Según el presidente de los regantes de la Mancha Oriental, la última sentencia del Supremo sobre demarcaciones hidrográficas «nos ha devuelto de golpe al punto inicial, al año 1998»

 En 2004, el Supremo ordenó excluir del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar las cuencas internas valencianas; en 2011, el Supremo ha dictado que estas deben seguir dentro de la Demarcación del Júcar.
Entre ambos fallos, está un Real Decreto, el 125/2007, que estableció que las cuencas internas -el término técnico es «intracomunitarias»- podían adscribirse «provisionalmente» a la citada Demarcación. Y un recurso contradicho Real Decreto, presentado por el anterior Gobierno regional, que ha provocado que el Alto Tribunal se contradiga a si mismo.
La existencia de ambos fallos, enfrentados entre sí, ha despertado estupor en medios profesionales y jurídicos. Por el fallo en sí y por la forma en que el letrado de la Junta, bajo mandato de la anterior Administración, planteó un recurso que incurre en «contradicción», según el Supremo.
Un problema que ahora debe resolver el actual Gobierno regional, cuyos Servicios Jurídicos trabajan contra el reloj, para ver cómo recurrir. Si se puede, cosa que tampoco está clara.

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Los tres reales decretos han sido informados favorablemente por el pleno del Consejo Nacional del Agua en el que participan las Comunidades Autónomas y los sectores afectados

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de hoy, tres reales decretos por los que se establece la composición, estructura y funcionamiento de los Consejos del Agua de la demarcación de la parte española de las Demarcaciones Hidrográficas del Ebro, Duero y Miño-Sil, respectivamente, dando así cumplimiento a las atribuciones que le otorga el texto refundido de la Ley de Aguas y demás normativa vigente.

La regulación del Consejo del Agua de la demarcación en dicha Ley introduce significativas modificaciones incorporando entre las nuevas funciones la de promover la información, consulta y participación pública en el proceso planificador.

Además, incluye entre los nuevos vocales a representantes de las entidades locales, de los servicios periféricos de costas, autoridades portuarias y capitanías marítimas y de asociaciones y organizaciones en defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionados con el agua.

Asimismo, establece que el número y distribución de los representantes autonómicos en el Consejo debe efectuarse en función del número de Comunidades Autónomas de la demarcación y de la superficie y población de las mismas incluidas en ella, con un mínimo de un representante por cada comunidad autónoma. Estos criterios se han aplicado considerando la superficie y la población con igual ponderación y teniendo también en cuenta, en todo caso, que el número total de vocales del Consejo no dificulte su operatividad.

En ese sentido, en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, dado el alto número de Comunidades Autónomas concernidas, se mantendrá en el Consejo del Agua de la demarcación el mismo número y distribución de vocales en representación de las Comunidades Autónomas que existente en el Consejo del Agua de la cuenca.

La constitución efectiva del Consejo del Agua de la demarcación se realizará en un plazo de tres meses, período durante el cual continuará existiendo y ejerciendo sus competencias el Consejo del Agua de la cuenca.

Tras la constitución del Consejo, la Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana deberá constituirse en un plazo no superior a un mes.

El funcionamiento y constitución de los Consejos del Agua de la demarcación regulados en estos reales decretos no supondrán incremento alguno del gasto público y se atenderán con los recursos personales y materiales existentes en las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Duero y Miño-Sil, respectivamente.

Estos tres reales decretos han sido informados favorablemente por el pleno del Consejo Nacional del Agua en el que participan las comunidades autónomas y los sectores afectados

Los límites de la demarcación hidrográfica del Júcar se mantienen, al menos de momento. El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de Castilla-La Mancha contra el decreto del Gobierno que fijó en 2007 el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las del Segura y del Júcar. El Ejecutivo autonómico que presidía entonces el socialista José María Barreda, alegó que los límites establecidos no eran válidos porque la Comunidad Valenciana no había asumido la gestión de los ríos de su territorio, como prevé su Estatuto de Autonomía. En el Segura, rechazaba que entre sus recursos se computara el trasvase del Tajo.

El Supremo confirma que los cauces que nacen y mueren en una comunidad debe gestionarlos el Gobierno regional, pero considera que el decreto gubernamental es conforme a derecho porque la delimitación es «provisional» y será revisada. El fallo respalda así que la gestión del agua continúe de momento en manos de la Confederación del Júcar, pero el conflicto sigue sin resolverse, ya que el Consell no se ha hecho cargo de sus ríos.

Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el paro registrado en España ha aumentado en 208.981 personas (+5,20 %) en términos interanuales hasta 4.226.744 desempleados y en 95.817 personas en septiembre, el 2,32 % más respecto a agosto.

En el sector primario, el descenso del desempleo es el mayor para un mes de septiembre desde 1997, a excepción de 2010, cuando cayó en 3.552 personas y en similares niveles al mismo período de 2001, cuando lo hizo en 1.307 personas.

El número de extranjeros parados del sector agrario ha alcanzado 40.451 personas (27.915 extracomunitarios y 12.536 comunitarios), el 17,50 % más en términos interanuales, mientras que en la comparativa mensual se ha registrado una reducción del 5,75 %.

Por comunidades autónomas, en Andalucía el desempleo en el sector primario ha afectado a 50.774 personas en septiembre (1.204 menos que en agosto), en la Comunidad Valenciana a 14.863 (-947) y en Castilla-La Mancha a 11.344 (-1.034).

Respecto a los contratos, el número de indefinidos en agricultura ha llegado a 3.240 en septiembre, el 5,04 % menos respecto al mismo mes del año anterior y el 47,54 % más en comparación con agosto.

El número de solicitudes del subsidio de eventuales agrarios en septiembre ha sido de 25.341 (22.404 en Andalucía y 2.937 en Extremadura), el 1,9 % menos respecto al año anterior, mientras que las altas tramitadas en el citado mes han aumento un 1,8 %, hasta 18.626 (16.669 en Andalucía y 1.957 en Extremadura).

Los beneficiarios de este subsidio a final de septiembre han bajado a 151.536 (131.991 en Andalucía y 19.545 en Extremadura), un 5,2 % menos que en le mismo período de 2010.

Los gastos por esta prestación han sumado 68,47 millones de euros (60,44 millones en Andalucía y algo más de 8 millones en Extremadura), un 4,9 % menos.

Los comisarios europeos de Política Regional y de Empleo, Johannes Hahn, y Lázló Andor, respectivamente, presentaron hoy en rueda de prensa los nuevos reglamentos que guiarán la política de cohesión en el periodo 2014-2020 y para el que propone un de 376.000 millones de euros, casi un 37 % del presupuesto de 1,025 billones de euros que la CE ha propuesto para el mismo periodo.

La Comisión Europea propuso la creación de regiones transitorias en la presentación a finales de junio del presupuesto multianual para 2014-2020 y el Parlamento Europeo aprobó la propuesta en julio.

La CE ha propuesto destinar 38.900 millones de euros para apoyar durante el periodo 2014-2020 a las regiones de transición, es decir, aquellas que no serán consideradas objetivo prioritario, pero cuya renta esté aún lejos de la media comunitaria.

Con su nueva propuesta seguirán recibiendo fondos: las regiones menos desarrolladas (cuyo PIB per cápita esté por debajo del 75 % de la media europea), las regiones en transición (con un PIB de entre el 75 % y el 90 % de la media de la UE) y las regiones más desarrolladas (PIB superior al 90 % de la media).

Hahn explicó que dos tercios de los fondos de la política de cohesión se destinarán a la primera categoría, las regiones más desfavorecidas, mientras que el resto se repartirá entre las dos últimas.

El objetivo es hacer más suave la transición para aquellos territorios que dejen de ser «objetivo prioritario», porque aunque su PIB supera el 75 % de la media europea, aún se encontrará lejos del 90 % o el 100 % de la media de la UE.

Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía se encuentran en esa situación.

La UE financiará como máximo el 60 por ciento de los proyectos de las regiones en transición. El 40 % restante cofinanciarán las regiones.

Extremadura, por su parte, seguirá siendo considerada un «objetivo prioritario».

Murcia se beneficia a día de hoy de una «fase de transición», una figura que ahora la CE quiere institucionalizar con la creación de la nueva categoría intermedia. En ella no entrará Asturias, que hoy por hoy se encuentra en la misma situación que Murcia.

El reparto del presupuesto propuesto por la CE, aún tiene que ser discutido y aprobado por los países de la UE y el Parlamento Europeo en un proceso que podría demorarse unos 18 meses.

