La Junta y la organización agraria COAG quieren que la Unión Europea sea más dura con los productos alimentarios que vienen importados de otros países. Así lo corroboraron ayer tanto el consejero de Agricultura como el secretario regional de la organización agraria, que mantuvieron una reunión para fijar posiciones de cara a debatir la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que tiene que aplicar Bruselas a partir de 2013.
«No podemos en Europa depender de países emergentes, de los que no sabemos cómo se cultiva», advirtió ayer Alfonso Marín, de COAG. Recordó que el dinero de las ayudas europeas que llega con la PAC no sólo va para apoyar la producción de los agricultores, ni para mantener el equilibrio medioambiental, sino también para garantizar una alimentación lo más sana posible, «algo de lo que no tenemos esa certeza con esos productos que vienen de fuera de la Unión Europea».
La misma posición mantuvo ayer el consejero de Agricultura, que comentó que hay casos en los que en Europa se prohibe el uso de determinados fitosanitarios en el cultivo, pero luego se permite la venta de productos de otros países en los que sí se utilizan. «Tenemos que garantizar al consumidor que todos los productos cumplen los requisitos de seguridad y salud alimentaria», reclamó José Luis Martínez Guijarro, «porque en estos momentos se da la paradoja de que algunas exigencias a agricultores de la UE luego no se tienen en cuenta en productos que son originarios de terceros países».

Intervenir en el mercado.
Desde el Gobierno y desde COAG también han coincidido en aprovechar la reforma de la PAC para establecer más mecanismos de intervención en el mercado. «Esta nueva PAC no sólo debe tener ayudas directas al agricultor, sino que esas ayudas puedan hacer que en un momento determinado pueda cambiar el rumbo de los precios de esos productos», reclamó el representante de la organización agraria. «Es básico que cuando haya una caída de precio por debajo de un nivel, se articulen los mecanismos que hagan que se recupere el precio de esos productos para garantizar la rentabilidad de las explotaciones», añadió el consejero.
La reunión con COAG es la primera de una ronda de contactos que mantendrá la Junta con otras organizaciones del campo para fijar un frente común en la PAC.

El profesor de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad regional y miembro del Centro Regional de Estudios del Agua, Máximo Florín, ha recordado hoy que las llanuras de inundación son una parte importante de los ríos, que resultan necesarias para evacuar agua cuando éstos llevan un mayor caudal.

En declaraciones a Efe, Florín ha considerado que ante el importante papel ecológico que juegan se debe desaprobar la petición de algunos colectivos de limpiar y canalizar los cauces de fluviales.

El profesor de la UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) ha señalado que las llanuras de inundación cumplen una función fundamental en una zona como ésta, típica de clima mediterráneo, donde varían los periodos muy húmedos y periodos muy secos, en la cual los ríos pueden llevar, de manera natural, mucha o muy poco agua.

Así, ha recordado que «cuando los ríos llevan mucha agua necesitan las llanuras de inundación para evacuarla y si se construye en este espacio, o si canalizan, rectifican y dragan los ríos, privándoles de conexión con su llanura de inundación, se corre un grave riesgo».

Este riesgo, ha explicado, es análogo al que se corre si se llena de agua hasta arriba un frasco que se mete en el congelador, en la bañera donde nos bañamos o en una olla puesta a hervir, porque irremediablemente, el agua se saldrá del frasco, de la bañera o de la olla, igual que se sale de los canales.

En la vida cotidiana, la sociedad está habituada a tener precaución no llenando hasta el borde frascos, bañeras y ollas, sin embargo, «está perdiendo la noción de la capacidad de los cauces fluviales».

Por otro lado, ha lamentado que aunque las autoridades son conscientes de hasta dónde llegan los ríos el interés «lucrativo» de varios grupos fuerza la reducción de los cauces fluviales «a su mínima expresión».

Por este motivo, Máximo Florín ha abogado por desarrollar plenamente el programa de Dominio Público Hidráulico (DPH) de los ríos, una medida que, a su juicio, es fundamental para ordenar los usos de estos espacios.

Aún hay muchos tramos fluviales sin deslindar, en otros casos el deslinde es inferior al ámbito fluvial, en ocasiones no se respeta el Dominio Público Hidráulico y, en general, las razones que hay detrás son de índole económico y no dependen tanto de la incompetencia y la dejación de la autoridad en materia de aguas.

