La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró hoy que para el PP la solidaridad en materia de agua sólo vale cuando viene del norte al sur y no al revés, haciendo así referencia al trasvase de agua desalinizada de la planta de Carboneras (Almería) que se realizará a Cataluña, una vez que finalicen las obras del puerto de este municipio.

   En declaraciones a los periodistas, realizadas momentos antes de clausurar en Sevilla un foro científico-técnico sobre la gestión de agua, la titular del ramo indicó que la política de agua del futuro es «muy distinta» de la que, según dijo, «sigue pregonando el PP, que sólo sabe hablar de trasvases y de obras hidráulicas».

   Asimismo, indicó que el trasvase del Ebro, «que por lo visto es el gran icono del PP, es una obra que la Comisión Europea se negó a financiar y que nunca lo hará». Al hilo de ello, Narbona destacó que el número dos en las listas del PP de Madrid, Manuel Pizarro, «ha sido un ferviente opositor de dicho trasvase, al que combatió con ardor». «Supongo que por coherencia seguirá pensando que es una barbaridad», añadió.

   En esta línea, la ministra de Medio Ambiente anunció que la planta desaladora de Carboneras (Almería), que ha contado con una inversión de 140 millones de euros, procedentes del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, alcanzará en dos años el 80 por ciento de aprovechamiento del agua, ya que en estos momentos sólo el 18 por ciento del agua que produce se puede utilizar. Además, indicó que en Cataluña se está construyendo en estos momentos una planta de similares características.

   Narbona aseguró que la «tan denostada» ahora tecnología de la desalinización por el PP ha contribuido durante esta legislatura a garantizar el abastecimiento de agua a la población. Y es que, según explicó, «con su eficiencia energética se pueden evitar daños a los fondos marinos y garantizar agua llueva o no llueva en todo el litoral».

   Respecto a la crítica realizada por parte del Panel Científico-Técnico de seguimiento de la política de aguas por no haber realizado una reforma de la Ley de Aguas durante la presente legislatura, Narbona dijo que ésta es una asignatura que el siguiente Gobierno, «gane quien gane», estará obligado a hacer.

   «Todavía falta por incorporar en nuestro ordenamiento jurídico todos los elementos que permitan la aplicación del principio europeo de recuperación de costes y la mejora de la administración pública del agua, en lo que se refiere al papel que cada una de las administraciones tiene que jugar en un marco de concertación entre administraciones y los desarrollos de los Estatutos de Autonomía», aseveró la ministra de Medio Ambiente.

   Por último, insistió en que el reto que tiene España en los próximos años es configurar una «auténtica» política del agua basada en consideraciones ambientales, económicas y sociales. «Venimos de una política basada exclusivamente en la obra hidráulica y con una prácticamente nula consideración de aspectos ambientales o económicos», concluyó.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, aseguró hoy que Valencia está «muy lejos» de la situación de Barcelona, donde se prevé llevar agua desalinizada en barcos procedente de Carboneras (Almería). Según dijo, «no hay ningún sistema de alrededor de Valencia en situación de emergencia», por lo que «tiene todos los abastecimientos asegurados para lo que queda de campaña hidrológica», y «sin necesidad de llevar a cabo ninguna medida tan extraordinaria como la que posiblemente necesita Barcelona».

Moragues, que realizó estas declaraciones junto al catedrático de la Universidad de Valencia (UV) y presidente del Comité de Expertos del Observatorio Nacional de la Sequía, Enrique Cabrera, que presentó el libro ‘La sequía en España, directrices para minimizar su impacto’ elaborado por el Comité, agregó que a pesar de no requerir las medidas que se aplicarán en Barcelona, la CHJ «seguirá gestionando la sequía como en los tres últimos años».

Para Moragues, la medida de Barcelona obedece a un «nivel de excepcionalidad» que se debe a una «situación un poco límite» y al hecho de que tiene previstas una serie de «medidas alternativas», como la ampliación de la desaladora de Torrera en Blanes o la de Llobregat, «que todavía están en construcción y tardarán unos meses en ponerse en marcha». Asimismo, tiene un programa que supondrá 200 hectómetros cúbicos (hm3) desalados, pero que, «en estos momentos tiene una parte en fase de ejecución y otra en proyecto», agregó.

