Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 22,38% de su capacidad y almacenan 12,65 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 749,00 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados ayer por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 15,83% de su capacidad; los del Túria tienen un 41,06% de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baixa/Serpis dispone del 84,82% de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 60,43%.

En la Marina Baixa, el embalse de Amadorio tiene un 89,42% de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 84,31%. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 82,37% de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 40,21%, el de Alarcón un 6,12% y el de Contreras en 56,75%.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 72,25%, Cortes II en un 90,64%, La Muela en un 81,40%, y El Naranjero al 62,55%. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 31,88%; Escalona al 4,72%; y Bellus, al 41,46%. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 14,61%. San Blas (-0,09 hm3) y el de Bellus (-0,04 hm3).

Durante esta semana, los embalses que no han sufrido variaciones son los de Almansa y Algar, que siguen completamente secos, reconocen desde la CHJ.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer en Alcázar de San Juan que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), ya aprobado y que pone en marcha con el Consorcio, supone un esfuerzo por construir una política del agua muy diferente de la del pasado, donde la gestión de las aguas subterráneas era una parte de la política del agua olvidada.

Narbona, que se trasladó ayer hasta el corazón de La Mancha para firmar el convenio de colaboración para la creación del Consorcio que gestionará el PEAG junto al presidente regional, José María Barreda, recordó no sólo la importancia del día de ayer con la puesta en  marcha del Consorcio, sino también la importancia de este Plan, que debe permitir que “el agua que tenemos en nuestros acuíferos sirva para hoy y para mañana”.

Es por esto que destacó la necesidad de desarrollar en los próximos años una política del agua de acuerdo con la legislación europea, con los criterios internacionales, que otorgue plenamente al agua todo su valor económico, social o medioambiental, un “desafío”, dijo,  para todos los poderes públicos, porque supone olvidar una política “del ordeno y mando” que no buscaba el consenso y la implicación de todos, como ha ocurrido con el PEAG, según señaló.

Narbona recordó que las políticas del agua siempre se ha dicho que deben ser de Estado, pero recordó que hoy día en España se vive en un estado descentralizado de las autonomías, donde todos los poderes públicos son Estado, “por eso sólo podemos trabajar por una mejor gestión de la política del agua en nuestro país colaborando las tres administraciones”, y recordó que cuanto más complejo es el asunto que se debe gestionar, mayor es la necesidad del entendimiento.

La ministra de Medio Ambiente destacó entre otras cosas el gran consenso que se ha alcanzado en la redacción y aprobación del PEAG, algo por lo que se sintió “especialmente” satisfecha, “por haber cumplido un compromiso más en C-LM y porque el camino ha sido complejo y aquello que cuesta lo apreciamos mucho más y lo entendemos mucho mejor”.

Dijo también que si han empleado todo este tiempo para llegar a la consecución de este Consorcio y a la puesta en marcha formal del PEAG, con un órgano que permite visualizar muy bien la coordinación y cooperación entre administraciones, es porque antes de llegar aquí han recorrido un camino muy complejo de búsqueda de consenso social, “un consenso que no ha sido nada sencillo” y que, según dijo,  se ha alcanzado al menos en un porcentaje muy amplio gracias al buen trabajo de muchas entidades y agrupaciones.

“Ahora se abre el verdadero camino de recuperación de los acuíferos y del desarrollo sostenible”, sentenció,  y no se marchó sin mencionar la necesidad de saber gestionar el agua para evitar tanto la sequía como las inundaciones que padeció la ciudad el pasado mes de mayo.  

Solución realista
Por su parte, el presidente de la Junta destacó que el Plan ha conseguido concentrar “el esfuerzo de todos” para “dar una solución realista, concreta y eficaz al problema de la escasez de agua”.

En este sentido, Barreda ha resaltado los más de 5.000 millones de euros de presupuesto con los que cuenta este Plan para tomar muchas decisiones importantes relativas al agua y que lo convierten en mucho más que un plan medioambiental.

