GENERA 2012, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, se reafirma como la plataforma de referencia para el sector de las energías renovables y la eficiencia energética. La 15ª edición del Salón se celebrará entre el 23 y 25 de Mayo en Feria de Madrid y será, una vez más, el principal punto de encuentro y negocio del sector.

Las distintas y numerosas JORNADAS TÉCNICAS, organizadas por las principales organizaciones y entidades de la industria, ofrecerán una visión muy amplia de la actualidad de los diferentes campos integrantes en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética. Por su parte, el FORO GENERA será una vez más el espacio elegido por las empresas para explicar sus novedades y servicios. 

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El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha destacado que en la actualidad nos encontramos ante una nueva agricultura al servicio de la sociedad, que tendrá que hacer un uso exquisito de la tierra, el agua, y los distintos medios de producción”. “Se deberán utilizar estos medios con la precisión necesaria para producir calidad y a precios competitivos, conservando y mejorando los recursos naturales puestos en juego en el proceso”, ha añadido el ministro.

Durante la entrega de los Premios Anuales del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, Arias Cañete ha convocado “a la formidable y hermosa tarea de contribuir con vuestro ingenio y esfuerzo a diseñar nuevas formas de producir más y con mejor calidad, con menos suelo, agua y energía, conservando y mejorando los recursos naturales”.

Según ha subrayado el ministro, este es el reto al que se enfrenta la población mundial, “a la que tenemos la obligación de abastecer en la medida que nos corresponda, de modo que en cualquier lugar del planeta sea posible alimentarse como lo hacemos nosotros”.

El ministro también ha precisado que, para poder producir alimentos de calidad y cantidad suficiente, “la ciencia agronómica debe enfrentarse y resolver los problemas de unos costes de producción elevados, así como plantear soluciones que favorezcan la conservación y mejora de los recursos naturales que configuran el medio ambiente”.

En el caso español, ha añadido Arias Cañete, el esfuerzo de los ingenieros agrónomos debe permitir “la permanencia del sistema agroalimentario español, cuyas capacidades y calidades hoy gozan de un prestigio que no podemos perder, de cara al futuro”.

Asimismo, Arias Cañete ha indicado que en la “Plataforma del Conocimiento”, dentro de la página Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se encuentran listados los 333 centros, públicos y privados, donde trabajan con este fin más de 5.000 personas en la realización de más de 8.000 proyectos de investigación, tanto básica como aplicada.

En este espacio, “también encontraréis, desarrolladas por el Ministerio y la Universidad Politécnica de Madrid, herramientas que ponen a nuestra disposición las nuevas tecnologías para poder intercambiar información, conectados en red, y que ya están utilizando, con buenos resultados, diversos grupos de trabajo.

Por último, Arias Cañete ha mostrado su propósito de coordinar ese esfuerzo investigador, “e integrarlo y alinearlo con las exigencias sociales, económicas y medioambientales, configurando así un Plan de Investigación e Innovación, a nivel nacional, al servicio de los empresarios agrarios, para hacer que nuestra agricultura siga siendo una actividad generadora de salud y riqueza, vertebradora del territorio y respetuosa con el medio ambiente”. 

La nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, trabaja ya en un plan de cuenca que «blinde» los derechos hídricos del regadío de la Comunidad. Frente al intento de su predecesor, el socialista Juan José Moragues, de reducir drásticamente la superficie de regadío del campo valenciano, fuentes próximas al organismo de cuenca señalaron que el equipo de Ureña se ceñirá al censo de hectáreas regables que maneja la Conselleria de Agricultura, y que será el que finalmente se reflejará en el Plan de Cuenca del Júcar —que debería estar listo, según las previsiones del Gobierno, el próximo año—.

