El PSOE regional lo tiene claro, había un pacto entre Valcárcel y Rajoy para tumbar el Estatuto de Castilla-La Mancha en su tramitación en el Congreso y Cospedal era conocedora, y copartícipe, del mismo. La razón de esta connivencia con el presidente murciano es, según los socialistas, mantener «sin problemas» su puesto como secretaria general de los populares. En palabras de Esther Padilla, «Cospedal ha puesto los cuernos a los castellano-manchegos para salvar su sillón en la calle Génova».
Una afirmación que la responsable de Comunicación del PSOE basa en las informaciones aparecidas en la prensa murciana este fin de semana sobre la existencia de un pacto ‘popular’ desde el pasado diciembre para cortar las aspiraciones hídricas de Castilla-La Mancha. Pacto que nace de un órdago del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que amenazó con dimitir y que obtuvo a cambio el compromiso de Rajoy de que «todo va a salir como tiene que salir».
En este sentido, Padilla incluye en la terna de este pacto a Cospedal. Como número dos del PP nacional, «lo sabía, y si no se entera de lo que se negocia en su partido, lo ha permitido, que es aún más grave». «Sabía lo que iba a pasar y durante este tiempo ha estado engañando a los castellano-manchegos, pidiendo prudencia en la negociación», denuncia.
Donde sí estaba a ciencia cierta Cospedal es en la reunión en el Congreso donde Valcárcel impuso su propuesta al PP y se materializó la «traición» contra Castilla-La Mancha, añade la responsable de comunicación de los socialistas.

Con alevosía. A su juicio, el enfrentamiento abierto en torno a la fallida reforma del Estatuto de Autonomía no es «un tema de confrontación entre PSOE y PP», «es una traición y con alevosía, sabía que todo estaba cerrado desde el pasado diciembre», insiste.
Por todo ello, Padilla exige a Cospedal que se retracte. «Si tuviera decencia política, debería dar explicaciones, la hemos pillado poniendo los cuernos a Castilla-La Mancha y le toca justificarlo».
Un pacto del que el PP regional no parece haber oído hablar y que tacha de «falso». Según el diputado Leandro Esteban, es una «fabulación de Barreda» para «intentar salvar la cara».
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, lamentó que tanto en Aragón como en Valencia como en Murcia «todo el mundo ha hecho lo que territorialmente se espera de ellos» en relación a sus respectivos estatutos de autonomía, a excepción de la presidenta regional del PP y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
En declaraciones a Antena 3, Barreda se refirió así a la retirada del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y lamentó que tanto en el texto de Aragón, donde el PP puso como condición una reserva hídrica, como en Valencia, como en Murcia, donde los socialistas han apoyado al presidente de la región, Ramón Luis Valcárcel, «en su lucha para defender sus intereses», todo el mundo ha hecho lo que se espera de ellos «todos menos Cospedal».
Barreda se preguntó si es culpa suya que Cospedal «cambiara de opinión» y votara en el Congreso de los Diputados «algo distinto a lo que votó en las Cortes de Castilla-La Mancha», si es culpa suya que la líder del PP «atienda a los planteamientos de Valcárcel y no a los planteamientos de la Mesa del Agua en Castilla-La Mancha».
«Ha llegado a decir que es algo personal mío, el Estatuto de Autonomía, confundiéndolo todo», señaló José María Barreda, que advirtió de que «no es una cuestión personal, es una cuestión del conjunto de la sociedad y siempre quise que la reforma se hiciera por unanimidad».
«Ya no se debía solo a Castilla-La Mancha, ya tenía que estar también pensando en la opinión de Camps y de Valcárcel», concluyó.    

El nuevo Comisario de agricultura, Dacian Ciolos, ha lanzado un debate público sobre la PAC que debería aplicarse a partir de 2014. El punto más sensible de las negociaciones será el nuevo reparto de los pagos directos. El propio Comisario ha indicado que “habrá que proceder a un reequilibrio de las ayudas entre diferentes sistemas agrícolas, entre distintas regiones, entre Estados Miembros, y entre diferentes categorías de agricultores” y que la referencia histórica correspondiente al periodo 2000-02 ya no tiene lugar con los objetivos de la PAC del futuro. Asimismo ha indicado que hay que definir lo que se espera de los agricultores y ganaderos antes de hablar de la forma en que se van a repartir las ayudas.

Asaja ha indicado en repetidas ocasiones a la Administración Europea que se involucre y preste la atención necesaria a un sector estratégico, cuyo papel es crucial en la alimentación de la sociedad, en el mantenimiento del empleo en el medio rural y en la conservación y gestión de los espacios naturales, pero que en estos momentos soporta graves dificultades estructurales. Y pide que se cumpla el Tratado de Lisboa que entró en vigor el pasado 1 de diciembre de 2009, que literalmente dice que la PAC debe “garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilidad de los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos, asegurar a los consumidores suministros a precios razonables e incrementar la productividad de la agricultura”, cuestión que debe tener muy presente la Comisión cuando en otoño se pronuncie sobre la nueva PAC.

Por ello, Asaja Córdoba recomienda a todos los agricultores y ganaderos que participen en este debate haciendo las aportaciones que crean oportunas. Hay que responder a cuatro preguntas en la web:
1.- ¿Por qué es necesaria una política agrícola común europea?
2.- ¿Qué esperan los ciudadanos de la agricultura?
3.- ¿Por qué reformar la PAC?
4.- ¿Qué instrumentos necesita la PAC del mañana?

La incómoda cuenca del Segura, que tantos quebraderos de cabeza le da al Gobierno de la nación, ha perdido los galones y, lo que resulta más llamativo, en menos de un mes se ha quedado sin los dos principales gestores que han estado en los últimos años al frente del organismo de cuenca y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

José Salvador Fuentes Zorita fue cesado por el Consejo de Ministros el 9 de abril, y el pasado viernes le llegó el turno al responsable de Canales del Taibilla, Isidoro Carrillo, que está preparando ya las maletas después de 36 años en el organismo.

