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Cospedal anuncia la actualización del Registro de Cotitularidad de las Explotaciones Agrarias en CLM

Cospedal se ha comprometido a ayudar a que las mujeres en el mundo rural puedan crear sus propias empresas, constituirse como autónomas y desarrollar empresas en todo lo que supone la industria agroalimentaria y el desarrollo rural, donde “hay mucho por hacer”

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha anunciado que, antes de que termine el primer año de legislatura, el Gobierno regional va a actualizar el Registro de Cotitularidad de las Explotaciones Agrarias “para que las mujeres de nuestra región dejen de esperar”.

En la clausura de las jornadas ‘Mujeres rurales emprendedoras: Nuevas necesidades, nuevas oportunidades’, organizadas por la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (AFAMMER), en Ciudad Real, Cospedal ha recordado que Castilla-La Mancha es una región donde la agricultura y la ganadería tienen un peso específico mayor que en el resto de las regiones de España y donde casi 500.000 mujeres viven en el mundo rural de Castilla-La Mancha, por lo que “tiene que ser la región de las mujeres”.

“Somos una región que, con mucho orgullo, decimos que aquí todos somos nietos o bisnietos, hijos o somos agricultores y ganaderos”, ha apuntado la presidenta castellano manchego, quien ha recordado que la agricultura y la ganadería “son parte de nuestra cultura, de nuestra herencia, de nuestra historia”, asegurando que desde el Gobierno regional “vamos a trabajar para que también sea parte de nuestro futuro”.

Ayudar a las mujeres del mundo rural a emprender

Cospedal se ha comprometido, asimismo, a ayudar a que las mujeres en el mundo rural puedan crear sus propias empresas, constituirse como autónomas y desarrollar empresas en todo lo que supone la industria agroalimentaria y el desarrollo rural, donde “hay mucho por hacer”.

En este sentido, la presidenta también se ha referido a las oportunidades que las mujeres del mundo rural necesitan para poder desarrollar futuro y ha dicho que, para ello, “hace falta hablar de conciliación de la vida laboral y familiar”.

La presidenta castellano manchega ha destacado, igualmente, el papel que está jugando la Consejería de Agricultura en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos castellano manchegos en la negociación de la Política Agraria Común (PAC) y ha destacado que el Gobierno regional está trabajando en el Programa del Fomento del Empleo de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha que aprobará el Ejecutivo castellano manchego en la primera parte de la legislatura.

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El Gobierno da luz verde a la regulación del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, modificando así otro Real Decreto anterior, del 8 de mayo de 1987, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. Se da así cumplimiento a las atribuciones que le otorga el texto refundido de la Ley de Aguas y demás normativa vigente.

   La regulación del Consejo del Agua de la demarcación en dicha Ley introduce significativas modificaciones, incorporando entre las nuevas funciones la de promover la información, consulta y participación pública en el proceso planificador. Además, incluye entre los nuevos vocales a representantes de las entidades locales, de los servicios periféricos de costas, autoridades portuarias y capitanías marítimas, y de asociaciones y organizaciones en defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionados con el agua.

   Por otro lado, el Real Decreto establece que el número y distribución de los representantes autonómicos en el Consejo debe efectuarse en función del número de comunidades autónomas de la demarcación y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, con un mínimo de un representante por cada Comunidad Autónoma, en este caso Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

   Estos criterios se han aplicado considerando la superficie y la población con igual ponderación y teniendo también en cuenta, en todo caso, que el número total de vocales del Consejo no dificulte su operatividad.

   El plazo para la constitución efectiva del Consejo del Agua de la demarcación será de tres meses y, hasta entonces, seguirá existiendo y ejerciendo sus competencias el Consejo del Agua de la cuenca. Posteriormente a la constitución del Consejo, la Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana deberá constituirse en un plazo no superior a un mes.

   El funcionamiento y constitución del Consejo del Agua de la demarcación regulado en este Real Decreto no supondrá incremento alguno del gasto público, y se atenderá con los recursos personales y materiales existentes en la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

   Respecto al ámbito territorial, el Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, modifica el Real Decreto de 8 de mayo de 1987, por el que se definían los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.

   Con esto se pretende ajustar el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ya que se vio afectado por el Real el Real Decreto de 23 de diciembre de 2005, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico, esto es las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana, al incluir en dicho traspaso las cuencas hidrográficas de los ríos Tinto, Odiel, Piedras y las inter-cuencas de vertido directo al atlántico.

   Este Real Decreto ha sido informado favorablemente por el pleno del Consejo Nacional del Agua en el que participan las comunidades autónomas y los sectores afectados.