Según Florín, las Confederaciones Hidrográficas son organismos «excesivamente frágiles» y con su estructura y funcionamiento actuales no pueden enfrentarse a determinados grupos de presión.

Por otro lado, ha afirmado que no es lógico el uso del suelo que se hace de las llanuras de inundación, especialmente en el caso de La Mancha, donde la horizontalidad del terreno permite la urbanización en muchas zonas de las llanuras de inundación

La directora general del Agua, Marta Morén, propone diálogo y consenso para sacar adelante los planes de cuenca del Tajo y del Segura, cuyos intereses tendrán que ser congeniados. En declaraciones a ‘La Verdad’, Morén señaló que el Ministerio «ni apuesta ni deja de apostar» por el Trasvase Tajo-Segura. «Lo importante es cumplir la ley y la estamos cumpliendo», subrayó. La responsable de Agua no quiso comentar la iniciativa legislativa del Gobierno de Castilla-La Mancha para incorporar la reserva de 6.000 hectómetros que se incluyó en la malograda reforma de su Estatuto de Autonomía. «No lo hemos debatido en profundidad. Habrá que verlo con calma y analizarlo cuando llegue el momento».

Negó que el plan de cuenca del Tajo plantee la revisión de las reglas de explotación del Trasvase y la reducción de los envíos al Segura, pese a que así figura en el Esquema de Temas Importantes. «Los trabajos están en una fase muy primaria y lo que salga será por consenso». Ese mismo diálogo es el que propone para avanzar con el Plan del Segura y establecer qué volumen de agua desalinizada se piensan alcanzar. Marta Morén dejó entrever que el Ministerio va a trabajar con los regantes las tarifas de la desalinización para que sean más asequibles. A su juicio, la Directiva de la UE no dice que se tengan que recuperar todos los costes. «No vamos contra la voluntad de nadie. Lo que hacemos es en beneficio de los ciudadanos en todos los temas planteados, entre ellos la desalinización. Vamos a decidir de forma consensuada», declaró. Lo mismo aplica a las obras de entubamiento.

El PSOE presentó ayer en las Cortes una propuesta para acabar con las «dos clases de agricultores». El diputado socialista Antonio Salinas se refirió a una de ellas, la de los titulares de explotación, y a la otra, la de los asalariados del campo, es decir, los que trabajan por cuenta ajena. En concreto calificó como necesario que este segundo tipo de trabajadores también reciban cobertura cuando las inclemencias meteorológicas destruyen el viñedo que iban a vendimiar o el olivar que iban a varear.
«Esta propuesta viene a complementar el plan de seguros agrarios atendiendo a este colectivo, que cuando se presenta algún tipo de accidente climatológico se queda sin ningún tipo de cobertura», explicó Salinas. El diputado socialista incidió en que es importante dar este colchón a quienes por culpa de un pedrisco pueden perder el trabajo o parte de la jornada.

tres reclamaciones
Abanderada por esta reivindicación, el resto de diputados socialistas de las Cortes dieron su apoyo a la propuesta de Salinas y ahora se tramitará hacia el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que es el que tiene competencias en esta materia. Además, la iniciativa socialista tiene otras dos reclamaciones. Por un lado, piden que las medidas se incluyan en el Plan de Seguros 2011. El diputado del PP Porfirio Herrero recordó que el Plan se aprobó con fecha 4 de noviembre. Salinas se excusó diciendo que fue antes cuando calificó esta iniciativa en la Mesa de las Cortes.
La tercera reclamación pasa por lograr la participación de los sindicatos más representativos de los asalariados del campo en los órganos de gobierno del sistema de seguros agrarios. El diputado del PP dijo en este caso que «no se habla de organizaciones sindicales» en la Ley del 78. «Yo no sé si les han soplado que algún sindicato tenga algún interés particular en modificar esta legislación», dejó caer Herrero.
A pesar de las reticencias y el voto en contra del PP, el PSOE sacó una propuesta calcada a la que ya han aprobado los Parlamentos de Canarias y Murcia. Desde CCOO anunciaron ayer que también tienen el compromiso favorable de Extremadura y que está en trámite la iniciativa en Andalucía.
«Vamos a estar encima de este asunto al que le hemos dado la máxima prioridad», destacó Jesús Villar de la Federación Agroalimentaria del sindicato. «Ha habido 500.000 empresarios que se han beneficiado desde el comienzo de las políticas de seguros agrarios que se han cubierto con 12.000 millones de euros», expuso, «de todas estas cantidades no ha ido ni un céntimo a los asalariados». Añadió que aunque el Plan de 2011 esté aprobado todavía se puede cambiar porque no opera aún.