El plan de austeridad del Gobierno central destinado a reducir el número de altos cargos y reestructurar la Administración se ha cebado con la cuenca del Segura. El departamento de Elena Espinosa volvió sobre sus pasos y ha dejado a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sin rango de dirección general. Su nueva titular, Charo Quesada, tendrá el nivel de subdirectora general.

El trato que ha recibido finalmente la Confederación del Segura abre varias incógnitas, puesto que ha corrido la misma suerte que las demarcaciones del Cantábrico y Miño-Sil, que tienen poco peso en el mapa hidrológico peninsular. También ha sido suprimida la dirección general del Guadalquivir, pero en este caso era obvio después de que el Gobierno central entregara el control de esta cuenca a la Junta de Andalucía. El resto de confederaciones se mantiene como están, incluida la del Júcar.

El resultado es que la única cuenca estructuralmente deficitaria de España, y que constituye una pieza clave en toda la planificación hidrológica nacional, tendrá al frente a una funcionaria con rango de subdirectora general. El galón perdido no representa un significativo ahorro de sueldo. Los parámetros presumiblemente empleados por el Ministerio para degradar a la CHS (cuencas internacionales, extensión, relevancia económica, comunidades autonómicas afectadas, etc.) no casa con la atención especial que requiere este territorio que está en el origen del conflicto nacional del agua y que sigue sin solución.

Reunión en el Ministerio

Por su parte, Carrillo asistirá mañana a una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente con la ministra Elena Espinosa, a la que acudirá el resto de presidentes de confederaciones hidrográficas, donde serán informados de la reestructuración de este departamento, que es uno de los ha sufrido mayores recortes con el nuevo plan de austeridad del Gobierno central.

El Gobierno murciano considera una «afrenta» que la Confederación Hidrográfica del Segura haya quedado devaluada, mientras que no consta que el PSOE de la Región se haya opuesto al cambio.

En algunos ámbitos del organismo de cuenca no se ha recibido con agrado la pérdida de galones, máxime cuando la mayoría de confederación se ha quedado como estaban.

Bajo el pueblo, hay un acuífero y dos conducciones de agua, una del Segura y otra del Júcar, pero no puede usarlos

El alcalde, Ángel Alfaro, junto al depósito viejo de agua que abastecía al pueblo, donde acaba la traída de aguas de 44 kilómetros desde Albacete.

Alcadozo es un pequeño pueblo de unos 800 habitantes que vive, sobre todo, de la agricultura de secano. Lo curioso es que su suelo es rico, por partida triple, en agua. Pero, por una insólita conjunción de circunstancias, no puede usar ni una sola gota, aunque quiera.
Para empezar, el subsuelo de Alcadozo es rico en agua, de forma natural. Bajo el pueblo, se encuentra un acuífero que, según estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, se pueden usar, sin problemas, unos nueve hectómetros cúbicos anuales, según estimaciones de la Oficina de la Planificación Hidrológica de la CHS hechas en 2007.
Para seguir, bajo Alcadozo se encuentra uno de los tramos más conocidos del Trasvase-Tajo Segura: el túnel del Talave. Se trata de un tramo subterráneo del trasvase, de 32 kilómetros de largo, cuatro metros de diámetro y que discurre a unos 300 metros de profundidad hasta asomar ya en el vecino Liétor.
Y, para terminar, desde 2008, Alcadozo cuenta con su propio trasvase. Se trata de una conducción de 44 kilómetros de largo, también subterrénea, aunque de menor diámetro y a menor profundidad, que trae agua del Júcar, desde Albacete, a Alcadozo, que forma parte de la Confederación del Segura.
Pero los vecinos de Alcadozo no pueden usar el agua de ninguna de estas tres fuentes. En el caso de las dos primeras, porque no le dejan; en el caso de la tercera y última, porque hacerlo significaría arruinar, literalmente, al pueblo, con una factura de muchos miles de euros que no podría pagar.

A toda velocidad. Esta semana, recorrimos el término de Alcadozo y sus alrededores con el alcalde del pueblo, Ángel Alfaro. Lo hicimos en su coche, circulando a toda velocidad por carreteras locales, caminos vecinales y pistas de tierra, recorriendo varios puntos clave.
«Lo curioso del problema del agua en nuestro pueblo es que la solución existe, sólo habría que abrir un grifo -nos decía entre volantazo y volantazo, entre aceleróan y acelerón- porque hace muchos años, el antiguo Iryda abrió un pozo que da unos 110 metros cúbicos por segundo; sólo con eso, nos bastaba».
El pozo se puede ver desde la carretera que llega desde Las Peñas, casi lleganado al pueblo. Está cerrado, y la Confederación del Segura no permite su uso. Los que sí funcionan son unos 17 pozos de sequía que la CHS ha perforado para sacar agua del acuífero de Alcadozo y derivarla por el trasvase. Pozos que Alcadozo ni huele.
«Nosotros tenemos un pozo propio para beber y, con esa ayuda, podríamos darle un riego de refuerzo a los cultivos que son, sobre todo, leñosos -explicaba al pasar entre campos de almendros- así que hablamos de cantidades ridículas, para lo que pasa bajo nuestros pies, sólo por el Túnel del Talave».
El Túnel del Talave dio de comer, y bien, a muchos alcadoceños cuando se construyó, en los años 70 del siglo pasado. No muy lejos del pueblo, hay un recuerdo de aquella época, que parece sacado de una película del oeste. Un pozo minero, que baja 300 metros en la tierra hasta llegar al Túnel.
«Es sabido que, cuando se hizo el túnel, se pinchó los acuíferos, por decirlo coloquialmente -recordaba- y a raíz de ese ‘pinchazo’ se le aprobaron unas compensaciones a Albacete; lo que no es tan sabido es que el acuífero de Alcadozo fue uno de los afectados».
Y eso podría ser, a su juicio, otra posible solución para cubrir las necesidades de su pueblo. Es decir, que le den agua a cuenta de esas compensaciones. Pero, al parecer, esta puerta también se encuentra cerrada.
«Se encuentra cerrada porque no disponemos, al parecer, de infraestrucuras para acceder a ella -señala al borde de la salida del Túnel del Talave, en la vecina Liétor- lo que es de auténtico chiste, porque este pueblo tiene una concentración de obras e infraestructuras hidráulicas que muy pocos tienen en España».

