La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible ha participado en la jornada ‘El agua en la economía verde en la práctica: hacía Río+20’.

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible ha participado como ponente en la jornada, ‘El agua en la economía verde en la práctica: hacia Río+20’, organizado por la Fundación Botín y que se ha celebrado en Zaragoza con el objetivo de debatir con empresarios españoles los problemas del agua y la economía verde en España.

Durante su intervención, Elena Sáenz, coordinadora de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, ha señalado ‘que la agricultura española hace un uso cada vez más eficiente del agua’. Basándose en los datos recogidos en el Informe de Indicadores de Sostenibilidad en la Agricultura y Ganadería en España elaborado por el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medio Ambientales de la UPM (CEIGRAM) a petición de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, Elena Sáenz destacó que, ‘en la productividad del agua de riego (m3/t), se aprecian disminuciones de consumo por unidad de producción en maíz, remolacha, viñedo de mesa, cítricos, melón y tomate. Sin embargo, se observa un comportamiento más estable en el girasol, olivar y viñedo de transformación’.

Además, este mismo informe indica que la productividad del agua por unidad de producto, medida en toneladas de cosecha por metro cúbico de agua (t/m3), ha experimentado notables aumentos en el período de tiempo 1998-2008.

En situaciones futuras, las reservas de agua serán cada vez más deficitarias y es, por esta razón, por lo que desde la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, insistimos en el papel fundamental de la aplicación de la tecnología para producir más con menos. Es imprescindible conseguir un riego eficiente que reduzca el consumo de agua permitiendo, de este modo, una gestión integral del ciclo del agua respetuosa con el medioambiente. Para ello, debemos ser capaces de potenciar la aplicación de nuevos sistemas de riego, nuevas estrategias de programación, nuevos sensores que nos informen de las necesidades hídricas de los cultivos, y nuevos sistemas remotos que permitan la automatización y el desarrollo sostenible de los regadíos.

Todas estas innovaciones ya se están aplicando pero el avance tecnológico no para e irá a más en el futuro.

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible

Nació en 2009, a partir de la Orden CIN/1728/2009, como un foro de trabajo para el intercambio de información y conocimiento, que pretende mejorar la percepción de las tecnologías aplicadas a las áreas agrícola y ganadera y está financiado por el MICINN.

Por otro lado, entienden la agricultura sostenible como un modelo irrenunciable e incuestionable, con el que satisfacer las necesidades alimentarias actuales de los ciudadanos, garantizando la productiva, la calidad de los productos y la seguridad alimentaria.

Para ello, es imprescindible el apoyo institucional tanto al avance tecnológico y a la investigación, como la elaboración de un marco legislativo adecuado que posibilite la aplicación de estos avances.

El futuro del sector se cimenta en la investigación y el desarrollo tecnológico que contribuya al incremento de la productividad agroalimentaria a la vez que se asegure el mantenimiento y buen uso de los recursos naturales existentes, sin la renuncia del acceso por parte de los ciudadanos, con independencia de su clase social y situación económica, a alimentos con vistas a una dieta variada y a un precio asequible. La mejora en la agricultura y las innovaciones tecnológicas es la única baza para mantener el abastecimiento de alimento necesario para cubrir la demanda mundial, consiguiendo al mismo tiempo equilibrar los precios.

Desde la década de los 50, la población mundial se ha multiplicado por dos. En un horizonte muy próximo, se alcanzarán los 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. El crecimiento demográfico que presentan los países subdesarrollados y la mayor esperanza de vida en el Primer Mundo provocan que las previsiones de crecimiento se disparen: la ONU baraja la posibilidad de llegar a 9.000 millones de habitantes en 2050 y a los 27.000 millones un siglo después.

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche en Talavera de la Reina, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha «que trabaje para la derogación del trasvase Tajo-Segura, que tanto daño ha hecho, hace y continuará haciendo», después de que a su juicio en este año hidrológico se haya trasvasado «toda el agua posible hacia el río Segura» pese a que el año hidrológico de éste río «ha sido sobresaliente».  

