Recuperar la unidad de acción y de discurso entre los regantes del Júcar, del Vinalopó y del Segura. Ésa es la tarea a la que el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, se aplicará en los próximos meses, según explicó ayer tras reunirse con el sindicato de Jóvenes Agricultores Asaja de Alicante.

El objetivo del Consell es superar el debate partidista y devolver las relaciones entre regantes de las distintas cuencas y con las administraciones a la situación de 2001, con la unanimidad en torno al trazado del Júcar-Vinalopó como bandera.

La campaña de recogida de firmas en apoyo de un manifiesto que cuestiona la calidad del agua en la desembocadura del Júcar, promovida por los regantes y la patronal alicantina, Coepa, ha reabierto el enfrentamiento entre los usuarios de los dos ríos. Un enfrentamiento que ya se registró hace dos años con el cambio de trazado efectuado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Con la proximidad de la campaña electoral, el debate ha abandonado el terreno técnico para evidenciar una creciente politización. Tras la advertencia de los agricultores valencianos de interponer querellas contra futuros cuestionamientos de la calidad del agua, la propia sociedad estatal que promueve el trasvase, Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), hizo lo propio el pasado viernes.

«Nefasta» política de Narbona

El conseller de Medio Ambiente atribuyó ayer la controversia, en última instancia, a la «nefasta» política hídrica desarrollada por su homóloga en el Ejecutivo central. Así, García Antón consideró que los regantes del Vinalopó están «disgustados» por el cambio de trazado, mientras los del Júcar lo están por una «mala interpretación» de la campaña puesta en marcha por los primeros.

En este sentido, recordó que los datos sobre contaminación y presencia de tóxicos -en los que basa su campaña la Junta de Usuarios del Vinalopó que preside Andrés Martínez- son los que publica la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en su página web. Es decir, el Gobierno.

Según estos datos, los análisis del organismo de cuenca han detectado en los últimos meses la presencia de hasta catorce sustancias tóxicas en el cauce bajo del río -si bien AcuaJúcar señaló la pasada semana que sólo en una ocasión el agua se consideró «no apta» para riego-. Entre ellas, según asegura Martínez, dos que son potencialmente cancerígenas.

Licitación del postrasvase

García Antón recordó que la campaña de los regantes del Vinalopó no pone en duda la calidad del agua que se emplea en el Júcar -antes de la desembocadura-, y llamó la atención sobre el hecho de que, con dichas sustancias, se pueden regar «algunos cultivos» -como los leñosos-, y «otros no» -como sucede con las hortalizas a las que se destinaría el agua del trasvase-.

Por su parte, el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, apostó también por recuperar la unidad con los agricultores del Júcar, ya que «tenemos demasiados intereses en común como para pelearnos». No obstante, insistió en que el agua del cauce bajo «tiene residuos y no se puede utilizar, como demuestran los datos».

Pese al enfrentamiento entre regantes y las diferencias que mantiene con el Gobierno central respecto a la toma idónea para el Júcar-Vinalopó, el Consell licitará en dos semanas las obras del postrasvase -cuya ejecución corresponde a la administración autonómica-. Se trata principalmente de las conexiones al embalse de Villena y las canalizaciones para regadío.

Apuesta por las transferencias

La defensa de los trasvases como solución al déficit hídrico se mantendrá, según García Antón, como una de las señas del PP y del Consell. De esta forma, el conseller rechazó el intento del Gobierno de sembrar la incertidumbre al respecto, y consideró que la política de Narbona legitima la defensa del trasvase del Ebro, «fundamental». En este sentido, consideró que la propuesta «ridícula» de llevar agua desalada desde Almería hasta Barcelona demuestra que el trasvase es «la única solución».

El catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, dijo ayer que el incremento en solo un grado en las temperaturas supondría una reducción de 15 a 20% de las actuales reservas en un plazo de 25-30 años, como consecuencia de un aumento de la evapotranspiración.

Quereda dirigirá el equipo científico que llevará a cabo un estudio sobre la incidencia del cambio climático en los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura en el horizonte de los años 2030-2050, en virtud del convenio firmado ayer entre el rector de la UJI, Francisco Toledo, y el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos.

El profesor explicó que «nuestra región mediterránea será la más vulnerable de Europa a efectos del cambio climático». Dijo que la Comunitat, al encontrarse en el límite sur de la zona templada, pero tocando con el sistema desértico, estará más expuesta a cualquier mínima variación, lo que supondría una importante merma de agua.