El trasvase bis. La última incorporación a esta arsenal de obras hidráulicas se encuentra a la entrada del pueblo. Son lo que parece una sucesión de registros de alcantarillado pero que, en realidad, son tomas de una traída de aguas que llega desde muy lejos, desde la Estación de Tratamiento de Aguas Potables de (ETAP) de Albacete. Un agua que tampoco se puede usar, aunque se quiera.
«Esto es un trasvase, un trasvase bis, lo pinten como lo pinten -afirmaba Alfaro desde el depósito viejo del agua, al borde del barrio alto del pueblo- porque, ¿cómo se puede llamar, si no, a una obra que trae agua del Júcar a un pueblo que está en el Segura?».
Lo curioso es que esta obra jamás se pidió desde Alcadozo, ya que, para mejorar su abastecimiento, bastaría con que le dejasen usar los recursos que ya tiene, a la puerta de casa.
«En vez de eso, han elegido la solución más estrambótica y complicada y, encima, nos la quieren cobrar -decía en tono sarcástico- a razón de 130.000 euros al año, durante 25 años, esto es, más de 200 euros por vecino durante un cuarto de siglo».
La obra formaba parte del acuerdo que, a bombo y platillo, anunciaron la ministra Narbona y el presidente Barreda en 2005, justo tras la derogación del trasvase del Ebro. Formaba parte de un conjunto de obras de abastecimiento que, según se anunció y según rezan los comunicados de prensa de entonces, contaban con miles de millones de financiación.
«Y resulta que, a los pocos meses de llegar a la alcaldía, nos llegó el facturazo -señala- y no hemos tenido más remedio que recurrirlo y dejar las obras sin recibir porque, de lo contrario, la ruina. Y en éstas estamos, de paganos de las guerras del agua que otros organizan para hacerse la foto».    

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó ayer que las últimas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «demuestran mala fe y una obsesión enfermiza con la Región de Murcia», y añadió que el problema del presidente castellano-manchego es que «ya ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas de su Comunidad, y por ello desvía la atención para que sus ciudadanos se fijen en Murcia».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, denunció de nuevo la «opacidad» que busca Murcia sobre el uso del agua del trasvase Tajo-Segura y asegura que existen en esta comunidad «20.000 hectáreas ilegales de regadío», una superficie que aumenta cada año «de forma irregular».

Barreda , en una entrevista con Efe, se queja de que en Murcia hay una «demanda ilimitada» de agua y de que con agua del trasvase «se riegan campos de golf». «Dicen que se riegan con agua de las depuradoras, pero hemos demostrado que hay campos de golf donde no hay depuradoras o no funcionan», añadió, para recordar acto seguido que su Gobierno exige de forma permanente que se delimite la zona regable del trasvase.

El presidente castellanomanchego analiza en la entrevista los motivos por los que no ha salido adelante la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y concluye: «La cuestión de fondo es que contra intereses no valen razones y en Murcia tienen mucho interés en que se mantenga el trasvase y en que haya opacidad sobre el uso del trasvase y el destino final del agua».

De este modo, el titular de Agricultura y Agua reiteró que las acusaciones de Barreda «son graves y categóricamente falsas, y se realizan como siempre desde la difamación», y remarcó que «esto se ha desmentido ya por activa y por pasiva, aquí no hay 20.000 hectáreas nuevas de regadío, sino que, al contrario, se ha reducido la superficie como consecuencia precisamente de la falta de agua», según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Y es que, según Cerdá, el presidente Barreda «debería explicarle a los castellano-manchegos que los regantes del trasvase han pagado más de 110 millones de euros para realizar obras de saneamiento y depuración en su Comunidad Autónoma que sin embargo no han hecho, y por tanto tendría que explicar dónde está ese dinero».

Uso racional del agua

Asimismo, el consejero apuntó que «Barreda debería aprender de Murcia cómo se utiliza de una manera racional el agua, cómo se modernizan regadíos y cómo se sanean y depuran las aguas en nuestros municipios, lo que nos ha permitido tener el río menos contaminado de España», al tiempo que añadió que «este es el ejemplo que tiene que aplicar el presidente castellano-manchego en su Comunidad».

El titular de Agricultura señaló que el presidente castellanomanchego «recibe solidaridad del resto de España para pagar las pensiones de sus jubilados, y también por las ayudas que recibe de la política agraria comunitaria, muy superiores a las de la Región de Murcia, además de la energía que les llega». Lamentó que el presidente del Gobierno central «consienta todos estos ataques y enfrentamientos entre comunidades autónomas».

Delgado Piqueras es experto en Derecho de Aguas y gran conocedor, por tanto, del Plan Hidrológico del Júcar que se encuentra actualmente en proceso de revisión.

-¿Qué le parece el borrador de Plan Hidrológico del Júcar (PHJ)?

-Se trata de hacer un plan nuevo y por tanto hay que estar muy vigilantes para exigir que se cumplan todos aquellos contenidos del actual plan que favorecen a Albacete y que están pendientes de cumplimiento. El mayor problema que presenta es, por un lado, el de su ámbito territorial. En segundo lugar habría que obtener un PHJ en el que terminen de cumplirse las previsiones del actual respecto de la sustitución de bombeos y de la modernización de los regadíos antiguos de Valencia porque sólo de esa manera se podrán obtener ahorros que permitan la sostenibilidad ambiental y la satisfacción de las necesidades no suficientemente cubiertas que puede haber.