Tal como ha venido publicando ABC en los últimos meses, Moragues inició en los últimos meses de Gobierno socialista (durante el verano de 2011) la redacción del borrador del plan de cuenca con la previsión de eliminar 40.000 hectáreas de regadío de la Comunidad —18.000 de ellas en la provincia de Alicante—. Con la supresión de dichas hectáreas, al calificarlas como «suelo potencialmente regable» en lugar de como regadío, se eliminaban también derechos históricos sobre aguas de riego de los agricultores de la Comunidad.

La maniobra de Moragues, que llegó a plasmarse en el Esquema de Temas Importantes (ETI) del plan de cuenca del Júcar, perseguía un objetivo claro: reducir el déficit hídrico de la Comunidad, y por tanto desactivar la exigencia de trasvases desde el campo.

«Foto» de 2005

La supresión de hectáreas de regadío fue posible porque la CHJ tomó como referencia los datos de riego de 2005, un año especialmente seco en el que muchos agricultores no tuvieron más remedio que dejar parte de sus propiedades en barbecho. Así, las tierras que no se regaron ese año —el mismo en que la exministra Cristina Narbona decidió el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó— pasaban automáticamente, en el borrador de plan de cuenca de Moragues, a convertirse en secano. Con lo que perdían sus derechos hídricos.

El plan de cuenca que preparaba el PSOE, que elevó el ETI al Consejo del Agua sin mediar votación pese al rechazo del Consell, del Ayuntamiento de Valencia y de los agricultores —excepto los del Júcar—, habría ocasionado una pérdida patrimonial de 2.000 millones de euros a los agricultores valencianos, por la pérdida de producción de las tierras afectadas, así como unas pérdidas acumuladas por lucro cesante de 220 millones de euros al año.

En cambio, según las fuentes consultadas, Ureña tomará como referencia para contabilizar el regadío en la Comunidad el censo que maneja la Conselleria de Agricultura, que es la que tiene las competencias en la materia. Dicho censo contempla un total de 350.000 hectáreas, que son las que figurarán en el plan.

Una de las prioridades que se ha fijado la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, es «desbloquear» el trasvase Júcar-Vinalopó, comenzado hace una década y terminado el año pasado, pero sin usuarios. Los regantes del Vinalopó reclaman el regreso a la toma original, en Cortes de Pallás, por la elevada presencia de coliformes en la desembocadura, donde está la toma actual.

Pero poner en marcha el trasvase, diseñado para enviar un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales al embalse de San Diego, en Villena, no será precisamente sencillo. Para que la infraestructura funcione es necesario redactar un convenio entre la Confederación y los regantes que utilizarán el caudal, en el que se establezcan cuestiones como el precio del agua o los derechos de cada usuario, así como la forma de pago.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí que preside Andrés Martínez tiene firmado un convenio con la CHJ para un trasvase que comenzaba en Cortes de Pallás, no en el Azud de la Marquesa como sucede en la actualidad. De esta forma, el documento existente, que se invalidó cuando la exministra Cristina Narbona cambió el trazado en 2005, no puede emplearse para el trasvase actual.

Al mismo tiempo, los regantes del Vinalopó apuestan por conectar la toma original al trazado actual. Tal como ha venido publicando este periódico, la toma de Cortes de Pallás estaba terminada cuando se paralizó el trasvase original para proceder al cambio de trazado.

De esta forma, la conexión solo costaría, según los cálculos de la Junta Central, 60 millones de euros, una cantidad que se amortizaría en solo tres años gracias al ahorro energético del trazado original.

Mercado del agua

La toma en Cortes de Pallás, según la propuesta de los regantes, coexistiría con la actual en el Azud de la Marquesa. Las normas de explotación que proponen los agricultores alicantinos establecerían que el agua se tomase preferentemente al final del río, excepto cuando la calidad —los sólidos en suspensión— impidiera destinarla a regadío.

Sería entonces cuando los regantes podrían recurrir a la toma en Cortes, que estaría considerada como secundaria. Dicha toma se usaría a través de los mecanismos contemplados en el mercado del agua.