Por otra parte, preguntado sobre si la tendencia de «intensa sequía» marcada en los últimos tres años en la Comunitat continuará a lo largo del presente 2008, Moragues comentó que no posee una «bola de cristal», pero subrayó que la zona costera ha experimentado una «mejoría muy clara», de forma que todos sus sistemas han alcanzado la «normalidad».

No obstante, matizó que la situación «no ha mejorado en el interior, ni los embalses de las cabeceras», donde ya se han tomado medidas que permitirán un «primer alivio» en la parte alta de Júcar, que es donde la situación es «más delicada», indicó.

Por su parte, Enrique Cabrera señaló que el libro ‘La sequía en España, directrices para minimizar su impacto’ llega a una serie de conclusiones para minimizar el impacto económico, medioambiental y social de la sequía, en las que se indica desde cómo elaborar un plan especial de sequías y un plan de emergencias, a cómo reutilizar las aguas, qué hacer con las aguas subterráneas o su papel en épocas de sequías. Sin embargo, se trata de ideas que «por desarrollar» y, «ahora, es el turno de los políticos, para llevarlas a buen fin», apuntó.

SELECCIONAR CULTIVOS «SI NO HAY AGUA PARA TODO».

En este sentido, el presidente del Comité de Expertos del Observatorio Nacional de la Sequía resaltó que en materia de riegos, el libro recomienda «tener en cuenta la productividad del riego» para que, «en el caso de que no haya agua para todo, discernir entre «lo que convendría dejar de regar desde un punto de vista de impacto económico y ambiental». «Si no hay agua para todos, –insistió–, hace falta ver qué es mejor regar y qué es mejor no regar, donde se pierde menos».

En el caso de la Comunitat, Cabrera consideró que «si se gestionan las sequías bien no tienen por qué» verse afectados sus cultivos tradicionales. Precisamente, en su libro se establecen directrices «para prepararse por si llega el momento en el que haya restricciones» de agua por la sequía, pero para que «también se pueda continuar regando».

A su juicio, hay que «adecuar» la política hídrica a los tiempos que corren, algo que según dijo, «siempre se ha hecho muy bien». Sin embargo, apuntó que «las cosas cambian muy deprisa, por lo que «la inercia de los tiempos a veces hace difícil adecuarse a la problemática de hoy con herramientas de hace unos pocos años», advirtió.

Por último, preguntado por la ‘idoneidad’ de los trasvases, afirmó que, «en principio, no tengo nada en contra de ningún trasvase ni desaladora». No obstante, se mostró partidario de «primero» centrarse en «gestionar bien el agua y racionalizar los consumos, administrarlos bien» y «después, si hace falta cualquier solución, con tal de que sea la mejor desde la óptica medioambiental, económica y social».

Al respecto, Cabrera señaló que, en cualquier caso, «hay que prepararse para la sequía», «apretarse el cinturón antes» de que llegue, por lo que, «si hay que hacer un trasvase, eso se ha de hacer fuera de la sequía, no es una medida contra la sequía».

«La desalación, a pesar del considerable progreso que ha tenido en los últimos años, continúa siendo una fuente de agua no convencional, excepto en las regiones de alto nivel de vida y con déficits de agua significativos. En la actualidad esta técnica es todavía muy cara como para convertirse en la fuente principal de agua dulce, a lo que se añaden una serie de retos sociales, ambientales y tecnológicos que todavía hay que superar».

Por raro que parezca, es la conclusión 17 -de un total de 28- que el Comité de Expertos en Sequía impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente ha recogido en su libro «La sequía en España, directrices para minimizar su impacto» que fue presentado ayer en Valencia ante un desencajado presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, la extensión de la ministra Cristina Narbona en esta demarcación.

El presidente de dicho comité y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, comentó, sobre los trasvases, que, «en principio, no tengo nada en contra de ningún trasvase ni desaladora». No obstante, se mostró partidario de «primero» centrarse en «gestionar bien el agua y racionalizar los consumos, administrarlos bien» y, «después», si hace falta cualquier solución, que sea «la mejor desde la óptica medioambiental, económica y social».

No se moja

En un intento por no comprometer más al Gobierno, Cabrera señaló que, en cualquier caso, «hay que prepararse para la sequía», apretarse el cinturón antes de que llegue, por lo que, «si hay que hacer un trasvase, eso se ha de hacer fuera de la sequía, no es una medida contra la sequía».

Sin embargo, esta afirmación choca con otras recomendaciones, como la primera, en la que se aboga por planificar al máximo las sequías, partiendo del dicho popular de que «más vale prevenir que curar».