-¿Podrían perdiesen derechos conseguidos en el plan del 98 tal y como dicen algunos colectivos?

-Hay una cuestión paradójica que trasluce en ese borrador que presenta la Confederación. Y es que intenta reprochar a los usuarios del agua en Albacete la situación del acuífero cuando esto obedece al incumplimiento claro de la Confederación al no haber aportado los caudales que se pactaron en el PHJ por la política de desembalses que ha llevado a cabo; por no haber hecho las inversiones que debería haber hecho; o por haber impuesto todo tipo de obstáculos, como por ejemplo económicos, para que se pudiese usar el agua del Júcar. Ha estado impidiendo un aprovechamiento sostenible del acuífero. Aunque no todo es negativo, también se han hecho cosas buenas. Hay que llegar a un reparto equitativo, racional y sostenible del agua. Hay que aplicar políticas de forma coherente.

-¿Convenio de Alarcón?

-En los tribunales hay una decisión que no es firme porque tendrá que pronunciarse el Supremo. Aunque creo que finalmente acabará dándonos la razón. Aparte de esto creo que es una cuestión de política administrativa, de qué políticas de desembalses se hace… Hay que tener en cuenta que para atender las necesidades de Albacete, tanto del Ayuntamiento como de los regantes, el único embalse es el de Alarcón mientras que otros usuarios se atienden Tous o Contreras. Si resulta que el uso que se hace del embalse de Alarcón prioriza la atención de otros usuarios, que tienen muy cerca de casa los recursos hídricos, y se coloca en último lugar de esa lista a Albacete, cuando no puede nutrirse de otro, pues ocurre lo que está ocurriendo. Además cuando se quiere h’acer uso del agua se le pone un precio prohibitivo que se paga a sociedades anónimas y personas privadas. Esto necesita un remedio de política administrativa, de gestión.

Considera que el problema a la hora de votar el Estatuto no ha sido esta cuestión sino la voluntad política

Francisco Delgado. Miembro del equipo de asesoramiento jurídico del Estatuto

«Creo que hemos pecado de prudentes. Yo sugerí que la aspiración fuese asumir la gestión de la parte de las cuencas que corresponden territorialmente a la Región»

LAS FRASES

«En Valencia y Murcia ha habido una unidad absoluta de los partidos a la hora de defender sus intereses respecto al agua»

«La reivindicación del agua se ha convertido en una bandera para determinados gobiernos que pasan por dificultades de credibilidad»

«En la Región al principio hubo unidad pero después alguien se tuvo que bajar del caballo. Es muy difícil servir a dos señores a la vez»

Puede considerarse uno de los padres del fallido Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El catedrático de Derecho Administrativo, Francisco Delgado, ha formado parte del equipo de profesores que, dirigidos por el catedrático Luis Ortega, elaboró un documento de trabajo «sobre cómo sería un Estatuto nuevo» con las cuestiones técnicas que debían ser objeto de modificación e incorporando nuevos derechos. «Se pretendía también, particularmente, que sirviese para dotar a la Región de instrumentos jurídicos para tener una política hidráulica más decisiva». También trabajaron para que fuese un texto constitucionalmente correcto.

–El borrador del Estatuto que llegó a la Comisión Constitucional, ¿era un buen texto?

-Sin duda alguna era un texto muy bien construido desde el punto de vista técnico que incorporaba los avances ya logrados por otras comunidades autónomas, más las aspiraciones propias de esta Región. Además era un texto constitucional sin ningún género de dudas.

-¿Qué le ha parecido la retirada del Estatuto?

-Personalmente es un motivo de tristeza. Pero quizá esto no sea lo más importante, sino lo que supone para esta Región. Se han invertido muchas energías de debate y también se había generado mucha ilusión. Entrando ya en materia específica de política de aguas, se ha perdido la oportunidad de dar un nuevo impulso que pudiera servir a esta comunidad para tener más influencia en la política hidráulica estatal y romper determinadas inercias que todavía hay en la política hidráulica del Estado. Hay una inercia histórica que ha padecido Castilla-La Mancha, ya que esta Región ha sido usada tradicionalmente para ubicar aquí las obras hidráulicas de regulación (trasvases, embalses…) pero no para que se hiciese un uso del agua aquí sino para llevarla a otras regiones. Éstas, merced a estos recursos hídricos, han podido disfrutar y generar una importante riqueza, un importante crecimiento tanto en agricultura como en turismo, de lo cual nos debemos alegrar. La pena es que cuando se diseñaron esas obras hidráulicas no se pensase en Castilla-La Mancha, en que aquí también hay agricultores, empresas y trabajadores que podrían haber sacado el mismo provecho a esos recursos hídricos. Para mí el ejemplo del Júcar es el más claro. Es un río que nace en Cuenca y transcurre de oeste a este por la provincia de Albacete y que hasta hace muy pocos años su uso estaba prohibido. La Confederación Hidrográfica del Júcar, Iberdrola y los regantes de la vega valenciana consideraban que éste era un río propiedad privada de ellos y se oponían con uñas y dientes al más mínimo aprovechamiento en Castilla-La Mancha.

-¿Era esencial que el Estatuto estableciese una reserva de agua que, por otra parte, sólo aparecía en el preámbulo?