En Castilla-La Mancha se han presentado 157.655 solicitudes que corresponden a 37 líneas de ayudas europeas que pueden llegar a traer a la región más de 900 millones de euros”, aseguró la titular de Agricultura.

La consejera de Agricultura hizo estas declaraciones durante su visita ayer a diferentes zonas de la Alcarria Conquense como el municipio de Alcantud donde se ha trasladado a una explotación de mimbre y a Valdeolivas donde se celebra la Fiesta del Olivo, un cultivo emblemático para la región.

Fiesta del olivo
Durante su visita, la titular de Agricultura recordó que “somos la segunda productora de aceite de oliva en España y por tanto es un cultivo social e importante para Castilla-La Mancha, que estamos apoyando e impulsando ante la caída de los precios en origen del aceite y que esperamos que remonte”.
   
La consejera afirmó que este año la campaña de aceite ha sido muy alta y de muy buena calidad en la región y la producción se ha incrementado casi un 10% más con respecto a la campaña anterior.

Por ello, Soriano aseguró que “estamos apoyando al Ministerio en su petición a la Unión Europea de un plan de acción para este cultivo, que signifique unas ayudas estratégicas para defender la calidad de nuestros aceites y para defender al productor en la cadena de valor, para que el producto tenga un precio que permita la rentabilidad del cultivo”.

Alcantud
Asimimo, en su visita a Alcantud afirmó que el mimbre es “un cultivo singular donde tenemos más del 98% de la superficie de mimbre de toda España”, y que está pasando por dificultades a causa de la competencia desleal de otros países.
  
 “Producen otro tipo de mimbre de peor calidad pero que está entrando en la Unión Europea sin cumplir los mismos requisitos y eso hace que el precio de este producto no pueda competir frente a esa entrada”, explicó.
Por ello, Soriano aseguró que desde la consejería de Agricultura y desde el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, “estamos defendiendo a nuestros agricultores y productores frente a esa entrada masiva de productos y así lo hemos pedido en la reforma de la PAC para el próximo período”.
   
Por último, se desplazó a Villalba de la Sierra donde hay un sector piscícola importante para la región y, concretamente, para la zona de Cuenca. Allí la consejera recordó que desde Gobierno regional, “hemos solucionado la situación que había provocado el Gobierno socialista al impedir la suelta de algunas especies piscícolas en nuestros ríos”, lo que había ocasionado un grave daño en los ríos y en el turismo de la región.
   
Soriano destacó que “gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, ante la petición de las comunidades autónomas afectadas, se ha frenado ese listado de especies, en el que se habían incluido algunas que no producen ningún daño a nuestros ríos, como la trucha arco iris que lleva en nuestra comunidad autónoma casi dos siglos y que genéticamente es imposible que compita con la trucha común”, apostilló.

El secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, un pacto social económico, en educación y sanidad, en agua, en financiación municipal y sobre la reforma de la Ley Electoral.

   Así se ha pronunciado el líder del PSOE en declaraciones a los medios de comunicación al salir del encuentro mantenido con la presidenta de la Junta en el Palacio de Fuensalida de Toledo, que se ha prolongado por espacio de casi dos horas.

   Concretamente, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha propuesto a Cospedal un pacto por el crecimiento de Castilla-La Mancha que puedan discutir socialistas y ‘populares’ y que esté abierto a agentes sociales y a otras fuerzas políticas «si es necesario».

   Todo ello, ha añadido, ante el hecho de que se estén «pulverizando» todos los planteamientos diseñados por la Unión Europea (UE) «para el asfixie de los estados miembros y de que se esté dando por hecho que no vamos a cumplir el déficit a nivel estatal».

   García-Page ha querido dejar claro que «incluso una política de recortes es importante pactarla» entre ‘populares’ y socialistas de la regió, y ha mostrado su apoyo a Cospedal para negociar en Madrid y en Bruselas un calendario económico «distinto, progresivo, razonable, inteligente y socialmente justo».

