Con un presupuesto de 1,1 millones de euros, lo que supone una baja del 18% sobre el presupuesto máximo de licitación

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de la sociedad estatal Acuamed, ha adjudicado el contrato para la operación y mantenimiento de las infraestructuras de la conducción Júcar-Vanalopó, en Valencia y Alicante, por un importe de 1,1 millones de euros, lo que supone una baja del 18% sobre el presupuesto máximo de licitación.

 En este contrato, con un plazo previsto de ejecución de 12 meses, se incluyen las labores de control y seguimiento de las tareas de operación ordinaria, los trabajos de mantenimiento, la conservación y vigilancia de todo el sistema, la ejecución de auditorías técnicas en los equipamientos existentes y la logística de operación (almacenes, stocks, recambios, contratos especializados), entre otras.

 La conducción Júcar-Vinalopó es una infraestructura declarada de interés general del Estado impulsada por el Ministerio y cuya ejecución fue encomendada a la sociedad estatal Acuajúcar, ahora absorbida dentro de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Su principal objetivo es facilitar agua en cantidad y calidad suficiente para recuperar los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, permitiendo trasvasar hasta 80 hm3 de agua al año procedente de los sobrantes del curso bajo del río Júcar.

 Cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, que ha financiado su construcción con 120 millones de euros procedentes de los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER). El presupuesto total de la Conducción Júcar-Vinalopó supera los 330 millones de euros.

 La conducción tiene una longitud de 95 kilómetros. Incluye dos túneles -Corbera y Barxeta, con más de 6,5 km-, sifones por gravedad e impulsiones con tuberías de 1900 mm y 1800 mm de diámetro, 4 estaciones de bombeo, 3 balsas intermedias de regulación, con un volumen total de 300.000 m3 -Panser, Llanera de Ranes y Moixent-. Estas balsas intermedias facilitan las operaciones de arranque y paro de las estaciones de bombeo y ofrecen flexibilidad a todo el sistema en caso de fallo en el suministro eléctrico en alguna impulsión.

 En cola del sistema para la regulación y el almacenamiento de los excedentes impulsados se ha construido una gran balsa, denominada de San Diego, con 20 hm3 de capacidad nominal.

 El Ministerio, a través de Acuamed, ha adjudicado este contrato a la UTE integrada por Aquagest Levante, Aqualogy Medio Ambiente y Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales.

La Alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod¹, junto a José Eduardo Torres², presidente de la Asociación Nacional de Riegos³ y Drenajes ha dado la bienvenida a todos los asistentes del XXX Congreso de Riegos y Drenajes⁴ que se está celebrando en la ciudad de Albacete.

La primera jornada del Congreso, ha comenzado con una conferencia inaugural sobre el regadío y las nuevas tecnologías.

Carmen Bayod ha dicho que se trata de un congreso de amplía tradición en nuestro país si hablamos de agua y de riegos. Temas muy interesantes donde debe de primar la solidaridad interterritorial y la unidad nacional.

El agua es un bien escaso, y nos encontramos en una de las zonas del país con más problemas de sequia, siendo pocos los años en los que no tenemos problemas de abastecimiento y escasez, en cuanto la climatología deja de ser benévola, por estas y otras muchas razones es muy grato para esta ciudad acoger un congreso donde se habla de agua, de la economía del regadío y su modernización, de los derechos de uso, la calidad del agua, todos asuntos muy interesantes que se están debatiendo en este magnífico Congreso.

La alcaldesa también ha dicho a los congresistas que guarden tiempo para visitar nuestra ciudad, recorrer sus calles, de disfrutar de nuestros caldos y nuestra gastronomía, de nuestras gentes, de nuestro empeño por avanzar y ser cada día un poco mejores.

 El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que quiere recuperar en el futuro Pacto Nacional del Agua el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, diseñado entre otros puntos para trasvasar más de mil hectómetros cúbicos anuales del Ebro a las cuencas mediterráneas que, según ha indicado, apoyaron prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y Castilla-La Mancha.

   Así, ha explicado que este Pacto Nacional del Agua «obedece a la necesidad de poner orden en las políticas de aguas» que se desarrollan en España y cumplir con las obligaciones del país en la UE.