Para Barreda, la participación de todos los agentes en el Plan implica la capacidad de la sociedad para afrontar un problema como es la falta de agua, y dijo que esta iniciativa no sólo ahorrará agua para la regeneración hídrica de los acuíferos, sino que supondrá una herramienta clave para el desarrollo integral de la región.

Ha recordado que el PEAG llega siete años después de lo previsto, porque antes no tenía consenso ni financiación.
El presidente ha planteado la creación de este Consorcio como ejemplo de órgano de gestión del agua compartido entre las dos administraciones, la central y la regional. El Consorcio estará integrado por representantes de ambas administraciones y tendrá su sede en Alcázar. La Administración General del Estado, a través de la CHG, y la Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, financiarán a partes iguales los gastos de constitución y funcionamiento anuales del Consorcio. En concreto, para el año 2008 se acuerda un montante de 1,5 millones de euros.

Por su parte, el alcalde de Alcázar, José Fernando Sánchez Bódalo, calificó la jornada de ayer de “histórica” y recordó que alcázar representa el treinta por ciento del problema “y de la solución” del agua.

El titular de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, expresó ayer la «radical y rotunda oposición» del Ejecutivo regional a la posible concesión de derechos de agua en la cuenca del Segura con recursos de la del Tajo y anunció que, si así fuera, la Junta lo recurrirá.

Sánchez Pingarrón hizo estas declaraciones en Guadalajara, a preguntas de los periodistas, tras la publicación ayer, en La Verdad, de que el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado los trámites para reconocer los derechos de agua de unos setenta regantes del trasvase Tajo-Segura en Murcia, que sumarían una concesión de unos 400 hectómetros cúbicos al año.

El consejero resaltó que la Junta ya ha hecho constar ante todos los órganos del Ministerio de Medio Ambiente su «radical y rotunda» oposición a que se puedan conceder derechos de agua basados en recursos hídricos del acueducto Tajo-Segura.

En este sentido manifestó que «necesitamos el agua en Castilla-La Mancha y no se pueden reconocer derechos de un recurso que se requiere en el sitio donde se produce, que no es otro lugar que en la cabecera del Tajo».

Y añadió que «no es posible ni legal, ni social, ni políticamente llevar a cabo este reconocimiento», concluyó el responsable regional de Ordenación del Territorio y Vivienda.

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha insistió en que el Gobierno central no contempla fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura ni descarta futuras derivaciones hacia el Levante. En una respuesta escrita, realizada a preguntas de los senadores Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco y Antonio Román, el Ejecutivo indica que los trasvases Tajo-Segura «se continuarán efectuando según las necesidades que haya para el abastecimiento de las poblaciones y que toda reserva almacenada por encima del volumen mínimo puede considerarse excedentaria».

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha enviado a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente los 61 expedientes relativos a la determinación de las características esenciales de los aprovechamientos de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.

Según el presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, tales expedientes corresponden a 31 comunidades de regantes de la provincia de Alicante, 24 de la Región de Murcia y seis de la provincia de Almería.

De esta forma, concluye el paso previo para el reconocimiento con base jurídica explícita de los derechos de los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) sobre los caudales del trasvase.

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha siempre se ha opuesto a esta pretensión por parte de los miembros del Scrats, ya que el trasvase se nutre de recursos de otra cuenca, la del Tajo y, por tanto, el ejecutivo autonómico considera que estas concesiones equivale a dar derechos sobre las aguas de la cabecera del Tajo a usuarios de otra cuenca.

El presidente de la CHS, a preguntas de los periodistas sobre si se esperan alegaciones de Castilla-La Mancha, señaló que «no hay que centrarse sólo en esa comunidad, ya que podrían venir de otras como Madrid», conocida su posición en relación al trasvase Tajo-Segura.

Los expedientes tramitados representan una superficie bruta de 142.808 hectáreas y una asignación de caudales de 400 hectómetros cúbicos.

