El secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, un pacto social económico, en educación y sanidad, en agua, en financiación municipal y sobre la reforma de la Ley Electoral.

   Así se ha pronunciado el líder del PSOE en declaraciones a los medios de comunicación al salir del encuentro mantenido con la presidenta de la Junta en el Palacio de Fuensalida de Toledo, que se ha prolongado por espacio de casi dos horas.

   Concretamente, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha propuesto a Cospedal un pacto por el crecimiento de Castilla-La Mancha que puedan discutir socialistas y ‘populares’ y que esté abierto a agentes sociales y a otras fuerzas políticas «si es necesario».

   Todo ello, ha añadido, ante el hecho de que se estén «pulverizando» todos los planteamientos diseñados por la Unión Europea (UE) «para el asfixie de los estados miembros y de que se esté dando por hecho que no vamos a cumplir el déficit a nivel estatal».

   García-Page ha querido dejar claro que «incluso una política de recortes es importante pactarla» entre ‘populares’ y socialistas de la regió, y ha mostrado su apoyo a Cospedal para negociar en Madrid y en Bruselas un calendario económico «distinto, progresivo, razonable, inteligente y socialmente justo».

   A ello ha añadido que es «esencial» que esta política de crecimiento vaya acompañada de un plan de empleo para las 100.000 familias de Castilla-La Mancha que no tienen ingresos, para lo que ha dicho que es necesario la recuperación de la financiación europea destinada a los planes de empleo locales.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

   La segunda cuestión que ha planteado el líder de los socialistas a la presidenta regional es crear una comisión que inicie una ronda de contactos con los sectores profesionales de la sanidad y la educación para pactar un catálogo de servicios, «que no se mezcle con un debate ideológico sobre el modelo de prestación».  

   En este sentido, ha afirmado que la crisis no puede servir de excusa para aplicar recortes y cambiar la cartera de servicios que hasta ahora se prestaba en estos dos ámbitos.

   García-Page dicho que los socialistas están dispuestos a sentarse y pactar antes de tres meses este catalogo de prestaciones y servicios con los sectores afectados de la sanidad y la educación, que es «indispensable» si se quiere que los ciudadanos comprendan el esfuerzo que se les pide.

AGUA Y FINANCIACIÓN MUNICIPAL

   El tercer pacto que García-Page ha propuesto a María Dolores de Cospedal es en materia de agua. Una cuestión sobre la que ha reconocido que el PSOE está dispuesto a «matizar» y «hacer más básico» su planteamiento.

   Todo ello, ha añadido, dentro de un consenso que sirva de apoyo para negociar un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que no se quede sólo en el Tajo y que incluya todos los ríos que pasan por la región, ha señalado.

   En este punto, ha puesto como ejemplo a las comunidades autónomas de Aragón y Murcia al afirmar que si son capaces de pactar sobre su agua y en qué condiciones la tienen, «aquí tenemos que se capaces de hacerlo también». De lo contrario –ha añadido– «va a ser muy complicado que nos pongamos de acuerdo a nivel nacional».

   El cuarto pacto, sobre financiación local, busca establecer un calendario de pagos «realista» de la Junta a los ayuntamientos, que incorpore un mecanismo de transparencia para que «al minuto todo el mundo sepa lo que le debe la Administración regional a cada ayuntamiento y lo que le está pagando».

   «Es esencial porque los consistorios son proveedores de servicios de la propia administración, al menos en un 24 por ciento, de su presupuesto», ha agregado.

LEY ELECTORAL

   Por último, García-Page ha señalado que ha propuesto a Cospedal «que se pare el reloj» y dé más tiempo a la negociación de la reforma de la Ley Electoral presentada por el PP en las Cortes, que ha considerado como «una imposición».

   Así, ha dicho que al PSOE le gustaría que se planteara un tiempo de negociación política, no solo con los socialistas sino también con otros partidos y los sindicatos, «para que el texto que resulte no sea el que se ha planteado de manera unilateral».