   Igualmente, ha avanzado que será «de larga duración» y tendrá carácter «estratégico y vertebrador» para todo el territorio nacional, además de dar como resultado la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, «que contemple acuerdos y materialice sus objetivos».

   En su comparecencia, ha explicado a petición de la Izquierda Plural que la ruptura de ese consenso y la modificación del Plan Hidrológico Nacional dieron paso a un nuevo periodo donde se pasó de acusar al anterior Gobierno de realizar «obras faraónicas para trasvasar agua», a planificar e iniciar, que no finalizar, «obras faraónicas para desalar agua».

   Con ello, ha indicado que el programa de desaladoras ha dado los siguientes resultados: de las 51 instalaciones programadas, tan sólo 17 están en explotación, y 15 todavía en trámite de construcción. Igualmente ha señalado que se ha realizado una inversión de 1.664 millones de euros y faltan otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas todavía en ejecución.

   «Hay instalaciones produciendo a la mitad de su capacidad por falta de demanda y algunas no llegan ni al tercio de su capacidad instalada. Y todo con precios de producción difícilmente asumibles para el abastecimiento humano e inasumibles para el regadío y la agricultura», ha agregado.

   En este sentido, Arias Cañete ha recordado que en España no se depuran todas las aguas y se debe dar cumplimiento a lo que establece la directiva europea del Consejo sobre aguas residuales. De hecho, ha señalado que cinco años después de poner en marcha el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, con una inversión prometida de 6.233 millones de euros, la Comisión Europea ha iniciado dos procedimientos sancionadores y un requerimiento contra España.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

   Sobre la planificación hidrológica, el ministro ha resumido que se debería haber concluido en diciembre de 2009 y que para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y nueve intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es del Ministerio.

   En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, sólo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña. Por este motivo, dice que la Comisión Europea también ha abierto un procedimiento de infracción a España.

   «La situación descrita obliga a la realización de una profunda reflexión y un planteamiento de medidas más adecuadas. Se debe abordar este nuevo periodo desde otra perspectiva y sin aplicación de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, cumpliendo con nuestras obligaciones con la UE, pero sobre todo, planteando soluciones racionales que duren en el tiempo», ha añadido.

   Con ello, ha indicado que este «importante reto» ha comenzado con la definición de una nueva estructura de gestión y decisión, con una mayor coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, para agilizar los procedimientos y finalizar los planes hidrológicos «lo antes posible».

   De hecho, ha puntualizado que el avance «más significativo» en este proceso ha sido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón y el inicio del periodo de información y participación pública del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

   «El Gobierno trabajará para lograr que, a lo largo del año 2012, el Consejo Nacional del Agua pueda aprobar los planes de las demarcaciones de Galicia – Costa, Tinto – Odiel – Piedras, Guadalete – Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Miño – Sil y Baleares, los cuales serán posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros», ha finalizado.

NACIONES UNIDAS Y MEDIO AMBIENTE

   En cuanto al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Arias Cañete ha manifestado que España no se opone, ni romperá el consenso europeo, a que se transforme en el organismo especializado de la ONU para el Medio Ambiente.

   Así, ha explicado a petición del PSOE la consideración que aporta el Ejecutivo a dicho programa y de que España lo presida y ha destacado con ello que el Gobierno ha asumido hasta febrero de 2013 la presidencia de dicho programa.

   Igualmente, el ministro ha explicado cómo en la última de sus reuniones, el foro se centró en el tema general de ‘La agenda ambiental en un mundo de transformación: de Estocolmo a Río’, y el debate se articuló en torno a tres áreas, las perspectivas del medio ambiente mundial, la economía verde y el marco institucional para el desarrollo sostenible.

   Desde la oposición, Leire Pajín, del PSOE, ha criticado que el Gobierno haya diseñado una hoja de ruta contraria a lo que pide la comunidad internacional y dice que no se puede ir a la futura cumbre de Rio +20 y prometer una hoja de ruta sostenible y después en el país «hacer lo contrario». En este sentido, cree conveniente que el ministro convoque y escuche a los portavoces parlamentarios para consensuar la postura española en dicha reunión internacional.

   En materia de agua, ha preguntado a Arias Cañete si los grupos parlamentarios van a tener la posibilidad de participar en el acuerdo y sobre qué premisas se va a sustentar dicho consenso. «Usted ha hablado de proyecto faraónicos y de desaladoras que van a tener que poner en marcha de forma muy clara», le ha advertido.