A los murcianos y valencianos probablemente no les hará mucha gracia, pero las Cortes regionales de Castilla-La Mancha les mandaron ayer un mensaje claro: tienen que usar más agua desalada y menos trasvasada. Así aparece negro sobre blanco en la resolución que ayer aprobó el Parlamento regional a instancias del PSOE. Los populares votaron en contra de esta propuesta y presentaron una alternativa que se quedó sin el apoyo de la mayoría.
El portavoz de los socialistas, José Molina, dijo que con su iniciativa quieren frenar a los gobiernos de Levante que amenazaron con trabajar «codo con codo para que Castilla-La Mancha no disponga de caudal ecológico». El portavoz del PSOE les dijo que su respuesta pasa por «exigirles que en Murcia y Valencia cumplan su obligación, y se apliquen en las obras que les permita cimentar su desarrollo con recursos propios».

Las cuentas de Pingarrón.
El consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón abrió el debate informando de que en la actualidad lo que hay aprobado del Plan del Tajo es el Esquema de Temas Importantes, un documento que habla de los principales problemas actuales y futuros de la cuenca. Este ‘esquema’ se utilizará como referencia para cifrar después las asignaciones del Plan del Tajo.
A la Junta se la ve satisfecha con lo conseguido hasta la fecha en este documento. «Tiene avances, aunque no colma todas nuestras aspiraciones», proclamó Pingarrón. Una de las claves es que reconoce la necesidad de fijar un mínimo de caudal ecológico a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera.
El consejero dijo que este mínimo pasaría de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, que es donde está la raya actual, y llegaría hasta los 11. A partir de ahí se hizo sus propias cuentas. Explicó que los estudios fijan que al año la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) recibe 777 hectómetros cúbicos. De esta cantidad se necesitan 113 para abastecimiento humano, 152 para regadío, 45 para usos industriales y eléctricos y otros 400 para subir el caudal ecológico a esos 11 metros por segundo a su paso por Aranjuez. Conclusión: «No da a hablar en el futuro de excedentes». O lo que es lo mismo, que si se sube el caudal ecológico no habrá agua para trasvasar a Murcia y Valencia.
El PP no las tiene todas consigo y mostró ayer sus dudas sobre las ‘bondades’ de la nueva planificación hidrológica. La diputada María Luisa Soriano denunció el retraso de la puesta en marcha del plan del Tajo, «que debería estar vigente desde marzo». Además pidió aclaraciones sobre la posibilidad que se baraja de inyectar al Tajo aguas depuradas del río Jarama y suplir así el aumento del caudal que exige la normativa europea.

La reserva hidráulica de los embalses españoles se encuentra actualmente al 68,3 por ciento de su capacidad total, con 37.987 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 820 hectómetros cúbicos, el 1,5 por ciento con respecto a los niveles de la semana anterior.

Así lo ponen de manifiesto los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente que, a través de un comunicado ha revelado que durante la última semana se han producido variaciones que afectan a la cuenca del Ebro que ha perdido 17 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Guadalquivir ha aumentado 589 hectómetros cúbicos respecto a la pasada semana.

De este modo, la reserva por ámbitos es mayor en el Guadalquivir al 83,3 por ciento; seguido por la Cuenca Atlántica Andaluza con el 80,3 por ciento; las Cuencas internas de Cataluña al 80 por ciento; el Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 78,7 por ciento de su capacidad; y las Cuencas internas del País Vasco con el 76,2 por ciento.

A continuación, aparece el ámbito del Cantábrico al 69,7por ciento; Galicia Costa con el 68%; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 67 por ciento; el Ebro al 66,1 por ciento; el Duero al 65,7 por ciento; y el Miño-Sil al 65,3 por ciento.

Cierran la lista el Tajo y el Segura, ambos con el 57,4 por ciento de su capacidad; y el Júcar al 49 por ciento.

Cabe destacar que esta semana las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península, produciéndose la máxima en Santander con 90,1 litros por metro cuadrado.