Por lo demás, las conclusiones de los expertos hacen especial hincapié en la reutilización y el ahorro de agua; la modernización de las redes de riego y urbanas; y la coordinación entre administraciones para conseguir efectos positivos, partiendo de la base de que las sequías «se pueden gestionar de una manera mucho más racional de lo que hasta ahora se ha venido haciendo».

Asimismo, se destaca el papel de los planes de cuenca, la necesidad de revisar el sistema de concesiones en aras de la Directiva Marco del Agua (DMA) y el establecimiento de una «política tarifaria coherente» con ésta, incluyendo en los costes ambientales cuando la protección de las aguas afectadas así lo requieran, lo que racionalizará el gasto.

Pero la realidad es que la sequía sigue afectando a prácticamente toda España. Para paliarla, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cedió el pasado martes al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura la «encomienda de gestión» de 39 pozos de sequía de los que extraerán unos 60 hectómetros cúbicos hasta el próximo 30 de noviembre.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 23.469 hectómetros cúbicos, 6.273 hm3 menos que el pasado año y 8.685 hm3 menos que en la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados esta mañana por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la del Duero es la que más ha disminuido su reserva en relación a los niveles de la semana pasada, con 14 hm3 menos, situándose al 50,7 por ciento de su capacidad, mientras que la cuenca del Ebro la ha aumentado en 157 hm3.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses del Norte III (País Vasco excepto cuencas internas), que continúan al 83,1 por ciento de su capacidad, y las cuencas internas del País Vasco, al 66,7 por ciento. Por su parte la del Norte II (Asturias y Cantabria) suben al 68,1 por ciento y la del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) crece al 54,8 por ciento; y Galicia Costa, que se encuentra al 51,8 por ciento de su capacidad total.

Ya por debajo del 50 por ciento se encuentran las del Norte I (sur de Galicia y norte de León) al 48,2 por ciento; la del Ebro al 44,8 por ciento; la cuenca del Tajo al 43,3 por ciento; la Cuenca Atlántica Andaluza al 39,1 por ciento; y la del Guadalquivir al 36,1 por ciento.

En situación más crítica están la Cuenca Mediterránea Andaluza, que se sitúa al 26,8 por ciento; las cuencas internas de Cataluña, con el 23,5 por ciento; la Cuenca del Júcar, con el 21,1 por ciento; y la del Segura, con tan sólo un 17,2 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas es de 54.151 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 23.469 hm3. De éstos, 18.803 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 4.666 pertenecen a la vertiente mediterránea.

El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, reafirmó ayer su apoyo rotundo a la política de trasvases con una advertencia: «asistimos a un proceso de cambio climático y, dado que hay cuencas mediterráneas que están menos afectas por la sequía, será la severidad del mismo la que obligará a la interconexión de todas ellas; desde las cuencas que sean excedentarias hacia otras deficitarias».

Comos realizó estas manifestaciones ayer en Castellón, donde asistió a la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) para realizar un estudio sobre el cambio climático y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en las cuencas de los ríos Júcar y Segura.

Los expertos en investigación sobre recursos hídricos desplazados a la UJI explicaron que esta situación «determinará dónde deben situarse las conexiones intercuencas como complemento de los recursos hídricos alternativos proporcionados por la depuración, la desalación y una gestión eficaz del consumo». El convenio para el estudio de las cuencas del Júcar y del Segura se llevará a cabo por expertos en recursos hídricos.

Estará dirigido por el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I José Quereda, quien anunció ayer que las bases científicas del último informe «Climate Change 2007» de las Naciones Unidas, establecen que, para un escenario de un incremento anual del 1% de la concentración atmosférica del dióxido de carbono, «nuestra región mediterránea será la más vulnerable a los efectos del cambio climático de toda Europa».

Reducción de recursos hídricos

Esta cuestión implicaría que, «simultáneamente al aumento térmico de 2 o 3 grados, se produciría una reducción de recursos hídricos». Además, según Quereda, esta reducción podría alcanzar hasta un 33% de las actuales magnitudes de escorrentía mediterráneas, ya de por sí escasas, con valores medios anuales de 75 mm en las tierras valencianas.

El estudio «Evaluación del cambio climático y su incidencia en los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura en el horizonte de los años 2030-2050», para el que el convenio no fija de momento una fecha de conclusión,prevé trabajar con datos novedosos.