   En este sentido, ha dicho que los socialistas castellano-manchegos no tienen una sola fórmula sobre la reforma de la Ley Electoral sino varias que pasan por plantear desde la circunscripción única a un sistema «mucho más proporcional» y que afecte a la condición impar de todas las provincias.

   Todo ello, ha dicho, sobre la base de que la nueva legislación electoral, al igual que se han reducido el número de altos cargos, reduzca incluso el número de parlamentarios. «Hasta 45 podemos plantearnos», ha añadido.

ENMIENDAS DEL PSOE A LA LEY ELECTORAL

   Preguntado sobre si el PSOE presentará enmiendas a la reforma de la Ley Electoral propuesta por el PP –el plazo acababa a las 14.00 horas de este viernes– García-Page ha dicho que dependerá de la «voluntad que quieran –Gobierno y PP– expresar».

   No obstante, ha afirmado que la presentación de enmiendas «es lo menos relevante» y que lo importante es poder elegir porque, por ejemplo, la propuesta de circunscripción única planteada por el PSOE «no podría ser una enmienda a plantear en el proceso que ha hecho el PP».

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla La Mancha (UPA-CLM), Julián Morcillo, ha avanzado este viernes que esta organización estudia la presentación de un recurso contra el decreto del Gobierno central del pasado 4 de mayo, en el que, entre otras leyes, modifica la Ley de Aguas que data de 1985.

   En rueda de prensa, Morcillo ha asegurado que este decreto dará paso a un «mercadeo del agua» en zonas como la del Alto Guadiana al permitir la venta de derechos y la posibilidad de aprobar nuevas concesiones de derechos de agua.

   Morcillo ha criticado que el decreto se haya aprobado sin ningún tipo de negociación con las organizaciones agraria  y, con respecto al posible recurso, ha señalado que una norma de rango menor, un decreto, no puede modificar una norma de rango mayor, una ley, en este caso.

   El dirigente de UPA-CLM ha lamentado que el decreto establezca una «discriminación de trato» entre los nuevos concesionarios de derechos de agua y los agricultores profesionales que están esperando una regularización de sus pozos.

   En el caso del Alto Guadiana, según Morcillo, este decreto supone una ruptura del «consenso social» en torno al plan que ha estado vigente en los últimos años y un retroceso hasta el año 2004, a las medidas que quiso poner en marcha el PP con José María Aznar como presidente.

   Morcillo también ha considerado negativo que el decreto derive hacia las confederaciones hidrográficas competencias que, hasta el momento, eran del Consejo Nacional del Agua y del Consejo Nacional de Medio Ambiente.

Tras haber evaluado con detenimiento los recientes cambios en la Ley de Aguas, aprobados por el Consejo de Ministros, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) les ha puesto nota. Y la calificación, por boca de su presidente, Francisco Belmonte,  «es insuficiente; por poco, pero es insuficiente».
Dentro de las medidas que le parecen bien a los miembros de la Jcrmo del Real Decreto que modifica la Ley 1/2001, los programas de actuación para velar por el buen estado de las masas de agua;  la aplicación práctica del principio de recuperación de costes incluido en la Directiva Marco del Agua; el nuevo sistema de cesión de derechos en el Alto Guadiana, o la forma en que se podrán convertir derechos privados en concesiones administrativas.
Pero también hay otras que no le parecen tan bien. Y algunas de ellas afectan de lleno a la Jcrmo. Por ejemplo, en lo tocante a las medidas para velar por el buen estado de las masas de agua, preocupa  un aspecto práctico, quién decide qué masas de agua están en buen estado, y cuáles no.

El albaceteño Manuel Alonso Caballero ostenta desde hace poco la Vicepresidencia de la  Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), un colectivo que representa a buena parte de este sector industrial. En medio de la incertidumbre creada por las últimos cambios legislativos que limitan la producción de energía (sobre todo en fotovoltaica), Caballero explicaba para La Tribuna de Albacete en qué punto está la batalla legal contra las decisiones tomadas por el anterior Ejecutivo, y que continúan vigentes con el nuevo Gobierno.
Ha entrado en una asociación creada casi al tiempo que los polémicos decretos de 2010.
Anpier nace de la necesidad de representar a muchos productores fotovoltaicos, muy discriminados, alrededor de 56.000. No había ningún colectivo que uniera a esta gente y garantizara sus derechos. Nació tras dos decretos de 2010, en concreto el RD 1565/2010 y el RDL 14/2010, que son claramente anticonstitucionales. Entre otras múltiples acciones, Anpier entabló conversaciones con el gobierno de entonces para que no se produjera el daño al sector, pero a pesar de todos los esfuerzos de la asociación  para que se derogaran estas nuevas normas retroactivas para los productores de energía eléctrica a partir de la tecnología fotovoltaica, estas se hicieron efectivas a partir de 2011.