-La primera región que usó la reforma estatutaria para avanzar posiciones en materia hidráulica, es decir tener una posición más ventajosa de cara a la defensa de sus intereses regionales respecto a la política hidráulica estatal, fue la Generalitat Valenciana cuyo Estatuto se aprobó en el año 2006. En virtud del artículo 17 de ese Estatuto, la Generalitat Valenciana se atribuye el derecho a redistribuir los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias. Usando este precepto Valencia estaría en disposición de destinar el agua que estime que sobra para atender sus necesidades tanto de consumo humano como de actividades económicas y sociales. A la vista de esto me parece muy importante que en el Estatuto de Castilla-La Mancha se hiciese una advertencia de que el agua sobrante no es toda la que circula por el río, puesto que aquí también hay unas necesidades actuales y, si el crecimiento social y económico sigue su curso, esas necesidades van a ir a más. Además hay que dejar claro que la reserva que se establecía no era sobre un río específico, sobre el Tajo, sino sobre el conjunto de cuencas. Esta Región tiene la paradójica situación de que es el territorio donde nacen y engrosan sus caudales algunas de las cuencas más importantes del país. Las más destacadas son el Tajo, el Guadiana, el Júcar, el Segura y el Guadalquivir. Y sin embargo es la región que menos las aprovecha. Yo estimo que una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos para el conjunto de cinco cuencas hidrográficas no era tampoco una petición descabellada.

Otras reservas

-El Estatuto de Aragón sí recoge una reserva de agua y no se planteó esta guerra.

-El Estatuto de Autonomía de Aragón en la disposición adicional quinta dice «la planificación hidrológica concretará las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del principio de prioridad en el abastecimiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos recogidos en el artículo 19 del presente Estatuto, considerando que la resolución de las Cortes de Aragón establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.500 hectómetros cúbicos». Se puede comparar el peso demográfico que tiene Aragón, su extensión territorial y que se habla de una reserva de 6.500 hectómetros cúbicos sobre un único río como es el Ebro, con la de Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros a establecer sobre cinco cuencas. Creo que esto no es modo alguno desmesurado, ni maximalista. Es bastante razonable. Hay que recordar que tanto el Estatuto de Valencia como el de Aragón, se votaron por unanimidad del PSOE y el PP en Valencia, en Aragón y en Madrid, en las Cortes Generales.

-¿En otros estatutos también se contemplan este tipo de reservas?

-La previsión más importante es la que establece el Estatuto de Castilla y León que se atribuye la gestión del río Duero, y la del Estatuto de Andalucía que se atribuye la del Guadalquivir. Yo creo que en Castilla-La Mancha hemos pecado de prudentes. Yo personalmente lo que sugerí es que estableciésemos nuestra aspiración estatutaria al mismo nivel que Castilla y León y que Andalucía, es decir que la Región asumiese la gestión de la parte de las cuencas que corresponden territorialmente a Castilla-la Mancha. Pero esto debió de resultar excesivamente ambicioso y finalmente se optó por una postura más prudente, que además ha ido flexibilizándose. Al final acabó en esa reserva de 4.000 hectómetros cúbicos y en el preámbulo. Hay que tener en cuenta que el preámbulo de una norma no tiene carácter prescriptivo sino meramente declarativo, es la manifestación de una voluntad política. Yo creo que más transigentes que hemos sido desde Castilla-La Mancha no se ha sido en ninguno de los otros estatutos.

-En su opinión, ¿nuestros políticos han estado a la altura de las circunstancias a la hora de defender el texto?

-Yo tengo mi postura, pero es una opinión personal e imagino que cada ciudadano tiene la suya. A la luz de cómo se han producido los acontecimientos, de cuál ha sido la postura de cada uno y de lo que al final ha votado cada uno pues cada cual puede establecer sus propias valoraciones. A nosotros lo que nos corresponde es dar la información que tenemos y explicar cómo han sido las cosas.

-¿Se han impuesto los planteamientos de Murcia y Valencia a los de Castilla-La Mancha?

-Yo lo que veo es que en la Comunidad Valenciana y en Murcia ha habido una unidad absoluta entre todos los partidos a la hora de defender sus intereses respecto del agua. Intereses que no estaban amenazados en modo alguno en la redacción final que se votó en las Cortes. La reserva hídrica no era ninguna amenaza. El conjunto del volumen de las cuencas a las que nos referimos es muy superior a esos 4.000 hectómetros cúbicos por tanto se podrían atender tanto las necesidades de Castilla-La Mancha como las de las demás regiones que también son parte de esas cuencas. No pretendemos quedarnos con los ríos para nosotros solos. Se puede discutir si era una amenaza la caducidad del trasvase. Se puede discutir y es opinable. Tampoco sería sencillo ni justo dejar en la estacada a aquellas personas que, hoy por hoy, mientras no tengan otra solución alternativa siguen necesitando del agua del trasvase en Murcia, Alicante y Almería. Yo creo que a Castilla-La Mancha lo que le resulta interesante es poder usar esta infraestructura para atender sus necesidades. Eso es importante. Se ha conseguido en esta última legislatura que el trasvase, que cuando se concibió sólo estaba destinado a llevar el agua desde Entrepeñas y Buendía hasta la cuenca del Segura, pues que ese concepto insolidario se ha empezado a cambiar merced al uso de esa infraestructura también para abastecer de agua también a Albacete, para las pequeñas sustituciones de bombeos que se han podido hacer, para la Tubería Manchega que lleva el agua a Ciudad Real, para hacer algún trasvase de emergencia a las Tablas de Daimiel… Yo creo que es importante que si las infraestructuras existen al menos se puedan compartir y usar por todos.

Desacuerdos

-En Castilla-La Mancha, ¿por qué no ha habido la misma unidad que en otras regiones?

-En Castilla-La Mancha al principio hubo unidad, pero después alguien se ha bajado del caballo. Alguien ha tenido que cambiar su voto. Es muy difícil servir a la vez a dos señores como en esta obra de teatro.

-Se hubiese desvirtuado mucho el Estatuto si se hubiese incluido esa enmienda del PP?

