sequía sobre una comarca sin agua, y hasta ahora sin infraestructura para recibirla, y también por la mejor sintonía de la Junta Central de Usuarios del Trasvase con el Ministerio de Agricultura.

Diez millones de litros perdidos diariamente
Los defectos de construcción del embalse de San Diego han provocado que la que fue clasificada como Presa de Categoría A por el Ministerio de Medio Ambiente haya perdido 10.000 millones de litros de agua al día desde 2010, cuando se procedió a su llenado. La balsa ubicada entre Font de la Figuera (Valencia) y Villena es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en Cortes de Pallás como en la actual de Cullera. Podrá almacenar, una vez se haya reparado, más de 20 millones de m3 de aguas procedentes, en principio, del curso bajo del río Júcar, el agua suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza hídrica, San Diego podría llenarse hasta 4 veces al año, si se hubiera construido bien.
El embalse tiene un perímetro supera los 4 kilómetros de longitud; presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie de talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base de talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros.

Madrid, 18 sep (EFEverde).- El Gobierno justifica la creación de siete nuevos impuestos y tasas relacionadas con la energía en la necesidad de proteger el medio ambiente, hacer un uso más eficiente de la energía y de que el sector eléctrico cargue con los costes medioambientales derivados de la producción de energía.

Así lo establece el borrador del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética, al que ha tenido acceso hoy Efe y que establece que debe estar en vigor el 1 de enero de 2013.

Según la misma fuente, la Administración deberá dotar en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades que se correspondan con la recaudación de las nuevas figuras impositivas a fin de ajustar los ingresos y costes, entre estos, los que se derivan de los regímenes específicos que disfrutan las energías renovables.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes dicho texto, que contempla la creación de siete gravámenes para recaudar más de 2.700 millones de euros y acabar con el denominado déficit de tarifa eléctrico, explicó entonces el ministro de Industria, José Manuel Soria.

El texto añade que en la actualidad la relación cada vez mayor entre sostenibilidad ambiental, producción y consumo de energía requiere de un marco normativo «que garantice a todos los agentes el adecuado funcionamiento del modelo de producción de energía y, a la vez, contribuya a preservar nuestro rico patrimonio ambiental».

En este sentido, recuerda que la Constitución, en su artículo 45, contempla la protección del medioambiente como uno de los principios rectores de las políticas sociales y económicas.

Así, uno de los ejes de la reforma tributaria será la «internalización» de los costes medioambientales derivados de la producción de electricidad y de la generación y almacenamiento de residuos nucleares.

Este sentido, la norma pretende servir de estímulo para mejorar los niveles de eficiencia energética y permitir asegurar una mejor gestión de los recursos naturales y seguir avanzando en el nuevo modelo de desarrollo sostenible, desde los punto de vista económico, social y medioambiental.

Según la misma fuente, los valores y objetivos sobre los que se basa la futura ley deben ser coherentes con las medidas sectoriales, ya que inciden en un sector con gran impacto económico y ambiental.

Además, señala el documento, en el segmento eléctrico es necesario que las compañías, las administraciones públicas y los consumidores contribuyan a la sostenibilidad económica del sistema.

El anteproyecto contempla la creación de tres impuestos, uno sobre el valor de la producción de electricidad, otro sobre la producción de residuos nucleares y otro sobre el almacenamiento de dichos residuos.

Además, regula un canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica y se modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el carbón, suprimiéndose además las exenciones previstas para los productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad y calor útil. EFE

Castilla-La Mancha se hace con la medalla de plata en agricultura ecológica. Y es la que región es la segunda comunidad autónoma del país con una mayor superficie ecológica cultivada, en concreto, con 307.612 hectáreas, en el 2011, tan sólo superada por Andalucía, con 973.239 hectáreas y que tiene más extensión como comunidad autónoma que Castilla-La Mancha. Así lo indican los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura.
La superficie inscrita destinada a la Agricultura Ecológica fue de 1.845.039 hectáreas, frente a las 1.650.866 dedicadas en 2010, lo que supone un incremento del 11,76 por ciento. Con estos datos, España se sitúa, por cuarto año consecutivo, en el primer lugar de la Unión Europea en número de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica.
Con carácter general, casi todas las comunidades registran incrementos en la superficie destinada a este tipo de agricultura. Así, Navarra fue la comunidad donde más creció esta actividad, pasando de las 30.270 hectáreas en 2010 a las 73.432 en 2011, lo que supone un incremento del 138,24 por ciento. Esta comunidad pasa a ocupar el quinto lugar por este concepto, detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura.
De igual modo, Castilla-La Mancha también se sitúa en el segundo lugar en el número de operadores en Producción Ecológica, con un total de 7.266, tan sólo superada por Andalucía con 10.203. En el conjunto del país, el número de estos operadores fue de 32.837 frente a los 27.767 de 2010, con un crecimiento del 18,23 por ciento.
Respecto a las orientaciones productivas de la Agricultura Ecológica en el conjunto del país, destacan los pastos y praderas, con 913.786 hectáreas, con un incremento respecto al año anterior de 61.276 hectáreas; y los bosques, con 220.273 hectáreas, 2.827 más que en 2010.