   La Plataforma ha informado en nota de prensa que este «ciclo excepcional» en el río Segura «no ha servido en absoluto» para que el ministerio de Medio Ambiente realizase una gestión comedida de la cabecera del Tajo, pese a que el agua trasvasada «no ha sido utilizada en muchos de los casos», existiendo a fecha 30 de septiembre «reconocidos» 103,235 hm3 del Tajo almacenados en los embalses del Segura.

   Esta cantidad representa para la Plataforma «agua trasvasada en exceso» por no estar empleada que supone un 28,36 por ciento de lo trasvasado, «sin contar lo guardado en balsas y pequeños embalses repartidos por el denominado postrasvase».

   En esta línea, han denunciado «la mala gestión de la cabecera del Tajo, que condena a muerte al tramo medio entre Aranjuez (Madrid) y Talavera de la Reina, donde el río este año, como muchos desde que comenzó a operar el trasvase Tajo-Segura, no ha tenido prácticamente caudal circulante en muchos tramos».

   Por ello, han pedido la revisión inmediata de la Regla de Explotación del Trasvase, aseverando que «se ha perdido la oportunidad de aprovechar este último ciclo húmedo para subir los niveles de los embalses de Entrepeñas y Buendía por encima de los 1.500 hectómetros».

   «Desde la Plataforma exigimos cordura y altura de miras a la Administración central, que aparece interesada en trasvasar cuanta más agua mejor antes de que quede vigente el nuevo Plan de cuenca», añade la nota, en la que además

Cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital a cuenta de la obra de la planta de ósmosis inversa, que podría mejorar la calidad del agua que nos llega a nuestros hogares. Mientras el PSOE asegura que las obras siguen avanzando y que los pasos son «irreversibles», el equipo de gobierno municipal, a través de su portavoz, Juan Carlos López Garrido, confirma que las obras están paradas ya que fue la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, la que en abril de 2011, tras un «movimiento de tierras» que presenció la anterior regidora, la socialista Carmen Oliver, permitió que los camiones «se volvieran y los operarios se marcharan».

Allí, aseguró López Garrido, no hay absolutamente nada. Y, mientras unos y otros afirman cosas y hechos diferentes, lo cierto es que los ciudadanos tendrán que seguir los consejos del propio concejal del PP y acudir hasta los mismos terrenos donde se supone puede construirse la planta, junto a la Estación de Tratamiento de Agua Potable, ETAP, en la carretera Albacete-Pozohondo, km. 3, y verán «que no se están realizando las obras».

No es esta la opinión del concejal del PSOE, Ramón Sotos, cuando aseguró ayer que la obra avanza. «Se han firmado las actas de expropiación con los propietarios de los terrenos a los que les afectan las tuberías por donde va a ir la planta de ósmosis hasta la depuradora, el salmoleoducto; se ha finalizado una modificación del proyecto sobre los nuevos filtros que se deben adaptar a la normativa».

Según Sotos, la obra estará finalizada para 2012 porque, aseguró, es necesaria ya que en periodos de sequía «la calidad del agua deja mucho que desear» y por este motivo, «la necesitamos».

Sí es cierto que está financiada al cien por cien por la CHJ pero, ¿y su mantenimiento? De eso, nada habló Sotos, y sí López Garrido, asegurando que supondrá un excesivo coste para las arcas municipales.

«La mentirosa Oliver» Así llamó a la ex regidora en reiteradas ocasiones el edil popular a cuenta de las retribuciones que percibe Javier Domínguez Robledillo como miembro de la Junta de Gobierno Local: no son 70.000 euros y sí, 46.049,22, los mismos que recibe Oliver como concejal en dedicación exclusiva. Además, afirmó López Garrido, el PP ya ha ahorrado 229.000 euros en personal a su servicio que no ha contratado.

