A los regantes de la Mancha Oriental no les temblará el pulso, llegado el momento, a la hora de denunciar al Ministerio de Medio Ambiente por incumplir durante cuatro años la sentencia del Júcar emitida por el Tribunal Supremo en octubre de 2004 «dedicándose a darle la vuelta a la situación, mediante los informes técnicos que interpretan torcidamente la ley para no asumir las consecuencias de su aplicación».

Así lo manifestó ayer el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, quien anunció que solicitarán una entrevista con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para aclarar algunas cuestiones relativas a la revisión del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) que han despertado su preocupación. En este sentido, recordó que la revisión del Plan está pendiente de la definición territorial de las cuencas intercomunitarias que componen la demarcación del Júcar y que el pertinente esquema de temas importantes no ha sido publicado a día de hoy al no existir consenso sobre el mismo.

El responsable de los regantes señaló que la sentencia del Supremo estableció que en el PHJ no pueden incluirse las cuencas intracomunitarias valencianas que quedaron claramente definidas en su exposición.

Propuesta

El problema ha surgido cuando la Junta Central de Regantes ha tenido conocimiento de un documento que está manejando el Ministerio de Medio Ambiente según el cual, en opinión de Belmonte, se pretende eludir el cumplimiento de la sentencia. Y es que en este documento el Ministerio, según Belmonte, realiza una propuesta de nueva definición de las cuencas intercomunitarias que componen la demarcación del Júcar. Así se interpretaría que los ríos desembocan, o pueden desembocar, según la Ley de Aguas, en estuarios o deltas creando un nuevo conceto de desembocadura mediante sistema deltaíco que podría englobar el río principal y las cuencas costeras vecinas.

De esta forma, según detallaron desde la Junta Central de Regantes, a las cuencas intercomunitarias del Júcar, Turia y Mijares, se les incorporaría las cuencas intracomunitarias definidas en la sentencia del Supremo e incluiría sus territorios como parte de la cuenca hidrográfica intercomunitaria principal.

En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar se le añadiría todas las cuencas intracomunitarias de Valencia que formaban parte del sistema de explotación del Júcar más la del río Jarabo incluyendo La Albufera «definida por la propia legislación valenciana como cuenca hidrográfica».

¿Qué supondría este cambio? A juicio de Belmonte, se traduciría en un menor peso específico de los usuarios y de la administración regional en los órganos de gobierno y gestión de la Confederación del Júcar, y la obligación de repartir los mismos recursos con una zona mucho más amplia y un mayor número de usuarios».

Belmonte reiteró que si fuese necesario denunciarían al Ministerio y que solicitarán al Gobierno regional «la máxima firmeza ante el Ejecutivo central, como ha hecho hasta ahora, en que se cumpla escrupulosamente la sentencia». Además anunciaron que éste último persistiese en su actitud pedirían a la Junta que exija la gestión de los ríos que discurren por la Región como lo han hecho otras comunidades.