Establecimientos industriales.

El total de establecimientos industriales o de elaboración ecológicos asciende en 2011 a un total de 3.697 (3.034 relacionados con la producción vegetal y 663 con la producción animal) con un aumento del 11,12 por ciento.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que cuenta con mayor número (967), seguida de Cataluña (658), Comunidad Valenciana (455), Murcia (238) y Castilla-La Mancha (232). Los ascensos más significativos se han producido en Canarias, Andalucía, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana.
La agricultura ecológica tiene incentivos económicos por parte de la Unión Europea. Ahora la nueva PAC pretende condicionar una mayor cuota de las ayudas de Bruselas a las prácticas ecológicas, lo que se conoce como el ‘verdeo’, algo que no gusta mucho a la Junta.

Acuamed cobrará cinco céntimos por metro cúbico, y el resto se destinará al fondo para reparaciones y a devolver un millón de euros a los bancos

D. MARTÍNEZ / ALICANTE

Día 19/09/2012

El riego con el agua del Júcar-Vinalopó que comenzará previsiblemente este jueves no solo aliviará los sobreexplotados acuíferos del interior de Alicante, sino que permitirá a los usuarios cancelar la deuda de un millón de euros que mantienen con las entidades bancarias por la financiación del trazado original, derogado por el Gobierno del PSOE.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó formalizó a mediodía de ayer el convenio con la sociedad estatal Acuamed para poder acceder a los cinco hectómetros de agua almacenados en el embalse de San Diego, que empezarán a repartirse esta semana, tal como ha venido publicando ABC. El acuerdo, firmado en el Palacio de la Diputación de Alicante, establece un precio de 0,05 euros por metro cúbico, que cobrará Acuamed.

No obstante, los regantes pagarán el agua a 0,18 euros el metro cúbico, tal como se había aprobado, de forma que el diferencial permitirá, por un lado, constituir un fondo para afrontar posibles reparaciones futuras de la infraestructura, y por otro, amortizar la deuda de un millón de euros que mantienen los regantes con distintas entidades bancarias. Así, tres céntimos de cada metro cúbico se destinarán a la citada bolsa, y los otros diez servirán para pagar la deuda.

El convenio establece que los regantes alicantinos utilizarán al menos 12 hectómetros cúbicos del embalse de San Diego. Los cinco que almacena en la actualidad, y otros siete que se dispondrán una vez que se reparen las filtraciones y se vuelva a llenar -todavía en periodo de pruebas-.

Reclamación patrimonial

Según el precio fijado para el metro cúbico, los regantes aportarán un total de 100.000 euros por cada hectómetro cúbico que consuman para pagar la deuda. Así, cuando se hayan consumido los 12 hectómetros previstos se habrá aportado cantidad más que suficiente para cancelarla. No obstante, el segundo riego no tiene aún fecha, dado que primero hay que reparar el embalse de San Diego, y más tarde comprobar la calidad del agua trasvasada en el segundo envío antes de usarla.

La deuda que mantienen los regantes nace del Júcar-Vinalopó original. Los usuarios contrataron un crédito sindicado para financiar parte de las obras, que preveían devolver con la tarifa del agua. No obstante, al cambiar el Gobierno el trazado, los regantes rechazaron el agua de la toma en el azud de la Marquesa. En la práctica, suponía que tendrían que devolver el millón de euros -fruto de los gastos de apertura y notaría- sin utilizar el caudal trasvasado. El conflicto llegó incluso a los tribunales, y la Audiencia Nacional admitió a trámite hace unos meses la reclamación patrimonial de los regantes contra el Gobierno.