JUAN CARLOS LÓPEZ GARRIDO CONCEJAL DE HACIENDA

«La obra está parada desde marzo y quien la paró fue la Confederación Hidrográfica del Júcar. El Ayuntamiento no decide eso»

RAMÓN SOTOS CONCEJAL DEL PSOE

«El Ayuntamiento no puede decir que para la obra por falta de dinero porque la planta está sufragada al 100% por la Confederación».El que fuera concejal de Medio Ambiente en la anterior legislatura, ahora en la oposición, Ramón Sotos, insistió ayer en que las obras de la planta de ósmosis de Albacete «no están paralizadas» y que «se sigue trabajando», incidiendo en que «son unas obras financiadas al 100% por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a través del Ministerio».

Sotos criticaba así las declaraciones de la semana pasada de la actual concejal de Medio Ambiente, la popular Rosa González de la Aleja, en las que achacaba a la mala situación de las arcas municipales el que se replanteara la continuidad de estas obras.

Ramón Sotos defendió que, sobre la planta de ósmosis, desde el Ministerio le habían asegurado que «se sigue avanzando» y que «la semana pasada se firmó la expropiación de los terrenos del salmueroducto», una de las instalaciones que necesita la planta y cuyas obras «están a punto de iniciarse», según el concejal socialista que defendió que también se ha estado trabajando en la modificación del trazado de este salmueroducto porque le afectaba el trazado del AVE.

Reiteró que «desde el Ministerio me confirman que la ejecución del presupuesto para 2011 se va a cumplir y que se finalizará en 2012».

Paralizadas desde marzo

Sin embargo, después de la rueda de prensa de Sotos llegaba el turno de la del concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos López Garrido, quien aseguró que, poco antes de comenzar su intervención, los responsables de estas obras «me han confirmado que en este momento no se están desarrollando obras en la planta de ósmosis».

Además, denunció que las obras ya se paralizaron antes de que el Partido Popular estuviera en el Gobierno municipal y aseveró que «solo se hizo un movimiento de tierras» en la zona donde se tenía que construir la planta, en el mes de marzo. Un inicio de obras mediático al que la entonces alcaldesa, la socialista Carmen Oliver, acudió con los medios de comunicación, según recordó López Garrido.

El concejal popular subrayó que estas obras «la paró la Confederación Hidrográfica del Júcar», pocos días después de ese movimiento de tierras y subrayó que desde el equipo de Gobierno municipal «no podemos parar esas obras porque no son del Ayuntamiento».

«Los camiones estuvieron solo dos o tres días después de esa visita», incidió Juan Carlos López Garrido que destacó que «la obra ha estado paralizada desde entonces».

Además, López Garrido lamentó que lo que sí que no se ha detenido «es el incremento en el recibo del agua» para sufragar esa obra.

La paralización o no de las obras de la planta de ósmosis sirvió también a Sotos y López Garrido para un cruce de acusaciones sobre las actuaciones de unos y otros.

Sotos aseguró que el PP no está gobernando y actúa más bien «como una oposición irresponsable», denunciando que estaban «frenando» los proyectos que el PSOE dejó iniciados, mientras López Garrido denunció que tienen que hacer frente al pago de 44 millones de euros a proveedores contraídos por los socialistas y lamentó la situación en la que habían dejado proyectos sin acabar.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, destacó durante su intervención el carácter estratégico del regadío. Y anticipó que, por este motivo, la dotación de la futura Política Agrícola Comun (PAC) mantendrá un nivel muy similar a la de 2013 y que no deberían producirse grandes cambios en la estructura del primer y segundo pilar. Además, y ante las perspectivas negativas fruto del cambio climático, Puxeu adelantó que la futura PAC deberá contemplar su modernización y comprometerse con una adecuada gestión de dos recursos fundamentales y cada vez más escasos, como son el agua y el suelo.

Para lograr estos fines, el secretario de Estado incidió en la importancia del uso de las nuevas tecnologías de gestión del agua, que permiten a la vez un mayor ahorro de agua y una mayor eficiencia energética en un sector como el agrario, que sigue siendo el primer usuario de recursos hídricos en España, por encima del industrial o el agua para consumo humano, por ejemplo.