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, anunció ayer que pedirán, «de manera inmediata», una entrevista con la titular de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, para aclarar aspectos relacionados con la revisión del Plan Hidrológico del Júcar.
Los regantes han tenido acceso a los borradores del nuevo Plan Hidrológico del Júcar en el que se establecen los límites de la nueva «Demarcación Júcar» que sustituye al ámbito territorial de la actual confederación hidrográfica.
La nueva distribución territorial, que incorpora la división entre ríos intracomunitarios-cuya gestión debe asumir la Generalitat- y los extra comunitarios, cumple con la sentencia del Tribunal Supremo y con el Estatut de Autonomía. Además, supondría mantener una mínima mayoría de representantes procedentes de la Comunitat Valenciana en los órganos de gestión del Júcar.
Por el contrario, Belmonte cree que el texto pretende eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de por la que se anularon varios artículos del Plan Hidrológico del Júcar vigente.
Desde la óptica de Castilla-La Mancha cumplir la sentencia pasa por desgajar la cuenca del Júcar de la del Turia, Vinalopó, Mijares, así como a la Albufera.
Además de la manipulación geográfica que supondría desgajar la Albufera del Júcar, de cuyas aguas se nutre, la Administración Estatal entiende que no puede crearse una demarcación independiente para cada río intercomunitario. Para la CHJ, el Mijares y el Turia, por razones obvias, pero también el Palancia y el Vinalopó son intercomunitarios.
Esta sustancial modificación, en opinión de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, perjudicaría a los usuarios de Castilla-La Mancha, al tener que repartir los recursos con los de la amplia zona que surge de esta nueva clasificación, y una manera de vulnerar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.
«Mayoritariamente valencianos»
Los regantes quieren que la ministra escuche «otras opiniones, además de la de los altos cargos del Ministerio, que curiosamente son mayoritariamente valencianos, o han pasado por las instituciones valencianas», manifestó el presidente de los regantes manchegos.
Por último, aseguró que están dispuestos «a ir a Bruselas y lo que haga falta, siempre de manera pacifica», y añadió que esperan contar con el apoyo de las autoridades regionales.

El portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, destacó hoy que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para paliar daños producidos por sequía, que será convalidado mañana, jueves, por el Pleno del Congreso de los Diputados, contempla más de 84 millones de euros en exenciones de tarifas de aguas.

   Según el portavoz socialista de Agricultura, el Real Decreto-Ley establece dos tipos de medidas: prorroga las adoptadas en años anteriores para la gestión de la sequía y establece otras ayudas nuevas a los titulares de uso de derechos de agua para riego que hayan tenido una dotación inferior al 50% de la normal, a la mancomunidad de los Canales de Taivilla para paliar el desequilibrio económico producido por la adquisición de derechos de uso de agua y al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel por los recursos aportados para paliar su difícil situación ecológica.

   Alonso subrayó que la prórroga de las medidas de gestión no necesitan dotación presupuestaria adicional, pero sí las segundas que suponen un ahorro por exención de tarifas de utilización de aguas públicas de 84,5 millones de euros. «En la Cuenca del Segura, el ahorro para los usuarios es de 51 millones y en la Cuenca del Guadalquivir, de 31 millones», detalló.

   El portavoz socialista de Agricultura calificó de «gran importancia» que el Real Decreto establezca «la declaración de utilidad pública y, por tanto, de urgente necesidad de ocupación de un listado de obras en todas las Cuencas Hidrográficas», y entre ellas destacó las del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura, informó el PSOE en nota de prensa.

Parece que el Congreso de los Diputados va a recoger el ‘guante’ que se ha lanzado desde Castilla-La Mancha para lograr un Pacto Nacional del Agua. Así se solicitó en una resolución unánime aprobada por las Cortes regionales en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, y también lo reivindicó el presidente autonómico, José María Barreda, cuando subió a la tribuna el 14 de octubre en el debate de la toma en consideración en las Cortes generales del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.

El portavoz de los diputados nacionales socialistas, José Antonio Alonso, explicó ayer la intención de su Grupo de impulsar la creación de una Subcomisión que derive en un Pacto nacional que supere los criterios «partidistas» y las «diferencias territoriales» que ha suscitado esta cuestión en los últimos años. Este anuncio llega precisamente cuando el Estatuto castellano-manchego está en proceso de enmiendas en la Cámara Baja. Entre su articulado se recoge la caducidad del trasvase Tajo-Segura, algo que ha reabierto la ‘guerra del agua’.

Quizá para superar ese ‘escollo’, el Congreso de los Diputado comience a trabajar para lograr un Pacto nacional del Agua, un objetivo que contentaría a los representantes de Castilla-La Mancha. Así lo han manifestado anteriormente y siempre que garantice agua suficiente para la región tanto en cantidad como en calidad. Con estas palabras defendió Barreda esta vía en el Congreso: «Estaríamos de acuerdo en apoyar un Pacto de Estado que, dejando atrás polémicas sobre los planes anteriores, y sin que nos condicionaran, capaz de abordar la cuestión con vocación de encontrar soluciones globales desde las posibilidades que ofrecen el presente y el futuro».