En función de la calidad

El convenio firmado ayer establece asimismo que será la Junta Central de Usuarios del Vinalopó la que se encargue de repartir el caudal, según los volúmenes aprobados por la Confederación del Júcar. Acuamed se compromete a garantizar la calidad del agua, ya que en caso contrario la Junta podrá suspender su entrega.

La Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, que agrupa a comunidades de regantes y a los ayuntamientos del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baixa, da un nuevo impulso a su reivindicación sobre el proyecto original del trasvase. Dos años después de que las obras de la canalización desde Cullera se diesen por terminadas, y en pleno rescate del agua en el discurso reivindicativo del Consell, los hipotéticos beneficiarios de la transferencia -que aún rehúsan de su caudal por su calidad- han encontrado una posible vía de entendimiento con los nuevos responsables del Ministerio de Medio Ambiente, del Partido Popular, para reconducir la obra y aceptar el agua. ¿Con qué fórmula? Regresando al pasado: la recuperación del trasvase desde la toma de Cortes de Pallás, que está construida y sin uso. Los usuarios, con el apoyo y mediación del Consell, ya han trasladado al ministerio una solicitud oficiosa para que se autorice la ejecución de tres de los siete tramos originales de la canalización que el PSOE descartó tras su llegada a La Moncloa.

Su construcción no conllevaría costes adicionales para la Administración. La petición, presentada hace poco más de un mes ante el director general del Agua saliente, Juan Urbano (el viernes fue sustituido por Liana Ardiles en Consejo de Ministros), la Junta Central incluye el compromiso firme de asumir la financiación de las obras con recursos propios. Se calcula que los tres tramos pendientes -el dos, el tres y parte del cuatro- podrían suponer un desembolso de entre 50 y 60 millones que los usuarios cubrirían con un crédito. Fue lo que hicieron en 2001, cuando cerraron un préstamo sindicado con cinco entidades financieras, al firmar el convenio con Medio Ambiente por el que quedaban obligados a aportar 75 millones en la ejecución del trasvase original.

Así, si el departamento de Arias Cañete diese su beneplácito, los receptores del agua (regantes y ayuntamientos) sólo tendrían que repercutir el coste de las obras en las tarifas para amortizar el crédito. Y no supondría ningún quebradero de cabeza. Según la Junta Central, el precio del metro cúbico seguiría siendo más barato que con el trasvase actual, desde el Azud de la Marquesa, en Cullera, en el que la tarifa se multiplica por los costes energéticos que requiere su elevación.

Ese es, de hecho, el motivo fundamental de su insistencia en la toma inicial. Pese a que llegaron a proponer una toma alternativa sólo unos kilómetros aguas arriba, en Antella, los usuarios mantienen ahora -con el PP otra vez en la Generalitat y en el Gobierno central- que sólo desde Cortes de Pallás se podría obtener agua a un precio asequible y de calidad, apta para regadío y abastecimiento. Dos condiciones que, sostienen, no se cumLos usuarios han decidido aceptar ahora esos recursos al considerar que los dos años que el agua ha permanecido expuesta al sol han eliminado los coliformes y fitosanitarios detectados en sus análisis previos.

La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, comprobó el pasado jueves el correcto funcionamiento de las pruebas del enganche entre el embalse y el postrasvase (una obra competencia del Consell). Un día después, Alberto Fabra, volvía a tomar la bandera de la reivindicación del agua en la escuela de verano del PP. plen con el trasvase actual, desde Cullera, donde llega el agua de rechazo de 42 depuradoras. Los usuarios alegan además que con su propuesta el caudal de Cortes de Pallás llegaría en año y medio. Y mantienen que la conducción actual, con un coste de 400 millones, se aprovecharía para garantizar el caudal ecológico en el bajo Júcar.

1998- El Gobierno aprueba el Plan Hidrológico del Júcar en el que se incluye el trasvase al Vinalopó como obra de interés general.
2001- Nace el Plan Hidrológico Nacional, en el que se incluye la inversión para ejecutar el Júcar-Vinalopó. Se firma el convenio de financiación con la Junta Central y se fija el reparto del agua: 45 hectómetros para regadíos y 35 para abastecimientos.
2002- Aznar y Olivas (PP) colocan la primera piedra en Cortes de Pallás y se ponen en marcha las obras de los siete tramos.
2005- La ministra Narbona (PSOE) cambia el proyecto y desplaza la toma hasta Cullera. El nuevo trazado mantiene tres tramos del original. Se rompe el convenio con los usuarios.
2010- Finalizan las obras y el agua llega hasta el embalse de Villena, donde se almacenan hasta 12 hectómetros que nadie usa.