Sin esta tramitación, que estaba pendiente desde 1998 con el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura, no es posible iniciar el trámite para el reconocimiento de los derechos sobre los mencionados caudales, que hasta estos momentos se vienen amparando en un reconocimiento implícito basado en las Leyes del Trasvase de 1972 y 1980.

En este sentido, recordó que la Ley de Aguas exige disponer de concesión para el uso privativo de aguas públicas, por lo que la situación de los regantes del trasvase, hasta ahora, amparada por una legislación especial, pasaría a integrarse en el marco de la Ley General, lo que constituía una de las aspiraciones más sentidas por parte de los regantes.

Fuentes Zorita contó que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente el que va a poner esta aprobación a información pública y «si todo sale bien, entre seis y ocho meses se podrá culminar todo el proceso».

Es presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) pero Francisco Belmonte tiene muy claro que haría si la que ocupase fuese la Presidencia del Gobierno.

Para Belmonte lo esencial son los principios y por ello parte su hipotético mandato partiría de algo básico. «Los intereses políticos, o partidistas, deberían coincidir con los de los ciudadanos», señala el responsable de los regantes añadiendo a ello otra cuestión esencial.

«Este país debería recuperar la capacidad de alcanzar consensos», indica poniendo como ejemplo lo sucedido con los Pactos de la Moncloa que consiguieron poner de acuerdo a dos personalidades con visiones políticas tan diferentes como Manuel Fraga y Santiago Carrillo. En este sentido, el presidente de la JCRMO no comparte la imagen que en la actualidad dan los partidos, «Un partido propone una cosa y el otro partido o los otros deberían trabajan para mejorar la idea y no cómo sucede que se trabaja en negativo en vez de en positivo», apunta.

Y, ¿qué haría Belmonte en materia hídrica si llegase a La Moncloa? Su programa electoral está clarísimo. «Que se cumpla la Ley de Aguas, que se cumpla la Constitución, y los planes hidrológicos que están aprobados», enumera.

Sentencia del Júcar

Todo ello sin olvidar otro aspecto y anhelo fundamental para este colectivo. «Que las administraciones den ejemplo a la hora de cumplir las sentencias aunque no les favorezcan», afirma en clara referencia a la sentencia del Júcar del Tribunal Supremo del 2004 y que «el Gobierno ha hecho todo lo posible por no cumplir».

Para Belmonte sólo el cumplimiento de todas estas cuestiones supondría ya un gran paso. Y es que en su opinión hoy por hoy no hace falta legislar sino que se cumpla la múltiple normativa que ya existe al respecto.

Eso sí el presidente de los regantes también cree que sería necesario llevar a cabo una reforma de la estructura de las confederaciones. hidrográficas en cuanto a la participación. «Son unas maquinarias antiguas que no están equilibradas», dice apuntando incluso que probablemente en las confederaciones los usuarios deberían tener un menor peso. «Ahora lo tienen descompensado, los usuarios del Júcar valencianos tienen una gran representación y los de la Región tenemos una pequeñísima representación a pesar de ser el 73% de la cuenca», añade.

También aboga porque en temas como el agua sea el Estado «el que maneje el asunto» y no las autonomías o los usuarios. Asimismo cree que la gestión de los recursos hídricos en años de bonanza debe mejorar mucho para que en tiempos de sequía, como ahora, no haya que lamentar.

España afronta el semestre más seco de los últimos 60 años. Las precipitaciones recogidas en los últimos meses apenas llegan a la mitad de la media de los últimos años y el Ministerio de Medio Ambiente ha empezado a enviar mensajes que aconsejan moderación en el consumo para evitar cortes en el abastecimiento.

Y el primer destinatario de ese mensaje son los regantes, que representan el 66,3% del consumo. En España se gastan al año más de 20.000 hectómetros cúbicos de agua, de los que 16.000 van a las explotaciones agrícolas y 4.000 para consumo urbano, según la última estadística del INE. De los cultivos, los que más agua requieren son los herbáceos de regadío, como maíz, girasol o alfalfa, que consumen 7.600 hectómetros cúbicos.