El año hidrológico (1 de octubre de 2010 a 30 de septiembre de 2011) ha terminado en valores normales de lluvias, aunque con un ligero superavit del 4 por ciento, ya que en este periodo se han acumulado 675 litros por metro cuadrado frente a un valor normal de 649 litros por metro cuadrado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a 30 de septiembre.

Así, el portavoz de la AEMET, Ángel Rivera ha indicado a Europa Press que el pasado año hidrológico que finalizó el pasado viernes se ha caracterizado por unas precipitaciones que promediadas a nivel nacional superan muy ligeramente los valores medios normales y porque éstas han estado repartidas de forma «muy desigual».

Concretamente las lluvias de los meses invernales acumularon un «apreciable» superávit de precipitaciones, ya que a finales del mes de marzo, el valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico superaba a los valores medios en casi 100 litros por metro cuadrado.

Durante los meses de abril y mayo el superávit se mantuvo con pocas variaciones «en general», a partir de junio se ha ido reduciendo de forma gradual por la escasez de precipitaciones de los últimos cuatro meses hasta que, al finalizar septiembre, quedaba en 25 litros por metro cuadrado.

En cuanto a la distribución geográfica de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico, se aprecia que éstas superaron los valores normales en Andalucía, Extremadura, Canarias, sur de Castilla-La Mancha e isla de Menorca y algunas zonas más reducidas de Asturias, Castilla y León, Madrid, La Rioja y nordeste de Cataluña.

Por otro lado, en amplias zonas de Andalucía y Canarias, así como en Menorca y en el extremo sur de Castilla-La Mancha las precipitaciones acumuladas han superado en más de un 25 por ciento a los valores medios.

Finalmente, en el resto de España este año ha sido más seco de lo normal, con un déficit relativo de precipitaciones más acusado, por encima del 25 por ciento, en la mayor parte de Valencia, en el oeste de Galicia y en algunas áreas del País Vasco, Navarra, sureste de Aragón, sur de Cataluña y norte de Castilla-La Mancha.

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible ha participado en la jornada ‘El agua en la economía verde en la práctica: hacía Río+20’.

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible ha participado como ponente en la jornada, ‘El agua en la economía verde en la práctica: hacia Río+20’, organizado por la Fundación Botín y que se ha celebrado en Zaragoza con el objetivo de debatir con empresarios españoles los problemas del agua y la economía verde en España.

Durante su intervención, Elena Sáenz, coordinadora de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, ha señalado ‘que la agricultura española hace un uso cada vez más eficiente del agua’. Basándose en los datos recogidos en el Informe de Indicadores de Sostenibilidad en la Agricultura y Ganadería en España elaborado por el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medio Ambientales de la UPM (CEIGRAM) a petición de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, Elena Sáenz destacó que, ‘en la productividad del agua de riego (m3/t), se aprecian disminuciones de consumo por unidad de producción en maíz, remolacha, viñedo de mesa, cítricos, melón y tomate. Sin embargo, se observa un comportamiento más estable en el girasol, olivar y viñedo de transformación’.

Además, este mismo informe indica que la productividad del agua por unidad de producto, medida en toneladas de cosecha por metro cúbico de agua (t/m3), ha experimentado notables aumentos en el período de tiempo 1998-2008.

En situaciones futuras, las reservas de agua serán cada vez más deficitarias y es, por esta razón, por lo que desde la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, insistimos en el papel fundamental de la aplicación de la tecnología para producir más con menos. Es imprescindible conseguir un riego eficiente que reduzca el consumo de agua permitiendo, de este modo, una gestión integral del ciclo del agua respetuosa con el medioambiente. Para ello, debemos ser capaces de potenciar la aplicación de nuevos sistemas de riego, nuevas estrategias de programación, nuevos sensores que nos informen de las necesidades hídricas de los cultivos, y nuevos sistemas remotos que permitan la automatización y el desarrollo sostenible de los regadíos.

Todas estas innovaciones ya se están aplicando pero el avance tecnológico no para e irá a más en el futuro.

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible

Nació en 2009, a partir de la Orden CIN/1728/2009, como un foro de trabajo para el intercambio de información y conocimiento, que pretende mejorar la percepción de las tecnologías aplicadas a las áreas agrícola y ganadera y está financiado por el MICINN.

Por otro lado, entienden la agricultura sostenible como un modelo irrenunciable e incuestionable, con el que satisfacer las necesidades alimentarias actuales de los ciudadanos, garantizando la productiva, la calidad de los productos y la seguridad alimentaria.