Las Cortes regionales han aprobado una resolución impulsada por el grupo socialista, a la que se ha opuesto el PP, en la que instan a que el plan de la Cuenca del Tajo incluya el «caudal ecológico» en todos los tramos y exigen la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La resolución ha sido aprobada al término del debate celebrado hoy en el pleno del parlamento regional sobre la revisión del Plan Hidrológico del Tajo, en el que también se ha rechazado una proposición del PP que pedía reprochar al Gobierno central sus «reiterados incumplimientos» en la cuenca del Tajo.

La resolución aprobada exige que el futuro Plan Hidrológico del Tajo incluya el caudal ecológico en «todos» los tramos del río y no solo el valor medio de la cuenca, así como la garantía de una reserva estratégica en los embalses de cabecera del Tajo y una lámina de agua que permita a los municipios ribereños desarrollar actividades económicas basadas en estos recursos.

Además, insta al Ministerio de Medio Ambiente a que modifique las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para que el agua se regule en los embalses de cabecera y exige que se prohíban los trasvases cuando haya demandas de abastecimiento o regadío del Tajo.

También pide que se justifique desde Murcia «cada gota» que se demanda así como el uso al que se destina, exige que se agilice el desarrollo de las desalinizadoras y rechaza que Murcia y Valencia se inmiscuyan en ámbitos de planificación hidrológica «ajenos a sus competencias».

En el debate, el PSOE y el PP han cruzado reproches mutuos sobre sus actuaciones en materia de agua y las directrices que han seguido a la hora de tomar decisiones.

La diputada del PP María Luisa Soriano se ha referido al esquema de temas importantes de la demarcación del Tajo, documento base para el futuro plan hidrológico de la cuenca que recibió el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo el pasado 3 de noviembre.

Soriano ha señalado que es un informe «sesgado, generalista, y escaso» en el que no se ha tenido en cuenta a Castilla-La Mancha, pues, según ha señalado, la Confederación Hidrográfica del Tajo «lo ha aprobado sin sentarse antes con el Gobierno regional».

La diputada popular ha asegurado que en materia de agua la Junta «tiene mucho sobre lo que callarse y mucho de lo que avergonzarse» y ha criticado que numerosos municipios de la región se vean obligados a abastecerse a través de camiones cisterna en verano.

«En Castilla-La Mancha tenemos agua suficiente, generamos 9.000 hectómetros cúbicos de agua al año y consumimos apenas unos 2.000, pero el PSOE ha sido incapaz de generar las infraestructuras para el desarrollo equilibrado de nuestra región», ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PSOE en las Cortes, José Molina, ha reprochado al PP que su presidenta regional, María Dolores de Cospedal, siga las indicaciones de Murcia y no defienda los intereses de Castilla-La Mancha.

Molina ha afirmado que al PP la política de agua se la marcan desde Murcia y desde Valencia, lo que es «lamentable y doloroso», y Soriano le ha replicado que el «único traidor» es el PSOE por retirar el Estatudo de Autonomía de Castilla-La Mancha y permitir derogar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo

Es algo evidente para las gentes del campo, pero que raramente alcanza pública: las fuentes se secan, los manantiales pierden caudal, cada vez hay que hacer pozos más profundos para llegar al agua incluso en lugares donde antes estaba somera.

Pero nadie hasta ahora había acometido la tarea que acaba de culminar el profesor Gregorio López Sanz en Casas Ibáñez: un estudio completo y riguroso de esta situación, fuente a fuente, en cada punto de agua de esa zona, a caballo entre los ríos Júcar y Cabriel, y también punto de contacto entre acuíferos distintos. El resultado lo resume el propio autor en un párrafo, al explicar los objetivos de su estudio: «En las últimas décadas, como consecuencia del aumento desmesurado y descontrolado del uso del agua en diferentes actividades humanas, se ha producido un deterioro gravísimo y sin precedentes en multitud de espacios del agua de la cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel. Los bombeos de agua subterránea han superado con creces los recursos renovables de los acuíferos y han provocado un fuerte descenso de los niveles piezométricos con el consiguiente colapso de la interrelación entre los flujos de aguas subterráneas y superficiales que definían en la zona un patrimonio natural único».

«Dicho deterioro ha tenido lugar tanto en los cauces principales de los ríos Júcar y Cabriel como en toda la red de regueros, fuentes, manantiales, arroyos y humedales que nacían en el entorno de los primeros y a donde vertían en última instancia».