Quereda indicó que en una primera fase se hará una extrapolación, en un horizonte de 25 o 30 años, de las tendencias que han tenido las temperaturas y las precipitaciones. Para ello, se usarán los datos obtenidos en la última década del medio centenar de observatorios meteorológicos que componen la red regional para conocer los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura.

Esta primera fase, dijo, servirá para proporcionar a la administración datos que le permitan adoptar estrategias de adaptación. A su juicio, la cuestión es acuciante. «No estamos hablando de un cambio climático previsto a escala geológica, sino para la próxima generación, porque el aumento es muy rápido».

La segunda parte del estudio, con un escenario temporal de mayor duración, permitirá verificar, no solo en el contexto regional, sino también en el de las áreas circundantes, si se va a producir un endurecimiento de las condiciones climáticas superior al previsto y, por tanto, si la reducción de las lluvias va a ser más severo si cabe.

No cesan las críticas al proyecto del Gobierno de Rodríguez Zapatero de trasvasar, mediante buques cisterna, el agua desalada en Carboneras (Almería) para paliar la grave sequía que afecta a Cataluña, y especialmente a Barcelona, plan que comenzará a ejecutarse a partir de mayo si antes de ese mes no llegan las lluvias. Ayer le tocó el turno al consejero de Medio Ambiente y Agua de la Generalitat valenciana, el popular José Ramón García Antón, quien calificó de «esperpento» que el Ejecutivo socialista «empezara la legislatura cargándose el trasvase del Ebro y termine llevando en barcos agua a Barcelona desde Almería», una zona, según recordó, que es deficitaria en este recurso. Asimismo, el consejero valenciano añadió que llevar agua desde la planta de Carboneras hasta la Ciudad Condal es «una locura» por su elevado precio.

Al respecto, García Antón estimó que el coste de desalinizar en Almería y transportar el agua en barcos hasta el puerto de Barcelona se situará en torno a un euro por metro cúbico. Así, explicó que el precio de desalinizar agua del mar se sitúa sobre 0,6 euros por metro cúbico, a lo que habría que añadir más de 0,3 adicionales en concepto de transporte en los buques cisterna hasta la Ciudad Condal, a unos 900 kilómetros del punto de origen. Además, recordó que, una vez en el puerto barcelonés, habrá que descargarla y distribuirla a los puntos a los que se necesite, por lo que el precio final será aún superior.

«Es una barbaridad»

En una rueda de prensa después de abordar en Alicante los problemas hídricos con el sindicato de Jóvenes Agricultores, García Antón afirmó que que es conocedor del transporte de aguas en barcos y advirtió de que se trata de una carga compleja porque se necesita una «limpieza extraordinaria» en los buques para garantizar que llegue en condiciones, informa Efe. Por ello, insistió en que este proyecto del Gobierno de Zapatero -que cuenta con el beneplácito de la Generalitat catalana así como de la Junta de Andalucía- es una «barbaridad» y consideró que se hace porque el Gobierno impone el Programa AGUA y la desalinización «por encima de todo» y pese a que el precio hace poco asumible el consumo y a que ambientalmente tiene «un coste muy alto» al consumirse energía al desalinizar y, posteriormente, en el transporte.

Mientras tanto, desde Andalucía, el presidente del Partido Popular de esta Comunidad y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, lamentó que el presidente regional, el socialista Manuel Chaves, no haya dicho «ni una palabra» sobre el transporte de agua desde la planta desalinizadora de Carboneras hasta Barcelona. Durante un acto público en Sevilla, el líder de los populares andaluces calificado «de juzgado de guardia» que se tenga que tomar agua de Almería cuando a esta provincia «se le ha negado» desde el Gobierno central la llegada del agua con la supresión del Plan Hidrológico Nacional.

Arenas, que aclaró que él nunca se negará a que se produzca la solidaridad entre las comunidades autónomas, dijo que «lo que no es de recibo» es que se pueda permitir que algunas tierras «pasen sed» mientras en otros lugares «se tira el agua» al mar, y sin embargo, ahora se tenga que coger agua de la provincia de Almería. En este sentido y tal como informó ABC, el consejero murciano de Agricultura y Agua, el también popular Antonio Cerdá, recordó el pasado lunes que, durante la legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero, «el río Ebro ha vertido al mar 36.000 hectómetros cúbicos».

Por su parte, el secretario general del PA y candidato de Coalición Andalucista (CA) a la Presidencia de la Junta, Julián Alvarez, rechazó que el agua de la planta desaladora del municipio almeriense de Carboneras tenga que ir a Cataluña cuando se trata de un territorio que cuenta con «muchos kilómetros de costa».