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Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebró ayer en su sede de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) su asamblea sectorial de cultivos herbáceos, a la que asistieron presidentes y gerentes de las cooperativas comercializadoras de cereales y oleaginosas más importantes de la Región.

En el encuentro se realizó la primera estimación de cosecha regional de cereales de otoño-invierno, que apunta a un total de 3.175.000 toneladas, lo que podría suponer una cosecha un 12% inferior a la de la pasada campaña.

Si faltase lluvia, o los calores fueran excesivos, esta previsión disminuiría notablemente, por lo que las cooperativas volverán a evaluar las expectativas de cosecha cuando la recogida de cereal se generalice, indicó la entidad.

Asimismo, se renovaron los cargos de portavoz y viceportavoz sectorial, una vez cumplido el periodo de cuatro años desde la designación como portavoz de José Luis López, que ha ejercido su función al servicio de las cooperativas en este último periodo. López Elvira cuenta entre sus logros en la gestión de la sectorial con la renovación de sucesivos programas agroambientales del girasol, la cesión del uso de silos del FEGA a cooperativas, o la elevación del rendimiento medio de los cereales – y por tanto de las ayudas – en algunas comarcas de la Región.

Como nuevo portavoz fue elegido por unanimidad Ramón López Hervás, presidente de la cooperativa Ercávica, de la localidad de Cañaveruelas (Cuenca), y miembro del Consejo Rector de la Cooperativa de Segundo Grado Cereales Alcamancha, de Carrascosa del Campo (Cuenca).

El nuevo portavoz tiene como intención propiciar desde la sectorial las integraciones entre cooperativas, ya que en pocos años el sector ha pasado a requerir un volumen y especialización que pequeños grupos cooperativos no pueden cubrir por sí solos.

Asimismo, puso de manifiesto que la reforma de la PAC en el horizonte 2014-2020, como no podía ser de otro modo, será clave en el sector de cultivos extensivos en los próximos cuatro años, y aludió a la «volatilidad» de los precios como uno de los grandes problemas para el agricultor.

En base a las estimaciones realizadas a primeros de mayo por Cooperativas, la cosecha en la provincia de Albacete podría alcanzar las 700.000 toneladas de cereal de otoño-invierno (no incluidos los maíces), lo que supone una bajada superior al 5%, y Ciudad Real aumentaría significativamente su producción, un 20% más, teniendo en cuenta la merma de la pasada campaña, hasta situarse en 630.000 toneladas. En el caso de Guadalajara la bajada de producción respecto a la campaña pasada coincide con la media regional, de en torno a un 12%, y Toledo disminuye algo más. Cuenca sería, según estas previsiones, la provincia con mayor recorte en las producciones, casi un 30%, ya que tuvieron un buen año 2011 y los campos están mostrando peor cara de lo esperado en las siembras más tempranas, señaló la organización.

Pedro Barato ha resultado reelegido por unanimidad presidente provincial de Asaja en Ciudad Real durante la asamblea general que esta organización agraria celebró ayer en la Cámara de Comercio. Barato, que desde 1990 es presidente de Asaja a nivel nacional y desde 2011 preside la Federación Española de Autónomos (CEAT), agradeció el respaldo de los agricultores y ganaderos que componen la organización, según informó Asaja en un comunicado. El dirigente de la patronal agraria subrayó la importancia que para él tiene el reconocimiento de los agricultores y ganaderos ciudadrealeños y dijo que su fuerza en Madrid «me la da Ciudad Real, me la da mi tierra».