Regantes y expertos en derecho alertaron ayer del peligro que se cierne sobre el principio de la unidad de las cuencas hidrográficas, tras la reforma legal que atribuye competencias de policía de aguas a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Andalucía, abriendo la puerta al traspaso de más competencias. La jornada informativa de Riegos del Alto Aragón ‘El futuro del regadío en el Valle del Ebro‘, a la que asistieron 400 personas, fue un clamor a favor de mantener las confederaciones hidrográficas, garantes de esa unidad y un modelo copiado en Europa, creadas en 1926 (la del Ebro fue la primera en el mundo).

«El Ebro no tiene pasaporte y no se puede dividir en nueve trozos», advirtió el presidente de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de Regantes del Ebro, para quien las consecuencias pueden ser «gravísimas». César Trillo aprovechó la presencia tanto del consejero de Agricultura como del secretario de Estado de Medio Rural y Agua para mostrarles su preocupación. Ya ha remitido cartas a los nueve presidentes de las comunidades atravesadas por el Ebro.

Según Trillo, ni PSOE ni PP han expresado claramente su oposición a la división de una gestión que puede resultar fatal cuando se trate de afrontar un desembalse o una sequía. Como ejemplo, citó que Aragón decidiría sobre el desembalse de Mequinenza cuando el 90% de los usuarios están en Cataluña. «En una avenida, que el Ebro tenga que estar gestionado por nueve comunidades puede ser un desastre», declaró. Su colega del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez, defendió que debe garantizarse «la igualdad de los usuarios» y dijo que ha sido una reforma «atropellada» contra la que están «todos los regantes en bloque».

Así, la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) ya ha anunciado que como medida de protesta no apoyará ningún plan hidrológico de cuenca. Su presidente, el andaluz Andrés del Campo, reprochó a las comunidades autónomas «su apetencia de poder». «Esto traslada la sensación de que el agua ya no es de todos sino del que la tiene más cerca», señaló, y valoró la gestión autonómica del Guadalquivir como «una mala experiencia».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo, comprende la preocupación de los usuarios porque, a su juicio, la transferencia «va a dificultar enormemente la gestión del agua» y puede ser «fuente de conflicto». Recordó que fueron los regantes los que en su primer congreso nacional a principios del siglo XX pidieron un organismo de cuenca, ya que antes la política hidráulica estaba en manos de las provincias. «Es volver a la situación anterior de 1926», afirmó. Para hacer efectivo el decreto la comunidad debe pedir la transferencia y pactar unos límites con el Estado. Romeo confía en que el decreto «se aplique con sentido común» y la CHE pueda seguir manteniendo la labor de control y vigilancia.

En la jornada participó también el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Rioja, Antonio Fanlo, para quien la fragmentación de las cuencas es contraria a la Constitución. En su opinión, resulta «sorprendente» que fuerzas políticas de Aragón como el PAR digan que defienden la unidad pero quieran gestionar la reserva hidráulica y reclamen más competencias.

El Gobierno de Aragón, según el consejero de Agricultura, Federico García, no discute la unidad de cuenca, «otra cosa es la encomienda de una función puntual que pueda asumir una comunidad autónoma» de acuerdo con su Estatuto. En el mismo sentido, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, aclaró que la reforma legal no interfiere la unidad de cuenca, y justificó el decreto por la necesidad de cumplir con los tres Estatutos.

Por otra parte, Puxeu justificó el retraso del Plan Hidrológico del Ebro por el adelanto electoral. Según el Ministerio, lo más oportuno es que sea el nuevo gobierno el que saque a información pública el borrador, ya concluido.