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Alonso: «Es necesario un gran acuerdo para cambiar una PAC perjudicial»

«Esta no es la PAC que necesitan ni España, ni Castilla-La Mancha». De esta rotunda manera valoraba el portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso, el documento inicial y pedía «un gran acuerdo de país, un documento de consenso que haga que el Gobierno de España, las comunidades autónomas, los partidos políticos y las organizaciones agrarias compartamos los objetivos y vayamos con una posición común sobre qué cosas tenemos que cambiar necesariamente de este documento».
Según el diputado socialista, la propuesta supone «un retroceso» y pone en riesgo la rentabilidad y la competitividad de miles de explotaciones. Además, deja en el olvido cuestiones importantes y en las que, a su juicio, se deberían avanzar ahora aprovechando esta reforma, como la reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros países o la relación entre el productor y las grandes cadenas de distribución y comercialización de los productos agrarios.
Por último, señala al nuevo concepto de pago único como el mayor de los defectos del documento: «Tal y como está planteado introduce el caos» entre los diferentes sectores y aquéllos que ahora sí perciben ayudas y los que no.    

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Los agricultores alertan de que la nueva PAC es mortal para el campo

Para COAG es un documento «decepcionante» porque no evitará que la renta agraria siga cayendo ni la desaparición de cuotas lácteas y derechos de plantación de viñedos

El borrador de la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) no puede haber tenido una peor acogida. No satisface a ninguna organización agraria y todas, esta vez en bloque, han alzado su voz para pedir su retirada. COAG-IR califica la nueva reforma de «decepcionante y alarmante» al considerar que de aprobarse acabará con el campo castellano-manchego pues, exponen, que no hará nada por evitar que la renta agraria, que en los últimos años se ha contraído un 20%, siga cayendo, ni contempla medidas para evitar la desaparición de cuotas lácteas y derechos de plantación de viñedos. Han recordado, además, que entre 2003 y 2010 (con la anterior reforma) han desaparecido el 20% de las explotaciones de la Unión Europea, algo que consideran que aumentará si la Comisión Europea no da marcha atrás y modifica el documento presentado el miércoles.
Igualmente, rechazan la definición de «agricultor activo», pues en «absoluto» corresponde al modelo de agricultor y ganadero profesional que debe apoyarse desde la PAC, y el establecimiento del límite máximo de ayudas, criticando que, en base a la actual reforma, el 11% de los beneficiarios percibe el 70% de las subvenciones.
El borrador propuesto por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, tampoco incluye medidas para equilibrar la cadena alimentaria. A juicio de los responsables de COAG-IR, no se puede permitir que mientras los agricultores y ganaderos pierden un 20% de su renta, grandes cadenas de producción como Mercadona o Carrefour hayan incrementado sus beneficios en más de un 40%.

Un paso atrás.
Las nuevas propuestas de Bruselas han cambiado de rumbo y responden más a las presiones externas que a los problemas de los agricultores, denuncia Asaja. Para la organización agraria, la PAC planteada se traduce en un aumento de burocracia para los agricultores, incrementando sus costes, exigiéndoles prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitando su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y, por tanto, sus rentas. Sin embargo, insiste en que no hay que alarmarse porque hasta el 2014 queda «mucho trabajo por delante» para conseguir una agricultura que beneficie tanto a los agricultores como a los consumidores.
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) también califica de «muy negativa» la propuesta europea y opina que es «un verdadero ataque a la agricultura productiva y a los verdaderos profesionales». El responsable de la organización en la Región, Julián Morcillo, en declaraciones a Efe, considera que la propuesta legislativa «no avanza nada» en el concepto de agricultor en activo, algo en lo que tenía muchas esperanzas por entender que se trataba de una ocasión para orientar las políticas agrarias hacia los verdaderos profesionales del campo.    

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El PSOE propone que sea la iniciativa privada la que gestione el mirador de la Fiesta del Árbol

La viceportavoz del grupo municipal socialista, Carmen Oliver, propuso ayer al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que negocie con la iniciativa privada del sector del turismo la gestión del mirador del depósito de la Fiesta del Árbol para que se pueda abrir «cuento antes» y así impulsar el turismo en la ciudad, uno de los sectores que más empleo está generando en estos tiempos de crisis.