Barato también agradeció a los miembros salientes del comité ejecutivo su aportación y dedicación, al tiempo que felicitó a los nuevos que se incorporan, a los que les pidió «que trabajen con ilusión por agricultores y ganaderos, pues somos lo que somos gracias a nuestra gente».

Tras su reelección, el presidente analizó la actual situación del sector que tiene su vista puesta en la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020. En este sentido, indicó que, en líneas generales, todo apunta a que no habrá grandes cambios en la PAC, una política que se va a seguir manteniendo aunque debido a la situación económica puede ver reducido su presupuesto. Como presidente de Asaja pidió que la Unión Europea apueste por la agricultura activa, «por la de labrar, cosechar, ordeñar, abonar, en definitiva, producir, que es adonde tienen que ir las ayudas», y reclamó medidas de mercado.

Valencia-Mucho tienen que cambiar las previsiones para que no se inicie un periodo de sequía. La cabecera del Júcar y del Cabriel tienen peores datos que en 2006 y 2007. Esto quiere decir que se están batiendo mínimos históricos   La campaña de riegos de este año será tranquila, porque se parte de una buena situación y porque se están registrando buenos datos en Tous gracias a las aportaciones que se están produciendo en Contreras.

El secretario general de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, hacía esta advertencia y, a renglón seguido, acometía una reinvindcación histórica. Terminar el plan de modernización de regadíos, que sigue incompleto tres años después de la fecha prevista de finalización. Estas obras son fundamentales para conseguir ahorros de agua.
La crisis ha rematado la voluntad de las Administraciones por poner en marcha este plan, que sólo en el término que afecta a la Acequia Real del Júcar abarca  20.500 hectáreas de cultivo.

Valero de Palma exigió que al menos se finalicen aquellos cuya inversión restante es mínima. El caso más llamativo es de el cuatro sectores que tienen la obra más importante finalizada de los que sólo resta la red de distribución para que conecte con las parcelas. Faltan unos pocos metros para que se produzca esta conexión, pero la empresa a la que la Conselleria de Agricultura encargó las obras, la constructora Luján, ha paralizado las obras y parece ser que no tiene la intención de ponerlas en marcha hasta que se le pague lo adeudado, unos 500.000 euros.

La Conselleria de Agricultura admitió ayer el avanzado estado de las obras y también su paralización por la falta de pagos. Fuentes oficiales aseguraron que trabajan para conseguir la financiación necesaria, aunque la situación económica es complicada.

Desde la empresa concesionaria prefirieron no hacer declaraciones al respecto. De la finalización de estas infraestructuras dependen más de 3.600 regantes.

A estos sectores, hay que añadir otro paquete de obras que se encuentran todavía en un estado más tardío de ejecución. Se trata de siete sectores cuya competencia de ejecución se reparte entre la Generalitat y el Ministerio de Agricultura. Requiere una inversión de 12 millones de euros, aunque USUJ está revisando los proyectos para  reducir su coste. Supondrían un ahorro de siete millones de metros cúbicos al año. En marcha se encuentran ocho sectores.

Urgencia
– No se ahorra el agua, objetivo de que la modernización de regadíos se declarara de interés público
– Se deterioran las instalaciones ejecutadas y que no se ponen en uso. Hay riesgo de vandalismo.
-Los regantes no entienden que las obras estén tan avanzadas y no se invierta lo poco que falta.

http://www.iagua.es/noticias/observatorio-del-agua/12/05/10/el-vinculo-entre-agua-y-energia-desde-punto-de-vista-economico-nuevo-coloquio-del-observ

Gonzalo Delacámara, profesor de Fundamentos del Análisis Económico (área de conocimiento: teoría económica) en la Universidad de Alcalá (1997-2012) e investigador del Área de Análisis Económico e Institucional del Agua de la Fundación IMDEA Agua, imparte el juees 10 de mayo, a las 13:00 horas, el coloquio «El vínculo entre agua y energía desde un punto de vista económico», en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Previamente fue coordinador del Grupo de Economía Ambiental del Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica; consultor internacional para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); research Manager en ECOTEC Research & Consulting, habiendo desarrollado diferentes proyectos para la Comisión Europea (evaluación de impuestos ambientales, precios del agua, desarrollo espacial, etc.).