   Desde ICV, Laia Ortiz le ha recordado que el plan hidrológico de 2001 generó conflictos territoriales. «Me preocupa si el referente es volver a ese escenario de amenaza de trasvases. Lo que nos preocupa es la salud de nuestros ríos y ese plan hidrológico es lo que menos tenía en cuenta», ha agregado. Igualmente, ha avisado que, hasta ahora, lo propuesto por el Gobierno va en contra de la directiva marco de agua. «La alarma que fija este plan hidrológico y vuelve la pesadilla del trasvase y seguro que no es el mejor contexto para el trasvase», agrega

El consejo de administración de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) adjudicó ayer el contrato para la operación y mantenimiento del trasvase Júcar-Vinalopó a la unión de empresas formada por Aquagest Levante; Aqualogy Medio Ambiente; y Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales. El importe de adjudicación fue de 1,1 millones de euros, lo que supone una reducción del 18 % sobre el presupuesto, y el plazo previsto de ejecución es de 12 meses.
El contrato incluye el control y seguimiento de las tareas de operación, el mantenimiento, conservación y vigilancia de todo el sistema, la ejecución de auditorías en los equipamientos existentes y la logística de operación (almacenes, stocks, recambios, contratos especializados).
Paradójicamente, el Ministerio de Medio Ambiente contrata el mantenimiento de una infraestructura que sigue bloqueada y, pese a la apertura de negociaciones con los regantes, no se sabe si al final el trasvase se utilizará

JOSÉ SIERRA VALENCIA
El Consejo Nacional del Agua se reunirá en los próximos días para aprobar, con toda probabilidad, el texto de un real decreto que mantiene la demarcación Júcar con la misma estructura territorial de la actual Confederación Hidrográfica del Júcar.
El texto elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pretende resolver las controversias surgidas entre Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana en los últimos años y dar una salida a las diferentes interpretaciones del Tribunal Supremo sobre el reparto competencial del territorio Júcar.
La opción del ministerio consiste en trasladar la actual estructura territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar a la «demarcación» Júcar de modo que se privilegian los intereses valencianos al mantener una mayor representatividad -fruto de su mayor participación territorial y poblacional en la cuenca del Júcar- en detrimento de Castilla-La Mancha, que aspiraba a incrementar su poder en el río Júcar mediante la parcelación de la actual cuenca hidrográfica.
El real decreto abre la puerta a que tanto la Comunitat Valenciana asuma las competencias sobre sus cuencas internas, adscritas «provisionalmente» a la Demarcación Júcar que preside Maria Ángeles Ureña, aunque parece harto improbable ya que se trata de ramblas, barrancos casi sin agua y en el caso de Castilla-La Mancha de la cuenca endorreica de Pozohondo, sin cauces definidos.
En la práctica, el real decreto supone que la cuenca del Cenia se mantiene íntegramente dentro del Júcar y que la cuenca propia de la Albufera se integra también en el Júcar y no como una cuenca autónoma como pretendía Castilla-La Mancha. Tampoco se producirá la división del subsistema Vinalopó-l’Alacantí que incluían los borradores elaborados por el Gobierno Zapatero.
Esta distribución permite mantener 10 representantes de origen valenciano el Consejo del Agua de la Cuenca por 9 procedentes de otros territorios. En la Junta de Gobierno se amplia de 5 a 7 los representantes de los regantes lo que permitirá, probablemente, la entrada de los regantes de aguas subterráneas de La Mancha, actualmente «invitados». El nuevo real decreto facilitará la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.

(UNEX) La sequía es un fenómeno normal y estructural del clima y, por tanto, su regulación a través de normas jurídicas excepcionales y de urgencia no está justificada.

De acuerdo con el artículo publicado en la Revista de Administración Pública por el profesor Pedro Brufao del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, la comunidad científica considera la sequía como una situación normal y consustancial en muchos de los climas del planeta, entre ellos los propios del territorio español, incluso en la llamada España húmeda. Así lo avalan estudios promovidos por la Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales y la Fundación Marcelino Botín.