Oliver consideró que, una vez que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) entregue las obras de reconversión del depósito de agua de la Fiesta del Árbol al Ayuntamiento de Albacete, su equipo de Gobierno se esfuerce en buscar nuevas fórmulas que hagan posible que esta infraestructura no permanezca cerrada como ocurre, por ejemplo, con el Centro Joven ‘Mari Llanos Martínez’, «que el Ayuntamiento aún no ha puesto a disposición de los jóvenes de la ciudad, a pesar de que ya está concluido, a falta de equipara con puertas los despachos de este Centro», insistió.

Oliver recomendó al equipo del Partido Popular que convoque reuniones y encuentros con el sector del turismo para que sea éste quién aporte propuestas y sugerencias, ya que la gestión del depósito del agua «no tiene por qué ser directa del Ayuntamiento, sino que su explotación se puede sacar a concurso público».

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Rosa Aguilar califica de “decepcionante” y merecedora de “casi una enmienda a la totalidad” la propuesta de reforma de la PAC de la CE

La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, ha expresado su rechazo a la propuesta legislativa sobre la reforma de la PAC en el horizonte de 2020 presentada por el Comisario Europeo de Agricultura, Dacian Ciolos. Para Rosa Aguilar, la reforma planteada es “decepcionante” y merecedora de “casi una enmienda a la totalidad” ya que “no da respuesta a los desafíos en que estos momentos tiene la agricultura europea”.

En rueda de prensa, Rosa Aguilar ha marcado las “líneas rojas” del Gobierno de España en esta reforma, sobre las que mantendrá una firme posición frente a la Unión Europea. En este punto, ha hecho referencia al modelo de pagos directos, el “greening”, la convergencia entre los Estados Miembros y la redistribución de las ayudas dentro de cada uno de ellos, las medidas de competitividad y de mercado y el desarrollo rural.

Para el Gobierno de España, el tema de mayor transcendencia es el nuevo esquema de pagos directos que, aunque en la propuesta de la Comisión Europea se mantiene como elemento fundamental de la PAC, sufre un cambio sustancial en cuanto a la determinación de su cuantía. Ese modelo implicaría llegar a un pago uniforme en cada Estado Miembro o Región antes de 2020 lo que supondría un abandono de las referencias históricas, utilizadas por muchos Estados Miembros, al final del periodo. España rechaza de plano tal opción.

Respecto al ‘greening’, la ministra ha explicado que la PAC es, actualmente, una política verde y será necesario consensuar las medidas que le hagan avanzar en esa línea. Para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la inclusión del concepto de ‘greening’ en la reforma de la PAC es un objetivo positivo, aunque ha considerado necesario revisar el nivel del 30 por ciento de greening sobre los pagos directos. “Habrá que reconocer que son muchos los agricultores que ya ponen en práctica medidas medioambientales”, ha asegurado la ministra.

Rosa Aguilar ha defendido además que la convergencia entre Estados Miembros se haga de forma progresiva y “nunca a costa del bolsillo del agricultor”. Para la titular del MARM, el horizonte de convergencia que plantea la Comisión Europea requiere fondos adicionales.

Del mismo modo, la ministra ha criticado el concepto de agricultor activo incluido en la reforma de la PAC al considerar que se trata de “un manifiesto desastre” que no se puede permitir ya que supone la exclusión de la misma a los agricultores que se dedican al cien por cien a la agricultura pero que no reciben ayudas directas de la PAC.

Sobre las medidas de competitividad y mercado de la PAC, España defiende que la Comisión Europea vaya a más. La ministra ha considerado un avance el hecho de que la propuesta de Dacian Ciolos mantenga la posibilidad de pagos acoplados a la producción o el apoyo a sectores y zonas específicas, pero ha considerado que el planteamiento que se hace es insuficiente y que debe ser reforzado.

Respecto a las medidas de gestión de mercado y gestión de crisis, Rosa Aguilar ha asegurado que las experiencias vividas han demostrado la insuficiencia de los recursos e instrumentos con los que cuenta actualmente la PAC para hacerlas frente de manera efectiva. Para la ministra son necesarias medidas más ambiciosas y mecanismos ágiles, flexibles y automáticos de intervención, con niveles adecuados de desencadenamiento de los mismos, ya que “no se puede ir a paso de tortuga”. En este sentido, Rosa Aguilar ha calificado este capítulo de la reforma como “una oportunidad desaprovechada”.

Del mismo modo, Rosa Aguilar ha rechazado la propuesta sobre el segundo pilar de la PAC, referido al desarrollo rural, de elevar la tasa de cofinanciación de los Estados Miembros por encima del 50 por ciento, al tiempo que ha echado en falta políticas que incentiven la igualdad de género en el medio rural y una apuesta real por la incorporación de los jóvenes a la agricultura. Con esta propuesta “no hay un rejuvenecimiento de la agricultura” ha dicho la Ministra.