La transferencia más importante recogida en la reforma del Estatuto andaluz, en palabras del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se enquista. La comisión mixta de transferencias Junta-Estado al final no se ha reunido esta semana para sancionar un nuevo encaje jurídico que permita a Andalucía gestionar el río y superar la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró nulo su traspaso. La Junta culpó de ello ayer al Gobierno, hacia el que mostró, como si fuera de otro signo político, «malestar» y «preocupación», por cuando el asunto no se ha podido cerrar en plazo: la encomienda de gestión transitoria de seis meses concedida por el Estado a Andalucía concluye hoy y lo más probable es que se prorrogue, tal como sugirió ayer el vicepresidente tercero, Manuel Chaves.

La razón de que no se haya podido cerrar el traspaso, según la Junta, que en los últimos días el Gobierno ha planteado «problemas jurídicos» de última hora que no había puesto sobre la mesa en los seis meses anteriores de negociación. Los peros, sin embargo, son mucho más complejos, vienen de más atrás y tienen que ver, además del difícil encaje legal, con una muy cuestionada gestión, por partidos políticos como el PP, ecologistas, y regantes de la Agencia Andaluza del Agua (AAA).

Fondos sin justificar

Otra cuestión es que Griñán haya optado por convertir esos peros en un problema político para distanciarse del Gobierno central a pocos meses de las elecciones andaluzas, en lo que también puede verse como una huida hacia adelante en un asunto en el que ha hecho bandera electoral y del que jurídicamente es muy difícil salir.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, negó ayer en una comparecencia extraordinaria que los problemas para culminar el traspaso del río sean económicos. Sin embargo, ahí está una de las patas del conflicto, ya que las pegas que está poniendo el Gobierno para cerrar un nuevo traspaso vienen del Ministerio de Economía y Hacienda. La razón es la gestión que ha hecho la AAA de los fondos aportados por el Ministerio cuando se traspasó el río. Esas cantidades debía emplearlas la Agencia para inversiones concretas. Sin embargo, la Junta se los ha gastado en otros capítulos y no los puede justificar.

Ante esta situación Economía se resiste a liberar el dinero que debe permitir a la Junta ejercer sus competencias sobre el río, algo que también hay que encajar jurídicamente y en lo que se trabaja desde hace meses.

Encaje constitucional

Esta cuestión es la que ha complicado unas negociaciones que estaban centradas también en la necesidad de hacer un encaje de bolillos jurídico que permitiera que la Junta se hiciera con la gestión del río sorteando el fallo del Constitucional. Moreno reconoció que las negociaciones estaban muy avanzadas en cuestiones como la Policía del Agua —gracias a la nueva Ley estatal de Agua—, pero encalladas en la gestión de autorizaciones y cánones, y de la gestión y explotación de algunos embalses. Otra vez el problema económico unido la dificultad legal derivada de que es la primera vez que el Estado acomete un traspaso como este. Moreno negó la mayor e insistió en que es sólo jurídico.

La importancia de cerrar un traspaso legalmente inapelable es otra de las razones para que ambas administraciones deban afinar mucho, por cuanto será inmediatamente recurrido por los regantes, que reclaman la aplicación del fallo del TC. Este complejo encaje constitucional complica, y mucho, la situación del presidente de la Junta, quien ha hecho bandera electoral del Guadalquivir y ahora no puede dar marcha atrás.

En este contexto de huida hacia adelante y de cercanía de las elecciones podría encuadrarse el movimiento de la Junta, que convocó una rueda de prensa poco después de que Chaves —enfrentado con Griñán por el control del PSOE-A— sugiriera la posibilidad de una prórroga de la encomienda de gestión, que permita seguir negociando y que se antoja ahora como la salida más lógica para ambas administraciones. La consejera de Presidencia salió entonces a expresar el «malestar» de la Junta con el Gobierno y mostrar el nuevo perfil reivindicativo del Ejecutivo de Griñán.

Pero lo único claro hasta ahora es que se ha agotado el plazo de la encomienda de gestión y el traspaso del río sigue pendiente. También que a la Junta no le ha quedado más remedio, por su cerrada defensa del traspaso, que convertir un problema de gestión en uno político con el Gobierno.