Además, el estudio tratará de aportar los efectos que se han podido observar y analizar en las cuencas del Júcar y del Segura sobre la intensificación del ciclo hidrológico bajo condiciones climáticas contrastadas. De este modo, será posible establecer funciones de ajuste que vinculen las escorrentías totales detectadas con las precipitaciones y la temperatura.

El agua del Júcar bajará un 20%

El catedrático José Quereda avanzó que la cartografía geoestadística obtenida permite afirmar, preliminarmente, «que en un escenario climático con un aumento térmico de tan solo 1 grado y un 5 % menos de precipitaciones medias, la reducción de los recursos hídricos disponibles sobre la cuenca del Júcar sería de un 20%». Una reducción que implicarán mayores problemas a medida que las condiciones climáticas se endurezcan.

Para el desarrollo de este estudio, el equipo científico contará con las estadísticas de las series climáticas temporales obtenidas en el medio centenar de observatorios -con más de 50 años de antigüedad– que componen la red regional.

Además, tendrá el apoyo de la red de diez observatorios de estaciones automáticas de meteorología que la UJI tiene en el medio marino y en cimas alejadas de toda influencia humana.

Recuperar la unidad de acción y de discurso entre los regantes del Júcar, del Vinalopó y del Segura. Ésa es la tarea a la que el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, se aplicará en los próximos meses, según explicó ayer tras reunirse con el sindicato de Jóvenes Agricultores Asaja de Alicante.

El objetivo del Consell es superar el debate partidista y devolver las relaciones entre regantes de las distintas cuencas y con las administraciones a la situación de 2001, con la unanimidad en torno al trazado del Júcar-Vinalopó como bandera.

La campaña de recogida de firmas en apoyo de un manifiesto que cuestiona la calidad del agua en la desembocadura del Júcar, promovida por los regantes y la patronal alicantina, Coepa, ha reabierto el enfrentamiento entre los usuarios de los dos ríos. Un enfrentamiento que ya se registró hace dos años con el cambio de trazado efectuado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Con la proximidad de la campaña electoral, el debate ha abandonado el terreno técnico para evidenciar una creciente politización. Tras la advertencia de los agricultores valencianos de interponer querellas contra futuros cuestionamientos de la calidad del agua, la propia sociedad estatal que promueve el trasvase, Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), hizo lo propio el pasado viernes.

«Nefasta» política de Narbona

El conseller de Medio Ambiente atribuyó ayer la controversia, en última instancia, a la «nefasta» política hídrica desarrollada por su homóloga en el Ejecutivo central. Así, García Antón consideró que los regantes del Vinalopó están «disgustados» por el cambio de trazado, mientras los del Júcar lo están por una «mala interpretación» de la campaña puesta en marcha por los primeros.

En este sentido, recordó que los datos sobre contaminación y presencia de tóxicos -en los que basa su campaña la Junta de Usuarios del Vinalopó que preside Andrés Martínez- son los que publica la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en su página web. Es decir, el Gobierno.

Según estos datos, los análisis del organismo de cuenca han detectado en los últimos meses la presencia de hasta catorce sustancias tóxicas en el cauce bajo del río -si bien AcuaJúcar señaló la pasada semana que sólo en una ocasión el agua se consideró «no apta» para riego-. Entre ellas, según asegura Martínez, dos que son potencialmente cancerígenas.

Licitación del postrasvase

García Antón recordó que la campaña de los regantes del Vinalopó no pone en duda la calidad del agua que se emplea en el Júcar -antes de la desembocadura-, y llamó la atención sobre el hecho de que, con dichas sustancias, se pueden regar «algunos cultivos» -como los leñosos-, y «otros no» -como sucede con las hortalizas a las que se destinaría el agua del trasvase-.

Por su parte, el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, apostó también por recuperar la unidad con los agricultores del Júcar, ya que «tenemos demasiados intereses en común como para pelearnos». No obstante, insistió en que el agua del cauce bajo «tiene residuos y no se puede utilizar, como demuestran los datos».

Pese al enfrentamiento entre regantes y las diferencias que mantiene con el Gobierno central respecto a la toma idónea para el Júcar-Vinalopó, el Consell licitará en dos semanas las obras del postrasvase -cuya ejecución corresponde a la administración autonómica-. Se trata principalmente de las conexiones al embalse de Villena y las canalizaciones para regadío.