   A ello ha añadido que es «esencial» que esta política de crecimiento vaya acompañada de un plan de empleo para las 100.000 familias de Castilla-La Mancha que no tienen ingresos, para lo que ha dicho que es necesario la recuperación de la financiación europea destinada a los planes de empleo locales.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

   La segunda cuestión que ha planteado el líder de los socialistas a la presidenta regional es crear una comisión que inicie una ronda de contactos con los sectores profesionales de la sanidad y la educación para pactar un catálogo de servicios, «que no se mezcle con un debate ideológico sobre el modelo de prestación».  

   En este sentido, ha afirmado que la crisis no puede servir de excusa para aplicar recortes y cambiar la cartera de servicios que hasta ahora se prestaba en estos dos ámbitos.

   García-Page dicho que los socialistas están dispuestos a sentarse y pactar antes de tres meses este catalogo de prestaciones y servicios con los sectores afectados de la sanidad y la educación, que es «indispensable» si se quiere que los ciudadanos comprendan el esfuerzo que se les pide.

AGUA Y FINANCIACIÓN MUNICIPAL

   El tercer pacto que García-Page ha propuesto a María Dolores de Cospedal es en materia de agua. Una cuestión sobre la que ha reconocido que el PSOE está dispuesto a «matizar» y «hacer más básico» su planteamiento.

   Todo ello, ha añadido, dentro de un consenso que sirva de apoyo para negociar un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que no se quede sólo en el Tajo y que incluya todos los ríos que pasan por la región, ha señalado.

   En este punto, ha puesto como ejemplo a las comunidades autónomas de Aragón y Murcia al afirmar que si son capaces de pactar sobre su agua y en qué condiciones la tienen, «aquí tenemos que se capaces de hacerlo también». De lo contrario –ha añadido– «va a ser muy complicado que nos pongamos de acuerdo a nivel nacional».

   El cuarto pacto, sobre financiación local, busca establecer un calendario de pagos «realista» de la Junta a los ayuntamientos, que incorpore un mecanismo de transparencia para que «al minuto todo el mundo sepa lo que le debe la Administración regional a cada ayuntamiento y lo que le está pagando».

   «Es esencial porque los consistorios son proveedores de servicios de la propia administración, al menos en un 24 por ciento, de su presupuesto», ha agregado.

LEY ELECTORAL

   Por último, García-Page ha señalado que ha propuesto a Cospedal «que se pare el reloj» y dé más tiempo a la negociación de la reforma de la Ley Electoral presentada por el PP en las Cortes, que ha considerado como «una imposición».

   Así, ha dicho que al PSOE le gustaría que se planteara un tiempo de negociación política, no solo con los socialistas sino también con otros partidos y los sindicatos, «para que el texto que resulte no sea el que se ha planteado de manera unilateral».

   En este sentido, ha dicho que los socialistas castellano-manchegos no tienen una sola fórmula sobre la reforma de la Ley Electoral sino varias que pasan por plantear desde la circunscripción única a un sistema «mucho más proporcional» y que afecte a la condición impar de todas las provincias.

   Todo ello, ha dicho, sobre la base de que la nueva legislación electoral, al igual que se han reducido el número de altos cargos, reduzca incluso el número de parlamentarios. «Hasta 45 podemos plantearnos», ha añadido.

ENMIENDAS DEL PSOE A LA LEY ELECTORAL

   Preguntado sobre si el PSOE presentará enmiendas a la reforma de la Ley Electoral propuesta por el PP –el plazo acababa a las 14.00 horas de este viernes– García-Page ha dicho que dependerá de la «voluntad que quieran –Gobierno y PP– expresar».