A pesar de no existir un concepto unívoco de sequía (meteorológica, hidrológica, agrícola e incluso psicológica), existe acuerdo científico sobre el carácter propio y recurrente en el clima mediterráneo y atlántico, es decir, la sequía es una característica “normal”. Su carácter cíclico sí varía según el lugar geográfico.

El autor critica la práctica frecuente de la administración pública de regular las sequías a través de decretos leyes destinados a reglamentar situaciones anormales y excepcionales. Si la sequía no es una situación extraordinaria, su regulación por medidas de urgencia no está justificada. Pedro Brufao manifiesta que “las sequías se tratan de manera excepcional y acientífica, lo que promueve resultados de ineficacia y despilfarro de recursos públicos, así como de no pocos casos de irregularidades y corruptelas”. Numerosas obras públicas e infraestructuras se han llevado a cabo al amparo de estos decretos leyes.

Por cuestiones históricas, el derecho de aguas se basa en la satisfacción del consumo, no de la demanda. Las conclusiones del estudio sostienen la promoción de una gestión de la demanda que integre el coste real del agua, la eliminación de los cultivos ilegales y de todos aquellos regadíos ineficientes. La inclusión en el precio del coste real del agua, los costes ambientales y el control de los consumos ilegales actuaría como motor de eficiencia. Son necesarios a su vez, planes de gestión de la sequía a largo plazo que dispongan medidas preventivas y de adaptación. Los planes actuales especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía (PES) no integran lo suficiente medidas preventivas, ya que se aplican cuando alcanzan la fase de pre-alerta.

Aguas subterráneas

La buena gestión de las aguas subterráneas es otra asignatura pendiente. De acuerdo con los datos de la Fundación Marcelino Botín, el uso de las aguas subterráneas cuadriplica la eficiencia de las aguas superficiales públicas: con una misma unidad de agua se produce cuatro o cinco veces más de producción y además son más baratas.

No obstante, el profesor Brufao pone de manifiesto el escaso control de las aguas subterráneas. Por ejemplo, la organización WWF denunciaba en junio de 2011 la existencia de unos 2.000 pozos ilegales en Doñana, frente a 550 legales. El uso ilegal del agua en Doñana consume el 90% de la recarga de los acuíferos que nutren los arroyos y el humedal.

La Directiva Marco del Agua trata las sequías excepcionales cuando son muy graves y obliga a los estados a realizar planes de gestión hidráulica de acuerdo con las características naturales de los ecosistemas para lograr un buen estado de las aguas.

Pedro Brufao subraya que la última sequía grave, entre 2007 y 2009, no conllevó problemas de abastecimiento y se respetaron las excepciones europeas para los cumplimientos de los niveles de contaminación, biodiversidad y buen estado ecológico de las aguas. “Con buenos planes de gestión de la demanda y de las aguas subterráneas, las sequías dejarían de ser una fatalidad”, puntualiza Pedro Brufao, que concluye “hay que adaptarse a las sequías con criterios de eficiencia, legalidad y transparencia”.

En este sentido, critica también el papel de los medios de comunicación por sus informaciones alarmistas, parciales e incompletas de las sequías que sólo proporcionan datos de las aguas superficiales, sin tener en cuenta otras variables como el mercado diario de la energía hidroeléctrica y la excesiva capacidad de muchos pantanos.

La investigación está en línea con los objetivos de la iniciativa del Campus de Excelencia Internacional HIDRANATURA, sobre Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales. HIDRANATURA tiene la vocación de situar a la Universidad de Extremadura entre las mejores universidades europeas en el plazo de cinco años. Este tipo de trabajos contribuye a la consolidación de una investigación científica y multidisciplinar en el ámbito del agua y crea alianzas estratégicas para conseguir la excelencia internacional. 

La investigación es clave para adaptar las explotaciones agrícolas de riego a los nuevos requerimientos de falta de agua y aumento de costes de la energía, pero también lo es transferir los resultados de esta labor a los productores. Así lo indicó ayer el secretario técnico de la Asociación Española de Riegos y Drenajes (Aeryd), José Antonio Ortiz, con motivo del XXX Congreso nacional que esta entidad celebra, hasta mañana jueves, en el campus de Albacete.