Por este motivo, Medio Ambiente quiere que se reduzca el consumo de agua en los regadíos, mientras que los regantes piden que se inicien cuanto antes obras de ampliación de los embalses que aseguren la oferta en una coyuntura de sequía, que seguramente se repetirá con frecuencia en el futuro.

El departamento dirigido por Cristina Narbona no comparte este criterio y considera que con el Plan de Choque de Regadíos, que ha recibido una inversión de 2.000 millones de euros en dos años, ya ha hecho su parte de los deberes. Con ese plan prevé conseguir a medio plazo unos ahorros de 1.200 hectómetros cúbicos al año (el 7,5% del total de regantes). Sin embargo, esa cifra se antoja insuficiente porque la demanda de agua se ha disparado en los últimos años, en especial en los grandes núcleos urbanos, y el ahorro logrado en los regadíos no servirá seguramente para compensar esa mayor demanda.

Por su parte, los regantes abogan por aumentar un 30% la capacidad actual de los embalses (desde los actuales 53.000 hasta los 70.000 hectómetros cúbicos) y que el esfuerzo también se traslade al abastecimiento urbano, que es el más costoso y el que más pérdidas registra en las redes de distribución. Extraer, depurar y trasladar el agua en España tiene un coste para las administraciones de 6.330 millones de euros, de los que 5.000 corresponden a las ciudades urbanos y 1.330 a los regadíos.

Pese a que las cifras parecen demostrar la mayor eficiencia del regadío, Medio Ambiente ya ha avanzado a los agricultores su intención de que vayan utilizando progresivamente las aguas procedentes de la depuración o la desalación para regar sus explotaciones, mientras que las aguas superficiales o de acuíferos quedarán reservadas para el abastecimiento urbano.

El presidente de la Federación Nacional de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, se muestra dispuesto a cumplir esta condición, pero considera que el Ministerio debe dar un paso más para garantizar el agua a largo plazo. ‘Los agricultores que se están hipotecando a 50 años reclaman disponer de agua garantizada para amortizar esas costosas inversiones, porque no pueden regar un año sí y tres no ‘, apunta.

Narbona no cierra la puerta a trasvases ‘puntuales’

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no cierra la puerta a futuros trasvases a cuencas deficitarias, aunque insiste en que es la última opción que maneja su departamento para garantizar el abastecimiento. ‘No tenemos actitudes fundamentalistas respecto a los trasvases. Ya hemos realizado algunos puntuales a la Cuenca del Segura, siempre teniendo en cuenta el impacto social y económico del mismo’, aseguró recientemente en una jornada sobre agua, organizada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Frente a las críticas vertidas desde la Comunidad Valenciana por el retraso de las obras para garantizar el abastecimiento de agua, Narbona reconoce que este ha tenido un fuerte componente político. Así afirma que la Comunidad Valenciana frenó obras por valor de 100 millones de euros, que ya estaban licitadas por Acuamed (sociedad estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y que esas mismas obras finalmente se van a ejecutar con dinero de los presupuestos regionales. ‘La obra va a salir más cara y además se han perdido fondos europeos comprometidos en las mismas’, afirma.

Sobre la posibilidad de aprobar medidas urgentes para zonas especialmente afectadas por la sequía (Cataluña podría recibir agua de la desaladora de Carboneras en Almería), Narbona asegura que ese caso está en estudio todavía, aunque insiste en que si es necesario, ‘se aportará agua desde la planta de Carboneras’. No se muestra, sin embargo, tan favorable ante la posibilidad de que se apruebe un trasvase desde el río Ródano (Francia) hacia Cataluña. ‘El trasvase del Ródano es más caro que todo el paquete de medidas aprobado por la Generalitat y no es la panacea, tal y como algunos promulgan’, puntualiza.

En su intervención en un acto de campaña electoral celebrado en la localidad almeriense de El Ejido, Arenas se ha referido de nuevo al problema del agua y ha calificado de ‘desfachatez que alguien pueda decir en Almería tiene resuelto sus problema de agua y que plantee enviarla a Cataluña’.