-Dudo mucho que cualquiera que hubiese sido la redacción, en el momento que hubiese reconocido algún derecho, algo en favor de Castilla-La Mancha respecto del agua, no se habría votado. Creo que el problema no era tanto de redacción como de voluntad política porque estamos viendo como la reivindicación del agua se ha convertido en una bandera para determinados gobiernos que pasan por dificultades en otras regiones en cuanto a su credibilidad política.

-¿Cuál es el proceso que se abre a partir de ahora? ¿Habrá que partir de cero? ¿Se podrá aprobar en esta legislatura?

-Esta es una cuestión de calendario político. No es una cuestión que se resuelva ni por el reglamento de las Cortes, es decir mientras no haya una composición del parlamento tanto regional como nacional que permita albergar una expectativa seria de que ese Estatuto va a ser respaldado por la mayoría suficiente, pues no parece lógico esperar que se vaya a volver a plantear. Primero hay que restablecer todos los puentes, volver a asumir los compromisos y seguramente también esperar a que pase el tiempo electoral. Creo que a la situación que se ha llegado no ha sido por casualidad ni de una forma improvisada. Hay que recordar que el Estatuto llevaba paralizado varios años en el Congreso. Durante ese tiempo seguro que ha habido mil encuentros, mil discusiones entre cada uno de los partidos, entre los portavoces parlamentarios y si se ha llegado a esta solución es porque no ha habido otra.

-Los políticos se han enfrentado a cuenta del Estatuto, ¿se ha sabido trasladar la importancia de la reforma a la sociedad?

-Yo creo que de una forma siquiera intuitiva todo el mundo entiende la importancia estratégica que tiene el agua y en particular en Castilla-La Mancha tanto para la satisfacción de las necesidades actuales como para el desarrollo futuro y conservación del medio ambiente. Sobre todo lo saben aquellos sectores que dependen o que están más directamente vinculados como pueden ser los grupos ambientalistas, los agricultores, los empresarios, los ayuntamientos que tienen que dar servicio de agua a los ciudadanos. Eran conscientes de la importancia que podía tener el Estatuto. Aunque el debate se ha focalizado tanto en el agua que han quedado oscurecidas otras novedades interesantes.