Cerca de 200 expertos están analizando los últimos avances relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a los regadíos, con más de 80 trabajos expuestos en las dos jornadas dedicadas a las sesiones técnicas. «Se trata de que todos estos conocimientos sean accesibles para el usuario», dijo Ortiz, quien señaló que se está trabajando en áreas como la información por satélite o la instalación de sensores o mandos a distancia para mejorar la efectividad de los sistemas de riego y aumentar los rendimientos agrícolas.

El representante de Aeryd, asociación que organiza este congreso conjuntamente con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), aseguró sobre las explotaciones albaceteñas de regadío que «han hecho un esfuerzo muy importante» para ponerse al día, y destacó que los sistemas que se emplean en la Región y en la provincia, fundamentalmente de riego mediante pivots, han experimentado un gran avance desde los modelos iniciales hasta los más actuales.

Sobre todo hizo hincapié en los resultados que se están obteniendo en el apartado de riegos deficitarios, con mejoras «tremendas». Y es que, según dijo, es fundamental que los regadíos «progresen» y «vayan acomodándose» a los retos que implica la escasez de recursos hídricos y el progresivo aumento del coste de la electricidad, básico en una zona como Albacete donde se necesita «bombear el agua» desde una cierta profundidad.

Aeryd se creó en 1985 y entre sus objetivos está el de dar a conocer la labor de los centros de investigación en materia de riegos mediante la celebración de jornadas y congresos como el que se está desarrollando en Albacete, ciudad que ya fue anfitriona del encuentro en 1992.

Este XXX Congreso Nacional de Riegos arrancó ayer en el edificio polivalente de Farmacia con un acto que presidió el vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas, Pedro Carrión, quien estuvo acompañado por la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Begoña Nieto. Según informó la UCLM, la representante del Gobierno hizo un llamamiento a los regantes para que «confíen en la tecnología y la utilicen porque es la única manera de mejorar la competitividad, la capacidad productiva y la rentabilidad».

El encuentro, de carácter anual, se ha organizado en colaboración con el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) y la Escuela Técnico Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA).

Preguntada sobre inversiones y nuevas planificaciones, Begoña Nieto detalló que el Ministerio «se encuentra en la fase de análisis del estudio de diagnóstico de todas las inversiones que se han realizado en las últimas planificaciones de regadío, correspondientes al Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 y al Plan de Choque». Ese diagnóstico, informó Efe, significará el principio para la nueva planificación que estará recogida en el contexto del futuro Plan Hidrológico Nacional, en el que trabaja el Ministerio y para el que aún no hay fecha.

En el último año, los precios del cereal en la Lonja de Albacete han experimentado alzas continuadas que, como suele ser habitual, se truncaron con las primeras estimaciones de la nueva cosecha. Sobre los resultados de la anterior campaña, el secretario de Asaja Albacete, Jorge Navarro, explicó que «no han estado mal», con cotizaciones para el agricultor «no desorbitadas, pero sí para cubrir costes». En esta ocasión, y a falta de saber cómo evolucionará el cultivo en países muy significativos como Rusia y Ucrania, donde parece que la producción tampoco será excesiva, el principal problema para los productores albaceteños va a ser la escasez de cosecha. «Al agricultor le hacen falta kilos y precio, y lo primero no va a dar para compensar los costes», señaló Navarro.

Dice el refrán que, en año bisiesto, la cosecha en un cesto. Lo recordaba ayer el secretario de Asaja Albacete, Jorge Navarro, para referirse a la campaña de cereales de invierno que ya ha empezado a recogerse en la provincia. Según las previsiones de los Servicios Periféricos de Agricultura de la Junta de Comunidades, en los próximos días está previsto que se recolecten 553.534 toneladas de estos cultivos, entre los que se incluye principalmente cebada y trigo. La cifra supone un retroceso de 195.072 toneladas respecto a 2011, cuando se contabilizaron 748.606 toneladas.

Esta caída, de en torno a un 30%, tiene su origen en las malas condiciones climatológicas que han soportado las explotaciones sobre todo durante el invierno, que ha sido muy seco y con ciclos de frío intenso, y las altas temperaturas del pasado mes de mayo, que trajeron consigo el temido ‘asurado’. La cosecha albaceteña, según indicó el representante de Asaja, va a ser «muy floja» en cuanto a volumen y también en calidad, ya que el excesivo calor ha afectado al peso específico del grano.

