«Ya nadie está libre de ser robado y es que hay más robos de los que aparecen en las estadísticas. En más del 50% de los casos los robos no se denuncian. Yo se de muchísimos casos y es algo que no debe hacerse, porque la administración debe tener constancia de lo que está pasando. Antes robaban en las explotaciones que estaban cerca de las autovías, con más fácil huida, pero ya roban en todos lados».

«Aunque nosotros reconocemos la labor de la Subdelegación que trabaja para contribuir a que se hagan juicios rápidos, para que se castigue cuanto antes a estos delincuentes y no puedan volver a actuar, sería importante que se hiciera un cambio en la legislación, para conseguir un endurecimiento de las penas por estos delitos. Se debería castigar más el delito y la reincidencia, porque cada vez hay más robos en las explotaciones».

Hace unos meses, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) decidió poner en marcha un programa piloto de vigilancia privada, en una pequeña zona de la provincia. Un programa que según explica el presidente de los regantes, Francisco Belmonte, está dando muy buen resultado. «En la zona piloto en la que se ha puesto vigilancia no se ha producido ningún robo en tres meses».

A pesar de los buenos resultados que está dando ésta medida, desde la Junta Central aseguran que quieren esperar un año para ampliar la experiencia a otras zonas. «Queremos ver cuales son los resultados después de un año completo y si son buenos, ver si se animan otras zonas. De hecho ya hay una zona que se ha interesado».

Además, creen que si es algo efectivo, deberían instaurarlo de forma obligatoria para todos los agricultores. «Si vemos que funciona, queremos llevarlo a la Junta y hacerlo obligatorio para todos los regantes».

En cuanto a la opinión de las agrupaciones agrarias a este respecto, Francisco Belmonte explicaba que «mal no les puede parecer, pero ellos quieren que la administración se moje. Son más exigentes, pero deberían pedir cosas más asumibles. Si esto funciona, quizá se pueda proponer algún tipo de ayuda, porque esto resulta mucho más barato y viable que poner quinientos guardias civiles más. Hablamos de 2 ó 2,5 euros por hectárea, con lo que con un descuento en un impuesto el precio sería muy razonable».

Mañana representantes de las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag mantendrán una reunión con miembros del Ministerio de Interior, para tratar el tema de la seguridad en el campo, ya que ya están hartos de que les roben.

Ayer los representantes del sector en la provincia, corroboraban que los robos son cada vez más frecuentes y coincidían al señalar que un endurecimiento en las penas de los delitos contra la propiedad, en el medio rural podrían contribuir a que descendieran.

En este sentido, el presidente de Asaja en Albacete, José Pérez Cuenca, explicaba que «tendrían que cambiar la legislación, porque si lo que se llevan no llega a los 400 euros se considera hurto y ésta gente sabe hasta donde pueden llegar».

El problema está en que el hurto a veces no hace tanto daño, como los destrozos que producen. «Queremos que la legislación tenga en cuenta el daño añadido que hacen, porque los destrozos que hacen cuestan tres veces más de lo que se llevan. Por no hablar de si te destrozan el regadío en época de riego y pierdes la cosecha».

Además a esto se une que en muchos casos estos delincuentes hacen destrozos que ni siquiera son necesarios para llevarse el cobre, como explicaba el presidente de Coag Albacete, Fernando Ruiz Fuentes. «Cada vez hay más robos, estamos hartos de esta situación, porque además son casos de delincuencia máxima, porque muchos además de robar, practican el vandalismo. Es muy habitual que después de robar el cobre incendien las casetas de los transformadores».

Otro problema añadido, es que en muchos casos los regantes no encuentran quien les asegure, como comenta el secretario general de UPA, Julián Martínez. «No hay seguros que cubran elementos que no están suficientemente protegidos, como un pivot en mitad del campo. Nosotros tenemos más perjuicios que nadie».

Otra cosa en la que todos coinciden es que cada vez hay más miedo a que los agricultores se tomen la justicia por su mano.

 El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha dicho al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que un modelo de desarrollo que está basado en un recurso que es escaso, como es el agua, y que está lejos de Murcia es un modelo «insostenible» y «todo lo demás son cortinas de humo».

   Barreda ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación en Azuqueca de Henares para enviar un mensaje al presidente de la Comunidad de Murcia «ahora que vengo de Cuenca y he pasado por los pantanos de la cabecera del Tajo».