Acaba la legislatura y empieza el momento de los balances. El 6 de julio de 2004, pocos días después de derogar el trasvase del Ebro, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se comprometió solemnemente en Valencia a que en 2008 con las desalinizadoras y otras medidas incluidas en el Programa Agua llegarían a la Comunitat 400 hectómetros cúbicos de agua.

Han pasado casi cuatro años desde que el PSOE gobierna y la realidad no parece responder a las expectativas de la ministra. Sólo una de las siete nuevas desalinizadoras finalmente previstas en el Programa Agua para la Comunitat está en obras a sólo mes y medio de las elecciones. Además, la primera de estas siete no entrará en funcionamiento al menos hasta 2010.

A estas siete nuevas plantas (Torrevieja, Vega Baja, El Campello, Dénia, Sagunto, Oropesa y Moncofa), hay que sumarle, dentro de las actuaciones anunciadas por el Gobierno, la ampliación de las de Alicante, a punto de inaugurarse, y Xàbia (en proyecto) y la conexión de la desalinizadora de San Pedro del Pinatar con la Vega Baja, que ya está funcionando.

Sólo dos (Torrevieja y Vega Baja) tendrán capacidad para abastecer el riego agrícola, pese a que supone un 80% del agua que se consume en la Comunitat. Con ello, el principal problema hídrico que sufre el campo valenciano deberá aún esperar para tener una solución definitiva.

Desalinizadoras previstas
La ampliación de la desalinizadora de Alicante (Aguamarga) está a punto de inaugurarse. Tras ella, la que más avanzada se encuentra es la de Torrevieja, la mayor de Europa. Acuamed, la empresa dependiente del Ministerio que construye la planta, asegura que estará en funcionamiento a fines de este año.

Un plazo que parece difícil de cumplirse si se tiene en cuenta que la planta se encuentra pendiente de un recurso ante el Constitucional y aún no cuenta con todos los permisos. Además, ha estado paralizada varias semanas. De hecho, la de Carboneras (Almería), con una capacidad de producción un 50% inferior a la de Torrevieja, funciona al 15% tres años después de su inauguración. Los futuros usuarios, los regantes del Tajo-Segura, no están dispuestos a pagar el coste del agua desalada, ya que consideran que no podrán soportarlo.

Ninguna de las otras plantas está en obras. La ampliación de la desalinizadora de Xàbia depende de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio que tras cuatro años de conversaciones aún no ha llegado.

La planta de la Vega Baja aún no tiene una ubicación definitiva, aunque se baraja Guardamar del Segura, y producirá entre 20 y 40 hectómetros cúbicos anuales. Las desalinizadoras de El Campello, Dénia, Sagunto, Moncofa y Oropesa están adjudicadas, pero no en obras, y tienen un plazo de año y medio.

El director general de Acuamed aseguró ayer en una visita a Castellón que la planta de Oropesa podrá funcionar en el segundo semestre de 2009.

Aproximadamente un 25% de los propietarios de explotaciones agrarias situadas junto al Júcar a su paso por Albacete han aceptado ya las condiciones de la Oferta Pública de Adquisición de Derechos de Agua (OPAD)lanzada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Según el testimonio del presidente actual de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental Francisco Belmonte recogido por La Verdad de Albacete, otro porcentaje importante de los 300 regantes con un total de 25.000 hectáreas afectadas por la OPAD se han puesto en contacto con la Junta para sumarse al proceso, cuyo plazo finaliza el 28 de enero.
De momento son un 25% del total de posibles usuarios que con su renuncia al caudal del río a cambio de ayudas garantizan un ahorro de 19 hectómetros cúbicos que la CHJ espera emplear en que el río Júcar no se seque a su paso por la llanura manchega.
El objetivo lanzado por la CHJ era obtener un ahorro de hasta 50 hm3, una cifra que en opinión de Belmonte puede alcanzarse al final del proceso.
La propuesta de la CHJ ha recibido mejor acogida que en 2006-2007, cuando prácticamente obligaba a renunciar a regar y establecía un precio de 19 céntimos de euro por metro cúbico.
En esta convocatoria el precio establecido es de 25 céntimos de euro y los agricultores que se acojan están obligados a reservarse una parte del caudal que no pueden vender y que necesariamente deben emplear para atender sus cultivos de primavera.
Las 25.000 hectáreas elegidas son las que con mayor rapidez absorben el caudal que circula por el río Júcar.