Como investigador ha coordinado estudios sobre la valoración económica de recursos hídricos en América Latina, los impactos ambientales de la generación eléctrica en España o el valor económico de los activos naturales de España. Asimismo, ha coordinado el análisis económico del plan de ahorro de agua de la ciudad de Madrid y de la estrategia española de ahorro y eficiencia energética, y el plan de fomento de las energías renovables en España.

En América Latina, desarrolló el análisis económico de políticas de desarrollo de biocombustibles líquidos para el transporte. Sus líneas de investigación principales son: economía del agua, economía de la energía, análisis coste-beneficio de políticas públicas, valoración económica de cambios en la calidad ambiental, gestión económica de recursos naturales, contabilidad ambiental, economía del cambio climático, modelos de utilidad aleatoria y desarrollo económico.

Recientemente ha desarrollado estudios para el Banco Mundial sobre la gestión de conflictos de agua (Perú) o la modernización de la gestión del agua (Chile), para FAO sobre el análisis económico de la gestión de aguas subterráneas (como parte del proyecto Groundwater Governance: a Global Framework for Country Action, FAO-UNESCO-IAH-GEF) y es el coordinador del trabajo de IMDEA Agua en el proyecto de investigación competitiva del Séptimo Programa Marco de I+D de la UE, sobre instrumentos económicos para la gestión del agua.

En 2011 fue parte del equipo internacional de evaluación externa de la sexta fase del Programa Hidrológico Internacional (UNESCO). Su publicación más reciente es: Delacámara, G. y Solanes, M. (2012) “Policies, structure and regulation in water and sanitation services”, en Heller, L. (ed.) Basic sanitation, Environmental health and public policies: new paradigms for Latin America and the Caribbean, Pan-American Health Organization (en imprenta).

J. SIERRA VALENCIA ­El Real Decreto ley de 4 de mayo de medidas urgentes en materia de medio ambiente facilita al Gobierno la tutela sobre los acuíferos que se encuentran en riesgo de no alcanzar «el buen estado» cuantitativo y cualitativo de sus aguas» y permitiría en la práctica la adopción de medidas que podrían ser traumáticas como restringir la extracción de agua en el acuífero manchego del Júcar o la de obligar a los regantes del Vinalopó a utilizar las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó en lugar de seguir explotando sus pozos.

En nuevo real decreto amplia los poderes del Estado y simplifica los trámites que durante décadas dificultaron la declaración de «acuíferos sobreexplotados» pese al evidente deterioro y los continuos descensos del nivel de las aguas en lugares como la Mancha Oriental o el Vinalopó.

No obstante, entre los regantes existe el convencimiento de que la administración hidráulica, pese a reforzar su capacidad de intervención y dotarse de nuevos y simplificados argumentos legales, intentará antes el consenso.

«Masas en riesgo»
El Gobierno ha facultado a las Demarcaciones Hidrográficas a declarar oficialmente las masas de agua subterránea «en riesgo» de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico en los plazos marcados por la Directiva de Aguas. El cambio afecta tanto a los órganos de la administración que hacer esta declaración— que sustituye a la de los acuíferos sobreexplotados vigente en la Ley de Aguas— como a los plazos y alcance de las medidas.

El nuevo real decreto hace que sea la Junta de Gobierno de la Confederación— sin necesidad de consulta al Consejo del Agua—el órgano que puede declarar una masa «en riesgo».

Respecto al plazo para la puesta en marcha de planes de actuaciones para la recuperación del acuífero amenazado los reduce a un máximo de un año .

Mientas se aplican estos programas, el Gobierno puede limitar las extracciones, sustituir las captaciones individuales por otras comunitarias, sustituyendo los títulos individuales por colectivos, y «prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea».
En la práctica, el Gobierno podría forzar a los regantes del Vinalopó a hacer uso del trasvase que ahora desprecian y limitar las extracciones tanto en este acuífero como en de la Mancha Oriental.