   En ese sentido Barreda le ha dicho que «debe plantearse de una vez y cuanto antes mejor qué modelo de desarrollo quiere tener en Murcia y qué modelo de desarrollo es posible en Murcia».

   Según ha explicado el presidente de la Junta, «un modelo de desarrollo que está basado en un recurso que es escaso y que está lejos de Murcia es un modelo insostenible y todo lo demás son cortinas de humo».

Cientos de agricultores de toda Castilla-La Mancha han sido objeto en los últimos meses de robos en sus explotaciones agrarias. Estas acciones tienen como finalidad la obtención por parte de los delincuentes de material que vender en el mercado negro, principalmente en chatarrerías, ocasionando importantes pérdidas a los agricultores, que en más de una ocasión se han quedado sin posibilidad de realizar las tareas diarias en el campo debido al robo de elementos indispensables para ello. Por tanto, a la hora de evaluar el alcance de los daños no sólo se debe computar el valor material de lo robado, sino los daños ocasionados en sus faenas agrarias. Afortunadamente, y a diferencia de lo ocurrido en otras regiones, no se ha vivido ningún episodio de agresiones personales, lo que supondría elevar el nivel de gravedad de la situación.
La crónica de sucesos ha estado marcada durante muchos meses por este tipo de delitos, si bien es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han respondido con eficacia arrestando a muchas personas vinculadas a estos robos. En ocasiones se pasa por alto el trabajo de los agentes en el medio rural, que tienen que velar por la seguridad en zonas muy amplias de la Comunidad y, al mismo tiempo, llevar a la práctica investigaciones minuciosas para resolver muchos delitos. Esta es una tarea que se realiza sin altavoces ni micrófonos y por ello en ocasiones tiende a generarse en la opinión pública cierta sensación de inactividad. La realidad es bien distinta, porque de lo contrario no hubiera sido posible que, por ejemplo, en lo que va de abril se encarcelara a una docena de personas a las que se les atribuye la autoría o participación de nada menos que 165 robos en explotaciones agrarias de la provincia de Ciudad Real. Pero a lo largo de los últimos meses se han registrado más operaciones de esta índole en el resto de provincias de Castilla-La Mancha afectadas por esta oleada de robos en el campo o en zonas industriales, lo que da idea de que las fuerzas y cuerpos de seguridad están a lo que tienen que estar.
Las quejas y la indignación de las gentes del campo son lógicas y entendibles y también a ellas se debe en parte el éxito de estas operaciones. Es fundamental que exista entre ambas partes la mayor colaboración posible y ninguna desconfianza, como en alguna ocasión ha dado la sensación. Esa es la mejor manera de ir acabando poco a poco con esta situación, cada uno en la tarea que le corresponde. Cuando a un agricultor le roban una y otra vez es difícil convencerle de que ha de tener paciencia, pero es la única opción posible, empezando por la importancia de su propia seguridad personal. Al final los resultados llegan, aunque la solución no sea para siempre.    

FENACORE atribuye este descenso a la pérdida de rentabilidad que han sufrido estos cultivos, especialmente en el último año, como consecuencia de la fuerte subida de las tarifas eléctricas, que representan ya el 30% de los costes de producción.

Madrid – Agrocope

La superficie de regadío en España registró un retroceso del 0,4 por ciento en 2010, situándose en 3,4 millones de hectáreas, rompiendo así el crecimiento imparable que venía protagonizando desde el año 2006, con el consiguiente perjuicio socioeconómico y medioambiental que se deriva para el conjunto del país, según datos del Ministerio de Medio Ambiente recogidos por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).

La Federación atribuye este descenso a la pérdida de rentabilidad que han sufrido estos cultivos, especialmente en el último año, como consecuencia de la fuerte subida de las tarifas eléctricas –que representan ya el 30 por ciento de los costes de producción- y la caída del precio de los productos agrarios, lo que ha hecho prácticamente inviable su subsistencia en algunas zonas.

Esta situación ha llevado a las comunidades autónomas con mayor extensión de superficie regada a abandonar muchos de los regadíos ya históricos –de mayor producción e ingresos- y sustituirlos por cultivos de secano, con el fin de aliviar los gastos energéticos que implican los nuevos sistemas de riego más eficientes, de menor consumo de agua, pero mayor demanda eléctrica.
 
Asimismo, las regiones donde más disminuyó la superficie de riego durante el pasado año coinciden con las regiones del arco mediterráneo, que basan su economía en la producción de cítricos y hortalizas. De esta forma, los cultivos de regadío retrocedieron un 6,8 por ciento en la Comunidad Valenciana, mientras que en Murcia cayeron un 3 por ciento en 2010.