El portavoz de los socialistas en el Congreso manifestó ayer que todavía se desconocen las fechas de cuándo podría empezar a funcionar este nuevo órgano, dado que todavía tiene que recabar la información del resto de formaciones politicas sobre la Subcomisión de Agua. Una vez creada, su misión será la de estudiar un modelo global y de Estado de gestión del agua. Uno de los objetivos ya lo expresó ayer José Antonio Alonso, que confía en alcanzar una solución «coherente» que evite enfrentamientos entre comunidades autónomas.

«una bendición». Mientras el Congreso de los Diputados abre nuevos foros para discutir la política hidrológica de España, la reforma del Estatuto de Autonomía sigue su proceso. El portavoz de los diputados socialistas, pero en este caso de las Cortes regionales, Santiago Moreno, expresó ayer que la nueva ampliación del plazo de enmiendas es una «bendición». En su opinión, lo «deseable» es que las enmiendas se presenten cuando los partidos políticos estén de acuerdo, de ahí que acepte como una ‘buena señal’ la prórroga. «De lo contrario, a lo que asistiremos es a una guerra de la que nadie saldrá beneficiado», alertó.

Moreno confía en que los Grupos parlamentarios alcancen un consenso para que el Estatuto salga como se aprobó en Castilla-La Mancha de la ‘criba’ del Congreso. También habló ayer de las reivindicaciones de la región para participar en los órganos de gestión de cuenca de los ríos. La propuesta es que cada comunidad tenga el peso que le corresponda en proporción con el ‘porcentaje’ de cauce que discurra por su territorio. El objetivo, «hacer de la gestión del agua una adecuación al Estado de las Autonomías».

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, anunció hoy que su Grupo pedirá la creación de una subcomisión que estudie el modelo de gestión del agua para evitar disputas «partidarias o territoriales».

Según explicó en rueda de prensa, el objetivo es consensuar un MODELO (XGMD.MCMODELO

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Última noticiaIU Ávila cree que el Guisasola «tiene en mente» el modelo sanitario de Esperanza Aguirre, lo que sería «desesperanzador» Ver más resumen  noticias  perfil  gráficos  histórico  )de gestión del agua que supere esas discusiones, «que existen de hecho» entre algunos territorios y formaciones políticas, y que recoja la cooperación de las comunidades autónomas en la gestión de las cuencas.

Los socialistas tienen intención de someter esa propuesta a los demás partidos, por lo que Alonso no quiso avanzar el plazo de tiempo en el que podría trabajar la subcomisión o el tipo de comparecencias que acogería.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó en rueda de prensa posterior que el PSOE no había contactado aún con ellos para exponer esa iniciativa. No avanzó si la respaldarán o no, aunque sí reiteró que su objetivo es «poner remedio» a los problemas relacionados con el agua.

Para la portavoz del PP, esa iniciativa del PSOE certifica «el desastre» de política de agua emprendida por el Gobierno en los últimos años, y comporta toda una «declaración de culpas».

Acusó a los socialistas de haber generado «un lío monumental» al suscitar enfrentamientos entre territorios sin haber resuelto las carencias de suministro de un bien esencial que debe ser distribuido de acuerdo con el principio de solidaridad.

La reserva de agua de los embalses de la cuenca del Júcar duplica «prácticamente» su capacidad respecto a las reservas contenidas dos años antes. En la actualidad, la capacidad de los embalses registra  un 24,2 por ciento, lo que supone un total de 810 hectómetros cúbicos (Hm3), mientras que hace dos años la cantidad de agua era de un 12,7 por ciento, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana.

   Según las citadas fuentes, son los mejores registros respecto al año pasado y la media de agua embalsada de los últimos cinco y 10 años, de manera que en la actualidad los embalses de la cuenca de este río disponen de un 0,1 por ciento más que hace una semana de reserva de agua (810 Hm3 frente a 808 Hm3), un 5,8 por ciento más que hace un año y un 11,5 por ciento más que hace dos años.