La consejera de Agricultura no se encomendó ayer a San Francisco de Asís, sino a los funcionarios de su departamento y de los servicios periféricos provinciales. «Gracias a la buena labor y eficacia del personal de la Consejería hemos procedido a pagar y liquidar ayudas que estaban pendientes algunas de ellas desde el año 2007», informó María Luisa Soriano en medio de la celebración del patrón de los veterinarios, biólogos, licenciados en medio ambiente e ingenieros de montes y forestales. La consejera explicó que esas subvenciones que llevaban un retraso de hasta cuatro años se correspondían con las ayudas ecológicas, a la remolacha o al forraje. «Estaban retenidas, no sabemos las causas, pero las hemos agilizado», explicó Soriano.
La consejera también habló de otras ayudas de años anteriores a 2011 que están pendientes de pagar. Son alrededor de 130 millones de euros que todavía no ha percibido el sector del campo de las conocidas como medidas cofinanciadas, es decir, las que se pagan entre la Unión Europea y la Junta. En este caso, Soriano sabe muy bien cuál es la razón de que no hayan llegado esas partidas y apunta directamente al antiguo Gobierno socialista. Según la consejera de Agricultura, Bruselas no ha liberado esa cantidad de dinero porque la Junta no llegó a pagar la parte que le correspondía y que se cifra en 19 millones. «Por el hecho de no haber aportado esa cantidad de dinero, los agricultores tienen todavía sin percibir esos 130 millones de euros», denunció.
Soriano habló de las ayudas del pasado que tiene que pagar en el presente, pero también de las ayudas del futuro que puede adelantar. Se trata del anticipo de las subvenciones del pago único de la Política Agrícola Común (PAC). Como Bruselas se lo ha tolerado, la Junta va a adelantar un 50% de lo permitido a partir del 15 de octubre. En total supondrá más de 310 millones de euros.
Desde que empezó la crisis, la UE ha permitido a las autonomías que hagan este tipo de anticipos, pero este año por primera vez también se permitirán dar adelantos de las conocidas como ‘ayudas acopladas’. Éstas son las que están relacionadas con las hectáreas que siembra el agricultor o con las cabezas que mantiene el ganadero. La consejera calcula que podrá repartir hasta 16 millones de anticipo de este tipo de ayudas.

Guerra y PAC.
Soriano aprovechó también la ocasión para apurar a la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino a que dé más guerra en Bruselas con la negociación de la nueva Política Agrícola Común (PAC). Y es que en estos momentos la Unión Europea debate qué presupuestos va a mantener para el campo y qué tipo de medidas puede incluir para controlar los precios de los productos agrarios.
La consejera teme que a España no le pueda ir muy bien con la actitud que está manteniendo la ministra Rosa Aguilar. «Nos hace falta un Gobierno que a nivel de España lidere esta defensa de la PAC y lo haga de forma contundente en beneficio de las regiones», reclamó.
La consejera recordó que la ministra no ha vuelto a reunir a las comunidades autónomas desde marzo para cerrar un documento consensuado entre todas las regiones. «Se lo hemos pedido a nivel individual y colectivo, se lo hemos pedido de forma oral y escrita», clamó Soriano.
Finalmente esa reunión tendrá lugar hoy, pero será de carácter informal. Según Soriano, la ministra tendría que haber convocado el órgano de la Conferencia Sectorial de Agricultura. Recordó que es el ámbito «donde se llega a consensos y se pueden tomar acuerdos».    

Los regantes valencianos están dispuestos a acudir a la vía judicial si el Ayuntamiento de Albacete no les paga, en el plazo establecido, el millón de euros que ellos aseguran tener derecho por el uso «extraordinario» de agua del pantano de Alarcón.
La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) remitió, el pasado mes de julio, una reclamación administrativa que recibió el equipo de gobierno presidido por Carmen Bayod. En ella se daba un plazo de tres meses para que el Consistorio albaceteño haga frente al pago de una cantidad superior a un millón de euros (1.087.506 euros) alegando que la capital albaceteña habría hecho una «utilización extraordinaria del agua del pantano de Alarcón entre los años 2005 y 2008».

