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El convenio del Júcar-Vinalopó cancelará la deuda de los regantes

Acuamed cobrará cinco céntimos por metro cúbico, y el resto se destinará al fondo para reparaciones y a devolver un millón de euros a los bancos

D. MARTÍNEZ / ALICANTE

Día 19/09/2012

El riego con el agua del Júcar-Vinalopó que comenzará previsiblemente este jueves no solo aliviará los sobreexplotados acuíferos del interior de Alicante, sino que permitirá a los usuarios cancelar la deuda de un millón de euros que mantienen con las entidades bancarias por la financiación del trazado original, derogado por el Gobierno del PSOE.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó formalizó a mediodía de ayer el convenio con la sociedad estatal Acuamed para poder acceder a los cinco hectómetros de agua almacenados en el embalse de San Diego, que empezarán a repartirse esta semana, tal como ha venido publicando ABC. El acuerdo, firmado en el Palacio de la Diputación de Alicante, establece un precio de 0,05 euros por metro cúbico, que cobrará Acuamed.

No obstante, los regantes pagarán el agua a 0,18 euros el metro cúbico, tal como se había aprobado, de forma que el diferencial permitirá, por un lado, constituir un fondo para afrontar posibles reparaciones futuras de la infraestructura, y por otro, amortizar la deuda de un millón de euros que mantienen los regantes con distintas entidades bancarias. Así, tres céntimos de cada metro cúbico se destinarán a la citada bolsa, y los otros diez servirán para pagar la deuda.

El convenio establece que los regantes alicantinos utilizarán al menos 12 hectómetros cúbicos del embalse de San Diego. Los cinco que almacena en la actualidad, y otros siete que se dispondrán una vez que se reparen las filtraciones y se vuelva a llenar -todavía en periodo de pruebas-.

Reclamación patrimonial

Según el precio fijado para el metro cúbico, los regantes aportarán un total de 100.000 euros por cada hectómetro cúbico que consuman para pagar la deuda. Así, cuando se hayan consumido los 12 hectómetros previstos se habrá aportado cantidad más que suficiente para cancelarla. No obstante, el segundo riego no tiene aún fecha, dado que primero hay que reparar el embalse de San Diego, y más tarde comprobar la calidad del agua trasvasada en el segundo envío antes de usarla.

La deuda que mantienen los regantes nace del Júcar-Vinalopó original. Los usuarios contrataron un crédito sindicado para financiar parte de las obras, que preveían devolver con la tarifa del agua. No obstante, al cambiar el Gobierno el trazado, los regantes rechazaron el agua de la toma en el azud de la Marquesa. En la práctica, suponía que tendrían que devolver el millón de euros -fruto de los gastos de apertura y notaría- sin utilizar el caudal trasvasado. El conflicto llegó incluso a los tribunales, y la Audiencia Nacional admitió a trámite hace unos meses la reclamación patrimonial de los regantes contra el Gobierno.

En función de la calidad

El convenio firmado ayer establece asimismo que será la Junta Central de Usuarios del Vinalopó la que se encargue de repartir el caudal, según los volúmenes aprobados por la Confederación del Júcar. Acuamed se compromete a garantizar la calidad del agua, ya que en caso contrario la Junta podrá suspender su entrega.

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Los fotovoltaicos creen que consumidores y renovables pagarán la reforma

Madrid, 17 sep (EFEverde).- El vicepresidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Luis Torres, ha asegurado hoy que los impuestos recogidos en el anteproyecto de reforma energética aprobado el viernes por el Gobierno van a recaer en los productores de renovables y en los consumidores finales.

Un trabajador camina junto a una pared de fotovoltaica de aislamiento en los alrededores de la compañía Yingli Green Energy Holdings Co en Baoding (China)

En un encuentro con la prensa, Torres se ha mostrado convencido de que las grandes eléctricas repercutirán la mayor presión fiscal en el precio de venta de la energía, por lo que «esta reforma la van a pagar los productores de renovables y los consumidores finales».

El Gobierno aprobó el pasado viernes un anteproyecto de ley en el que recogían siete nuevos impuestos para la industria eléctrica, entre los que se incluía un gravamen del 6 % para las ventas de energía común a todas las tecnologías.