Apuesta por las transferencias

La defensa de los trasvases como solución al déficit hídrico se mantendrá, según García Antón, como una de las señas del PP y del Consell. De esta forma, el conseller rechazó el intento del Gobierno de sembrar la incertidumbre al respecto, y consideró que la política de Narbona legitima la defensa del trasvase del Ebro, «fundamental». En este sentido, consideró que la propuesta «ridícula» de llevar agua desalada desde Almería hasta Barcelona demuestra que el trasvase es «la única solución».

El catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, dijo ayer que el incremento en solo un grado en las temperaturas supondría una reducción de 15 a 20% de las actuales reservas en un plazo de 25-30 años, como consecuencia de un aumento de la evapotranspiración.

Quereda dirigirá el equipo científico que llevará a cabo un estudio sobre la incidencia del cambio climático en los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura en el horizonte de los años 2030-2050, en virtud del convenio firmado ayer entre el rector de la UJI, Francisco Toledo, y el director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos.

El profesor explicó que «nuestra región mediterránea será la más vulnerable de Europa a efectos del cambio climático». Dijo que la Comunitat, al encontrarse en el límite sur de la zona templada, pero tocando con el sistema desértico, estará más expuesta a cualquier mínima variación, lo que supondría una importante merma de agua.

Quereda indicó que en una primera fase se hará una extrapolación, en un horizonte de 25 o 30 años, de las tendencias que han tenido las temperaturas y las precipitaciones. Para ello, se usarán los datos obtenidos en la última década del medio centenar de observatorios meteorológicos que componen la red regional para conocer los recursos hídricos disponibles en las cuencas del Júcar y del Segura.

Esta primera fase, dijo, servirá para proporcionar a la administración datos que le permitan adoptar estrategias de adaptación. A su juicio, la cuestión es acuciante. «No estamos hablando de un cambio climático previsto a escala geológica, sino para la próxima generación, porque el aumento es muy rápido».

La segunda parte del estudio, con un escenario temporal de mayor duración, permitirá verificar, no solo en el contexto regional, sino también en el de las áreas circundantes, si se va a producir un endurecimiento de las condiciones climáticas superior al previsto y, por tanto, si la reducción de las lluvias va a ser más severo si cabe.

No cesan las críticas al proyecto del Gobierno de Rodríguez Zapatero de trasvasar, mediante buques cisterna, el agua desalada en Carboneras (Almería) para paliar la grave sequía que afecta a Cataluña, y especialmente a Barcelona, plan que comenzará a ejecutarse a partir de mayo si antes de ese mes no llegan las lluvias. Ayer le tocó el turno al consejero de Medio Ambiente y Agua de la Generalitat valenciana, el popular José Ramón García Antón, quien calificó de «esperpento» que el Ejecutivo socialista «empezara la legislatura cargándose el trasvase del Ebro y termine llevando en barcos agua a Barcelona desde Almería», una zona, según recordó, que es deficitaria en este recurso. Asimismo, el consejero valenciano añadió que llevar agua desde la planta de Carboneras hasta la Ciudad Condal es «una locura» por su elevado precio.

Al respecto, García Antón estimó que el coste de desalinizar en Almería y transportar el agua en barcos hasta el puerto de Barcelona se situará en torno a un euro por metro cúbico. Así, explicó que el precio de desalinizar agua del mar se sitúa sobre 0,6 euros por metro cúbico, a lo que habría que añadir más de 0,3 adicionales en concepto de transporte en los buques cisterna hasta la Ciudad Condal, a unos 900 kilómetros del punto de origen. Además, recordó que, una vez en el puerto barcelonés, habrá que descargarla y distribuirla a los puntos a los que se necesite, por lo que el precio final será aún superior.

«Es una barbaridad»

En una rueda de prensa después de abordar en Alicante los problemas hídricos con el sindicato de Jóvenes Agricultores, García Antón afirmó que que es conocedor del transporte de aguas en barcos y advirtió de que se trata de una carga compleja porque se necesita una «limpieza extraordinaria» en los buques para garantizar que llegue en condiciones, informa Efe. Por ello, insistió en que este proyecto del Gobierno de Zapatero -que cuenta con el beneplácito de la Generalitat catalana así como de la Junta de Andalucía- es una «barbaridad» y consideró que se hace porque el Gobierno impone el Programa AGUA y la desalinización «por encima de todo» y pese a que el precio hace poco asumible el consumo y a que ambientalmente tiene «un coste muy alto» al consumirse energía al desalinizar y, posteriormente, en el transporte.