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, descendieron sus reservas una semana más, en este caso en tres hectómetros y almacenan esta semana un total de 297 hectómetros cúbicos, según los datos aportados hoy por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en nota de prensa.

En concreto, el embalse de Entrepeñas bajó sus reservas en tres y acumula 120 hectómetros de los 835 hectómetros cúbicos que puede almacenar, mientras que el pantano de Buendía mantuvo sus reservas y almacena 177 hectómetros cúbicos, de una capacidad total de 1.639.
 
La cabecera del Tajo, con estos datos, no hace más que acumular pérdidas de reservas en las últimas semanas, debido a la fuerte sequía que padece toda España.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, hizo ayer balance de la legislatura socialista en materia hídrica y acusó a Rodríguez Zapatero de «ignorar, castigar y humillar a la agricultura murciana. Zapatero no tiene una idea nacional del agua y esconde su fracaso en la autonomía de la desalinización, el transporte de agua en barcos y en el rechazo frontal al trasvase del Ebro».

El responsable de la agricultura de la Región de Murcia aportó datos para subrayar que en los últimos cuatro años «el Ebro ha vertido al mar 36.000 hectómetros cúbicos». A su juicio, este dato sigue demostrando «la viabilidad de este proyecto».

El consejero murciano indicó el pasado sábado que el proyecto del Gobierno central de llevar agua desalinizada en barco, desde Almería hasta Barcelona, era la prueba palpable del fracaso de la política hidráulica de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayer se reafirmó en lo mismo al añadir que la ministra Cristina Narbona ha acudido a la Región de Murcia «a escenificar este fracaso» con la visita a la desalinizadora de Valdelentisco, que no tiene energía eléctrica ni permiso de sanidad. En su opinión, el plan de desalinización socialista «hace aguas, entre la manipulación, la mentira y el engaño».

«Desconoce la realidad»

Cerdá destacó que «con los propios datos de la legislatura, Rodríguez Zapatero demuestra que desconoce la realidad de España. De no haberse derogado este trasvase del Plan Hidrológico Nacional, los agricultores murcianos hoy estarían regando con agua del río Ebro».

Detalló que en los últimos 18 años, los más secos de los últimos cien años, el Ebro ha vertido al mar 158.000 hectómetros cúbicos. Manteniendo el caudal ecológico y respetando las necesidades de la cuenca cedente, dijo, se hubiera podido trasvasar la cantidad prevista para atender al Levante español, y aún hubieran ido al mar 140.000 hectómetros cúbicos, es decir, una media de 7.780 hectómetros cúbicos al año, explicó.

Para el consejero, «estas cifras evidencian que se podrían haber realizado todos los trasvases incluidos en el Plan Hidrológico Nacional y se habría evitado el terrible daño que se ha hecho a la agricultura murciana», indicó. «El agua sigue estando en el Ebro, y no existe ningún dato oficial de la Unión Europea donde dijera que no se iba a subvencionar este proyecto, como intenta hacer creer el Ejecutivo socialista».

El consejero murciano de Agricultura indicó que el trasvase del Ebro venía a complementar el trasvase del Tajo, principal fuente de suministro en la Región.

Por su parte, el portavoz de los socialistas murcianos, José Ramón Jara, replicó al consejero Cerdá y dijo que la desalinizadora de Valdelentisco, «cuenta con todos los permisos» para su funcionamiento. Criticó que el consejero, «en su línea de deslealtad institucional», no acompañara a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante su visita, el domingo, a la desalinizadora. «Esta planta está produciendo agua desde hoy», aseguró José Ramón Jara.

El PSOE tiene un nuevo objetivo desde hace una semana: Manuel Pizarro. El fichaje estrella de Mariano Rajoy ha escocido en las filas socialistas y desde que se conoció que sería el número 2 del PP por Madrid en las generales, el PSOE aprovecha cualquier oportunidad para atacar. Ayer el turno le tocó a María Teresa Fernández de la Vega, cabeza de lista de los socialistas por Valencia.

De la Vega participó en la presentación de las candidaturas del PSOE en la Comunitat en un acto celebrado en el Jardín Botánico de Valencia. Su discurso se dividió en tres ejes: la promesa de hacer una campaña limpia, la crítica al discurso y candidatos del PP y el cumplimiento de las promesas del Gobierno con la Comunitat. En este último apartado es donde salió a relucir el nombre de Pizarro y precisamente lo hizo ligado a un tema espinoso que ha enfrentado a Gobierno y Consell a lo largo de toda la legislatura: el agua.