Torres ha señalado que las tecnologías convencionales -como la nuclear o los ciclos combinados, que funcionan con gas- repercutirán los impuestos en el precio de venta, es decir, en los consumidores, mientras que las renovables tendrán que asumir la mayor carga fiscal, ya que cobran un precio fijo.

Ha recordado que la tecnología solar fotovoltaica ya sufrió un recorte de la retribución en 2010, por lo que «cualquier recorte adicional al que ya sufrimos es un gran recorte».

A pesar de ello, se ha mostrado aliviado porque el impuesto sea del 6 % y del 10 % como se había especulado en los últimos meses, al tiempo que ha confiado en que esta normativa reduzca en buena medida «el agujero del déficit de tarifa».

Torres no ha querido cuantificar el impacto de la norma, ya que la asociación no cuenta todavía con el texto aprobado por el Gobierno, pero ha reconocido que podría darse el caso de que algunas instalaciones vean tan reducida su retribución que no puedan pagar las deudas pendientes.

El vicepresidente ha confiado en que el Gobierno apruebe pronto un nuevo marco regulatorio para el sector, que actualmente está «paralizado», en especial en lo que se refiere al autoconsumo.

UNEF ha presentado hoy, junto a la Fundación Desarrollo Sostenible, una serie de unidades didácticas dirigidas a alumnos de primaria y secundaria, en las que se exponen contenidos sobre el sistema energético en general y, en particular, sobre la tecnología solar fotovoltaica. EFEve

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La UE debate sobre el futuro del suministro energético

Nicosia, 17 sep (EFEverde).- La seguridad del suministro energético y el impulso a las fuentes renovables de energía centran la reunión que celebran hoy en Nicosia los responsables europeos del sector, ha informado la presidencia chipriota de la Unión Europea (UE). 

Imagen de archivo en la que un técnico observa el paisaje desde arriba de un aerogenerador del parque eólico de Lubián (Zamora)

Los ministros o sus representantes, durante su Consejo informal, tendrán un intercambio de opiniones sobre el planteamiento efectuado a principios de junio por la Comisión Europea (CE) respecto a las fuentes de energía renovable.

La Comisión reclamó un plan europeo más coordinado en relación con la creación y la reforma de los regímenes de apoyo, así como un mayor recurso al comercio de energía procedente de fuentes renovables entre los estados miembros.

Además, subrayó la necesidad de seguridad reglamentaria de los inversores para establecer un marco sólido para después de 2020.

En la reunión, en la que España está representada por el Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, se estudiará asimismo el progreso alcanzado en la elaboración del reglamente para las pautas sobre la infraestructura energética transeuropea.

Según explicó ayer el ministro chipriota de Comercio, Neoklis Silikiotis, la Unión Europea tiene el objetivo de modernizar y ampliar su infraestructura energética e interconectar las redes a través las fronteras. EFEverde 

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Los regantes plantean pagar 60 millones para cambiar un trasvase ‘inútil’ que ha costado 400

La Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, que agrupa a comunidades de regantes y a los ayuntamientos del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baixa, da un nuevo impulso a su reivindicación sobre el proyecto original del trasvase. Dos años después de que las obras de la canalización desde Cullera se diesen por terminadas, y en pleno rescate del agua en el discurso reivindicativo del Consell, los hipotéticos beneficiarios de la transferencia -que aún rehúsan de su caudal por su calidad- han encontrado una posible vía de entendimiento con los nuevos responsables del Ministerio de Medio Ambiente, del Partido Popular, para reconducir la obra y aceptar el agua. ¿Con qué fórmula? Regresando al pasado: la recuperación del trasvase desde la toma de Cortes de Pallás, que está construida y sin uso. Los usuarios, con el apoyo y mediación del Consell, ya han trasladado al ministerio una solicitud oficiosa para que se autorice la ejecución de tres de los siete tramos originales de la canalización que el PSOE descartó tras su llegada a La Moncloa.

Su construcción no conllevaría costes adicionales para la Administración. La petición, presentada hace poco más de un mes ante el director general del Agua saliente, Juan Urbano (el viernes fue sustituido por Liana Ardiles en Consejo de Ministros), la Junta Central incluye el compromiso firme de asumir la financiación de las obras con recursos propios. Se calcula que los tres tramos pendientes -el dos, el tres y parte del cuatro- podrían suponer un desembolso de entre 50 y 60 millones que los usuarios cubrirían con un crédito. Fue lo que hicieron en 2001, cuando cerraron un préstamo sindicado con cinco entidades financieras, al firmar el convenio con Medio Ambiente por el que quedaban obligados a aportar 75 millones en la ejecución del trasvase original.