‘Es de mucha desvergüenza, porque no es verdad, y porque el agua que se tiene en Almería es consecuencia de las obras programadas y ejecutadas por el Gobierno del PP’, ha asegurado Arenas, quien ha reiterado que si es presidente se ‘plantará’ ante el Gobierno para pedir el trasvase agua ‘de la España húmeda a la España seca’.

Ha denunciado que del Ebro se tiran al mar 100.000 litros por segundo, y ha señalado que si se trasladara ‘en quince días ese agua a Almería estará resuelto el déficit hídrico’ de la provincia al tiempo que ha apuntado que ‘se equivocan’ los que cree que el problema ‘histórica y secular’ del agua con dos desalinizadoras.

Se ha referido también al problema de la inmigración, sobre el que ha aclarado que ‘no es un problema siempre que las cosas se hagan como se tiene que hacer’, y no cayendo en la ‘irresponsabilidad del papeles para todos’ que practica el PSOE.

El candidato, tras destacar los ‘grandes alcaldes y alcaldesas’ del PP en la provincia, ha dicho que al PSOE ‘le gusta descalificar permanentemente y a base de brochazos’, y ha lamentado que ha oído que El Ejido es una tierra ‘racista y xenófoba’ e incluso de ‘nuevos ricos’ cuando en realidad se hace un gran esfuerzo de convivencia.

Ha recordado que en esta localidad viven más de un centenar de nacionalidades y ha asegurado que está en contra de cualquier actitud de ‘intolerancia’, aunque ha pedido que ‘no se condene a todo un municipio’.

Se ha referido a las críticas socialistas a que sea cabeza de cartel por Almería en los comicios autonómicos y ha dicho que se presenta por esta provincia porque su compromiso ‘es con toda Andalucía’ y que no es solo verbal ‘sino con los hechos’.

El salón de plenos de la Diputación estaba ayer lleno de cargos públicos. Pero, aunque la gran mayoría eran alcaldes y, en muchos casoso, diputados provinciales, no se trataba de un pleno, sino de la firma de un convenio relacionado con algo tan básico como el agua.

El convenio, cuya firma se aprobó por unanimidad de PSOE y PP en el pleno del pasado día cuatro de este mismo mes, se suscribió por parte del presidente del Consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, y el presidente de la corporación provincial, Pedro Antonio Ruiz.

En virtud del mismo, se contempla una inversión de 10 millones de euros entre 2008 y 2009, financiados a razón de un 70% aportado por la administración regional y un 30% por la Diputación.

Estos fondos se destinarán a obras para mejorar las redes básicas de abastecimiento y saneamiento de los municipios, para mejorar su eficiencia y construir obras de abastecimiento, conducción y depuración de aguas.

Por el momento, ya hay unos 40 municipios que han manifestado su intención de presentar proyectos de obras relacionadas con el ciclo del agua, para financiarlos con cargo a este convenio.

El plazo para poder sumarse al proyecto finaliza el 31 de diciembre de 2009, por lo que coincide con el período de vigencia. No obstante, se irán asignando obras y proyectos con cargo a los 10 millones antes mencionados hasta agotar el presupuesto.

La asignación de obras se hará conforme a lo que establezca una comisión técnica. Los municipios que entren dentro de esta convocatoria deberán aportar una pequeña parte, que oscilará entre el dos y el 15 por ciento, en función del tamaño de los municipios.

Este convenio es heredero de otro similar que estuvo en funcionamiento entre 2007 y 2007, benefició a 30 municipios y se realizaron obras por valor de 9,9 millones de euros.

El vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, destacó ayer la coincidencia entre un informe de la Unión Europea (UE) que descarta los trasvases por «insostenibles» y el planteamiento de Castilla-La Mancha de rechazo al trasvase Tajo-Segura, el único en funcionamiento en España.