Tras el intenso calendario de trabajo acordado por el Gobierno y las comunidades autónomas en su reunión del pasado día 5, Rosa Aguilar ha destacado la voluntad del MARM de defender con “uñas y dientes” a los agricultores al tiempo en que ha confiado en que las administraciones central y autonómicas alcancen una posición común sobre la reforma en los temas más importantes para España.

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Alarmante propuesta “pseudo-ambiental” que pone en peligro el modelo social de agricultura, el tejido productivo y la seguridad alimentaria de Europa

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera alarmante la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), presentada por la Comisión Europea en Bruselas, porque pone en peligro el modelo social de agricultura, el tejido productivo y la seguridad alimentaria de Europa.

COAG rechaza esta propuesta porque profundiza en los errores que han llevado al sector agrario a la crisis actual: ayudas desligadas de la producción, (que favorecen a grandes propietarios de tierras absentistas en detrimento de la agricultura productiva, profesional y generadora de empleo), desregulación de los mercados y liberalización del comercio agrícola, caldo de cultivo para la volatilidad de precios y especulación, (que para los agricultores/as está suponiendo precios a la baja y aumento de costes), y para una mayor dependencia del exterior en cuestiones alimentarias. Además, COAG considera el pago por “verdeo” una “pseudo-medida ambiental”, que provocaría un trasvase injusto de ayudas a favor de las explotaciones con más dimensión, absentistas e improductivas.

“El modelo más sostenible y verde de agricultura pasa por mantener en nuestros campos a los agricultores y ganaderos profesionales, que generan empleo, gestionan el 80 por ciento del territorio, preservan el paisaje y mantienen vivo el medio rural. Sin embargo la UE, sorprendentemente, “tiñe de verde” la PAC priorizando la superficie y no la producción, obviando que sin cultivar, la tierra es un desierto de arena”, ha apuntado Miguel López, secretario general de COAG. Esta organización propone un pago directo al activo agrario, siempre condicionado al cumplimiento de compromisos de actividad productiva, empleo, sostenibilidad medioambiental, condiciones socio-laborales, de calidad y seguridad alimentaria.

De forma más concreta, podemos establecer el siguiente análisis:

Mercados agrarios. Resulta muy decepcionante que las propuestas de la Comisión Europea no contemplen instrumentos públicos efectivos para regular y estabilizar los mercados agrarios. Por el contrario, se sigue adelante con la desregulación, proponiendo eliminar cuotas de producción (azúcar y leche) y derechos de plantación (viñedo). Ni siquiera se plantea actualizar los desfasados umbrales de intervención y almacenamiento privado, (caso del aceite de oliva), que se aplican a un número limitado de productos. “En un contexto de volatilidad de precios en los mercados mundiales de materias primas es incomprensible que la UE no baraje medidas para poner orden y control. El 70 por ciento de la renta de los profesionales agrarios viene por el mercado, y si no conseguimos estabilizar los precios, nos abocan a vender por debajo de costes y en breve, a echar el cierre. Europa no puede dejar la alimentación en manos de los fondos especulativos”, ha apuntado López.

Ayudas directas compensatorias. La propuesta de Reglamento de Pagos Directos de la Comisión Europea implanta un sistema de ayuda por hectárea o superficie, completamente desacoplado de la capacidad productiva y la actividad desarrollada en las explotaciones, de forma que favorecerá a aquéllas explotaciones con gran base territorial, mientras perjudicará a otras con poca base territorial y alta productividad. Por tanto se refuerza a la propiedad de la tierra en detrimento de los profesionales y activos agrarios y el modelo social de agricultura.

COAG rechaza rotundamente este modelo de ayudas, que puede llevar al sector agrario español a situaciones dramáticamente injustas como puede ser la transferencia de rentas desde cultivadores de regadío y ganaderos hacia grandes propiedades latifundistas. A todo ello se uniría que, según los cálculos realizados sobre la propuesta de perspectivas financieras de la UE, en el periodo 2011-2019 las ayudas comunitarias a los agricultores españoles se verían reducidas un 17 por ciento.

Acuerdos comerciales terceros países. La liberalización comercial de los intercambios agrícolas está detrás de la desregulación, especulación y volatilidad de los precios que está afectando a las producciones agrarias en los últimos años. Es imprescindible que todas las regiones del mundo dispongan de los instrumentos para garantizar su propio modelo de agricultura y alimentación en el marco de la soberanía alimentaria.