Así, si el departamento de Arias Cañete diese su beneplácito, los receptores del agua (regantes y ayuntamientos) sólo tendrían que repercutir el coste de las obras en las tarifas para amortizar el crédito. Y no supondría ningún quebradero de cabeza. Según la Junta Central, el precio del metro cúbico seguiría siendo más barato que con el trasvase actual, desde el Azud de la Marquesa, en Cullera, en el que la tarifa se multiplica por los costes energéticos que requiere su elevación.

Ese es, de hecho, el motivo fundamental de su insistencia en la toma inicial. Pese a que llegaron a proponer una toma alternativa sólo unos kilómetros aguas arriba, en Antella, los usuarios mantienen ahora -con el PP otra vez en la Generalitat y en el Gobierno central- que sólo desde Cortes de Pallás se podría obtener agua a un precio asequible y de calidad, apta para regadío y abastecimiento. Dos condiciones que, sostienen, no se cumLos usuarios han decidido aceptar ahora esos recursos al considerar que los dos años que el agua ha permanecido expuesta al sol han eliminado los coliformes y fitosanitarios detectados en sus análisis previos.

La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, comprobó el pasado jueves el correcto funcionamiento de las pruebas del enganche entre el embalse y el postrasvase (una obra competencia del Consell). Un día después, Alberto Fabra, volvía a tomar la bandera de la reivindicación del agua en la escuela de verano del PP. plen con el trasvase actual, desde Cullera, donde llega el agua de rechazo de 42 depuradoras. Los usuarios alegan además que con su propuesta el caudal de Cortes de Pallás llegaría en año y medio. Y mantienen que la conducción actual, con un coste de 400 millones, se aprovecharía para garantizar el caudal ecológico en el bajo Júcar.

1998- El Gobierno aprueba el Plan Hidrológico del Júcar en el que se incluye el trasvase al Vinalopó como obra de interés general.
2001- Nace el Plan Hidrológico Nacional, en el que se incluye la inversión para ejecutar el Júcar-Vinalopó. Se firma el convenio de financiación con la Junta Central y se fija el reparto del agua: 45 hectómetros para regadíos y 35 para abastecimientos.
2002- Aznar y Olivas (PP) colocan la primera piedra en Cortes de Pallás y se ponen en marcha las obras de los siete tramos.
2005- La ministra Narbona (PSOE) cambia el proyecto y desplaza la toma hasta Cullera. El nuevo trazado mantiene tres tramos del original. Se rompe el convenio con los usuarios.
2010- Finalizan las obras y el agua llega hasta el embalse de Villena, donde se almacenan hasta 12 hectómetros que nadie usa.

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Castilla-La Mancha se juega 1.000 millones en la reforma de la PAC

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, expuso ayer las principales reivindicaciones de Castilla-La Mancha de cara a la futura Política Agraria Común (PAC) a partir de 2014, que pasan por mantener, como mínimo, el presupuesto actual de la misma. La consejera recordó que la región «se juega casi 1.000 millones de euros en esta reforma, que son los que vienen en ayudas a la región al año». Apuntó que, con la propuesta actual de la Comisión Europea esos fondos se verían muy mermados, lo que, en opinión de Soriano, «es inasumible para la Junta», toda vez que las ayudas suponen el 40% de la renta de los productores.
La consejera también explicó que quieren flexibilizar las normativas permitiendo adaptaciones a las diferentes zonas, potenciar la figura de los productores, mejorar su poder de negociación de cara al mercado y simplificar la burocracia «para que dediquen su tiempo a gestionar su explotación y su negocio».
Soriano expuso estas reivindicaciones en el Consultivo Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han preparado el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. Soriano se comprometió ayer  a defender las ayudas de Bruselas ante el Ministerio y ante la Unión Europea, «con ímpetu y con argumentos, porque los agricultores y ganaderos prestan una labor esencial».

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La Universidad de Castilla-La Mancha a través del IDR de Albacete acogió y organizó la visita de una delegación turca para conocer tecnología punta en gestión de regadíos.