La justificación del nuevo régimen introducido por el real decreto permitirá, según el Gobierno, «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuentan con un plan de actuación».

Según el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Júcar, pendiente de aprobación, tanto el acuífero de la Mancha Oriental como el del Vinalopó están muy lejos de alcanzar el «buen estado» del que habla la ley de Aguas y la directiva marco. Sin embargo, los sucesivos gobiernos se han resistido durante décadas a forzar la declaración de estas masas de agua como acuíferos sobreexplotados, pese a evidencias como los descensos acumulados del nivel freático de más de un centenar de metros.

El Real Decreto parece flexibilizar también el principio de recuperación de costes, de modo que podría eximirse a los regantes alicantinos de pagar íntegramente el coste real de bombear y llevar el agua al Vinalopó—haciendo que el uso de las aguas del trasvase sea asequible para sus economías—, y permite redistribuir los costes de la gestión del agua, incluidos los medioambientales, entre los diferentes usuarios.

El subdirector general de Regadíos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Joaquín Rodríguez, ha instado hoy a las empresas dedicadas a las tecnologías de agua que «escuchen» la experiencia y la sabiduría de las regantes para poder desarrollar mejores tecnologías de riego.

En declaraciones a Efeagro tras su participación en la II Asamblea General de la Plataforma Tecnológica del Agua, donde moderó del debate científico-técnico «Riego Eficiente», Rodríguez ha remarcado que los agricultores suponen por su trabajo diario sobre el terreno «un pozo de experiencia y sabiduría».

Asimismo, Rodríguez ha subrayado que es tan importante hacer infraestructuras para el regadío como modernizar su gestión.

Por todo ello, ha apuntado que las nuevas líneas de actuación del Ministerio de Agricultura en relación al regadío harán hincapié en poner en valor toda la inversión realizada hasta la fecha en modernización de regadíos.

Durante la sesión, el catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Ricardo Abadía, expuso la situación actual de las redes de regadío en España, resultado de los diferentes planes de modernización emprendidos y que han supuesto una inversión para el sector de 4.000 millones de euros para la mejora de 1,5 millones de hectáreas regables.

Abadía ha expuesto que el principal problema del regadío se basa en la total dependencia energética de unas infraestructuras que de 1950 a 1997 han reducido el consumo de agua por hectárea en un 21 %, hasta los 6.500 metros cúbicos, mientras que el gasto energético se ha incrementado un 657 %, hasta los 1.560 kilowatios/hora.

Por su parte, el investigador del Instituto Valenciano de Investigación Agraria Diego Intrigliolo ha lamentado que, pese a la eficiencia que se ha alcanzado en la captación y transporte del agua, se pierden en ocasiones recursos con su uso en parcela.

Para una aplicación más eficiente del agua en el campo, Intrigliolo ha destacado la existencia de nuevas tecnologías como los riegos de goteo subterráneo, los realizados por pulsos, los de precisión y los de déficit controlado.

Desde la Universidad de Almería, el catedrático Santiago Bonachela ha explicado el caso de los regadíos en los invernaderos, que consiguen alcanzar una mayor eficiencia productiva del agua que los que se encuentran al aire libre, por la menor evaporación de agua del suelo y su mayor grado de productividad.

En cualquier caso, Bonachela ha presentado algunas prácticas que harían más eficiente el regadío bajo cubierta, como es la reutilización del agua de los drenajes y la recogida de la lluvia o de la condensación.

El coordinador del grupo de trabajo «Riego eficiente» de la PTEA, Juan José Alarcón, ha presentado además un proyecto de investigación que engloba iniciativas para mejorar la eficiencia del riego.

En concreto, dentro de esta iniciativa -denominado «Eje Tractor»- se incluyen iniciativas como la puesta en marcha de sistemas de apoyo a la toma de decisiones en comunidad de regantes y establecimiento de equipos de telecontrol, la mejora en la eficiencia de programación del riego en parcela o el despliegue de redes de sensores que midan los parámetros establecidos previamente.

Asimismo, ampara medidas como el desarrollo de sistemas de riego más eficientes en el consumo de agua y energía.