   Asimismo, estos embalses han registrado un 1,8 por ciento más que la media de los últimos cinco años y un 1,9 por ciento más que en los últimos 10 años. En concreto, hace un año los pantanos disponían de 617 Hm3 y ahora 810, es decir, 193 Hm3 más. La media de los últimos 10 años era de 726 Hm3, mientras que ahora son 810 más, es decir, 84 Hm3 más.

Algunas zonas de las cuencas hidrográficas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar siguen sufriendo los embates de la sequía y registran problemas para el suministro de agua, pese a las abundantes lluvias caídas en el país recientemente.

Los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sitúan en el 43,9% el nivel medio de la reserva hídrica del país, con 23.843 hectómetros cúbicos (hm3) de agua embalsada.

Pese a que cuencas como las internas del País Vasco, la Norte III (País Vasco, excepto cuencas internas) y Norte II (Asturias y Cantabria) están al 81%, 74,6% y 68,1%, respectivamente, las del Segura, Júcar y la Mediterránea Andaluza alcanzan tan sólo el 17,3%, 24,1% y 27,3% de su capacidad.

Por esta razón, el pasado 24 de octubre entró en vigor un real decreto ley aprobado por el Gobierno para tratar de paliar los efectos de este cuarto año de sequía en determinados ámbitos de las cuencas hidrográficas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar.

En la exposición de motivos, el texto señala que estas cuencas sufren «acusados problemas» para el suministro de agua, tanto para abastecimientos a poblaciones como para explotaciones agrícolas y ganaderas.

Durante el pasado año hidrológico, los niveles de los acuíferos subterráneos de las cuencas del Júcar y del Guadiana se han recuperado, principalmente a causa de una disminución en los bombeos, según reconoce el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).

Así lo señala el propio Ministerio, en el denominado Informe de Coyuntura Ambiental, en el que se comparan los datos de las aguas superficiales y subterráneas que había en septiembre de 2008 con sus homólogos de septiembre de 2007, esto es, entre el inicio y el final del año hidrológico 2007-2008.

Los datos proceden tanto de las series históricas de los últimos 20 años, como de los registrados por una red de 375 piezómetros repartidos por toda la geografía española. En el capítulo, precisamente, de las evoluciones piezométricas, el Júcar tiene gran protagonismo, y además en sentido positivo. «Las diferencias entre septiembre de 2008 y septiembre de 2007 son negativas en el Norte, Guadalquivir y Cuenca Mediterránea Andaluza; prácticamente iguales en el Tajo y el Guadiana y positivas en el resto -señala el documento- destacando el Júcar y el Duero, con más de dos metros por encima, lo que se traduce en un volumen de reservas superior respecto del final del año hidrológico 2006-2007».

Los gráficos de evolución piezométrica señalan que, en el caso de la Cuenca del Júcar, llegó a haber subidas máximas mensuales en los acuíferos subterráneos de hasta 15 metros respecto al nivel que había en septiembre de 2007. Los máximos se alcanzaron entre marzo y mayo de 2008. El datos concuerda con las abundantes lluvias registradas durante la primavera pasada, cuando las precipitaciones superaron sus valores medios en Valencia, la mayor parte de Murcia y el sureste de Castilla la Mancha, entre otras zonas de la Península. Estas subidas fueron picos estacionales, porque la media de subida del nivel en los acuíferos de la demarcación fue más moderada, de cinco metros, respecto al inicio del año hidrológico 2007-2008. Se subraya que la diferencia porcentual de llenado, entre septiembre de 2007 y de 2008, es positiva sólo en dos cuencas, que son Duero y Júcar.