La Universidad de Castilla-La Mancha a través del  IDR de Albacete acogió y organizó la visita de una delegación turca para conocer tecnología punta en gestión de regadíos.

La Universidad de Castilla-La Mancha a través del IDR de Albacete  ha organizado y acogido una visita a España de una delegación de 25 expertos turcos con el fin de conocer las diferentes  instalaciones, instituciones y usuarios y recibir formación sobre todo de la tecnología punta de gestión de regadíos. El objetivo del proyecto del Gobierno Turco es el desarrollo para el sureste de Anatolia, región oriental de Turquía, básicamente la antigua Mesopotamia, donde están los embalses más grandes y una zona inmensa de regadíos entre los ríos Eufrates y Tigris. El grupo, compuesto por representantes estatales, comunidades de regantes, universidades, cooperativas de agricultores y técnicos, ha visitado entre otras instituciones,  la Confederación Hidrogáfica del Júcar en Valencia, el ITAP (Instituto Técnico Agronómico Provincial) y la JCRMO (Junta Central de Regantes Mancha Oriental) en Albacete.

El objetivo principal del GAP es reducir las disparidades de desarrollo al interior del Sureste de Anatolia, una de las regiones menos desarrolladas de Turquía, y que a largo plazo desaparezcan las diferencias con las regiones más desarrolladas del país. Para conseguir este objetivo se mejorarán y se hará un uso más eficiente del agua y del suelo y se trabajará también por la mejora de los recursos humanos. Teniendo en cuenta las estructuras físicas implicadas, el área cubierta y los objetivos que se quieren alcanzar, éste es uno de los proyectos más ambiciosos y de mayor alcance jamás planteados, no sólo en Turquía sino en todo el mundo.

http://habitat.aq.upm.es/dubai/98/bp536.html

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El PSOE lamenta que Cospedal no pusiera fin al trasvase en Valencia

La Tribuna / Toledo – lunes, 17 de septiembre de 2012

Cristina Maestre recuerda que más de una decena de pueblos ribereños de los embalses de cabecera del Tajo han tenido que ser abastecidos este verano con camiones cisternas

La portavoz y vicesecretaria del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, criticó que la presidenta regional, María Dolores Cospedal, haya «desaprovechado» su viaje a Valencia y no haya dicho «alto y claro» que el trasvase Tajo-Segura «no da más de sí» y que quien más necesita el agua es la comunidad autónoma.
En este sentido, Maestre asegura que «Cospedal, como siempre, se vuelca en defender las necesidades hídricas de cualquier comunidad autónoma menos de la suya», informó el PSOE en una nota de prensa.
Esta actitud, añade, «no es de recibo» en Castilla-La Mancha, «donde más de una decena de pueblos ribereños de los embalses de cabecera del río Tajo han tenido que ser abastecidos este verano con camiones cisternas.
«Indigna, con la situación tan grave, escuchar en Valencia defender el agua para la zona del Levante, en una zona donde están utilizando las desaladoras. Mientras tanto, aquí seguimos esperando a que Cospedal defienda el agua para Castilla-La Mancha», argumentó la portavoz de la oposición.

CUMBRE SOCIAL. En otro orden de cosas, Maestre consideró que la Cumbre Social que el sábado congregó en la capital de España «a miles y miles» de ciudadanos, demostró que Mariano Rajoy y María Dolores Cospedal, y sus gobiernos, han perdido la conexión con la realidad social de este país.
«Siguen empecinados en llevar a cabo unos recortes sociales y económicos que están haciendo más difícil el día a día de miles de españoles y castellano-manchegos», argumentó.
Para Maestre, los «recortes» en educación y sanidad que están aplicando los gobiernos de Rajoy y Cospedal «están acabando con la cohesión social de España, provocando que miles y miles de ciudadanos estén pagando las consecuencias de una crisis económica que ellos no han generado».
La dirigente socialista criticó a la jefa del Ejecutuvo regional, que este fin de semana acusó de «poner piedras en el camino» a los ciudadanos que acudieron a la Cumbre Social, convocada por 200 asociaciones y colectivos de toda España junto a los sindicatos mayoritarios.