   No obstante, ha afirmado que la presentación de enmiendas «es lo menos relevante» y que lo importante es poder elegir porque, por ejemplo, la propuesta de circunscripción única planteada por el PSOE «no podría ser una enmienda a plantear en el proceso que ha hecho el PP».

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla La Mancha (UPA-CLM), Julián Morcillo, ha avanzado este viernes que esta organización estudia la presentación de un recurso contra el decreto del Gobierno central del pasado 4 de mayo, en el que, entre otras leyes, modifica la Ley de Aguas que data de 1985.

   En rueda de prensa, Morcillo ha asegurado que este decreto dará paso a un «mercadeo del agua» en zonas como la del Alto Guadiana al permitir la venta de derechos y la posibilidad de aprobar nuevas concesiones de derechos de agua.

   Morcillo ha criticado que el decreto se haya aprobado sin ningún tipo de negociación con las organizaciones agraria  y, con respecto al posible recurso, ha señalado que una norma de rango menor, un decreto, no puede modificar una norma de rango mayor, una ley, en este caso.

   El dirigente de UPA-CLM ha lamentado que el decreto establezca una «discriminación de trato» entre los nuevos concesionarios de derechos de agua y los agricultores profesionales que están esperando una regularización de sus pozos.

   En el caso del Alto Guadiana, según Morcillo, este decreto supone una ruptura del «consenso social» en torno al plan que ha estado vigente en los últimos años y un retroceso hasta el año 2004, a las medidas que quiso poner en marcha el PP con José María Aznar como presidente.

   Morcillo también ha considerado negativo que el decreto derive hacia las confederaciones hidrográficas competencias que, hasta el momento, eran del Consejo Nacional del Agua y del Consejo Nacional de Medio Ambiente.

Tras haber evaluado con detenimiento los recientes cambios en la Ley de Aguas, aprobados por el Consejo de Ministros, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) les ha puesto nota. Y la calificación, por boca de su presidente, Francisco Belmonte,  «es insuficiente; por poco, pero es insuficiente».
Dentro de las medidas que le parecen bien a los miembros de la Jcrmo del Real Decreto que modifica la Ley 1/2001, los programas de actuación para velar por el buen estado de las masas de agua;  la aplicación práctica del principio de recuperación de costes incluido en la Directiva Marco del Agua; el nuevo sistema de cesión de derechos en el Alto Guadiana, o la forma en que se podrán convertir derechos privados en concesiones administrativas.
Pero también hay otras que no le parecen tan bien. Y algunas de ellas afectan de lleno a la Jcrmo. Por ejemplo, en lo tocante a las medidas para velar por el buen estado de las masas de agua, preocupa  un aspecto práctico, quién decide qué masas de agua están en buen estado, y cuáles no.

El albaceteño Manuel Alonso Caballero ostenta desde hace poco la Vicepresidencia de la  Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), un colectivo que representa a buena parte de este sector industrial. En medio de la incertidumbre creada por las últimos cambios legislativos que limitan la producción de energía (sobre todo en fotovoltaica), Caballero explicaba para La Tribuna de Albacete en qué punto está la batalla legal contra las decisiones tomadas por el anterior Ejecutivo, y que continúan vigentes con el nuevo Gobierno.
Ha entrado en una asociación creada casi al tiempo que los polémicos decretos de 2010.
Anpier nace de la necesidad de representar a muchos productores fotovoltaicos, muy discriminados, alrededor de 56.000. No había ningún colectivo que uniera a esta gente y garantizara sus derechos. Nació tras dos decretos de 2010, en concreto el RD 1565/2010 y el RDL 14/2010, que son claramente anticonstitucionales. Entre otras múltiples acciones, Anpier entabló conversaciones con el gobierno de entonces para que no se produjera el daño al sector, pero a pesar de todos los esfuerzos de la asociación  para que se derogaran estas nuevas normas retroactivas para los productores de energía eléctrica a partir de la tecnología fotovoltaica, estas se hicieron efectivas a partir de 2011.

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