José Valverde insiste en que la batalla por el agua para Castilla-la Mancha continúa, aunque la lucha vaya a ser ahora más difícil sin un Estatuto en la retaguardia, como lamenta. Está caliente la retirada del proyecto de reforma estatutaria del Congreso, ante la falta de apoyos para su aprobación. A su juicio, la Región tardará en reponerse de la «traición» del PP y su voto en contra del texto autonómico.
¿Qué le ha pasado al Estatuto? Salió de CLM con unanimidad y fue llegar al Congreso y empezar la pelea política…
Al Estatuto lo que le ha pasado es que la señora Cospedal ha cambiado de estatus, de ser simplemente la presidenta del PP en CLM y defender lo que los castellano-manchegos querían -que es el final del trasvase- pasó a ser la secretaria general de su partido y depender de las decisiones de otros. Estoy convencido de que en el momento en el que se habla de la señora Cospedal como secretaria general, tanto Camps como Valcárcel debieron exigir garantías de que su posición en el Estatuto no iba a ser la que había mantenido previamente. Ella tomó una decisión muy clara: ser secretaria general y cambiar de opinión sobre CLM.
Usted ha sido el hombre del Gobierno en la negociación del Estatuto, ¿en algún momento estuvo cerca el acuerdo con el PP?
Desgraciadamente nunca, y digo nunca porque siempre que alguno de los interlocutores directos del PP entendía que la posición que les expresábamos desde el PSOE o desde el Gobierno de Castilla-La Mancha era válida, llegaba luego a quien tenía que llegar, que era a murcianos y valencianos, y volvía diciendo que no podía ser. Valcárcel fue muy claro, «quien decide en temas de agua soy yo», dijo, y así ha sido.
El presidente Barreda ha anunciado que la batalla continúa en el ámbito legal, político y de movilización social. ¿Es hora de darle caña a Murcia?
¡No, no, no! No creo que haya que darle caña a Murcia, a Murcia lo único que hay que darle es racionalidad y que sepa que el agua que inicialmente está en CLM debe servir también y prioritariamente para el desarrollo de CLM. No queremos darle caña a nadie. Nos hubiera encantado que esto no hubiera sido una guerra, pero para ello todo el mundo debería de haber tenido la suficiente amplitud de miras.
¿Cómo va a ser esta batalla en el ámbito legal y político?
Estamos trabajando en cada organismo de cuenca para conseguir legalmente nuestra participación. No es lógico que las autonomías tengan transferidas las competencias en materia de agricultura, urbanismo, medio ambiente o desarrollo económico y no tengan posibilidad de gobernar o, al menos, cogobernar el agua que tienen para estructurar esas competencias. Hay una batalla legal por delante para conseguir estar en los órganos de decisión de las cuencas hidrográficas. Por cierto, esta presencia de la Junta en lo órganos de cuenca es una de las cuestiones que el PP cercena en su propuesta.
Luego tenemos la negociación con las Confederaciones Hidrográficas para la elaboración de los planes de cuenca. Nosotros vamos a exigir que se cumpla la directiva europea y que el Tajo a su paso por Aranjuez lleve 12 metros cúbicos por segundo. En estos momentos no llega ni a seis casi ningún día y serían 200 Hm3 más en la cabecera. El desarrollo de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía necesita de una lámina de agua en los pantanos. Esto significa ‘x’ hectómetros en la cabecera del Tajo que no puedan pasar por el canal del trasvase.
También está el abastecimiento a La Mancha, con una población de 500.000 habitantes. Nunca hemos negado el agua a Murcia para beber y, desde luego, no se la vamos a negar a nuestros propios paisanos. Tampoco vamos a renunciar al agua del Júcar. El Júcar no es un río valenciano, estos 4.000 Hm3 que defendíamos como reserva hídrica nos permitían también trabajar en el Júcar y en la cabecera del Segura, que se está esquilmando con pozos.
Vamos a pelear por conseguir todos estos objetivos. Sinceramente, lo tendríamos mucho más fácil de haberse aceptado esa reserva hídrica que proponía el Estatuto.
¿Se ha pecado de moderados en la negociación?
No, nunca se peca de moderación, otra cosa distinta es que haya quienes se aprovechan de esta moderación. Aquí hemos sido más pacientes que el santo Job y lo hemos hecho porque entendíamos que era mejor un acuerdo. Ahora bien, desde el principio el presidente Barreda dijo que si en algún momento no se garantizaban los mínimos exigibles para nuestra comunidad, esperaríamos a una mejor ocasión para reformar el texto. El problema que hemos tenido es que el PP no ha asumido los mínimos que se le exigían al Estatuto cuando había votado unos máximos en las Cortes regionales. Es un cambio de chaqueta claro, una traición en toda regla. CLM no se merece que los líderes del PP piensen más en otras cosas en CLM.
Los ribereños insisten en poner fecha de caducidad del trasvase en 2015. ¿Es hora de volver a las exigencias máximas?
Pues no lo sé, en cualquier caso, nosotros hemos funcionado permanentemente de la mano de toda la sociedad de CLM. Han sido precisamente los componentes de la Mesa del Agua los que han exigido al presidente Barreda que no rebajara ni una gota de agua más y ni permitiera cambios en el concepto de la reserva hídrica. Seguiremos trabajando con ellos e iremos evolucionando en nuestras reivindicaciones en conjunto.
Lo que me da pena es que desde el PP se haya intentado mover un follón entre los municipios ribereños para intentar cargarse al presidente de esta asociación, cuando a quien más daño se hace no consiguiendo la reserva hídrica para CLM es, precisamente, a los pueblos ribereños. Esos 4.000 Hm3 permitirían mantener una lámina de agua en la cabecera de Entrepeñas y Buendía, que es lo que ellos están reclamando. No entiendo como determinados alcaldes del PP, que saben y conocen la problemática del agua en la zona, no le han protestado con claridad a la señora Cospedal, que es quien los está traicionando.
El PP ha llegado a dudar de la representatividad social de los miembros de la citada Mesa del Agua y afirma que la foto que se hizo el día que el PP voto contra el dictamen del Estatuto en el Congreso estaba preparada.
Para salir en una foto hay que ponerse primero delante de una cámara y quienes se pusieron delante de esa cámara son personas electas en sus propias organizaciones. Me da un poco de pena oír como se pone en cuestión absolutamente todo si la gente no está de acuerdo uno, como hace la señora de Cospedal. Lo único que demuestra es la radical soledad en que la que se encuentra. Negar la capacidad, la racionalidad y la legitimidad a estas organizaciones es tanto como cargarse a la sociedad civil porque no está conmigo. Cospedal nos tiene acostumbrados a esto, un poco más y se carga el Estado de Derecho cuando hizo las declaraciones aquellas de que los jueces, los fiscales, la policía y todo el mundo estaban conculcando la ley. Debería tener un poco más seriedad y cordura.
Los políticos de Valencia y Murcia, de los dos partidos, no han dudado en descalificar y faltar al respeto a CLM, ¿nunca han pensando en responder?
Cada vez que insultan a CLM, a alguien que como yo se siente castellano-manchego, se le revuelve las entrañas. Pero el problema no es lo que el PP o el PSOE digan en Murcia de CLM, ellos están haciendo lo que deben, que es defender a su tierra, más o menos acertadamente en las formas. El problema es que aquí tenemos una dirección del PP que, obligada por la señora Cospedal, no está defendiendo su tierra. En el PP regional hay fisuras y fuertes, mucha gente no entiende la actitud de Cospedal. No se trata tanto de darle caña Murcia, como de defender con uñas y dientes a CLM. Dándole caña a Murcia no sacamos nada, lo que tenemos que hacer es darle menos agua.
El PP defiende que su propuesta constitucionalizaba el texto…
Hay un rango de interpretación en las leyes que hace que unos puedan pensar que es constitucional y otros que no. Desde nuestro punto de vista es perfectamente constitucional pero, por si había alguna duda, el concepto de reserva hídrica ya se había acuñado en el Estatuto de Aragón. Pero incluso, aunque hubiera tenido algún tipo de problema, es preferible defender a CLM en algo que es interpretable y dejar al Tribunal Constitucional que lo interprete, antes que dejar de defender a CLM para defender tus propias ambiciones.
El PP insinuó que llevar el tema del agua en el Estatuto era inconstitucional, a pesar de que sí lo llevan, y con su apoyo, textos como el de Valencia o Andalucía.
Eso digo yo, si era constitucional en otros estatutos, lógicamente tiene que serlo también el de CLM. A mí me ha sorprendido, como a buena parte de su propia afiliación, que el PP se haya pronunciado en contra del Estatuto. Yo hablo con mucha gente afiliada al PP, de base, y no están contentos con la actuación de Cospedal. No se sienten representados y lo achacan a que ella no está aquí, a que tiene otras aspiraciones. En realidad CLM le viene chica, dicen, lo que preocupa es ganar las Generales e irse a Madrid.
Con el informe de la UCLM sobre el riego de campos de golf con el agua del trasvase en la mano, ¿se va a llevar a los tribunales a la Confederación del Segura?
Se está estudiando qué se puede hacer. Es una desvergüenza que con agua del trasvase, que es agua para un regadío concreto y para el consumo humano, se estén permitiendo ese tipo de desarrollos. No nos negamos a trasvasar agua para consumo humano, e incluso podemos hablar de qué regadíos se pueden hacer, pero nos oponemos a trasvasar agua indiscriminadamente.
Dimite el presidente de la Confederación del Segura, se considera un triunfo de CLM. Se pide que no sea murciano y nos ponen a una murciana. ¿Es una derrota?
No, yo nunca he interpretado la dimisión del presidente de la CHS como un triunfo de CLM. Es un hombre que en un momento determinado tiene problemas en su concepción y relación con el tema del trasvase y prefiere dimitir. Nosotros no dijimos que no pusieran a un murciano, sino que pusieran alguien que fuera capaz de entender los intereses no sólo de Murcia, sino también de CLM.    