Las Corts Valencianes rechazaron hoy, con los votos del PP y la abstención del PSPV, una proposición no de ley de Compromís para declarar sobreexplotado el acuífero de la Mancha oriental y pedir al Consell que inste al Gobierno central a revertir la situación actual de los ríos de la cuenca del Júcar con la recuperación de caudales naturales para este río y la Albufera que actualmente se emplean en la zona para el cultivo de productos subvencionados por la PAC.

Los populares rechazaron la iniciativa al mostrarse la coalición en contra de una emnienda suya -que anunciaron que presentarán posteriormente como proposición no de ley- que incluía la exigencia de la recuperación del trasvase del Ebro mientras que los socialistas negaron que el acuífero esté sobreexplotado y cifraron en un 25 por ciento el descenso de las extracciones respecto a las realizadas bajo Gobierno del PP.

El portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, defendió que en materia hídrica «los valencianos no vamos bien», alertó de que la admisión a trámite en las Cortes Generales del Estatuto de Castilla La Mancha puede comportar la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 y aunque señaló que actualmente no hay una «urgencia» de agua, es necesario «prepararse para cuando la situación no sea buena».

Según agregó, la Comunitat está «mal preparada y posicionada y en situación de pérdida» en esta materia por lo que isntó a ofrecer a la opinión valenciana un «mensaje de unidad» y reivindicar el «agua que nos es negada». En este sentido, manifestó que el acuífero de la Mancha está sobreexplotado y que del Júcar, «de donde no hay no se puede sacar», una situación que afecta especialmente a Valencia, que bebe del río, y a las comarcas del Camp de Morverdre y de l´Horta Sud.

Por ello, instó a los grupos, a quienes reclamó «altura de miras», buscar un «punto de encuentro» para pedir, como «toque de aviso», a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que declare sobreexplotado el acuífero -señaló que en Castilla la Mancha hay 60 pozos ilegales que extraen agua sin autorización del organismo de cuenca- y subrayó que si no hay consenso en las Corts, los valencianos perderán «posiciones».

Por su parte, el diputado popular José Císcar reconoció que la proposición de Compromís hace referencia a un problema «real y grave» y consideró que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Confederación Hidrográfica del Júcar adoptan medidas suficientes para el uso sostenible del agua, situación agravada porque el PSOE suprimió el trasvase del Ebro que era «fundamental para abordar las necesidades de agua a largo plazo».

En esta línea, señaló que la Comunitat sufre un «perjuicio grave por la dejadez» del Gobierno central y agregó que la Generalitat debe cargar además con el peso de construir infraestructuras, depuración de aguas y la modernización de regadíos. Al respecto, indicó que si bien coinciden en la sustancial con Compromís, cree que su proposición se queda «corta» porque es necesaria una respuesta «más contundente» que contemple que las Corts exijan la recuperación del trasvase del Ebro.

Morera reprochó al parlamentario popular querer «dinamitar» el acuerdo con otros puntos sobre los que no hay consenso y consideró «hipócrita» la propuesta, lo que rechazó Ciscar, quien alegó que «qué problema hay» si la iniciativa tiene el «complemento del trasvase», que aseguró que no dejarán de «reivindicar» porque sostuvo a la Comunitat están «castigándonos» en esta materia con una alternativa, el Plan AGUA, que calificó «de borrajas». Según el diputado del PP, en materia hídrica no reclamar el trasvase es «firmar el acta de defunción» y ahí «no estarán» los populares.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista en las Corts, Francesc Signes, afirmó que el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana firmó en 1998 un pacto que hizo concesiones «excesivas» en relación con el acuífero, que supuso «restricciones» para los agricultores valencianos, pero consideró que actualmente no es cierta la premisa de que esté sobreexplotado ya que los informes de los puntos de muestra de la CHJ muestran una evolución «favorable» por la estabilización de las extracciones agrícolas.

Además, sostuvo que en el actual año hidrológico las extracciones han disminuido en 89 hectómetros cúbicos en relación con 2000 -de los que 80 corresponden a los años 2004-2008- y son 24 hectómetros menos que los contemplados en el «excesivo Plan de Cuenca».