Tras las regiones que conforman la «huerta mediterránea española», se situaron las dos Castillas, que se corresponden además con las comunidades que han realizado mayor esfuerzo en la modernización de sus regadíos con más sistemas de riego eficientes y, por tanto, más afectadas por el encarecimiento de la factura eléctrica.

De esta forma, Castilla-La Mancha y Castilla y León -donde los mecanismos eficientes se emplean en más del 20 por ciento de su superficie regada- perdieron un 2,4 por ciento y un 1,5 2,4 por ciento  de sus cultivos de regadío, respectivamente, durante el pasado año.

FENACORE alerta de que este retroceso de la superficie regada supone un grave perjuicio para la economía nacional, ya que si bien la agricultura de manera aislada representa el 2,4 por ciento del PIB, su peso junto con todo el sector agroalimentario asociado constituye más del 20 por ciento del PIB para algunas provincias españolas, y este PIB desaparecería con la agricultura, de manera que el Ejecutivo debería conferir al regadío el trato que se merece por su importancia económica y social.

En este sentido, los cultivos de regadío contribuyen a fijar la población al territorio, impulsando el desarrollo demográfico y económico del lugar, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. Así, los cultivos aportan oxígeno a la atmósfera y actúan como auténticos sumideros de CO2, contribuyendo a reducir el efecto invernadero. Además, reducen la erosión y la desertización del suelo; producen materias primas para biocombustibles y evitan el éxodo de población rural a los núcleos urbanos.

Por estos motivos, la Federación insiste en la necesidad de poner en marcha un paquete de medidas eficaces que promuevan la agricultura de regadío en España y permitan la modernización del más de un millón de hectáreas, cuya transformación estará en el aire hasta que no se aplique un sistema tarifario eléctrico acorde a la demanda energética del campo español.

Sólo en el último año el precio de la luz ha subido en más de un 60 por ciento y el término de potencia contratada en más de un 400 por ciento en los últimos tres ejercicios.

 La Confederación Hidrográfica del Júcar tendrá que desembalsar en los próximos cuatro meses unos 150 hm3 del pantano de Tous por motivos de seguridad para prevenir las riadas del otoño. La ley le obliga a dejar el embalse en 80 hm3 y en estos momentos el embalse está ya prácticamente lleno. La mayor parte del caudal acabará en el mar como ya sucedió en 2010 en el que se fueron por el Júcar hasta la Albufera de Valencia y después al Mediterráneo otros 170 hm3 , ya que ya estaban satisfechas todas las necesidades de los regantes del Júcar y del agua potable de Valencia.
Aprovechando la realidad y con el trasvase Júcar-Vinalopó empantanado por las diferencias entre el Ministerio y los regantes sobre el precio y la calidad del agua, la Junta Central de Usuarios va a reclamar al Ministerio que se aprovechen estas aguas con la construcción de la segunda toma aguas abajo del Júcar en el Azud de Antella.
Una opción que, según explicaron ayer desde la Junta Central, no perjudicaría a ningún usuario del Júcar. Tampoco habría que realizar tratamientos para potabilizar el caudal con lo que se eliminaría la obligación de construir una potabilizadora. Infraestructura que tiene un coste de 30 millones de euros (el ajuste presupuestario del Gobierno central la ha dejado en el cajón) y que tampoco despierta demasiados adeptos en la Junta Central. Sobre todo por el rechazo psicológico a beber el agua de Cullera, que llegará al Vinalopó después de haber recibido el impacto de los retornos de riego agrícola de la Ribera y de las depuradoras que vierten al cauce agua residual depurada (40 hm3 al año).
En este sentido el catedrático de Geografía Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, apuntó ayer que «lo de la toma del Azud de la Marquesa y que se quiera que Alicante beba agua de las depuradoras de Valencia es una indignidad que la provincia no puede consentir. El Ministerio todavía se ha dado cuenta de que el agua que nos quiere enviar tiene hasta coliformes fecales».
El embalse de Tous es de los denominados de laminación (prevención de riadas) por lo que durante el otoño, cuando la Comunidad Valenciana entra en riesgo de gota fría, la ley obliga a que el caudal embalsado no supere los 80 hm3. El hecho de que hoy almacene 170 hm3 es producto de ya están satisfechas todas las necesidades de los usuarios de Júcar. «De ahí que no es una propuesta descabellada que ese caudal se derive al Vinalopó», subrayó Andrés Martínez, presidente de la Junta Central del Júcar-Vinalopó.
La Junta Central de Usuarios replicó ayer a Acuajúcar con un informe del Instituto de Geografía de la UA, que certifica, con datos del propio Ministerio de Medio Ambiente, que el agua del Júcar que se bombeará a la provincia presenta coliformes y, en concreto, 150 hm3 de caudal que llega al Azud de la Marquesa está compuesto por el agua residual depurada de 45 plantas y por retornos de riego con pesticidas. La Junta acusa a Acuajúcar de mentir al señalar que los agricultores de Valencia utilizan ese agua.