Lamata fue preguntado, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, por un documento, elaborado por la dirección general de Medio Ambiente de la UE, que asegura que la Unión Europea descarta los trasvases o transferencia de caudales hídricos por «insostenibles» y «porque son fuentes de conflictos sociales».

El vicepresidente, que precisó que no conoce dicho informe de forma oficial, sino sólo extraoficialmente y por tanto lo comentaba con cautela, dijo que está en la misma línea que defiende Castilla-La Mancha .

Por tanto, continuó, está a favor de un uso responsable y eficiente del agua, por el aprovechamiento máximo de la misma, por el mantenimiento de las masas de agua en calidad suficiente y por el aprovechamiento del agua en las cuencas donde es posible utilizarla.

Dicho informe, señaló Lamata, «parece que apunta a un rechazo a los trasvases como manera de resolver los problemas, porque no son sostenibles y, en esa línea, coincidiría con Castilla-La Mancha en relación con el trasvase Tajo-Segura, el único que está funcionando en España de manera regular».

Subrayó también que la Junta busca un uso responsable del agua en otras zonas de la comunidad, y puso como ejemplo el Plan Especial del Alto Guadiana, con el que se mejorará el aprovechamiento del agua disponible.

Valcárcel

El documento de la UE, por tanto, concluyó Lamata, «valida la estrategia de Castilla-La Mancha» y añadió que, «quizás por eso, hemos oído al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, rechazar el informe».

«La razón está del lado de Castilla-La Mancha porque es de sentido común usar el agua de forma responsable», aseguró.

En relación con las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que consideraba los trasvases como la última opción, Lamata dijo que cada vez son más la voces que se unen a la línea que defiende Castilla-La Mancha.

«Aprovechando que hoy (por ayer) está Camps por la Ribera, ¿qué dice Camps sobre el Júcar, cuando lo ha querido trasvasar al Vinalopó, él que ha querido dejarnos sin Júcar. Nos parece que no se tenía que atrever a venir a esta comarca».

Con esta palabras comenzó ayer una rueda de prensa en Alzira Isaura Navarro, candidata del Bloc-Iniciativa-Verds. La candidata y hasta hace poco diputada nacional recalcó que se ha estado luchando para que «se cambiara la toma del trasvase y aún están protestando».

«Nunca le hemos oído decir jamás de los regadíos en la Mancha oriental que hacen que cada vez el río tenga menos agua y se pueda quedar seco. ¿Qué tiene que decir cuando el PP y el PSOE acordaron los regadíos en la Mancha que el Júcar no puede aguantar?», señaló.

Para Navarro «las vergüenzas del PP» han sido no invertir en la recuperación del ríos y en el patrimonio medioambiental.

Por ello, «queremos tener una voz en Madrid que reivindique nuestras cosas, nuestro patrimonio cultural, lingüístico y de nuestro territorio», explicó Navarro.

Sobre el aeropuerto de Alzira la candidata nacionalista recalcó que no está en contra del progreso, «estamos a favor del progreso, primero hay que ver dónde se ubica, si interesa o no interesa, si el lugar escogido es el adecuado y en esta ocasión no es el adecuado».

La diputada incidió en que esta instalación «supone un impacto medioambiental en una zona que no lo puede soportar y porque están los dos ríos, el Verde y el Júcar, y además se ubica en una zona inundable. No es razonable, busquemos una buena ubicación, hagamos las cosas bien y hablando a la ciudadanía».

Toda esta explicación la dio Navarro para justificar que el voto a esta coalición «es importante para que se nos escuche en Madrid y podamos ser decisivos».

«Justicia tercermundista»
Además la candidata lamentó la situación «tercermundista» de la justicia en la Ribera «con instalaciones y edificios donde se amontonan los expedientes. Ni PP ni PSOE invierten para mejorar esta situación».

Por otra parte, otro compromiso del Bloc es un plan de competitividad para la naranja de la Ribera donde el agricultor tenga un precio «justo» por sus productos.

Otras promesas van encaminadas hacia la mejora del transporte público y la vertebración de las dos comarcas con la mejora de la red viaria.