DONDE MÁS DIFÍCIL ES ENCONTRAR EMPLEO.  Al respecto, dijo que «en vez de ofender a los ciudadanos, que están defendiendo lo que Cospedal y Rajoy destrozan en tiempo récord, se tendría que tomar en serio los datos conocidos recientemente que apuntan a que sus políticas regresivas sitúan a Castilla-La Mancha a la cabeza de las regiones donde es más difícil encontrar trabajo».
La vicesecretaria del PSOE regional aseguró que «es inconcebible» que ante las protestas de los ciudadanos, «los Gobiernos de Mariano Rajoy y María Dolores Cospedal sigan con los ojos y los oídos cerrados y no vean que los recortes, únicamente, generan más desempleo, paralización económica del país y una pérdida de derechos sociales que será difícil recuperar».
La portavoz socialista aseguró que mientras se contenta a los mercados y a los verdaderos causantes de la crisis económica y social, «el Partido Popular está cabreando a un país entero, que se siente engañado por ver cómo está haciendo lo contrario de lo que prometía, como no pasar las líneas rojas de la educación, sanidad y servicios sociales, no subir impuestos como el IVA y el IRPF y no amnistiar a los que no pagan a Hacienda».

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Cospedal le recuerda a Valencia que «toda España necesita agua»

La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal  aseguró ayer que el Gobierno de España «lo tiene muy claro» y va a hacer lo necesario para que vuelva a haber un Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua en Castilla-La Mancha y en toda España, «porque el agua no es por donde pase y se la mire, el agua es de quien la necesita y necesita agua toda España».
Cospedal se pronunció de esta manera en el cierre de la Escuela de Verano que el PP celebra en Gandia (Valencia), en referencia a las exigencias hídricas realizadas el viernes en el mismo foro por el presidente valenciano, Alberto Fabra. En este sentido, parafraseó al propio Fabra al señalar que el agua «no es de quien la ve pasar, sino de quien la necesita» y «necesita agua toda España».
La también secretaria general del PP a nivel nacional insistió en la necesidad de que toda España cuente con un Plan Hidrológico Nacional que resuelva los problemas hídricos del país, una herramienta que ya aprobó el Partido Popular en el Gobierno, hace más de ocho años, recibió el beneplácito de la mayoría de las comunidades autónomas –incluida Castilla-La Mancha- y fue derogada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.  
Fue durante su intervención en la clausura de la Escuela de Verano del Partido Popular, que concluyó ayer en Gandía, cuando la presidenta regional recalcó que puede haber agua suficiente para todas las comunidades, pero para ello hace falta una planificación hidrológica, unida a la construcción de infraestructuras.
En este sentido, recalcó que el Plan de Inversión y Creación de Empleo en Castilla-La Mancha que anunció la semana pasada en el Debate del Estado de la Región hace especial hincapié en este aspecto, dentro de uno de sus ejes principales, el del impulso de infraestructuras viarias e hidráulicas.
No es la primera vez que Cospedal ha proclamado que el Gobierno que preside pretende que Castilla-La Mancha tenga todo el agua que necesite para el consumo, la agricultura y la industria y que se debe contemplar en el Plan Hidrológico Nacional, que garantice el agua en toda España. Cospedal añadió que el PHN hará que Castilla-La Mancha «tenga agua suficiente, en cantidad y de calidad, tanto para las necesidades presentes como para las futuras y que garantice siempre la prioridad de la cuenca cedente sobre aquella cuenca a la que va a parar el agua». Desde Talavera, Riolobos aplaudió la «defensa firme» hecha por Cospedal en Valencia.

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España crea siete impuestos para acabar con el déficit eléctrico

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un anteproyecto de ley con medidas fiscales para poner fin en 2013 a la generación del déficit de tarifa eléctrica, texto que contempla la creación de siete tasas o impuestos, y que prevé recaudar unos 2.700 millones de euros.