La superficie de regadío en Castilla-La Mancha registró un descenso del 2,4% en el último año, hasta situarse en 478.713 hectáreas. De esta forma, la comunidad castellano-manchega fue, por delante de Castilla y León, la segunda región española donde menos cultivos de este tipo desaparecieron el año pasado, aunque cae dos puntos más que la media nacional (-0,4%), según datos del Ministerio de Medio Ambiente recogidos por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).
La Federación atribuye este descenso de la superficie de regadío a la pérdida de rentabilidad que han sufrido estos cultivos, especialmente en el último año, como consecuencia de la fuerte subida de las tarifas eléctricas –que representan ya el 30% de los costes de producción- y la caída del precio de los productos agrarios, lo que ha hecho prácticamente inviable su subsistencia en algunas zonas. Las regiones más afectadas y que perdieron más extensión de regadío fueron la Comunidad Valenciana (-6,8%) y Murcia (-3%).  

.752 corresponden a pagos con cargo al FEAGA y 982 millones al FEADER. En marzo, la cantidad ascendió a 227 millones y 101, respectivamente. Las mayores cuantías se reparten en ayudas directas, disociadas o no, competitividad y medio ambiente.

País Vasco – Agrocope

A 31 de marzo de 2010, los pagos realizados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se elevan a 5.734 millones de euros, sólo en el tercer mes del año la cantidad ascendió a 327,5 millones de euros, lo que supone el 78,05 por ciento de lo pagado en el ejercicio 2010, que comenzó el pasado mes de octubre, según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La mayor cuantía se ha destinado a las ayudas directas desacopladas (4.223,2 millones de euros) y a las directas acopladas (282,5 millones de euros). También destaca el importante desembolso destinado al POSEICAN (112,9 millones de euros), la OCM del vino (45 millones de euros), al azúcar (16,7 millones de euros), y la OCM de frutas y hortalizas (24,2 millones de euros).

En el lado contrario, las ayudas a la apicultura (65.274 euros), el sector que recibió el menor presupuesto.

Por comunidades autónomas, Andalucía se pone a la cabeza en cuanto a cantidad percibida, con más de 1.691,5 millones de euros. Le siguen Castilla y León, con 1.049,3 millones de euros, y Castilla-La Mancha, con 852,4 millones de euros.

En el otro extremo, Baleares, con 24,3 millones de euros y La Rioja con 38,7 millones de euros.

FEADER

En cuanto a la relación con el gasto público total contemplado en los programas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para el período 2007-2013, los pagos realizados, a 31 de marzo, alcanzaron los 982 millones de euros, lo que representa un 47,05 por ciento de la previsión media para el periodo (2.087,3 millones de euros/año). Sólo en marzo, la cantidad fue de 100,7 millones de euros.

Por ejes, destacan los pagos correspondientes al 1 (competitividad), con 380,9 millones de euros, y al eje 2 (medio ambiente y entorno rural), con 466,9 millones de euros. Menor cuantía va para los pagos destinados al eje 3 (vida y diversificación), con 37,3 millones de euros, al eje 4 (LEADER), con 73,3 millones de euros y a la asistencia técnica (26,9 millones de euros).

En este caso, hay que subrayar los pagos realizados a la comunidad autónoma de Castilla y León con 168,6 millones de euros, Andalucía con 167,6 millones de euros, Galicia con 103,8 millones de euros, Asturias con 93,8 millones de euros, Aragón con más de 89 millones y Castilla-La Mancha con 76,6 millones de euros. Les siguen Extremadura (60,3 millones de euros), Cataluña (52,5 millones de euros), Comunidad Valenciana (43,2 millones de euros) y Murcia y Navarra con poco más de 25 millones de euros respectivamente.

En el lado contrario, Baleares (2,8 millones de euros), Madrid (3 millones de euros) y País Vasco (3,5 millones de euros).