Y así se ha puesto en evidencia con un trabajo de campo exhaustivo, con fichas detalladas de cada lugar con agua, cada manantial, reguero, balsa. Los daños se agravaron, explica el autor, cuando se retiró la prohibición de regar las viñas.

Gregorio López apunta como única solución real invertir esa tendencia y volver a una agricultura de ámbito local, que utilice de manera razonable suelo y agua. El estudio ha sido publicado con ayuda del Instituto de Estudios Albacetenses, y puede ser descargado, completo, por los interesados en la web

DATOS CLAVE

Censo total. Se han inventariado 72 fuentes.

Fuentes secas. 24 se encuentran secas, en su mayor parte en el acuífero de Mancha Oriental.

Reducciones. En resto bajan de caudal de hasta un 90%.

Niveles. La profundidad a la que se encuentra agua ha bajado una media de 50 metros

Ya anteriormente Gregorio López, junto a otros estudiosos, realizó un estudio, pendiente de su difusión pública, para la Confederación del Júcar sobre la cuenca media del Júcar y el Cabriel.

Sus datos apuntaban en la misma dirección: la agricultura intensiva de regadío está acabando con manantiales y fuentes, y liquidando estos ecosistemas y sus usos tradicionales.

También se debatirá sobre las actuaciones del Gobierno en el Plan de cuenca del Tajo

El pleno de las Cortes debatirá y votará hoy el proyecto de ley de reordenación del sector público de Castilla-La Mancha y acogerá un debate general, a propuesta del PSOE, sobre la actuaciones de la Junta en el proceso de revisión del Plan de cuenca del río Tajo.

La sesión comenzará con el debate y votación del dictamen sobre el proyecto de ley de reordenación del sector público de la Junta —en el último pleno se rechazó la enmienda a la totalidad a este proyecto de Ley, presentada por el PP—.

Seguirá el debate sobre las actuaciones del Gobierno regional en la revisión del plan de cuenca del Tajo y, a continuación, se votará una proposición no de ley, también del grupo socialista, sobre la protección y la cobertura de los trabajadores asalariados agrarios.

La sesión se cerrará con un bloque de doce preguntas de ambos grupos, siete de parlamentarios del PP y cinco de diputados socialistas. El PP preguntará por el Plan Especial del Alto Guadiana, la reducción de profesores en la Escuela Oficial de Idiomas de Albacete, las obras de construcción de la nueva depuradora de aguas residuales en Sacedón y la construcción de un colegio en Villamalea. También se interesarán los parlamentarios del Grupo Popular por la formación de jóvenes en el medio rural y su incorporación a la actividad agraria, y sobre la construcción de un centro de interpretación junto al azud de Pareja (Guadalajara).

Los socialistas preguntarán por el proyecto de mejora de la competitividad de las empresas de Almadén, la campaña del ajo, las ayudas con cargo al «Fondo verde» en Guadalajara, la inversión realizada en la zona regable de la Torre de Abraham (Ciudad Real) y las familias beneficiadas por los programas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

La senadora popular Encarnación Naharro, ante la grave situación en la que se encuentra el campo español debido a la creciente inseguridad que afecta a agricultores y ganaderos, pide al Gobierno que cumpla los mandatos y tome las medidas oportunas que tanto desde el Senado como desde el Congreso de los Diputados le han hecho llegar. Naharro mostraba su satisfacción por la unánime aprobación en el Congreso la semana pasada de una proposición no de ley para dar respuesta al clamor de todos los agricultores y ganaderos que sufren oleadas de robos y delitos contra la propiedad.
Una iniciativa del Partido Popular, en la que se recogen fundamentalmente cuatro medidas: adecuar la legislación vigente a la situación real de los delitos en el campo; extremar las labores de vigilancia y protección de instalaciones agrícolas y ganaderas, y de zonas rurales y urbanas de los pequeños municipios, incrementando los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; incrementar junto con las autoridades locales y autonómicas el control y la vigilancia de la procedencia de los productos agroalimentarios; y, finalmente, en coordinación con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, establecer una nueva línea de seguros, que incluya la cobertura de hurtos y robos en el medio rural y agrario. La senadora ha presentado una pregunta oral en Comisión para que se le den explicaciones sobre las actuaciones que el Gobierno tiene previsto realizar a corto plazo.