 Los usuarios de Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Asturias, Castilla y León y Canarias deberán pagar de su bolsillo las tasas de carácter ambiental que gravan la actividad de las eléctricas y a estos se sumarán los de Valencia y Cataluña cuando aprueben las tasas que tramitan. En la foto de archivo, un gráfico de la demanda de consumo de energía eléctrica de Red Eléctrica Española, empresa que actúa como gestor técnico del sistema eléctrico.EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el objetivo es lograr un sistema eléctrico «solvente y sostenible» y acabar con el «agujero» de 24.000 millones de euros dejado por anteriores ejecutivos que, además, si no se hiciera nada crecería unos 5.000 millones al año en los próximos ejercicios.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que el propósito del Ejecutivo ha sido el de no trasladar al consumidor todo el peso de esta deuda, ya que de hacerlo habría que subir el recibo de la luz una media del 43 %.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha detallado que el impuesto que más recaudación generará será el que gravará con un 6 % cada megavatio de energía que se venda, independiente de cómo haya sido producido.

Este nuevo gravamen tendrá un impacto de 571,7 millones en las compañías que operan en el régimen ordinario (nuclear, hidráulica, ciclos combinados, carbón, etc…) y de 688 millones para las del régimen especial (renovables y cogeneración).

También se impondrá el conocido como «céntimo verde» al gas natural, medida con la que se estima recaudar unos 804 millones de euros a razón de 2,79 céntimos por metro cúbico de gas; así como sobre la producción de energía eléctrica con carbón, a la que se impondrá una tasa de 14,97 euros por tonelada de mineral para ingresar 268 millones.

CÉNTIMO VERDE E IMPUESTOS NUCLEARES

El céntimo verde también recaerá sobre la producción con fueloil y gasóleo, tasas mediante las que se recaudarán 38 millones.

Además, habrá dos impuestos nucleares, uno sobre la generación de residuos radiactivos, de 2.190 euros por kilo de mental pesado producido y con el que se prevé ingresar 269,6 millones durante los próximos tres años, y otro sobre el almacenamiento de residuos que agrupará a los ya existentes en determinadas autonomías y, por tanto, no supondrá ningún ingreso adicional. Para este cálculo se ha eliminado a la central nuclear de Garoña.

También se impondrá una tasa a las centrales hidráulicas que gravará el uso de aguas continentales para la generación de energía eléctrica, con el que se recaudarán unos 304,2 millones.

«El objetivo es lograr ingresos adicionales para hacer desaparecer el déficit y lograr la sostenibilidad del sistema, tanto medioambiental como económica y financiera», ha insistido Soria.

El ministro ha apuntado que a estas medidas fiscales se sumarán otras, como por ejemplo rebajar el umbral de acceso a la tarifa regulada, al que actualmente sólo pueden acogerse los usuarios con potencias contratadas de 10 kilovatios o menos, una cifra que podría reducirse a la mitad o incluso por debajo.

Otra novedad es que el Tesoros asumirá la amortización de los intereses correspondientes a la titulización del déficit de tarifa acumulado hasta 2011, y que ahora representan un «coste adicional» de unos 2.100 ó 2.200 millones al año.

El objetivo es que las variaciones del recibo de la luz «no tengan nada que ver con un acto discrecional» del Gobierno y que si la electricidad sube sea sólo debido al encarecimiento de la energía y no para cubrir el déficit de tarifa, ha explicado el ministro.

ENERGÍAS RENOVABLES

El anteproyecto introduce también que las energías renovables que usan para parte de su producción combustibles fósiles, como por ejemplo la termosolar, no puedan cobrar primas por esa energía.

No obstante, la biomasa estaría excluida de esta medida, ya que la madera que utiliza proviene de la limpieza de los bosques para prevenir incendios.

También se usarán para acabar con el déficit, los ingresos que provengan de las subastas de los derechos de emisión de CO2, que se calculan en 450 millones de euros para 2013.

El déficit de tarifa se genera porque los ingresos que se obtienen vía recibo de la luz no son suficientes para cubrir todos los costes que se pretenden retribuir con ellos, como por ejemplo la generación, transporte y distribución de energía, las primas a las renovables, las ayudas al carbón, la moratoria nuclear, etc… EFEverde

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Liana Ardiles López, nueva Directora General del Agua de España

El Consejo de Ministros ha nombrado Directora General del Agua a Liana Ardiles López, en sustitución de Juan Urbano López de Meneses, que llevaba 9 meses en el cargo.

Nacida en Bahía Blanca (Argentina), es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster de Hidrología General y Aplicada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Después de trabajar en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, trabajó en el Área de Seguridad de Presas de la Dirección General del Agua y fue responsable de la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero. Actualmente era jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático

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