La candidata socialista afirmó que a los valencianos «no les ha faltado nunca el agua en estos cuatro años, mientras que en los anteriores, con Aznar y Rajoy, muchos tuvieron que dejar cerrados los grifos». «Por cierto» -se preguntó De la Vega- «Habrá que preguntar al PP si piensan traer mucho a Pizarro por aquí para que explique a los valencianos por qué se ha opuesto siempre al trasvase del Ebro». Las risitas entre el resto de candidatos se hicieron evidentes como muestra de que se habían apuntado un tanto.

En efecto, Pizarro, nacido en Teruel, siempre se ha mostrado contrario a la obra que sí defiende su nuevo partido -se afilió al PP hace unos días-. El ex presidente de Endesa afirmó hace unos días que siempre defenderá el llamado Pacto del Agua, aprobado en las Cortes de Aragón y contrario al trasvase.

De la Vega entró así de lleno en la batalla por el trasvase del Ebro de la que también es protagonista. El PP, de hecho, no ha dejado de recordar desde que es candidata, que fue De la Vega quien firmó el decreto de derogación del trasvase del Ebro y ahora se presenta por Valencia.

La postura de Pizarro, contraria a la de su partido, no es sin embargo, única. Y es que en las mismas filas del PSOE hay quien ha apoyado la obra hídrica a pesar de que va en contra de lo establecido por su partido. Así, Jordi Sevilla llegó a señalar que el trasvase del Ebro era una obra «que reivindicaría hasta el final», mientras que Josep Borrell apostó por la obra hasta un mes antes de su derogación, en 2004.

De la Vega se mostró convencida de que el PP no incluirá el trasvase del Ebro en su programa electoral, aunque desde el PP valenciano se hayan dado garantías de que sea así.

La cabeza de lista del PSOE también habló de infraestructuras para señalar que, «pese al victimismo triste e injusto del PP, la Comunitat Valenciana ha avanzado». De la Vega señaló que se han invertido 1.000 millones de euros en carreteras y se han construido 125 kilómetros de autovías. «Hemos hecho mucho por Valencia, como demuestran los aeropuertos y los puertos, que hoy acogen a más pasajeros y mercancías gracias a las inversiones del Gobierno de España», añadió.

Y para terminar con este capítulo, otro tema polémico: el AVE. Según la vicepresidenta del Gobierno, el PP sólo puso la primera traviesa de la obra y será el PSOE quien traiga la alta velocidad a la Comunitat. Sin especificar fechas para Alicante y Castellón, De la Vega sí confirmó que la conexión Madrid-Valencia estará operativa en 2010. «No les gusta oírlo, pero esa es la verdad», dijo.

Candidatos del pasado
Durante todo su discurso, la cabeza de lista del PSOE criticó al anterior Gobierno, «el de Aznar y el de Rajoy» y señaló que en un proyecto político las personas cuentan mucho. «No es lo mismo un proyecto liderado por Zapatero que otro con Rajoy, Acebes, Pizarro y Aguirre», con quienes el PP, señaló, ha fijado el rumbo «a la derecha más derecha y en lugar de avanzar han metido la marcha atrás».

Para De la Vega, los socialistas presentan un equipo con liderazgo que apuesta por el diálogo y por una economía fuerte. La candidata indicó que el objetivo de los socialistas es hacer que la Comunitat Valenciana sea «más próspera y pujante que nunca» y esté a la cabeza de la modernización del país y para conseguirlo tienen que convencer a los ciudadanos de que su mensaje es el mejor.

De la Vega también aprovechó el acto para que se escuchara, por primera vez de su boca, que está dispuesta a enfrentarse a un cara a cara con Esteban González Pons, número 1 del PP por Valencia. Aseguró que ya era hora de que el PP se prestara a hacer debates y dijo que habrá tantos como los ciudadanos quieran. Indicó que el propio Zapatero ha expresado a sus candidatos que deben salir a debatir para dar a conocer el proyecto del PSOE.

La candidata habló por último de su interés por hacer una campaña limpia y respetuosa. «La nuestra va a ser una campaña de propuestas y objetivos, alejada del insulto barriobajero, de la descalificación y de la injuria que solo practican los que no saben hacer otra cosa», añadió. La candidata se reunió después con los candidatos, a los que transmitió su confianza de cara a las elecciones. Según expresó, las encuestas indican que la Comunitat es la región en la que los socialistas más crecerán en las generales.