Para ello, es imprescindible el apoyo institucional tanto al avance tecnológico y a la investigación, como la elaboración de un marco legislativo adecuado que posibilite la aplicación de estos avances.

El futuro del sector se cimenta en la investigación y el desarrollo tecnológico que contribuya al incremento de la productividad agroalimentaria a la vez que se asegure el mantenimiento y buen uso de los recursos naturales existentes, sin la renuncia del acceso por parte de los ciudadanos, con independencia de su clase social y situación económica, a alimentos con vistas a una dieta variada y a un precio asequible. La mejora en la agricultura y las innovaciones tecnológicas es la única baza para mantener el abastecimiento de alimento necesario para cubrir la demanda mundial, consiguiendo al mismo tiempo equilibrar los precios.

Desde la década de los 50, la población mundial se ha multiplicado por dos. En un horizonte muy próximo, se alcanzarán los 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. El crecimiento demográfico que presentan los países subdesarrollados y la mayor esperanza de vida en el Primer Mundo provocan que las previsiones de crecimiento se disparen: la ONU baraja la posibilidad de llegar a 9.000 millones de habitantes en 2050 y a los 27.000 millones un siglo después.

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche en Talavera de la Reina, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha «que trabaje para la derogación del trasvase Tajo-Segura, que tanto daño ha hecho, hace y continuará haciendo», después de que a su juicio en este año hidrológico se haya trasvasado «toda el agua posible hacia el río Segura» pese a que el año hidrológico de éste río «ha sido sobresaliente».  

   La Plataforma ha informado en nota de prensa que este «ciclo excepcional» en el río Segura «no ha servido en absoluto» para que el ministerio de Medio Ambiente realizase una gestión comedida de la cabecera del Tajo, pese a que el agua trasvasada «no ha sido utilizada en muchos de los casos», existiendo a fecha 30 de septiembre «reconocidos» 103,235 hm3 del Tajo almacenados en los embalses del Segura.

   Esta cantidad representa para la Plataforma «agua trasvasada en exceso» por no estar empleada que supone un 28,36 por ciento de lo trasvasado, «sin contar lo guardado en balsas y pequeños embalses repartidos por el denominado postrasvase».

   En esta línea, han denunciado «la mala gestión de la cabecera del Tajo, que condena a muerte al tramo medio entre Aranjuez (Madrid) y Talavera de la Reina, donde el río este año, como muchos desde que comenzó a operar el trasvase Tajo-Segura, no ha tenido prácticamente caudal circulante en muchos tramos».

   Por ello, han pedido la revisión inmediata de la Regla de Explotación del Trasvase, aseverando que «se ha perdido la oportunidad de aprovechar este último ciclo húmedo para subir los niveles de los embalses de Entrepeñas y Buendía por encima de los 1.500 hectómetros».

   «Desde la Plataforma exigimos cordura y altura de miras a la Administración central, que aparece interesada en trasvasar cuanta más agua mejor antes de que quede vigente el nuevo Plan de cuenca», añade la nota, en la que además

Cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital a cuenta de la obra de la planta de ósmosis inversa, que podría mejorar la calidad del agua que nos llega a nuestros hogares. Mientras el PSOE asegura que las obras siguen avanzando y que los pasos son «irreversibles», el equipo de gobierno municipal, a través de su portavoz, Juan Carlos López Garrido, confirma que las obras están paradas ya que fue la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, la que en abril de 2011, tras un «movimiento de tierras» que presenció la anterior regidora, la socialista Carmen Oliver, permitió que los camiones «se volvieran y los operarios se marcharan».

Allí, aseguró López Garrido, no hay absolutamente nada. Y, mientras unos y otros afirman cosas y hechos diferentes, lo cierto es que los ciudadanos tendrán que seguir los consejos del propio concejal del PP y acudir hasta los mismos terrenos donde se supone puede construirse la planta, junto a la Estación de Tratamiento de Agua Potable, ETAP, en la carretera Albacete-Pozohondo, km. 3, y verán «que no se están realizando las obras».

No es esta la opinión del concejal del PSOE, Ramón Sotos, cuando aseguró ayer que la obra avanza. «Se han firmado las actas de expropiación con los propietarios de los terrenos a los que les afectan las tuberías por donde va a ir la planta de ósmosis hasta la depuradora, el salmoleoducto; se ha finalizado una modificación del proyecto sobre los nuevos filtros que se deben adaptar a la normativa».