Asaja, UPA y Coag en la provincia albaceteña exigieron ayer estar presentes en los órganos de decisión del agua, para evitar «ver pasar los recursos sin poderlos utilizar» o que, como explicó el representante de Coag, Fernando Ruiz, «otras comunidades tengan cinco pantanos en Castilla-La Mancha».

Las tres organizaciones agrarias se reunieron con el delegado provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, Antonio Mompó, para analizar las nuevas estrategias tras la retirada del Estatuto debido a las discrepancias entre PSOE y PP por la inclusión en el texto de una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos.

El presidente de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca, indicó que «los ciudadanos deben tomar conciencia de lo importante que es el agua para el desarrollo de los pueblos», y añadió que en esta Región «nos cuesta, más que en otros lugares de España, mantener y poder utilizar unas aguas que nacen aquí», algo que según dijo es «inaudito».

Pérez Cuenca hizo hincapié en que su organización nunca se opondrá a la cesión de agua para abastecimiento humano, pero afirmó que la provincia «necesita desarrollarse», por lo que «no podemos permitir que, teniendo un recurso tan cerca, sean otros los que se desarrollan muy por encima de nosotros».

El representante de Asaja afirmó que la organización va a exigir al Ministerio, a nivel regional, tener presencia en los órganos de cada cuenca donde se toman las decisiones, y abogó por defender los derechos sobre el agua «sin crispación pero con lealtad y firmeza».

El secretario provincial de Coag, Fernando Ruiz, señaló que «ya está bien de que nuestros recursos los administren otros», añadiendo que «no nos oponemos al desarrollo de los demás, pero queremos tener voz en los órganos de decisión». «Los castellano-manchegos somos tan de primera como cualquier ciudadano de cualquier otra región», dijo Ruiz.

Por su parte, el secretario provincial de UPA, Julián Martínez, destacó que la Región ha demostrado su «solidaridad» en el tema del agua y su esfuerzo a la hora de modernizar regadíos para ahorrar recursos hídricos. Indicó que la reserva fijada era «la mínima para poder desarrollarnos» y pidió «altura política y responsabilidad».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, denuncia la «opacidad» que busca Murcia sobre el uso del agua del trasvase Tajo-Segura y asegura que existen en esa comunidad «20.000 hectáreas ilegales de regadío», una superficie que aumenta cada año «de forma irregular».

Barreda, en una entrevista con Efe, se queja de que en Murcia hay una «demanda ilimitada» de agua y de que con agua del trasvase «se riegan campos de golf», como, afirma, ha demostrado un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha.

«Dicen que se riegan con agua de las depuradoras, pero hemos demostrado que hay campos de golf donde no hay depuradoras o no funcionan», añade el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, quien recuerda que su Gobierno exige de forma permanente que se delimite la zona regable del trasvase.

El presidente castellanomanchego analiza en la entrevista los motivos por los que no ha salido adelante la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y concluye: «La cuestión de fondo es que contra intereses no valen razones y en Murcia tienen mucho interés en que se mantenga el trasvase y en que haya opacidad sobre el uso del trasvase y el destino final del agua».

Barreda culpa a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, del fracaso del Estatuto, pues -opina- no fue capaz de mantener su discurso antitrasvasista una vez que fue nombrada secretaria general del partido.

De hecho, plantea que ese cambio de postura se produjo «como si hubiera habido un pacto» con los presidentes de la Generalitat Valenciana y la Comunidad de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, y recuerda que fueron ellos los que respaldaron a Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia de junio de 2008.

El presidente castellanomanchego lamenta también que Cospedal rehusara reunirse con él para hablar sobre el Estatuto de Autonomía, que previamente habían pactado, pero sí lo negociara con Ramón Luis Valcárcel.

A su juicio, en el debate sobre el agua, en el que la cuestión territorial pesa más que la ideológica, «todo el mundo ha hecho lo que se esperaba de ellos», menos Cospedal, que «ha acabado defendiendo a Murcia».

Asegura que, «por supuesto», intentará de nuevo sacar adelante la reforma si gana las próximas elecciones autonómicas, para lo que será necesaria «una mayoría todavía más amplia, para tener más fuerza».

Lo que él no hará, declara, es «consensuar» el texto con Valcárcel si ello supone devaluar el Estatuto, pues tienen «intereses contrapuestos».

Barreda manifiesta que le parece «muy bien» que haya un pacto nacional sobre el agua en España -un asunto que el Gobierno central ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana-, pero exige coherencia y que «no se mida con varas de medir diferentes a unos y a otros».

En este contexto, se queja de que ahora, en el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, «todo el mundo» se vuelva «coherente y racional» y defienda las competencias del Estado en materia de agua.

Barreda pregunta por qué la reserva hídrica era constitucional en el Estatuto de Aragón e inconstitucional en el de Castilla-La Mancha y por qué se olvida que Andalucía se arrogó las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir o que la Comunitat Valenciana se atribuyó derechos sobre las aguas excedentarias de las cuencas limítrofes.

Por último, el presidente regional lanza una pregunta en el debate del agua: «¿El desarrollo sostenible que queremos para España pasa por una periferia superpoblada, completamente urbanizada, alicatada hasta la playa y un centro desértico con el oasis de Madrid?».