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El trasvase Tajo-Segura podría sufrir recortes en cuanto a la cantidad de agua que desvía hacia el Levante si finalmente prospera la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros, el 26 de agosto. Las comunidades de Regantes de Levante Margen Derecha y Margen Izquierda lideran una iniciativa a la que se une la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), así como las cinco ONG ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio, WWF , SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Tanto regantes como ecologistas rechazan la modificación de la Ley de Aguas al considerar que «es anticonstitucional» al romper la unidad de las cuencas hidrográficas y porque presenta graves irregularidades formales. Por ello, exigen la retirada del Real Decreto Legislativo y un debate público sobre la política de aguas.
El decreto por el que se reforma la Ley de Aguas se resume en que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico, es decir, supone ceder a estas las competencias de control y vigilancia que, hasta ahora, en las cuencas intercomunitarias, corresponden a las Confederaciones Hidrográficas. A juicio de los ecologistas «se trata de un paso más del gobierno para desmantelar cualquier posibilidad de una política estatal de agua».
El presidente de los regantes de la margen derecha, Antonio Andújar, reclamó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en su visita a Los Montesinos que ponga en marcha todas las acciones necesarias para anular el decreto. Ayer el representante de riegos margen izquierda, Ángel Urbina, calificó de «perversidad» la modificación. «Los ríos pasan por naciones y no por comunidades; el decreto es una desmadre total, una trampa mortal y lo peor es que dejará el agua en manos de los políticos». Al respecto dijo que la modificación se aprobó con los votos del PSOE y la abstención del PP que «no se enteró de lo que iba el tema, y si se enteró, peor todavía».
Tanto los regantes como las ONG critican la precipitación con la que se ha llevado a cabo esta modificación, empleando un mecanismo, el Real Decreto, que la Constitución solo reserva para asuntos «de extraordinaria y urgente necesidad». Y estiman que se debe defender la competencia exclusiva del Estado en el Dominio Hidráulico. Ambos colectivos acudirán al Defensor del Pueblo para que lo recurra al Constitucional.

Jornada
Reseñar, por otro lado, que ayer tuvo lugar la jornada de campo «Trasvase Tajo-Segura» organizado por la Fundación Agua y Progreso y las universidades de Elche y Alicante. En ella el Catedrático de Análisis Económico de la UA, Joaquín Melgarejo, destacó los beneficios del trasvase del Tajo hacia las provincias que reciben el agua, asegurando que «se crean 110.000 empleos directos y 80.000 indirectos». Ello sin contar, con los beneficios del turismo, ya que, gracias al trasvase se abastece a los municipios, «la principal industria de nuestra provincia».

«Sin el trasvase esta no sería la cuarta provincia en PIB»

El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, advirtió ayer que «sin el agua del Trasvase Tajo-Segura, Alicante no sería la cuarta provincia de España en aportación al PIB nacional», y resaltó que los alicantinos necesitan que se mantenga esta infraestructura para poder seguir prosperando y creando riqueza. Según recordó Comos, el cierre de la canalización supondría «la quiebra» la agricultura en la provincia, ya que el 62% del sector depende del Tajo. Asimismo, el turístico, principal fuente de riqueza de la provincia y economía, también depende del trasvase Tajo-Segura, ya que los municipios abastecidos concentran el 20% de la oferta de alojamiento turístico reglado (32.000 plazas) y casi el 50% de la oferta de la segunda residencia; es decir, 283.053 viviendas de uso turístico.
En total, dependen de esta infraestructura 180.000 empleos directos, 70.000 de ellos en la provincia de Alicante, según un estudio de la Universidad de Alicante. «Empleos sin los cuales Alicante no podría seguir ocupando la cuarta posición en aportación al PIB nacional por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia».
En la jornada de ayer participaron más de 140 estudiantes, entre alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural de la UPV, y estudiantes de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como del Campus de Orihuela.