Paralelamente, no podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Adicionalmente, debe ser obligatorio informar a los consumidores, por ejemplo en el etiquetado de los productos agroalimentarios, acerca del proceso productivo y las normas que se han cumplido en la producción, transformación y comercialización.

Cadena alimentaria. En opinión de COAG, la figura de la Organización de Productores (OP), como herramienta para concentrar la oferta y vertebrar el sector productor en origen, no encaja en la estructura de nuestro sector productivo. Consideramos que la vertebración económica del sector productor debe realizarse a través de la integración cooperativa y que la negociación colectiva de precios y la homologación de los contratos debe poder realizarse en el seno de las organizaciones interprofesionales (OIAs) de todos los sectores.

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La alargada sombra de la reforma de la PAC

Y si la situación de agricultores y ganaderos invita poco al optimismo, los próximos cambios normativos que se van a producir amenazan con agravarla aún más. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Coag no ocultan su preocupación por el escenario en el que la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) pueda colocar al sector agropecuario.

«Ahora nos encontramos en plena incertidumbre de que es lo que a pasar con los presupuestos de 2014», señala el responsable de la Unión de Pequeños Agricultores en la provincia. Mientras, el coordinador provincial de Coar-IR se pregunta qué va a pasar con el mundo de la agricultura tal y como hoy se conoce. Y es que la reforma de la PAC, aunque no sea el único motivo de preocupación del sector, también inquieta y mucho.

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El campo albaceteño pierde terreno

En solo diez años han desaparecido más de un 36% de explotaciones agrícolas con tierras en la provincia de Albacete

La bajada de renta agraria, la falta de relevo y la crisis del sector motivan esta situación, según las organizaciones agrarias.«No hay cosa peor que se te quite la ilusión. Y nos la han quitado. No la hay». Quien así se expresa es el coordinador provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) en Albacete, Fernando Ruiz. ¿El motivo de sus quejas? La crisis que desde hace muchos años arrastra el sector y que provoca el más absoluto desánimo entre el colectivo agropecuario.

Un desánimo que avala la evolución, en negativo, que ha experimentado en la última década el censo agrario en la provincia de Albacete. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2009, en Albacete había un total de 20.888 explotaciones agrícolas. Eso frente a las 32.948 que había registradas, según la misma fuente, una década antes. De esta forma entre 1999 y 2009 el campo albaceteño perdió un 36,6% de este tipo de explotaciones.

Un descenso que también se tradujo en el número de hectáreas de superficie agrícola contabilizadas en la provincia. En la última década el censo agrario albaceteño ‘perdió’ más de 292.700 hectáreas, al pasar de contar con 1.310.470 a tener 1.017.764 hectáreas.

Desde las organizaciones agrarias tienen claro qué cuestiones han contribuido de forma decisiva a que se produzca esta situación que desde el sector lamentan. Un sector, el agropecuario, que desde hace años atraviesa su particular ‘vía crucis’ en forma de grave crisis del campo que amenaza con cronificarse.

La pérdida de renta agraria sufrida en los últimos años, que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) estima en un 20% mientras que Coag la eleva hasta un 30 o un 40%, es uno de los motivos que arguyen las organizaciones agrarias. Con unos costes de producción que crecen exponencialmente, sobre todo el relativo a la factura eléctrica, y unos precios irrisorios los que se pagan por sus productos a los agricultores, las retribuciones de los profesionales del sector se han resentido notablemente, tal y como denuncian.

Pero ésta no es la única causa que señalan el relevo generacional hoy por hoy es prácticamente inexistente. Una situación que desde las organizaciones agrarias creen que, lejos de mejorar, se verá agravada a medida que pase el tiempo tal y como demuestra la tendencia de los últimos años.

Una cuestión ésta que refrendan tanto el representante de Coag como el secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Martínez, quien insiste en que los agricultores que se jubilan no tienen a quien legar su labor y sus explotaciones ya que la situación del sector hace que sea poco atractivo como futuro laboral.

Medidas

Y, ¿qué hacer ante este panorama? Ante esta situación desde Asaja de Castilla-La Mancha instan a las administraciones a que tomen medidas para evitar la desaparición del sector agrario que se está produciendo. Para la organización agraria es necesario que la administración busque soluciones tendentes a favorecer e impulsar la agricultura y el medio rural.

Aunque es difícil determinar quien se lleva la peor parte en el declive, a pasos agigantados, que está sufriendo el mundo agropecuario en la provincia de Albacete, lo cierto es que es en el sector ganadero donde se ha abierto una brecha mayor en la última década tal y como han denunciado en diferentes ocasiones.

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