Según Sotos, la obra estará finalizada para 2012 porque, aseguró, es necesaria ya que en periodos de sequía «la calidad del agua deja mucho que desear» y por este motivo, «la necesitamos».

Sí es cierto que está financiada al cien por cien por la CHJ pero, ¿y su mantenimiento? De eso, nada habló Sotos, y sí López Garrido, asegurando que supondrá un excesivo coste para las arcas municipales.

«La mentirosa Oliver» Así llamó a la ex regidora en reiteradas ocasiones el edil popular a cuenta de las retribuciones que percibe Javier Domínguez Robledillo como miembro de la Junta de Gobierno Local: no son 70.000 euros y sí, 46.049,22, los mismos que recibe Oliver como concejal en dedicación exclusiva. Además, afirmó López Garrido, el PP ya ha ahorrado 229.000 euros en personal a su servicio que no ha contratado.

JUAN CARLOS LÓPEZ GARRIDO CONCEJAL DE HACIENDA

«La obra está parada desde marzo y quien la paró fue la Confederación Hidrográfica del Júcar. El Ayuntamiento no decide eso»

RAMÓN SOTOS CONCEJAL DEL PSOE

«El Ayuntamiento no puede decir que para la obra por falta de dinero porque la planta está sufragada al 100% por la Confederación».El que fuera concejal de Medio Ambiente en la anterior legislatura, ahora en la oposición, Ramón Sotos, insistió ayer en que las obras de la planta de ósmosis de Albacete «no están paralizadas» y que «se sigue trabajando», incidiendo en que «son unas obras financiadas al 100% por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a través del Ministerio».

Sotos criticaba así las declaraciones de la semana pasada de la actual concejal de Medio Ambiente, la popular Rosa González de la Aleja, en las que achacaba a la mala situación de las arcas municipales el que se replanteara la continuidad de estas obras.

Ramón Sotos defendió que, sobre la planta de ósmosis, desde el Ministerio le habían asegurado que «se sigue avanzando» y que «la semana pasada se firmó la expropiación de los terrenos del salmueroducto», una de las instalaciones que necesita la planta y cuyas obras «están a punto de iniciarse», según el concejal socialista que defendió que también se ha estado trabajando en la modificación del trazado de este salmueroducto porque le afectaba el trazado del AVE.

Reiteró que «desde el Ministerio me confirman que la ejecución del presupuesto para 2011 se va a cumplir y que se finalizará en 2012».

Paralizadas desde marzo

Sin embargo, después de la rueda de prensa de Sotos llegaba el turno de la del concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos López Garrido, quien aseguró que, poco antes de comenzar su intervención, los responsables de estas obras «me han confirmado que en este momento no se están desarrollando obras en la planta de ósmosis».

Además, denunció que las obras ya se paralizaron antes de que el Partido Popular estuviera en el Gobierno municipal y aseveró que «solo se hizo un movimiento de tierras» en la zona donde se tenía que construir la planta, en el mes de marzo. Un inicio de obras mediático al que la entonces alcaldesa, la socialista Carmen Oliver, acudió con los medios de comunicación, según recordó López Garrido.

El concejal popular subrayó que estas obras «la paró la Confederación Hidrográfica del Júcar», pocos días después de ese movimiento de tierras y subrayó que desde el equipo de Gobierno municipal «no podemos parar esas obras porque no son del Ayuntamiento».

«Los camiones estuvieron solo dos o tres días después de esa visita», incidió Juan Carlos López Garrido que destacó que «la obra ha estado paralizada desde entonces».

Además, López Garrido lamentó que lo que sí que no se ha detenido «es el incremento en el recibo del agua» para sufragar esa obra.

La paralización o no de las obras de la planta de ósmosis sirvió también a Sotos y López Garrido para un cruce de acusaciones sobre las actuaciones de unos y otros.

Sotos aseguró que el PP no está gobernando y actúa más bien «como una oposición irresponsable», denunciando que estaban «frenando» los proyectos que el PSOE dejó iniciados, mientras López Garrido denunció que tienen que hacer frente al pago de 44 millones de euros a proveedores contraídos por los socialistas y lamentó la situación en la que habían dejado proyectos sin acabar.