Mientras tanto, desde Andalucía, el presidente del Partido Popular de esta Comunidad y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, lamentó que el presidente regional, el socialista Manuel Chaves, no haya dicho «ni una palabra» sobre el transporte de agua desde la planta desalinizadora de Carboneras hasta Barcelona. Durante un acto público en Sevilla, el líder de los populares andaluces calificado «de juzgado de guardia» que se tenga que tomar agua de Almería cuando a esta provincia «se le ha negado» desde el Gobierno central la llegada del agua con la supresión del Plan Hidrológico Nacional.

Arenas, que aclaró que él nunca se negará a que se produzca la solidaridad entre las comunidades autónomas, dijo que «lo que no es de recibo» es que se pueda permitir que algunas tierras «pasen sed» mientras en otros lugares «se tira el agua» al mar, y sin embargo, ahora se tenga que coger agua de la provincia de Almería. En este sentido y tal como informó ABC, el consejero murciano de Agricultura y Agua, el también popular Antonio Cerdá, recordó el pasado lunes que, durante la legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero, «el río Ebro ha vertido al mar 36.000 hectómetros cúbicos».

Por su parte, el secretario general del PA y candidato de Coalición Andalucista (CA) a la Presidencia de la Junta, Julián Alvarez, rechazó que el agua de la planta desaladora del municipio almeriense de Carboneras tenga que ir a Cataluña cuando se trata de un territorio que cuenta con «muchos kilómetros de costa».

Acaba la legislatura y empieza el momento de los balances. El 6 de julio de 2004, pocos días después de derogar el trasvase del Ebro, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se comprometió solemnemente en Valencia a que en 2008 con las desalinizadoras y otras medidas incluidas en el Programa Agua llegarían a la Comunitat 400 hectómetros cúbicos de agua.

Han pasado casi cuatro años desde que el PSOE gobierna y la realidad no parece responder a las expectativas de la ministra. Sólo una de las siete nuevas desalinizadoras finalmente previstas en el Programa Agua para la Comunitat está en obras a sólo mes y medio de las elecciones. Además, la primera de estas siete no entrará en funcionamiento al menos hasta 2010.

A estas siete nuevas plantas (Torrevieja, Vega Baja, El Campello, Dénia, Sagunto, Oropesa y Moncofa), hay que sumarle, dentro de las actuaciones anunciadas por el Gobierno, la ampliación de las de Alicante, a punto de inaugurarse, y Xàbia (en proyecto) y la conexión de la desalinizadora de San Pedro del Pinatar con la Vega Baja, que ya está funcionando.

Sólo dos (Torrevieja y Vega Baja) tendrán capacidad para abastecer el riego agrícola, pese a que supone un 80% del agua que se consume en la Comunitat. Con ello, el principal problema hídrico que sufre el campo valenciano deberá aún esperar para tener una solución definitiva.

Desalinizadoras previstas
La ampliación de la desalinizadora de Alicante (Aguamarga) está a punto de inaugurarse. Tras ella, la que más avanzada se encuentra es la de Torrevieja, la mayor de Europa. Acuamed, la empresa dependiente del Ministerio que construye la planta, asegura que estará en funcionamiento a fines de este año.

Un plazo que parece difícil de cumplirse si se tiene en cuenta que la planta se encuentra pendiente de un recurso ante el Constitucional y aún no cuenta con todos los permisos. Además, ha estado paralizada varias semanas. De hecho, la de Carboneras (Almería), con una capacidad de producción un 50% inferior a la de Torrevieja, funciona al 15% tres años después de su inauguración. Los futuros usuarios, los regantes del Tajo-Segura, no están dispuestos a pagar el coste del agua desalada, ya que consideran que no podrán soportarlo.

Ninguna de las otras plantas está en obras. La ampliación de la desalinizadora de Xàbia depende de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio que tras cuatro años de conversaciones aún no ha llegado.

La planta de la Vega Baja aún no tiene una ubicación definitiva, aunque se baraja Guardamar del Segura, y producirá entre 20 y 40 hectómetros cúbicos anuales. Las desalinizadoras de El Campello, Dénia, Sagunto, Moncofa y Oropesa están adjudicadas, pero no en obras, y tienen un plazo de año y medio.

El director general de Acuamed aseguró ayer en una visita a Castellón que la planta de Oropesa podrá funcionar en el segundo semestre de 2009.