Según Asaja, las pérdidas podrían alcanzar, en algunas zonas, el 50%, unas estimaciones que también comparte UPA Castilla-La Mancha. El secretario de Organización de esta entidad, el albaceteño Ramón Sáez, dijo que en líneas generales la cosecha de este año va a ser «mala» en Albacete, con descensos de entre el 30 y el 50%.

Plaga de conejos

Sáez indicó que desde UPA ya se había advirtiendo, en los últimos meses, que la cosecha de 2012 iba a ser reducida por la sequía, a lo que se ha sumado el efecto del calor «en plena grana» de la planta. Asimismo, aludió a otro problema que ha centrado la preocupación de las organizaciones agrarias este año: la superpoblación de conejos en ciertas comarcas albaceteñas.

«Se ha perdido mucha cosecha y el rendimiento va a ser bajo», señaló. Solo en la provincia de Albacete y por lo que respecta a la cebada, indicó que la media de los últimos años es de unas 450.000 toneladas, mientras que en la presente campaña no está previsto segar más de 350.000.

Según los datos de los Servicios Periféricos de Agricultura, la superficie media dedicada a cereales de invierno y leguminosas en la provincia ronda las 299.900 hectáreas; en la campaña 2012, esta superficie se ha incrementado un 6,96%. Se contabilizan, en el apartado de cereales de invierno en secano, 225.296 héctareas, mientras que la superficie de cereales de invierno en riego es de 49.535 hectáreas.

En cuanto a las leguminosas y proteaginosas en secano (incluyendo guisante), Agricultura tiene registradas 41.655 hectáreas a nivel provincial, y 4.290 hectáreas por lo que respecta a estos cultivos en riego. En total, está previsto que se recojan 30.000 toneladas de leguminosas en grano, casi 8.000 toneladas menos que en 2011.

Agricultura advirtió que todas estas estimaciones preliminares de cosecha se han calculado sin tener en cuenta los datos a pie de campo y «a expensas de cómo pueda finalizar la maduración en los cultivos de ciclo más largo».

En este sentido, desde Asaja afirmaron que las siembras tempranas están funcionando, «dentro de lo malo», algo mejor, mientras que las realizadas en los primeros meses del año no han granado como debían. Algo similar ha ocurrido con leguminosas y proteaginosas, afectadas por el frío, la falta de precipitaciones y el calor.

En cuanto a Castilla-La Mancha, UPA indicó ayer, en un comunicado, que la actual campaña de cereal será inferior a la de años anteriores en un 30%. La cifra que baraja la entidad es de 2,5 millones de toneladas, menos que en una cosecha «normal». Esta disminución en la recolección «parece ser generalizada en todo el territorio castellano-manchego» aunque, según UPA, «hay variaciones entre comarcas; algunas con un descenso de en torno a un 40 o 50%, mientras que en otras la caída podría ser de entre el 15 y el 20%».

Sequía

En su análisis, la entidad hace especial hincapié en la sequía de este 2012 que, a su juicio, es «la mayor de los últimos años», y teme que sus consecuencias en el sector agrario «se acentúen este verano». En este escenario, UPA ha manifestado su «decepción» por la postura tanto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como de la Consejería de Agricultura, a quienes acusa de no comprometerse lo suficiente.

Según UPA, la orden del Ministerio del 26 de mayo sobre acceso a subvenciones para profesionales y la normativa que también publicó la Junta sobre esta materia han resultado ineficaces. Por contra, señala que las Administraciones públicas no han atendido propuestas que, en su opinión, darían mejores resultados, en aspectos como adelanto de ayudas, seguros agrarios, fiscalidad, devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos y ayudas al transporte de forraje.

Pedrisco

En la provincia de Albacete, UPA también ha llamado la atención sobre la necesidad de que se atiendan los llamamientos para respaldar a los profesionales de la comarca de La Manchuela y, más concretamente, de los municipios de Cenizate y Navas de Jorquera, cuyas explotaciones se vieron arrasadas por el pedrisco del pasado 28 de mayo.

Ramón Saéz explicó que tanto las organizaciones agrarias como los ayuntamientos implicados han dado los pasos necesarios para obtener la declaración de ‘zona asimilable a desastre natural’, y recordó que todas las tasaciones de los seguros cifran daños de más del 80%.